Jesús Patistán Gómez
Expediente 390/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 14 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Patistán Gómez
- Tribunal de Control y Juicio Oral de la Región Judicial 9, con residencia en Centro, Tabasco.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Jesús Patistán Gómez, hubiera recurrido la sentencia dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. En virtud de lo antes decretado, devuélvase al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, un disco en formato DVD de audio, que contiene la audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, celebrada en la causa penal 1041/2020, que remitió como apoyo a su informe con justificación, el cual se manejó por cuerda separada. ARCHIVO DE LOS INCIDENTES Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este cuaderno de sigilo, al encontrarse totalmente concluido, de igual manera, archívese el presente cuaderno de sigilo. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. Notifíquese.Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria Guadalupe Mayorga Solís, quien autoriza y da fe.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.Así lo acordó y firma Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, en funciones de Jueza de Distrito, autorización que le fue otorgada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2840/2021, a partir del dieciséis de agosto del mencionado año y hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno del Consejo adscriba titular en el referido órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante la Secretaria Guadalupe Mayorga Solís, quien autoriza y da fe. José
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 390/2021-7, promovido por Jesús Patistán Gómez, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, y otras autoridades con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el mismo día, Jesús Patistán Gómez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO De la autoridad responsable ordenadora reclamo la ilegal ORDEN DE COMPARECENCIA, Y/O PRESENTACIÓN Y/O APREHENSIÓN Y DETENCIÓN que pretenden cumplir en mi contra las autoridades ejecutoras AUTORIDADES RESPONSABLES COMO ORDENADORA: JUZGADO DE CONTROL Y TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE LA REGION JUDICIAL 9 CON SEDE EN CENTRO, TABASCO COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: a) DIRECTOR DE LA POLICIA MINISTERIAL y/o DE INVESTIGACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO b) POLICIA DE INVESTIGACIÓN ADSCRITO AL CAMVI-DIF CENTRO DE ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS E INCAPACES c) FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO d) FISCAL DEL CENTRO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA ADSCRITO AL CAMVI DIF, CENTRO DE ATENCIÓN A MENORES VÍCTIMAS E INCAPACES . sic SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 390/2021-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADA. Mediante proveído de siete de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercero interesada a Maricruz Robles Balcázar, Fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de la Fiscalía de Victima en Situación de Vulnerabilidad, toda vez que fue quien solicitó la orden de aprehensión; misma que fue emplazada a juicio mediante oficio de 12561/2021, recibido el trece de mayo de dos mil veintiuno. Luego, en el propio acuerdo se ordenó el emplazamiento a juicio de Rosa María del Carmen Cárdenas Morales, representante de la víctima de identidad reservada L.G.H.C.; mismo que se efectuó por lista el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917 Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La orden de aprehensión librada en contra del quejoso; y su ejecución. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, al rendir su informe justificado señaló como cierto el acto reclamado; mismo que se corrobora con la copia certificada de un disco en formato DVD, mismo que contiene la audiencia privada orden de aprehensión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, al cual se le concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2, pues fueron emitidas por autoridades en ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 10a., formulada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 703, denominada VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL DVD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO. Por otra parte, debe tenerse por cierto el acto reclamado al Fiscal General del Estado de Tabasco, Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de la Fiscalía de Victimas en Situación de Vulnerabilidad, Director General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Policía de Investigación adscrito al CAMVI DIF Centro de Atención de Menores Victimas e Incapaces, con residencia en esta ciudad, ya que si bien las tres primeras autoridades negaron su existencia, y la última fue omisa en rendir su informe con justificación, toda vez que tienen el carácter de ejecutoras y al aceptar la existencia de la orden de aprehensión la autoridad ordenadora Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco, es que deben tenerse por ciertos los actos reclamados que se les atribuyen, además a las citadas autoridad, en términos de los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, le corresponde la persecución de los delitos y coordinar a la Policía para su investigación, en estricto respeto a los principios que rigen el procedimiento penal y la actuación de las autoridades, conforme a lo dispuesto en la Constitución General, el Código Nacional y demás leyes aplicables. Apoya lo anterior el precedente con registro 318448, emitido por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 839, Tomo CXVII, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: AUTORIDADES EJECUTORAS, EXISTENCIA DE SUS ACTOS.- Aun cuando una autoridad haya negado el acto que se le atribuye, teniendo la misma el carácter de mera ejecutora, resulta cierto el acto indicado, si las ordenadoras admiten haber dictado las órdenes que se les atribuyen y la autoridad ejecutora, dentro de las atribuciones que le son propias, está obligada a velar por el cumplimiento de esas órdenes; pues es claro que la existencia de los actos ordenadores trae como consecuencia la de los de ejecución, tanto más si en los términos de la demanda, aunque futura, la ejecución reclamada es cierta e inminente. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Cabe señalar que los conceptos de violación se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional . En su concepto de violación la parte quejosa señala que la autoridad responsable pretende privar de su libertad sin haber sido oído y vencido en juicio ante un tribunal previamente establecido, lo que transgrede su derecho a la libertad personal y su garantía de seguridad jurídica, violando flagrantemente los estatuido en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho argumento se considera infundado, en atención a que, del análisis de la videograbación relativa, se advierte que el actuar de la juez responsable, sí colma las exigencias de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. En efecto, el artículo 14 constitucional, en lo que interesa, establece: Artículo 14 Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho En primer término, cabe dilucidar lo argüido por la parte quejosa en el sentido que se le privó de su derecho a ser oído y vencido en un procedimiento formal, antes de la emisión de la orden de aprehensión reclamada. Al respecto, cabe señalar que, dado el sigilo que implica librar una orden de aprehensión, en los términos del artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se sustentó el acto reclamado, no resulta procedente otorgar por sí al indiciado el derecho humano de previa audiencia previsto en el numeral 14 constitucional. En el asunto en análisis, tenemos que la juez de primera instancia sustentó la emisión de la orden de captura impugnada, en la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. II. III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Esto