Jesús Pérez Cabrera
Expediente 308/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 308/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 19/09/2023
Partes del expediente
- Jesús Pérez Cabrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el escrito signado por el tercero interesado Ramón Bautista Suárez, por medio del cual: I. Solicita que se le autorice consultar electrónicamente el expediente en que se actúa con el usuario ******************** y lo señala para oír y recibir notificaciones. II. Autoriza para oír y recibir todo tipo de documentos a ********************y******************** Al efecto se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos el escrito de cuenta. Tocante al punto I, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le autoriza para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa, por lo que se ordena al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio al antes citado, registrado con el nombre de usuario "********************para dichos efectos. En ese sentido, se instruye al Oficial Judicial "A" y a los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, realicen los ajustes correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de otorgar la autorización del acceso al expediente electrónico para su consulta. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones que deban ser personales vía electrónica a través del usuario ********************; por lo que se instruye a los actuarios habilitar la casilla únicamente para el caso de notificaciones personales, debiendo practicarse las demás por lista conforme a lo establecido en la Ley de Amparo de la adscripción para que tomen nota. Tiene aplicación al caso concreto la tesis de rubro: "SI EN UN JUICIO DE AMPARO LA QUEJOSA Y LA PARTE TERCERA INTERESADA ELIGEN LA VÍA ELECTRÓNICA PARA SER NOTIFICADAS, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBERÁ SUSTITUIR CON ESA FORMA DE NOTIFICACIÓN ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE SON DE CARÁCTER PERSONAL. En relación al punto II, ténganse como autorizados del tercero interesado, para oír y recibir notificaciones, en términos a que se refiere el artículo 12, en relación con el numeral 24 de la Ley de Amparo, a ********************y Juan Ricardo López Hernández, por así haberlo solicitado. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto, el oficio de cuenta firmado electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 484/2023, de nuestra estadística e informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en este expediente recayéndole el número 359/2023, del índice de su adscripción. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda y téngase a la superioridad acusando recibo del recurso referido en el párrafo que antecede. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de vacaciones la Titular del Juzgado, atento al oficio de autorización CCJ/ST/3824/2023, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante Alejandra Castillo Joachín, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de junio de dos mil veintitrés. Vista; Ia copia del escrito de cuenta suscrito por el quejoso ******************** mediante el cual interpone RECURSO DE REVISIÓN, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos copia del escrito de cuenta y anexos. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer la parte quejosa; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, dentro de los tres días siguientes infórmese lo correspondiente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil, en Turno, del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto dos tomos de pruebas, consistente en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario ******************** de su índice, exhibido por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, para la sustanciación y resolución del medio de defensa en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia 2a./J. 116/2004, página 306, Tomo XX, septiembre de 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la interposición del recurso de revisión en comento, a efecto de que se impongan de su contenido y en su caso, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Hágase del conocimiento de la Superioridad, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este incidente de suspensión de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran; de conformidad con lo establecido en artículo 113, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Perla María Cuautle Coconi, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Vistos, para resolver, los autos del presente juicio de amparo número 308/2023-II, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: I.- De la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y turnado el veinticuatro siguiente, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto reclamado que enseguida se precisarán. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Catazajá Palenque, residente en Palenque, Chiapas. El acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 737/2021, relativo al juicio sucesorio intestamentario de la extinta María Luisa Cabrera Torres, denunciado por Ramón Bautista Suárez. II. Admisión y trámite. En auto de veintisiete de febrero del presente año, se registró la demanda con el número 308/2023-II y se admitió la misma, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, y se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por tanto, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El veintinueve de marzo de este año, se tuvo por apersonado a juicio a Estrella y Ramón, ambos de apellidos Bautista Suárez; y en diverso proveído de nueve de mayo, se ordenó el emplazamiento a Miguel Ángel Pérez Cabrera mediante despacho librado al Juez del Ramo Civil del Distrito Judicial de Palenque, Chiapas, el cual se realizó el diez de abril siguiente, según consta a foja 49. III. Audiencia. Previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, pues el acto reclamado se atribuye a una autoridad circunscrita en razón de territorio a la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Segundo. