Jesús Patricio Hernández Cervantes
Expediente 1726/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1726/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social Federal
- Jesús Patricio Hernández Cervantes
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, mediante el cual, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable rinde su informe justificado, sin que haya lugar a dictar providencia respecto de su contenido, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Vista la razón del actuario adscrito a este juzgado federal, fechada el dieciséis del actual, a la que se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de la que se advierte que al pretender notificar a Jesús Patricio Hernández Cervantes, el auto de inicio emitido en este asunto, fue informado por personal del departamento jurídico del Centro Federal de Readaptación Social número 13 "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán, Oaxaca, que dicho quejoso, con fecha doce de este mes y año, obtuvo su libertad, razón por la cual egresó del centro federal. Atento a lo anterior, tomando en cuenta que el motivo de reclamo por parte del impetrante del amparo consistió en: "El tenerme privado de mi libertad en un centro penitenciario federal extremadamente lejos del domicilio de mi familia (que es el estado de Nayarit)", resulta evidente para este órgano de control constitucional que el acto de autoridad combatido, se ha consumado de modo irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de las garantías violadas. Esto es así porque, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, lo cual en la especie no es factible, puesto que a virtud del egresó del quejoso del centro federal en que se hallaba recluido, el amparo que en su caso se otorgara, carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar las violaciones hechas valer. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el numeral 61, fracción XVI (actos consumados de modo irreparable), con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, quedando sin efecto la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del doce de diciembre próximo. Finalmente, de conformidad con el numeral 29 de la ley rectora del juicio de garantías, se ordena notificar por lista al impetrante este proveído y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de once de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, en relación al cumplimiento que dio la autoridad responsable al fallo protector, sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida.Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 9/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Tomo XIV, Octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA."Ahora bien, en la sentencia dictada el cinco de noviembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa ********************, para los siguientes efectos:La autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución de treinta y uno de marzo de dos mil quince, decretada en la causa penal ******************** de su índice y en su lugar, emitiera otra debidamente fundada y motivada, donde analizara la acreditación o no de la probable responsabilidad penal de la quejosa en la comisión de los delitos de secuestro agravado en agravio de ********************, e inhumación clandestina en agravio de la sociedad.Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades ejecutoras, por no reclamarse por vicios propios. Inconforme con dicha determinación los terceros interesados ******************** y el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpusieron en su contra recurso de revisión, los cuales fueron admitidos por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa de este Circuito, radicándolos como amparos en revisión números 960/2015 y 28/2016, y mediante ejecutorias dictadas por los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, en auxilio del Tribunal nombrado en primer término, confirmaron la sentencia recurrida.En auto de veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se requirió a las responsables el cumplimiento de la misma.La autoridad judicial responsable, mediante oficios números 3702 y 4240/2016, de tres de agosto y catorce de septiembre del año en curso, respectivamente, informó respecto al cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria y remitió las constancias relativas (fojas 190-262 y 294-362), de las que se advierte por determinación de veintinueve de julio del presente año, ordenó dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado en contra de la aquí quejosa el treinta y uno de marzo de dos mil quince; asimismo, por resolución de catorce de septiembre del año en curso, dictada en la causa penal ******************** de su índice, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor de la quejosa ********************, por los delitos de secuestro agravado e inhumación clandestina, cometidos en agravio de ********************, al no encontrarse acreditada su probable responsabilidad en la comisión de los mismos.Por su parte, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y Directora del Centro de Reinserción Social Femenil, Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, informaron, el primero, la notificación realizada a las partes del auto de libertad antes referido y la última, que realizó las anotaciones correspondientes en los libros respectivos de esa unidad administrativa. Por tanto, se considera que la autoridad responsable, cumplió con los aspectos específicos que fueron materia de la concesión de la protección constitucional, de tal manera que en el caso, la sentencia de amparo ha quedado cumplida, al acatarse en sus términos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente.Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 243, tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expediente por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia".NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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