es, de conformidad con el primer numeral, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público en audiencia privada, podrá ordenar la aprehensión de la parte investigada, cuando el representante social advierta la necesidad de cautela. Circunstancia esta última que, en el caso, según se corrobora con los registros de audio y video contenidos en el disco versátil relativo a la audiencia de solicitud y libramiento de orden de aprehensión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, la juzgadora responsable la tuvo acreditada y refirió que sí existe la necesidad de cautela, por considerar que hay peligro de sustracción del investigado en cuestión. Lo anterior, considerando el máximo de la pena a imponer por el delito que se le atribuye de quince a veinte años de prisión, tal y como lo prevé el artículo 327 del Código Penal del Estado de Tabasco, pudiera constituir un aliciente para que el ahora quejoso no comparezca de manera voluntaria a la audiencia relativa; asimismo, porque debía garantizarse la integridad de la menor. Y, porque existía peligro de sustracción, ya que la menor refirió en su entrevista que la parte quejosa se había quedado en San Juan Chamula, Chiapas, y tiene conocimiento respecto a la carpeta de investigación que se inició por su desaparición. En razón de lo anterior, se estima, en el caso, el órgano jurisdiccional responsable no estaba obligado a otorgar a la parte impetrante del amparo el derecho humano de previa audiencia, dada la necesidad de cautela y sigilo de tal mandamiento, pues éste constituye una medida excepcional para que la parte imputada sea conducida a la presencia del juez de control, sin previa cita a fin de formularle la imputación. Entonces, no es dable sostener que previamente a la emisión de la orden de aprehensión reclamada, debió darse al aquí quejoso la oportunidad de alegar y ofrecer pruebas; máxime que la naturaleza intrínseca de los mandamientos de captura, exigen el mayor sigilo para que no se evada su efectiva ejecución. Por tanto, es infundado el argumento de la parte impetrante en el sentido de que se le privó de tal derecho. Sirve de apoyo, por identidad de razón, la tesis IX.1º.33 P sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 1824, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Por otra parte, la determinación combatida se encuentra debidamente fundada y motivada, y para demostrar tal aserto, es necesario traer a glosa lo que el artículo 16 de la Constitución establece en su párrafo primero y tercero, el cual es del tenor siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El precepto constitucional antes transcrito, en su primer párrafo, consagra a favor de los gobernados la garantía de legalidad jurídica, la cual condiciona a que en todo acto de molestia se dé la reunión de los siguientes requisitos: a) conste por escrito; b) derive de autoridad competente; y, c) se encuentre fundado y motivado. Para el caso, importa destacar que, por fundamentación debe entenderse como la cita del o de los preceptos aplicables al caso, y por motivación, que deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado. Además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables; esto es, que las razones particulares que se expresen concuerden con la descripción legal. Asimismo, la motivación implica que, existiendo una norma jurídica, el caso o situación concreta respecto de los que se pretende cometer el acto de autoridad, sean aquéllos a que se refiere la disposición legal que lo funde, esto es, que las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración la autoridad para la emisión del caso particular, encuadren en el marco general establecido en la ley. Ello, de conformidad con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo 97 102 Tercera Parte, Séptima Época, página 143, materia común, de rubro y texto: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que debe señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso se configuren las hipótesis normativas. Ahora bien, en relación con el acto reclamado, conviene señalar que las etapas del procedimiento penal, acorde al numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Numeral, del cual se advierte también, que el proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme. por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las formas de conducción del imputado a proceso, entre éstas, la aprehensión prevista en la fracción III del citado numeral; de igual forma, los preceptos 142 y 143 de ese ordenamiento legal, contemplan los requisitos que se deben satisfacer tanto al realizarse la solicitud de esa forma de conducción al proceso, como en la resolución que recaiga a la misma. Los citados artículos 141, 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la parte que interesa, establecen: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público. En lo que trasciende al presente estudio, los anteriores preceptos conforman el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, a través de: I. Citatorio para la audiencia inicial. II. Comparecencia con auxilio de la fuerza pública cuando el imputado citado previamente a una audiencia, no haya comparecido. III. Orden de aprehensión cuando el ministerio público advierta que existe necesidad de cautela. La fracción I, se actualiza cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de un hecho delictivo y considera que es oportuno formalizar la imputación y en caso que el imputado no se encuentre retenido, para lo cual solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del artículo 310 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto a la fracción II, si el imputado no compareció, a pesar de encontrarse debidamente notificado, el juez de control, a petición del ministerio público, girará orden de comparecencia con auxilio de la fuerza pública. Por lo que respecta a la orden de aprehensión a que se refiere la fracción III del artículo en análisis, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de control, sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que deberá cumplir con la necesidad de cautela que exige tal fracción. Ahora, en el mismo contenido del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, destaca un requisito que es común a las tres formas de conducción al proceso precisadas en las fracciones I, II y III, consistente en que el fiscal debe precisar la clasificación jurídica del hecho delictivo, es decir, el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Por su parte, de los artículos 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte, por un lado, que el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión, se encuentra obligado a hacer una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y exponer las razones por las que considera se actualizaron las exigencias del artículo 141 de ese ordenamiento; y por otro, que el juez debe resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión en audiencia, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud, la cual además, debe cumplir con los requisitos legales exigibles. En síntesis, el juez de control sólo podrá librar la orden de aprehensión solicitada, cuando se cumpla con los requisitos previstos en los artículos 141 y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo contrario, deberá proceder conforme lo establece el párrafo quinto del artículo 143 del citado ordenamiento penal prevenir al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, pero, se reitera, no librar la orden solicitada. Así, de los artículos transcritos, se desprende que una orden de aprehensión fundada en el artículo 141, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales, es legal y constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: I) Que sea emitido por autoridad competente; II) Preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad. III) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, establezcan se ha cometido ese hecho y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV) En la clasificación jurídica que realice el representante social, especifique