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J.40/2000 del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido del análisis integral de la demanda: 1. Juez Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Catazajá Palenque, residente en Palenque, Chiapas. El acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 737/2021, relativo al juicio sucesorio intestamentario de la extinta María Luisa Cabrera Torres, denunciado por Ramón Bautista Suárez. Tercero. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I y IV, del cuerpo de leyes en consulta, debe analizarse respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo. Apoya la anterior consideración la siguiente jurisprudencia: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91 fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento. En consecuencia, según constancia de autos, se advierte lo siguiente: No AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME FECHA DEL ACUERDO 1 Juez Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Catazajá Palenque, residente en Palenque, Chiapas. Acepta 23/03/2023 El Juez Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Catazajá Palenque, residente en Palenque, Chiapas, al rendir su informe con justificación aceptó el acto reclamado. Lo que se corrobora con las constancias que la responsable remitió en apoyo a su informe justificado consistentes en copias certificadas del juicio sucesorio intestamentario 737/2021, de su índice; a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, segundo párrafo, pues se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Circunstancias anteriores, permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procedentes. CUARTO. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. En ese tenor, se estima que respecto del acto reclamado precisado en el considerando segundo relacionado al diverso cuarto, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De la lectura de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dentro de juicio cuando su ejecución sea de imposible reparación, mismos que a tuvo a bien definir el legislador como aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano. Sin embargo, el acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Catazajá Palenque, residente en Palenque, Chiapas, en el que requirió por segunda ocasión la entrega de la masa hereditaria, esto es, la negociación trotamundo, conforme lo ordenó en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós; bajo el apercibimiento de imposición de multa de cuarenta medidas de actualización, no es un acto emitido dentro del procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que obliga a sobreseer en el juicio en términos de la fracción V del diverso 63 del propio cuerpo normativo. Antes de avocarnos al estudio de la causa de improcedencia antes aludida, es pertinente resaltar las actuaciones que se han llevado a cabo dentro del juicio sucesorio intestamentario 737/2021 -con valor probatorio en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°-, y que son las siguientes: 1) El ocho de octubre de dos mil veintiuno, se radicó en el Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Catazajá Palenque, el expediente 737/2021, relativo al juicio sucesorio intestamentario denunciado por Ramón Bautista Suárez, a bienes de la extinta María Luisa Cabrera Torres, se dio vista al fiscal del ministerio público adscrito a ese juzgado, giró oficio al jefe del Departamento de las Notarías Públicas en el Estado para que informaran si la extinta dejó disposición testamentaria, se ordenó emplazar a Miguel Ángel Pérez Cabrera y ********************; y se designó tutor dativo de la menor de identidad reservada (fojas 29 a 31 del tomo uno de pruebas). 2) El diez de marzo de dos mil veintidós, se turnaron los autos para que se pronunciara la declaratoria de herederos (fojas 98 y 99 ídem). 3) El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución en la que se declaró como únicos y universales herederos de la sucesión de la extinta María Luisa Cabrera Torres a Ramón Bautista Suárez, la adolescente de inciales I.P.B.C., representada por su tutor dativo, Miguel Ángel Perez Cabrera y ********************, concubino e hijos de la autora de la sucesión, señalo fecha y hora para la audiencia de junta de herederos y designación de albacea de la sucesión (fojas 100 a 105 ibídem). 4) El cuatro de abril de dos mil veintidós, tuvo verificativo la junta de herederos en la que se nombró albacea de la sucesión (fojas 184 a 186 del tomo uno de pruebas). 5) El veintitrés de junio de dos mil veintidós, se apertura la segunda sección del juicio relativa a la formación de inventarios (foja 246 del tomo uno de pruebas). 6) Seguido el trámite respectivo, el treinta de septiembre de do mil veintidós, el juez acordó que en el juicio sucesorio aún se encuentran integrando la masa hereditaria (fojas 639 y 641 del tomo dos de pruebas). 