Jesús Pérez Flores
Expediente 569/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 569/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Pérez Flores
- Abraham Raschid Aiza Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
causa estado auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta, en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, toda vez que informa que el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dentro del proceso penal 169/2018 (actualmente juicio oral 4/2021) del índice del juez de Juicio Oral del XV Distrito Judicial de Orizaba, Veracruz, se amplió la imposición de medida cautelar de prisión preventiva por ocho meses más a los aquí quejosos. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada autoridad responsable el disco de videograbación que allega, el cual será considerado en su oportunidad. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la autoridad responsable, se advierte que el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva a los aquí quejosos, dentro del proceso penal (actualmente juicio oral) de origen. En razón de lo expuesto, este órgano de control constitucional considera que en la especie, opera la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso cesaron los efectos del acto aquí reclamado. Para justificar tal postura, conviene precisar que la cesación de efectos del acto reclamado, consiste (de manera abstracta) en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal, toda vez que, como se advierte del oficio y anexo de cuenta, en audiencia de veintinueve de marzo pasado, se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los aquí quejosos por el término de ocho meses más el cual fenece el tres de diciembre de dos mil veintiuno; por tanto, esta determinación sustituyó procesalmente al acto que por esta vía combatieron, dejándolo sin vida jurídica, pues incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, actualizando con ello la causa de improcedencia analizada. Lo anterior se patentiza toda vez que resulta un hecho notorio para el suscrito que actualmente se están tramitando los juicios de amparo 263/2021 y su acumulado 264/2021, así como el diverso 299/2021 del propio índice, en los que los aquí quejosos y otros, señalaron como acto reclamado, la determinación dictada el veintinueve de marzo pasado, en el juicio oral 4/2021 del índice a cargo de la autoridad judicial, en la que se prorrogó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a los aquí quejosos por el término de ocho meses más el cual fenece el tres de diciembre de dos mil veintiuno, lo que pone en relieve que acto reclamado aquí combatido ha quedado sustituido procesalmente por esta última determinación y, por ende, que se actualiza la causal de improcedencia invocada. Por tanto, es claro que se actualiza una causal de improcedencia invocada, por lo que, de conformidad con la fracción V del numeral 63 de la aludida ley reglamentaria del juicio de amparo, decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Similar criterio se estableció en el juicio de amparo 577/2020 del propio índice, en el que se decretó el sobreseimiento del asunto ya que los quejosos también reclamaron la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta en la audiencia de tres de noviembre de dos mil veinte, en los autos del proceso penal 169/2018 del índice del juzgado responsable, la cual quedó sustituida por la diversa determinación dictada el veintinueve de marzo pasado, en el juicio oral 4/2021 del índice a cargo de la autoridad judicial. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio, así como los requerimientos y apercibimiento decretados, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable que antecede, para los efectos legales a que haya lugar, en En consecuencia, requiérase al juez responsable para que en el término de tres días que prevé el artículo 75, tercer párrafo de la ley de la materia, informe si actualmente en el proceso penal de origen se decretó la ampliación de la medida cautelar a qué se aludió en el párrafo que antecede y, en caso de ser así, remita copia certificada, ordenada, completa y legible de las constancias en las que se justifique dicha circunstancia, a efecto de que este órgano de control constitucional estén en condiciones de analizar el acto aquí reclamado. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa
- Principal
se difiere la audiencia constitucional que tendría verificativo el día de hoy y se fija como nueva fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTIDÓS MINUTOS DEL TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
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