el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta. V) Que exista necesidad de cautela. VI) Exista solicitud de orden de aprehensión de parte del Ministerio Público, en la cual: a) Haga una relación de los hechos atribuidos al imputado; b) Los sustente en forma precisa en los registros que obran en la carpeta; y c) Exponga las razones por las que considera se actualiza las exigencias del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. VII) El juez emita su resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en ella. VIII) Esa determinación esté fundada y motivada. En ese orden de ideas, de las constancias que remitió el juez responsable, esto es, de los registros audiovisuales de la audiencia en la que se dictó la orden de aprehensión reclamada relativos a la causa penal 1041/2021; se estiman colmados los requisitos de forma y fondo; por ende, se considera que la resolución de orden de aprehensión reclamada se dictó ajustada a derecho y no irroga violación alguna a los derechos humanos de la parte quejosa. El primer requisito competencia, es cumplido, ya que en la resolución que ordenó la aprehensión combatida en esta sede constitucional, se expresó la competencia del órgano jurisdiccional responsable, la cual corresponde al Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, quien señaló resultaba legalmente competente para conocer y resolver sobre la solicitud planteada en cuestión de territorio, materia y grado. Así, por cuanto hace a la competencia objetiva respecto a la materia, al ser un hecho delictuoso su conocimiento está asignado a un juzgado especializado en materia penal; por la territorialidad, ya que los hechos acontecieron probablemente en la calle Aquiles Serdán, número 400, interior 3, colonia Gil y Sáenz, Centro, Tabasco, espacio geográfico dentro de la jurisdicción de la citada juez responsable. Por cuanto hace al grado, en atención a que dicho juzgado responsable es de primera instancia, por ser la primera intervención de la juez en relación con los hechos que pone a su consideración la fiscalía; asimismo, goza de la competencia subjetiva, al encontrarse legitimada para resolver lo puesto a su consideración, y toda vez que no se advierte ninguna causa que pudiera afectar su imparcialidad, ni las partes hicieron valer alguna. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia por Contradicción de Tesis 26/99, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo IX, Mayo de 1999, materia penal, página 267, del rubro y texto siguientes: ORDEN DE APREHENSIÓN. DEBE PROVENIR DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE. El artículo 16, segundo párrafo constitucional, establece respecto de la orden de aprehensión, entre otros requisitos, que debe ser emitida por autoridad judicial; a su vez, el primer párrafo del citado precepto constitucional, garantiza la protección de la persona, al exigir que todo acto que implique una afectación a ésta, debe provenir de autoridad competente, es decir, aquella que esté facultada legalmente para emitir el acto de que se trate. Por ello, si la orden de aprehensión es un acto que afecta a la persona, pues tiene por efecto restringir de manera provisional su libertad personal o ambulatoria, con el objeto de sujetarla a un proceso penal, el juzgador que la emita, también debe ser legalmente competente para conocer del proceso penal que en su caso llegare a instruirse por el o los delitos por los que la libra, atendiéndose desde luego, a los criterios para fijar la competencia esto es, por territorio, materia, cuantía o conexidad. El segundo elemento se cumple en el caso concreto, tal y como se advierte de la videograbación de la audiencia privada de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, donde el representante social relató la existencia de la denuncia formulada por Rosa María Cárdenas Morales, en representación de la menor víctima de iniciales L.G.H.C. y la entrevista realizada a menor víctima, en las cuales denuncian hechos que la ley señala como el delito de violación, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente en el Estado y que a la letra dice: ARTÍCULO 327. Comete el delito de pederastia, quién con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el miembro viril o cualquier otra parte del cuerpo o cualquier objeto en el cuerpo de una persona menor de catorce años. Este delito se castigará con pena de quince a veinte años de prisión y de mil a tres mil días multa. Si entre la víctima y el sujeto activo existe parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural o doméstica, se incrementará la pena de prisión de uno a cinco años. Del dispositivo transcrito, se desprende que el ilícito se advierte se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad que va desde quince a veinte años de prisión. Ahora bien, para analizar si se encuentra satisfecho el tercer requisito (Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, establezcan se ha cometido ese hecho y la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión), debe realizarse el análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, para lo cual, esta juzgadora estima oportuno hacer algunas apreciaciones ilustrativas en relación al tipo penal referido, por cuanto hace a la conformación de sus elementos; sin que ello constituya, como ya se expuso, un requisito que debe ser colmado por la autoridad responsable al dictar la orden de aprehensión, pues sólo debe cumplir los requisitos atinentes a evidenciar datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ilustra lo anterior, el precedente jurisprudencia con registro 2017728, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y contenido dicen: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P 10a..- Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P 10a., estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis teoría del caso: Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que de existir invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones hipótesis poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Así, del numeral transcrito se desprende que el delito de pederastia, por el que se emitió el auto de vinculación a proceso, se integra con los siguientes elementos: a) Que una persona con consentimiento o sin él; y, b) introduzca cualquier otra parte del cuerpo diversa al miembro viril por vía vaginal, anal u oral en el cuerpo de una persona menor de catorce años. De lo anterior, se desprende que el bien jurídico tutelado del delito de pederastia, es de magnitud considerable; dar una protección a todas las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, para que se les brinde una supremacía efectiva al interés superior que poseen, por encima de cualquier otro. Particularmente en aquellos casos en que se afecta su normal desarrollo físico, psicoemocional y psicosexual, con motivo de la conducta u omisión tanto de personas físicas como morales que los tienen a su cuidado y que evidentemente implica una responsabilidad. Lo expuesto, se reitera no constituye un requisito que debe ser colmado por la autoridad responsable al dictar la orden de aprehensión, toda vez que conforme a la reforma constitucional del artículo 19, párrafo primero, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, establecen que para el dictado del auto de vinculación a proceso o en su defecto la orden de aprehensión, solo basta establecer la existencia de un hecho delictivo y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, por lo que resulta innecesario la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Por lo que se itera que las consideraciones antes expuestas no constituyen un requisito que debe ser colmado por la autoridad responsable, para la emisión de la orden de aprehensión. Ahora, a efecto de justificar los hechos delictivos, la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, en la audiencia privada solicitada por la fiscal justificó su determinación en base a los siguientes datos de prueba siguientes: a) Denuncia de María Estelita Hernández Cárdenas, presentada ante la Fiscalía correspondiente