7) El veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo a la albacea entonces nombrada, por exhibido escrito en el que exhibe inventario y se dio vista a las partes con él, así como se dio vista a los coherederos para que se manifestaran respecto al perito valuador señalado por la albacea para valuar los bienes. 8) El nueve de enero de dos mil veintitrés, se requirió a ******************** a fin de que hiciera entrega de la negociación trotamundo, bajo a percibimiento que de no dar cumplimiento, se le impondría multa de veinte unidades de medida y actualización (foja 725 del tomo dos de pruebas). 9) El veintisiete de enero de dos mil veintitrés se hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, y se impuso multa a ******************** (fojas 736 y 737 ídem). 10) El diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se requirió de nueva cuenta a ******************** para que hiciera entrega de la negociación trotamundo, bajo a percibimiento que de no dar cumplimiento, se le impondría multa de cuarenta unidades de medida y actualización (fojas 823 y 425 ibídem). Dicha determinación es lo que constituye en acto reclamado en la instancia constitucional. Bien, de la anterior relatoría, se desprende que se ha iniciado la sección segunda del juicio sucesorio intestamentario (de inventarios y avalúos), en la que la albacea no ha podido exhibir de manera completa el inventario respectivo, debido a la oposición de los coherederos de entregar la negociación trotamundo. Bajo el anterior panorama jurídico, es pertinente destacar que los numerales 756 a 760, 788, 789, 790 a 793 y 796 a 803 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, disponen lo siguiente: "Artículo 756. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho". "Artículo 757. La primera sección se llamara de Sucesión y contendrá en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albaceas e interventores y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores; V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos". "Artículo 758. La sección segunda se llamara de Inventarios y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo." "Artículo 759. La tercera sección se llamará de Administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación; III. La comprobación de haberse cubierto el impuesto fiscal." "Artículo 760. La cuarta sección se llamara de Partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto de los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes". "Artículo 788. Dentro de diez días de haber aceptado su cargo, el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 791, y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlos. El inventario y avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes". "Artículo 796. Practicados el inventario y el avalúo, serán agregados a los autos y se pondrán de manifiesto en la secretaría por cinco días, para que los interesados puedan examinarlos, citándoseles al efecto por cédula o correo". "Artículo 797. Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobara sin más trámites. Si se dedujese oposición contra el inventario o el avalúo, se sustanciarán en forma incidental, las que se presentaren, con una audiencia común si fueren varias, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiese practicado la valorización, para que con las pruebas rendidas se discuta la cuestión promovida. Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concretamente cuál es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuáles sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario". "Artículo 798. Si los que dedujeron oposición no asistieron a la audiencia, se les tendrá por desistidos. Si dejaren de presentarse los peritos, perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos practicados. En la tramitación de este incidente, cada parte es responsable de la asistencia de los peritos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno de los propuestos". "Artículo 799. Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar representante común en la audiencia, conforme lo dispone el artículo 53." "Artículo 800. Si las reclamaciones tuvieren por objeto impugnar simultáneamente el inventario y el avalúo respecto de un mismo bien, una misma resolución abarcara las dos oposiciones". "Artículo 801. El inventario hecho por el albacea o por heredero aprovecha a todos los interesados, aunque no hayan sido citados, incluso los sustitutos y los herederos por intestado. El inventario perjudica a los que lo hicieren y a los que lo aprobaron. Aprobado el inventario por el juez o por el consentimiento de todos los interesados, no puede reformarse sino por error o dolo declarados por sentencia definitiva pronunciada en juicio en forma incidental". "Artículo 802. Si pasados los términos que señala el artículo 788, el albacea no promoviere o no concluyere el inventario, se estará a lo dispuesto por los artículos 1725 y 1726 del Código Civil. La remoción a que se refiere el ultimo precepto será de plano". "Artículo 803. Los gastos de inventario y avalúo son a cargo de la herencia, salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa". De los numerales preinsertos se desprende que el juicio sucesorio es de naturaleza especial y se constituye de cuatro etapas distintas que son: I. Denuncia de la sucesión intestamentaria; declaratoria de herederos y nombramiento de albacea; II. Inventarios y avalúos; III. Administración de los bienes de la sucesión; y IV. Partición y adjudicación de la sucesión. Sobre ello, resulta importante señalar que el fin último del juicio sucesorio, es la adjudicación de los bienes de la herencia