Jesus Peralta Guevara

Expediente 251/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
251/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Jesus Peralta Guevara

Actuaciones

  1. Principal

    XI... Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que feneció el plazo para que las partes recurrieran el auto por el cual se tuvo cumplida la sentencia, en tal virtud se tiene por consentido el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del presente juicio, por tanto hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ... este expediente se considera susceptible de depuración. ... el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que la medida definitiva se concedió. ... el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de seis meses a partir de la fecha, se procederá conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión....

  2. Principal

    III... Naucalpan de Juárez, Estado de México; siete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Jesús...., por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Jilotepec, Estado de México; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 251/2023-III. En principio, antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia que dé lugar a desecharla. DESECHA DEMANDA. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia que refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, todos de la Ley de Amparo. Del artículo citado en segundo término se aduce que cuando se trata de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo sólo podrá interponerse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, debiéndose entender por ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. El fin perseguido por dicha norma es el de no entorpecer el procedimiento de cumplimiento de sentencias definitivas, al ser una cuestión de orden público, dado que la sociedad está interesada en que prevalezca el estado de derecho mediante el íntegro acatamiento de las resoluciones de los tribunales. Por ello, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo implícitamente contempla que el juicio no puede ser un medio legal para entorpecer los procedimientos de ejecución ya que estimar lo contrario, contravendría el espíritu del artículo 17 constitucional que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, es dable establecer que aquella norma, armonizada con el texto del artículo 17 constitucional, persigue que no se paralice el cumplimiento de las sentencias definitivas dictadas por los tribunales, poniendo de manifiesto que el interés general de la sociedad de que se cumplan dichas resoluciones está por encima al particular que pretende evitarlo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido jurisprudencialmente la procedencia del juicio constitucional contra actos dictados después de concluido el juicio y, específicamente, en el periodo de ejecución de sentencia en dos hipótesis: 1. Contra los actos que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia; y, 2. Contra los actos de imposible reparación, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, emitido por el juez señalado como responsable en el expediente ..., el cual inadmitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de dieciséis de febrero pasado, en el que no se acordó en forma favorable la petición del promovente de suspender la ejecución de la sentencia hasta en tanto se resolviera el expediente ...., relativo al interdicto de retener la posesión. Ahora, dicha actuación emitida en la etapa de ejecución de una controversia del derecho civil, donde el quejoso es parte demandada -sin que tenga la calidad de tercero extraño, pues es lógico que no podría serlo al ser parte en el juicio de origen, es decir, no pueden analizarse en el juicio de amparo indirecto por no tratarse de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; la cual es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En efecto, la actuación reclamada no pueden considerarse como la última en el expediente de origen, pues es precisamente en ésta en la que la autoridad responsable da continuidad a la etapa de ejecución, de lo que se concluye que en dicho acto no se emite pronunciamiento alguno respecto a si ello se encuentra o no cumplido, sino que únicamente se encuentra realizando gestiones para dar cumplimiento, por lo que el juicio de amparo indirecto, no es la vía idónea para atacar el acto reclamado que señaló la parte quejosa. Además, el acto reclamado está directamente vinculado al cumplimiento de la sentencia definitiva; esto es, sin consignar alguna circunstancia sustantiva ajena a la cosa juzgada de las que excepcionalmente hacen procedente el juicio de amparo biinstancial en la etapa de ejecución, como lo son, por ejemplo, apercibimientos graves; la imposición de multas o que impliquen afectaciones a la libertad personal, entre otros análogos; tampoco es un acto que gocen de autonomía en el periodo de ejecución de sentencia que impida, obstaculice o retrase dicha ejecución en perjuicio del ejecutante. En esas condiciones, se desecha la demanda al actualizarse la causa de improcedencia advertida, en términos de lo que dispone el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 35, 36 y 55, todos del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de la videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo al usuario ..., por encontrarse registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se autoriza consultar las actuaciones del presente expediente, así como realizar notificaciones vía electrónica. Atendiendo lo dispuesto en los citados numerales, en relación a los diversos 3º, 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, únicamente las notificaciones de carácter personal, se le practicarán vía electrónica al usuario aludido, como expresamente lo solicita, en el entendido de que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la citada norma, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. AUTORIZADOS. Se autoriza en términos del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ..., en virtud de que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; por lo que hace a los restantes profesionistas únicamente en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral, en relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la misma norma, en virtud de que no acredita encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado, o tener registrada su cédula profesional en el sistema mencionado, por lo que una vez que realicen lo anterior y lo informen a este juzgado, en su momento se acordará lo conducente. EXHORTACIÓN PARA MEJORAR COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. Se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. TRANSPARENCIA. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria, hágase saber a las partes el derecho que tienen para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; comuníqueseles que en caso de que llegaren a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que los tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia aparecerá sólo con sus nombres sin incluir sus datos personales; y finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertarán sus nombres sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de su oposición expresa.

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