el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. b) Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales L.G.H.C., conforme a los hechos establecidos anteriormente. c) Dictamen ginecológico y proctológico, en el que una perito concluyó que ginecológicamente presentaba datos recientes y compatibles con la introducción de un objeto duro y romo, que rebasa el diámetro del orificio vaginal; lo que corrobora el dicho de la menor de iniciales L.G.H.C., que señaló que tuvo relaciones vía vaginal con el imputado. d) Acta de nacimiento a nombre de la víctima de identidad reservada con iniciales L.G.H.C., de la que se desprende que la referida menor nació el diecisiete de febrero de dos mil ocho. De los datos de prueba antes mencionados y verbalizados en la audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, a efecto de emitir la orden de aprehensión reclamada, la fiscal del Ministerio Público expresó a la juez de control los argumentos siguientes: Juez: Para el registro se identifica Fiscal Fiscal: Licenciada Mari Cruz Flores Balcazar, fiscal del ministerio público adscrito a la fiscalía de víctimas en situación de vulnerabilidad con datos y registros ya proporcionados en la administración de esta sala. Juez: tiene el uso de la voz para que justifique su petición. Fiscal: Si su señoría, esta representación solicita se ha bien emitida orden de aprehensión en contra del señor Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez, por la probable comisión del delito de pederastia cometido en agravio de la niña de iniciales L.G.H.C., representada por la señora Rosa María cárdenas Morales en base al artículo 16 constitucional 141 fracción III y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales Lo anterior su señoría por los siguientes hechos en virtud de que el día 13 de noviembre del 2020 siendo aproximadamente las veintidós horas el señor señor Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez cuando se encontraba en una cuartería sobre el callejón donde se puede lavar ropa en el domicilio ubicado en la calle Aquiles Serdán número 400 interior 3 de la colonia Gil y Sáenz centro Tabasco le impuso la cópula vía vaginal a la niña de iniciales L.G.H.C., la cual tiene 12 años diciéndole que si quedaba embarazada él se haría responsable de ello, estos hechos su señoría entran dentro de la clasificación jurídica por el delito de pederastia previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, que el grado de ejecución que comete el señor Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez es de consumación instantánea de conformidad con el artículo octavo del código penal asimismo su señoría la forma de intervención es de manera directa de conformidad con el artículo 13 Bis fracción I del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, que su actuar es de manera dolosa toda vez que si bien es cierto la menor cuenta con 12 años de edad y aun así siendo el una persona mayor de edad ejecuta y realiza la cópula a la menor esto de conformidad con el artículo 10 párrafo segundo del Código Penal vigente en el estado de Tabasco, que estos hechos su señoría se vienen acreditando con lo siguiente con la entrevista realizada a la mamá de la menor la cual se llama María Estelita Hernández Cárdenas de fecha 23 de noviembre de 2020 la cual presentó su querella y fue ante la Fiscalía Especializada para la búsqueda de personas desaparecidas alerta Amber donde le dieron inicio al número de carpeta CI-FEIDDP-AA-49/2020 por el delito de persona desaparecida toda vez que la menor antes referida el día 23 de noviembre del 2020 desapareció de su domicilio, es decir del domicilio ubicado en la calle Aquiles Serdán número 400 interior 3 de la colonia Gil y Sáenz en donde la señora es decir la madre de la menor hace referencia que no encuentra su menor hija desde ese momento es por lo cual empieza a investigar dentro de personas aledañas y es donde a ella le dicen y le comentan que su hija se había ido a otro lugar con esta persona es decir con el muchacho denominado Jesús Patistan Gómez se había ido y que había tomado un ADO para que destino no sabía el destino para donde se había se había ido sin embargo tenía en razón de eso ese antecedente en razón de eso es que la señora va e inicia carpeta de investigación ante la fiscalía que le acabo de comentar sin embargo su señoría conforme pasaron las investigaciones y empezaron a realizarse este las activaciones de la alerta Amber es donde se ubica la menor y se ubica en un lugar haya en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas exactamente en San Juan Chamula derivado de lo anterior es que hacen el traslado de la menor a esta fiscalía a la misma fiscalía que le acabo de comentar es decir a la fiscalía de personas desaparecidas ahí le realizan una entrevista a la menor en donde la menor hace ver los hechos motivo de la presente solicitud en donde se le toma la entrevista es decir el día 29 de noviembre del 2020 le toman una entrevista a la menor por parte de la licenciada Cristel de los Ángeles Chan Chable en la cual la menor hace referencia de lo siguiente, hace referencia que efectivamente ella tiene su primera relación sexual con la persona que se denomina Jesús que ella tiene su primera relación sexual en fecha 13 de noviembre del 2020 aproximadamente a las 10 de la noche en donde ellos vivían anteriormente es decir en la cuartería donde vivían sobre un callejón en la parte trasera donde lavan ropa que ahí ella y esta persona se empezaron a besar derivado que de lo anterior el muchacho le preguntó a ella que si quería tener relaciones sexuales y ella le contestó que sí que sí efectivamente quería tener relaciones sexuales entonces a lo cual él fue a buscar unos condones va busca los condones regresan y regresan él regresa al mismo lugar ahí es donde él le impone la cópula a la menor de iniciales L.G.H.C., y que de lo anterior su señoría se viene robusteciendo también con el acta de nacimiento la cuestión de la edad de la minoría de edad de la menor la cual es si bien es cierto está levantada bajo el acta número 976 ante la oficialía número uno bajo el libro 5 del registro civil de Villahermosa en donde se hace constar la edad La minoría de edad de esta menor la cual tiene como fecha de nacimiento su señoría el día 17 de febrero del 2008 en donde efectivamente se constata que ella es una menor de edad y que si bien es cierto existe el consentimiento de la menor para sostener relaciones sexuales también lo es que dentro del artículo 327 qué es el delito de pederastia hace ver que aunque existe el consentimiento de la menor pues bueno sencillamente se actualiza este delito, asimismo su señoría existe el dictamen ginecológico y proctológico practicado por la perito en servicios periciales la doctora Maura Bautista Sánchez, en base ello efectivamente la doctora concluye que ginecológicamente se observaba introito vaginal que mide más de 2 centímetros de diámetro mayor el himen es de variedad anular es elástico distinguible que permite la cópula sin romperse la fosita navicular y el frenillo de los labios menores se observan hiperemicos entre paréntesis menciona que enrojecimiento con despulimiento con su base de lo mismo que el rafe perineal datos recientes compatibles con la introducción de objeto duro y romo que rebasa el diámetro de orificio vaginal es con este dictamen su señoría que robustezco con la introducción del orificio vaginal lo cual con ello se robustece el dicho de la menor en donde hace el donde menciona que efectivamente ella sostuvo relaciones sexuales con esta persona de nombre Jesús Patistan Gómez o Jesús Guillermo Patistan Gómez máxime que si bien es cierto su señoría dentro de los antecedentes gineobstetricos hace referencia como una pareja sexual que haya que ella ha tenido por lo anterior su señoría para esta representación social considera que son aptos y suficientes para acreditar de manera razonable que el señor Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez le impuso la cópula a la niña de iniciales L.G.H.C., por la vía vaginal violentando con ello su señoría el libre desarrollo de la personalidad de la menor no respetando con