entre quienes hayan justificado su carácter y derecho hereditario. En este contexto, debe puntualizarse que en cada una de estas etapas o secciones se decide por separado y mediante resolución especial las actuaciones y derechos deducidos hasta ese momento procesal, las cuales, tienen firmeza plena para las partes en dicho procedimiento sucesorio; por tanto, las violaciones procesales que en cada una de las tres primeras etapas se cometa sólo podrán ser reclamadas en juicio de amparo indirecto cuando se impugne la resolución que cierre y decida el fondo de ellas. Apoya lo anterior, la tesis I.3o.C.439 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este órgano colegiado comparte, publicada en la página 1546, Tomo XIX, enero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 182385, cuyo rubro y texto señalan: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". Ahora, de los normativos reproducidos también se advierte que la sección de inventarios y avalúos (en que acaeció el acto reclamado), se iniciará con la presentación del inventario que al efecto realice el albacea y culminará con la determinación que pronuncie el juzgador común, donde apruebe éste. En este sentido, de acuerdo a la narrativa de los antecedentes del acto reclamado efectuado en líneas que preceden, se advierte que el juicio de origen se encuentra en la segunda etapa; es decir, en la de inventarios. Y al respecto, el artículo 788, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, como ha quedado transcrito, señala que, una vez abierta la mencionada sección, dentro de los diez días siguientes de haber aceptado su cargo, el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlos. Entonces, en la especie, se advierte que, la segunda etapa del juicio sucesorio intestamentario de origen a nombre de la extinta María Luisa Cabrera Torres, no se encuentra concluida, pues como se vio anteriormente, mediante auto de veintitrés de junio de dos mil veinte, (foja 246 y 247 del tomo del tomo I de pruebas, de la segunda sección) el juzgador de origen dio inicio a la segunda sección del procedimiento y requirió a la albacea para dentro del término de sesenta días presentara el inventario y avalúos correspondientes; sin embargo, aún se encuentra en formación los inventarios correspondientes, pues el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, se dio vista con los inventarios exhibidos por el albacea nombrado, así como se está el proceso de designación de peritos valuadores de los bienes que conforman la masa hereditaria (foja 697 del tomo dos de pruebas. Lo que denota que dicha etapa no ha sido concluida, conforme lo establece del numeral 758, fracción IV, del código adjetivo civil del Estado de Chiapas. Luego, si se toma en consideración que, conforme a la propia ley procesal civil, la sección de inventarios termina con la resolución mediante la cual se aprueba el inventario propuesto por el albacea (lo cual no acontece en el caso que nos ocupa), es claro que la parte quejosa tiene que esperar a que el juzgador natural emita una determinación "expresa" en la que declare cerrada la segunda sección y la apertura de la tercera, para efecto de promover el juicio de amparo indirecto, previo cumplimiento del principio de definitividad. Pues se insiste, el acto reclamado deriva de una determinación que no es reclamable a través del juicio de derechos fundamentales en la vía biinstancial, pues no decide sobre el fondo de la materia a la que atañe la segunda sección del juicio sucesorio. Ello, porque cada una de las secciones que lo componen, se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente y adquieren firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como coherederos. Por lo tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección deben reclamarse junto con la resolución que decide el fondo de cada sección o contra aquella que representa un obstáculo para su conclusión y excepcionalmente procederá en contra de resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente, pues de alegarse de forma inmediata sin esperar la resolución final de la etapa correspondiente, el amparo indirecto resulta improcedente, como en este asunto. Al respecto, es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia VI.2o.C. J/316, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que se comparte, publicada en la página 1311, Tomo XXX, Diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 165770, de contenido siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. LAS VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DE LAS TRES PRIMERAS SECCIONES PREVISTAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE PUEBLA ABROGADO SON RECLAMABLES EN EL AMPARO INDORECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LES PONGA FIN. Si se parte de la base de que los juicios sucesorios intestamentarios sustanciados al tenor de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro, constan de cuatro secciones; que cada una de ellas concluye con una resolución o sentencia; y que la pronunciada en las tres primeras, correspondientes a la declaración de herederos, inventarios y avalúos, y de administración son reclamables en amparo indirecto que se promueva contra el fallo definitivo que se pronuncie, resulta evidente que las violaciones procesales que pudieren haber ocurrido durante la sustanciación de esas secciones, serán reclamables en esta vía, cuando se promueva el juicio biinstancial contra la resolución definitiva que las concluya y decida en cuanto al fondo. De igual forma, cobra aplicación la