ello que esta persona que está menor tenga la edad de 12 años a como ya le referí con el acta de nacimiento lo cual aún no tiene con base a ello aún no tiene la capacidad de comprender el acto que se ejecuta en ella y que se debe de tener pues como más consideración el hecho de que es menor y además que tiene que tenerse cuidado protección puesto existe y está en juego su estabilidad emocional su señoría. Asimismo su señoría esta representación social justifica la necesidad de cautela de conformidad con el artículo 19 párrafo segundo constitucional asimismo con el artículo 168 fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales toda vez que si bien es cierto su señoría el artículo 327 del Código Penal vigente en el estado de Tabasco pues sencillamente tiene una pena privativa de libertad de 15 a 20 años y con lo cual su señoría es imposible poder presentar a esta persona de manera voluntaria a las audiencias que se vayan a solicitar ante usted su señoría es por esta razón su señoría que esta fiscalía solicita esa orden de aprehensión se ha obsequiada aunado a ello la menor en su entrevista hace referencia que esta persona se quedó en San Juan Chamula, Chiapas toda vez que él éste se enteró de que existe una carpeta investigación iniciada por la alerta Amber que activó su mamá y por esa misma razón sería imposible su comparecencia ante esta autoridad su señoría es por lo cual su señora le reiteró la solicitud de emitir una orden de aprehensión. Juez: me especifica por favor quien es representante de la menor. Fiscal: En ese sentido, cuando hacen entrega de la menor en la fiscalia hace entrega la señora Rosa María Cárdenas Morales toda vez que la menor en su entrevista hace referencia a cuestiones tendientes también de violencia familiar aparentemente encaminado a ese delito en contra de la misma madre es decir la señora María Estelita Hernández Cárdenas. En atención a lo anterior, el juez de control en esa misma audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, emitió la orden de aprehensión reclamada, de la siguiente forma: Juez: se resuelve en términos de lo que establecen los artículos 16 y constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales los requisitos consistentes en la existencia de una denuncia de un hecho que la ley señale como delito y que éste se encuentra sancionado con pena privativa de libertad están satisfechos toda vez de que la fiscalía ministerio público a verbalizado que en un primer momento se interpuso una denuncia por parte de la madre de la menor de iniciales L.G.H.C., la señora María Estelita Hernández Cárdenas la cual hizo del conocimiento ante la fiscalía correspondiente en el caso de personas desaparecidas que su hija de iniciales L.G.H.C., el 23 de noviembre del 2020 había desaparecido de su domicilio que no la encontraba y realizándose actos de investigación se pudo obtener qué personas aledañas refirieron que la menor se había ido con Jesús Patistan Gómez o Jesús Guillermo Patistan Gómez que en razón de eso se inició una carpeta de investigación se activó la alerta Amber se logró la ubicación de la menor y al obtener la entrevista de la menor ella relató los hechos acontecidos el 13 de noviembre del 2020 a las 10 de la noche en el domicilio donde vivía ubicada en la cuartería de un callejón específicamente en un lugar donde se lava ropa esto del domicilio ubicado en Aquiles Serdán en la calle Aquiles Serdán 400 interior 3 de la colonia Gil y Sáenz y qué es en ese lugar donde ella se empieza a besar con el imputado esté le refiere que si quería tener relaciones sexuales por lo que ella establece que sí y él se fue a buscar unos condones posteriormente regresa y le impone la cópula vía vaginal a la menor estos hechos la fiscalía consideró son los que la ley señala como el delito de pederastia previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal para el Estado de Tabasco que trae apareja pena privativa de libertad de allí que se diga que los requisitos ya mencionados se encuentran satisfechos. En cuanto a que la fiscalía ministerio público anuncia que en la carpeta de investigación hay datos que permiten establecer la existencia de ese hecho así como la probabilidad de intervención del imputado esta juzgadora considera que hay datos para establecer hasta este momento válidamente la existencia del hecho por el cual se está solicitando la orden de aprehensión ya que en la carpeta de investigación obra la entrevista de la menor de iniciales L.G.H.C., que ya fue mencionada hace un momento por esta juzgadora y en la cual relató cómo es que el sujeto activo le impuso la cópula vía vaginal el 13 de noviembre del 2020 a las 10 de la noche o a las 22 horas en el domicilio ya referido, entrevista que para esta juzgadora tiene eficacia jurídica pues se trata precisamente de quién de manera directa vivió el hecho a través de sus sentidos lo aprecio y su narrativa pues es lógica y congruente a pesar de la edad que ella tiene no se advierte algún dato de prueba que lleve a establecer algún aleccionamiento previo o alguna circunstancia para establecer que se conduce la menor con mendacidad máxime que tal declaración la realiza ante una autoridad investigadora y a su dicho pues se concatena el dato que verbalizo la fiscal del ministerio público consistente en el dictamen ginecológico y proctológico en el cual una perito experto en la materia después de aplicar métodos y técnicas pudo concluir que ginecológicamente presentaba datos recientes y compatibles con la introducción de un objeto duro y romo que rebasa el diámetro del orificio vaginal este dictamen para esta juzgadora pues corrobora lo que manifestó la menor en el sentido de que sostuvo relaciones sexuales vía vaginal con el sujeto activo y pues permiten acreditar esa existencia del hecho aunado también a que la minoría de edad de la menor está acreditada con un acta de nacimiento de la cual se desprende que nació el 17 de febrero del 2008 por lo que se cumple con la calidad específica del sujeto pasivo que requiere el numeral 327 del código penal para el estado de Tabasco esto es que se trate de un menor de 14 años. Estos datos hasta este momento por resultan ser suficientes máxime que evidentemente el delito de qué se trata el hecho de que se trata es de naturaleza sexual por lo que el dicho de la víctima tiene preponderancia jurídica no puede exigirse recabar entrevistas de testigos que de manera directa hayan advertido el hecho puesto que se ha sostenido ya por la suprema corte de justicia de la nación que en este tipo de delito lo que busca siempre el sujeto activo es que no hayan testigos que no se presencie este hecho por parte de alguna otra persona sino que se cometen en clandestinidad por lo tanto es que deben considerarse entonces otros datos que de manera circunstancial y aledaña corroboren el dicho de la víctima y es lo que acontece en este caso máxime que no sólo es por tratarse de un delito de índole sexual sino por qué se trata de una menor de edad y entonces las autoridades estamos obligadas a atender también el interés superior de los menores en la toma de determinaciones o resoluciones para efectos de garantizar su derecho al libre desarrollo de la personalidad por lo tanto pues es que se considera hasta este momento como ya se dijo datos suficientes para acreditar el hecho y la probable intervención de Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez pues se establece con el señalamiento que dicha menor realiza en su contra cuando refiere que pues es la persona con la que ella sostuvo relaciones sexuales y que a pesar de que ella dio el consentimiento como ya lo dijo la fiscal del ministerio público esta circunstancia no es óbice para considerar que se acredite la existencia del hecho pues en este se establece que es el delito o el hecho se actualiza con o sin el consentimiento de la víctima por lo tanto pues el señalamiento realizado es de preponderancia jurídica concatenado con lo que se refirió en la primera comparecencia de la madre la menor y que se investigó en relación a que las personas aledañas refirieron del lugar que la menor se fue con el señor Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez. Por lo que hace a la necesidad de cautela se estima justificada toda vez de que la fiscal del ministerio público ha referido que el delito pues es de los que se contempla en el artículo 19 constitucional y que ameritan prisión preventiva oficiosa y por la alta penalidad que podría imponerse pues esto sí podría influir en el ánimo del imputado efectos de comparecer de manera voluntaria a una audiencia y además de eso pues debe garantizarse la integridad de la menor puesto que esta juzgadora pesar de no haber sido invocado por la fiscal del ministerio público considera que salvaguardarse su integridad es para evitar cualquier situación en la que corra riesgo y de que esta persona en caso de tener conocimiento de que se le citó para una audiencia y formular la imputación por este delito en agravio de la menor pues podría buscarla o podría ocasionar algún daño mayor y aunado a lo anterior pues también hay un peligro de sustracción ya que como dijo la fiscal del ministerio público la menor hizo referencia en su entrevista que este sujeto se quedó en San Juan Chamula Chiapas y que ya tiene conocimiento respecto a la carpeta de investigación que se inició por su desaparición entonces estas circunstancias pues también pueden influir en el ánimo del antes mencionado a efectos de no comparecer de manera voluntaria a una audiencia. En ese sentido se gira orden de aprehensión en contra de Jesús Patistan Gómez y/o Jesús Guillermo Patistan Gómez por los hechos reales señala como delito de pederastia previsto y sancionado en el artículo 327 del código penal para el estado de Tabasco que se dice cometido en agravio de la menor de identidad reservada de iniciales L.G.H.C., representada por Rosa María Cárdenas Morales. La administración deberá realizar el oficio correspondiente entregando original y copia la fiscal del ministerio público quien a su vez deberá entregarlo a los policías que habrán de ejecutar este mandato quién es una vez que den cumplimiento al mismo deberán comunicar la hora fecha y lugar en que se realizó la detención y entregar copia al imputado lo anterior de manera inmediata se deberá transcribir la media filiación del imputado así como también el lugar donde pueda ser localizado o cualquier lugar público donde esté se hallare se ordena que una vez que se tenga conocimiento y cumplimiento de la orden de aprehensión se señale fecha y hora para la audiencia inicial sin necesidad de que medie petición de la fiscalía toda vez que la finalidad de la orden de aprehensión es conducir al imputado al proceso mediante la audiencia inicial, queda notificada la fiscal. Expuesto lo anterior, se advierte que el tercero de los requisitos, se encuentra colmado, pues de los registros de audio y video de la referida diligencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se aprecia que la Ministerio Público indicó que en la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 1041/2020, existían elementos de convicción suficientes que conllevan a establecer que se ha cometido el delito referido en el párrafo anterior, así como la probabilidad de que el investigado Jesús Patistán Gómez, lo cometió porque el trece de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diez de la noche, impuso la copula a la menor de iniciales L.G.H.C. que tiene doce años; en la cuartería ubicada en la calle Aquiles Serdán, número 400, interior 3, colonia Gil y Sáenz, Centro, Tabasco. Lo anterior, pues de la entrevista realizada a la madre de la menor María Estelita Hernández Cárdenas, de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, quien presentó su querella y fue ante la fiscalía especializada para la búsqueda de personas desaparecidas alerta Amber, donde le dieron inició a la carpeta de investigación CI-FEIDDP-AA-49/2020, toda vez que la menor desapareció el referido día. En la investigación, le refieren que la menor de iniciales L.G.H.C., se fue con el aquí quejoso Jesús Patistán Gómez, y que habían tomado un ADO con rumbo desconocido. Posteriormente, derivado de la investigación, se ubica a la menor en San Juan Chamula, Chiapas, haciendo su traslado a la Fiscalía de Personas Desaparecidasalerta Amber, donde le realizan una entrevista a la menor el veintinueve de noviembre de dos mil veinte; en la que declaró que tuvo su primera relación sexual con Jesús Patistán Gómez, el trece de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diez de la noche en donde vivían anteriormente. Lo que se robustece la Ministerio Púbico con el acta de nacimiento de la menor de edad, cuya fecha de nacimiento es el diecisiete de febrero de dos mil ocho; y que si bien es cierto existió su consentimiento para tener relaciones sexuales, también lo es que el artículo 327 del Código Penal del Estado, señala que aunque exista consentimiento de la menor se actualiza el delito de pederastia. Aunado a que, lo robustece el dicho con el dictamen ginecológico y proctológico practicado a la menor, la perito concluyó que ginecológicamente se observaba introito vaginal que mide más de dos centímetros de diámetro; con himen de variedad anular, elástico, distensible y que permite la copula sin romperse; la fosita navicular y el frenillo de los labios menores hiperémicos enrojecimiento, compatibles con la introducción de objeto duro y romo que rebasa el diámetro del orificio vaginal. Respecto al cuarto requisito, éste se encuentra satisfecho, pues en la audiencia privada de que se trata, se aprecia que la representante social, al hacer la clasificación jurídica, especificó el tipo penal atribuido al inculpado (aquí quejoso), refiriendo que es el de pederastia, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la menor L.G.H.C. Narró la ejecución de los hechos y sostuvo que la forma de intervención o participación de la parte quejosa es de consumación instantánea, de conformidad con el artículo 8 del Código Penal del estado de Tabasco; la forma de intervención es de manera, conforme al 13, fracción I, del citado código; que su actuar es de manera dolosa, pues la víctima es menor de edad, el siendo mayor de edad ejecuta la copula a la menor, conforme al artículo 10, párrafo segundo del referido código. En relación con el quinto requisito, de las constancias de la resolución reclamada, se hace evidente que la juez responsable, sostuvo se encontraba acreditada la necesidad de cautela conforme a los argumentos manifestados por la Agente del Ministerio Público, fundando ese supuesto en el artículo 168, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, argumentando que de conformidad con lo referido por la institución ministerial, en el caso en particular se encuentra justificada ya que existe peligro de sustracción del investigado y riesgo a la integridad de la víctima. Moivo por el cual, sostuvo que, en base a esas informativas, en el caso en particular, efectivamente existe necesidad de cautela. Sirve de apoyo, la Tesis: 1a./J. 20/2020 10a., de la Décima Época, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con número de Registro: 2021956, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, en la Materia s: Penal, visible a Página: 2553, que dice: ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA SU EMISIÓN, SIN QUE MEDIE CITATORIO, EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE JUSTIFICAR LA NECESIDAD DE CAUTELA" ANTE EL JUEZ DE CONTROL, SIN QUE ELLO SE SATISFAGA CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE LOS HECHOS DEL CASO CORRESPONDAN A UN DELITO QUE AMERITA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. Los tribunales colegiados que conocieron de los juicios de amparo indirecto sostuvieron un criterio distinto consistente en determinar si en términos del artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la necesidad de cautela para librar una orden de aprehensión, sin mediación de citatorio, debe tenerse por satisfecha con la sola circunstancia de que el delito por el cual el fiscal solicita su libramiento es de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. Al respecto, debe indicarse que para el dictado de una orden de aprehensión