diversa VI.3o. J/20, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 789, Tomo IX, Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 194833, que establece: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." No se soslaya que esta última interpretación aborda el análisis del numeral 114, facción IV, de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, el contenido de dicho precepto se trasladó al artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia vigente; por lo que dicho criterio es aplicable al caso concreto, en términos del numeral sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor, al no oponerse el criterio en cita a dicha legislación. Además, como lo dispone la propia ley, el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, únicamente procede si tienen como característica una ejecución de imposible reparación; de modo que cuando se trata de un acto procesal dentro del juicio sucesorio, puede impugnarse cuando la parte quejosa combata la resolución con que concluya la sección correspondiente, siempre que ese acto guarde vinculación con el resultado de esa sección y que lo haya dejado sin defensa y trascendido en el resultado del fallo. Por lo que, el acto que se reclama -auto de diecisiete de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el Juez Civil de Primera Instancia del Distrito judicial de Catazajá Palenque, residente en Palenque, Chiapas, en el que requirió por segunda ocasión la entrega de la masa hereditaria, esto es, la negociación trotamundo, conforme lo ordenó en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós; bajo el apercibimiento de imposición de multa de cuarenta medidas de actualización, no causa un perjuicio irreparable que sea recurrible mediante el juicio de amparo indirecto, toda vez que las posibles violaciones en el citado procedimiento que pudieran ocurrir, no son el momento oportuno para reclamarlo en vía de amparo biinstancial, pues de ser así, se postergaría la fase de ejecución de la conformación de la masa hereditaria del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar el procedimiento judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Lo que es acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por lo que será hasta que se emita la resolución que expresamente ponga fin a la sección que se está tramitando (segunda), en que el promovente de amparo estará en aptitud de acudir a la defensa de sus derechos (previo agotamiento del medio de impugnación ordinario); puesto que será el momento idóneo en su caso, para reclamar todas aquellas violaciones que considere se cometieron en dicha sección, lo cual en el caso a estudio en este momento no puede combatir, pues no ha concluido la sección en comento. De ahí que, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para la procedencia del amparo biinstancial. En este sentido, es inconcuso que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Además, en el caso, se itera, la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo señalando como acto reclamado el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente 737/2021, relativo al juicio sucesorio intestamentario de la extinta María Luisa Cabrera Torres, denunciado por Ramón Bautista Suárez. El auto de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, dice: ".JUZGADO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CATAZAJA-PALEQUE. Palenque Chiapas, 17 diecisiete de febrero de 2023 dos mil veintitrés. Por presentada Estrella Bautista Suárez, con personalidad acreditada en autos, con su escrito de cuanta, por medio del cual solicita se requiera al coheredero. Visto el estado procesal que guardan los autos y tomando en consideración que fue enviado el oficio dirigido a la Dirección de Cobranzas de la Secretaría de hacienda del Estado, con el cual se ordenó se haga efectivo la multa ordenada en autos, consistente a 20 unidades de medida y actualización vigente en la entidad (UMA); En consecuencia, y en virtud a que el coheredero ******************** no ha dado cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 05 cinco de diciembre de 2022, dos mil veintidós, en el que se le requirió a ********************, para que dentro del término de 3 tres días contados a partir de que se notificado, haga entrega de la masa hereditaria, así como de la posesión y administración de los bienes que cita en el de cuenta, ello a pesar de hacer sido requerido en diversas ocasiones como constan en las razones actuariales. En tales consideraciones y en virtud de lo anterior, se ordena requerir de nueva cuenta por conducto del actuario judicial a ********************, en el domicilio que tiene señalado en autos para tales efectos, para que dentro del término de 3 tres días siguientes a su legal notificación, dé el debido cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha 05 cinco de diciembre de 2022 dos mil veintidós; apercibido que de no hacerlo dentro del término concedido se hará efectivo a una medida de apremio consistente en 40 cuarenta unidades de medida y actualización vigentes en la entidad (UMA) a razón de $103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) que salvo error aritmético asciende a la cantidad de $5,187.00 cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 nueve de enero del dos mil veintitrés, sin perjuicio de poder aplicar otras de las medidas de apremio señaladas en el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para hacer cumplir con las determinaciones ordenadas, toda vez que de ser (sic) caso omiso, se estaría vulnerando la garantía de la