en el nuevo sistema de justicia penal, sin que medie citatorio, la necesidad de cautela no se satisface con la sola circunstancia de que los hechos del caso correspondan a un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, pues al constituir formas y medidas con fines diferentes para el proceso penal, se requiere necesariamente una serie de circunstancias que conduzcan al Juez a determinar que la única forma de conducir al imputado al proceso es mediante una orden de aprehensión, no así por una forma diversa. En efecto, la orden de aprehensión a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Federal y el numeral 141, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales es una forma de conducción excepcional al proceso penal que tiene como finalidad llevar a la persona ante la presencia de un Juez de Control para que la representación social le comunique la imputación que existe en su contra y formalice la investigación, siempre que otra forma sea insuficiente para garantizar la presencia del inculpado a la audiencia inicial. En ese contexto, la orden de aprehensión presupone una carga para el Ministerio Público que le obliga a justificar frente al Juez la necesidad de cautela de la persona, ya sea porque: a) existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, b) se ponga en riesgo la integridad de la víctima, del ofendido, de los testigos, y/o la comunidad, o bien, c) se ponga en peligro el desarrollo de la investigación misma. De ahí que, la necesidad de cautela no se justifica por el solo hecho de que el delito investigado amerita prisión preventiva oficiosa, pues esa medida cautelar no guarda relación con la finalidad que persigue la citada forma de conducción, pues aquélla tiene por objeto garantizar la presencia del imputado en el procedimiento penal, por lo que ambas figuras buscan fines distintos dentro del mismo. En cuanto al sexto requisito, es de indicarse que de los registros de audio y video de la audiencia privada de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se aprecia la institución ministerial en su intervención solicitó a la juez de control la emisión de la orden de aprehensión aquí combatida; solicitud en la cual: a) Hizo una relación de los hechos atribuidos a la parte imputada, aquí impetrante del amparo, los cuales sostuvo se subsumen en el tipo penal que refiere. b) Hechos que sustentó en los registros que dijo obran en la indagatoria origen de la causa penal 1041/2020, precisando cada uno de los datos de prueba que a su parecer los corroboran, así como la probable participación de la parte imputada en su comisión, la cual indicó es a título de autor directo y de naturaleza dolosa. c) Finalmente, manifestó se encuentran satisfechas las exigencias para el dictado de una orden de aprehensión, indicando que, de acuerdo a lo vertido en esa audiencia, en la carpeta de investigación existen datos de prueba de los cuales se advierte que ocurrió un hecho delictuoso y que fueron el imputado quien probablemente lo realizó, consistente en el delito de pederastia, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente en el Estado; cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada L.G.H.C. Agregando que existe necesidad de la medida, debido al riesgo de sustracción del imputado, por los motivos señalados con anterioridad; por lo cual, estimó que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 141, fracción III del Código Nacional de procedimientos Penales, para librar la aprehensión solicitada. De igual forma, en cuanto al séptimo requisito, relativo a que la juez resuelva lo conducente en audiencia y dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud; se encuentra cumplido, dado que de los registros de audio y video de la mencionada audiencia de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se aprecia que después de la solicitud formulada por la representación social, la Juzgadora de primera instancia procedió a emitir la determinación respectiva, pronunciándose sobre los puntos planteados en la solicitud, en la cual concluyó decretar la orden de aprehensión del quejoso Jesús Patistán Gómez. Por tanto, se considera que la determinación cumple con el octavo y último requisito, es decir, se encuentra fundada y motivada, pues de los registros de audio y video en los cuales consta el desarrollo de la audiencia, se tiene que la juez de control responsable, para emitir la orden de aprehensión, tomó en cuenta la denuncia y los demás datos narrados por la fiscalía e indicó que a su parecer, tales datos de prueba le permitían establecer de manera circunstancial que la conducta atribuida a la parte investigada se adecuaba a la hipótesis delictiva ya mencionada. Refiriendo que con los datos de prueba relatados por la fiscalía, se demostraban el hecho que la ley consideraba como el delito antes citado y que la parte inculpada participó en él; señalando además, que se acreditaba también la necesidad de cautela, por lo cual determinó ordenar la aprehensión de la parte aquí quejosa, exponiendo así los datos de prueba, motivos, razones particulares y circunstancias en las cuales sustentó tal determinación. En efecto, del estudio de la resolución reclamada, se advierte se encuentra fundada y motivada, por los motivos siguientes: Se emitió el veintitrés de diciembre de dos mil veinte en forma oral y escrita, por la Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, en la causa penal 1041/2020, contra Jesús Patistán Gómez, por el injusto de pederastia, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente en el Estado; cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada L.G.H.C., delito que se encuentra sancionado con pena privativa de libertad. Para emitir dicho acto, consta como ya se precisó que la Juez responsable tomó en consideración los siguientes datos de prueba expuestos por la Ministerio Público: a) Denuncia de María Estelita Hernández Cárdenas, presentada ante la Fiscalía correspondiente el veintitrés de noviembre de dos mil veinte. b) Entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales L.G.H.C., conforme a los hechos establecidos anteriormente. c) Dictamen ginecológico y proctológico, en el que una perito concluyó que ginecológicamente presentaba datos recientes y compatibles con la introducción de un objeto duro y romo, que rebasa el diámetro del orificio vaginal; lo que corrobora el dicho de la menor de iniciales L.G.H.C., que señaló que tuvo relaciones vía vaginal con el imputado. d) Acta de nacimiento a nombre de la víctima de identidad reservada con iniciales L.G.H.C., de la que se desprende que la referida menor nació el diecisiete de febrero de dos mil ocho. La Juez de control, hizo relación de la forma en que los mencionados datos se incorporaron al proceso, esto es, de manera oral, en audiencia privada. Además, consta del registro audiovisual de la audiencia, que la misma se desarrolló íntegramente ante esa autoridad judicial, desde su inicio hasta la emisión de la orden, cumpliéndose así el principio de inmediación previsto en el artículo 20 constitucional, desprendiéndose también, que por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia tuvo acceso a la carpeta de investigación. Apoya lo anterior, en lo conducente la tesis XIII.P.A.8 P 10a., emitida por el anterior Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, al resolver el Amparo en Revisión 649/2015, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia: Penal, Décima Época, de rubro y texto siguiente: INMEDIACIÓN. EL HECHO DE QUE UN JUEZ DE GARANTÍA DIVERSO AL QUE INICIÓ LA AUDIENCIA PRIVADA DE SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN EMITA EL MANDATO DE CAPTURA Y PARA ESTE FIN ÚNICAMENTE SE IMPONGA DE LAS VIDEOGRABACIONES RESPECTIVAS, VIOLA DICHO PRINCIPIO NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE OAXACA. Conforme al artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal oral, es el de inmediación, el cual también se encuentra previsto en los diversos preceptos 3, 19, párrafo primero, 168, 275 y 317 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca. Luego, dicho principio implica, en