pronta administración de justicia, en perjuicio de la parte contraria." En tal aspecto, el acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable le requirió a ********************, para que hiciera entrega de la masa hereditaria, conforme lo ordenó en proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós; bajo el apercibimiento de imposición de multa de cuarenta medidas de actualización, no es de imposible reparación, puesto que, tal como se advierte del acto reclamado únicamente se contiene un apercibimiento de multa y no se está haciendo efectivo ningún medio de apremio en contra de la parte quejosa. Po tanto, el solo apercibimiento en ese sentido no ocasiona una afectación actual, real y directa, en virtud de que ello depende de la conducta que asuma la parte aquí quejosa en relación al apercibimiento decretado, por lo que se evidencia que el apercibimiento no produce efectos materiales inmediatos sobre los derechos fundamentales de la parte quejosa, pues ello dependerá de su conducta. En efecto, puede ocurrir que la parte quejosa acate el mandato incluido en el acto reclamado, o bien que, ante su imposibilidad para cumplirlo, la autoridad omita hacerlo efectivo; de ahí que no se actualice categóricamente un perjuicio inminente en la esfera jurídica de la justiciable con el apercibimiento decretado en el citado auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, cuya resolución se combate en este amparo. Tal determinación se justifica en el hecho de que la imposición de la sanción respectiva derivará de la conducta que asuma el demandante del amparo frente al requerimiento formulado por la autoridad responsable; por tanto, no ocasiona un perjuicio irreparable, que haga procedente el amparo en la vía indirecta. Es aplicable la Jurisprudencia PC.I.L.J/14L (10ª), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Tomo III, Enero de 2016, Página 2321, cuyo rubro y texto es: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". De igual manera es aplicable el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Así, al actualizarse la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de esa Ley, procede sobreseer el juicio en relación con los actos de autoridad precisados en este apartado. Cabe precisar que la que suscribe no desconoce la reforma constitucional que integró el principio pro persona consagrado en el artículo 1º de la Norma Fundamental en el país, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once; sin embargo, ello no significa que se soslayen los requisitos de procedencia previstos por la legislación que rige el juicio de amparo, lo anterior, debido a que las formalidades procesales son la vía que hace posible un correcto procedimiento que derive en una adecuada resolución; esto es, el estado de vulnerabilidad que pudiera presentar un quejoso no es obstáculo para ignorar las reglas y principios que rigen el juicio de control constitucional. De manera que, al operar las hipótesis de improcedencia abordadas, no es factible que deba resolverse conforme con las pretensiones del promovente de amparo, ya que previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada deben observarse las reglas procesales de la institución del amparo; ello, en virtud que en todo proceso o procedimiento existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, como son las formalidades previstas por ley que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas, aun cuando el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Al respecto, se invoca la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª,) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 487, Libro 3, correspondiente al mes de febrero de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, Décima Época, que establece lo siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Así como la jurisprudencia 1ª./J. 104/2013 (10ª.), sustentada por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, Libro XXV, correspondiente al mes de octubre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, del tenor siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Ahora, de conformidad con los artículos 62 y 65 de la ley de la materia, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, ni sobre la responsabilidad de las autoridades responsables al ordenarlo o ejecutarlo e impide el análisis de los conceptos de violación, pues estos constituyen planteamientos relacionados con análisis de fondo del asunto, al tratar de demostrarse la violación de los derechos de la parte quejosa por los actos reclamados; no obstante, el sobreseimiento decretado deriva de una causa de improcedencia, la cual es de estudio preferente, en términos del mencionado numeral 62 de la Ley de Amparo. Se invoca como sustento la jurisprudencia II.3o. J/58 del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 70, Octubre de 1993, página 57, registro 214593: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En esas circunstancias, lo que procede de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia, es sobreseer en el presente juicio constitucional. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables; por las razones expuestas en los considerandos quinto de este fallo. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en el considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma la Jueza Ana Luisa Mendoza Álvarez, Titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Perla María Cuautle Coconi, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.
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