esencia, que el juzgador debe estar presente en todas las audiencias en su integridad, para apreciar personalmente la información aportada por las partes, esto es, para tener contacto directo con la fuente de prueba, y así poder valorarla y ponderarla bajo el método de la libre apreciación, lo cual constituye una de las formalidades esenciales del procedimiento que establece el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal. Ahora bien, acorde con los artículos 168 y 275 mencionados, el Ministerio Público, en audiencia privada con el Juez de garantía, debe solicitar la orden de aprehensión contra el inculpado, en la que le formulará la imputación inicial. Esto es, el fiscal sustentará su solicitud, precisando los datos que establezcan que se ha cometido un hecho calificado como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en él; señalando además de los datos que identifiquen a éste y a la víctima o denunciante, una breve descripción de los hechos y su posible calificación jurídica, además de los elementos de convicción que arroje la investigación. En este contexto, el hecho de que un Juez de garantía diverso al que inició la audiencia privada de solicitud de orden de aprehensión emita el mandato de captura y para este fin únicamente se imponga de las videograbaciones respectivas, viola el referido principio de inmediación. Lo anterior, toda vez que las audiencias privadas de solicitud de orden de aprehensión, en aras de respetar el mencionado principio, deben desarrollarse íntegramente ante el mismo Juez de garantía, pues sólo de esa manera se garantiza que el juzgador que decide observó por sí la recepción de los datos de prueba, estuvo en contacto directo con la fuente de la que emanaron, y conoció de manera inmediata lo introducido al procedimiento. En consecuencia, si bien el nuevo Juez de garantía puede imponerse de las videograbaciones correspondientes, lo cierto es que no estuvo en aptitud de percatarse por sí mismo de la forma en que se desahogaron esos datos de prueba, de la intervención del fiscal solicitante al respecto y, en general, de los hechos materia de la audiencia, lo que es fundamental para la valoración correcta de la información aportada que, finalmente, se traducen en elementos de convencimiento para el juzgador. Datos de prueba que, se estima fueron legalmente evaluados, al tenor del artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, según la sana crítica, se observaron las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia; lo que se justificó por la juez responsable, a través de la reproducción del razonamiento utilizado, otorgándoles valor probatorio de indicio -en términos de los artículos 259, 260, 261, 262 y 265 del aludido ordenamiento jurídico-, señalando los motivos y razones particulares tomadas en consideración para tal efecto; y a partir de esos datos de prueba reseñados, estableció los hechos con ellos acreditados, señalando las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa a la parte aquí quejosa. Enseguida, en relación con la fundamentación o adecuación jurídica, la responsable correctamente analizó que los hechos narrados por la representación social, se subsumieron en la conducta típica de pederastia, que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 327 del Código Penal vigente en el Estado; cometido en agravio de la menor víctima de identidad reservada L.G.H.C. Esto es así, pues de los datos de prueba que se analizaron, quedó acreditado que el trece de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las diez de la noche, Jesús Patistán Gómez, impuso la copula a la menor de iniciales L.G.H.C. que tiene doce años; en la cuartería ubicada en la calle Aquiles Serdán, número 400, interior 3, colonia Gil y Sáenz, Centro, Tabasco. Lo que se concatena con la entrevista de la menor víctima de identidad reservada con iniciales L.G.H.C., conforme a los hechos establecidos anteriormente. Lo anterior, se adminicula con el acta de nacimiento a nombre de la víctima de identidad reservada con iniciales L.G.H.C., de la que se desprende que la referida menor nació el diecisiete de febrero de dos mil ocho, por la que a la fecha en que sucedieron los hechos denunciados contaba con la edad de doce años. De igual forma, se adminicula con el dictamen ginecológico y proctológico, en el que una perito concluyó que ginecológicamente presentaba datos recientes y compatibles con la introducción de un objeto duro y romo, que rebasa el diámetro del orificio vaginal; lo que corrobora el dicho de la menor de iniciales L.G.H.C., que señaló que tuvo relaciones vía vaginal con el imputado. En este sentido, este órgano de control constitucional encuentra ajustado a derecho el razonamiento de la juez de control responsable, al estimar que los datos de prueba que la Ministerio Público narró producen indicios suficientes y razonables para establecer los hechos delictivos en cuestión y que Jesús Patistán Gómez posiblemente lo realizó o participó en su ejecución. Particularmente, porque existe señalamiento categórico y directo de la víctima de identidad reservada L.G.H.C., que fue Jesús Patistán Gómez con quien sostuvo relaciones sexuales el trece de noviembre de dos mil veinte. Además, a manera de ilustración, cabe agregar que respecto de la ponderación de los testimonios de los menores de edad, el Máximo Tribunal del País ha considerado que sí tienen la suficiente capacidad para discernir en relación con los hechos sobre los que deponen y su dicho no carece de credibilidad. Sirve de apoyo la tesis aislada emitida por la otrora Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, Volumen 145 150, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: TESTIGOS MENORES DE EDAD. DELITOS SEXUALES.- Tratándose de testigos menores de edad, es suficiente que sus dichos sean creíbles y que sus relatos sean lo suficientemente claros en relación con lo que percibieron sus sentidos, para que se les otorgue valor probatorio en el caso de aquellos delitos que siempre se procura cometer sin la presencia de testigos, máxime si sus dichos se encuentran corroborados por otros indicios. Así como la tesis aislada emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 119, Volumen XVI, Quinta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido dicen: TESTIGOS MENORES DE EDAD. VALOR PROBATORIO DEL DICHO DE LOS.- Aun cuando los testigos sean menores de edad, si tienen la suficiente capacidad para discernir en relación con los hechos sobre los que deponen, su dicho no carece de valor probatorio Lo que concatenó con la entrevista a la madre de la menor, en la que sostuvo que le dijeron que la menor de iniciales L.G.H.C., se fue con el aquí quejoso Jesús Patistán Gómez, y que habían tomado un ADO con rumbo desconocido. De la misma forma, se estima legal el proceder de la responsable al apreciar que la conducta atribuida a la parte imputada fue dolosa, pues, aun sabiendo de la conducta ilícita decidió realizarla causando un perjuicio a la víctima, pues es del conocimiento generalizado que imponer copula a una menor de edad es considerado como el delito de pederastia; a sabiendas de tales circunstancias consumó el hecho que ahora se le atribuye. Es menester referir que la necesidad de cautela, en tanto requisito para justificar la orden de aprehensión, como forma de conducción del imputado al proceso, reside esencialmente en una evaluación razonable de las circunstancias particulares del caso, de las que se advierta que es posible que exista resistencia del imputado a comparecer voluntariamente ante la juez de control a efecto que la Ministerio Público le formule imputación. Así, en cuanto a este tópico, la juez responsable precisó que se encontraba satisfecho, fundando ese supuesto en el artículo 168, fracciones I y II del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues sostuvo, que existe peligro de sustracción del investigado y riesgo hacia la víctima y su familia, pues considerando el máximo de la pena a imponer por el delito que se le atribuye (de quince a veinte años de prisión), pudiera constituir un aliciente para que el ahora quejoso no comparezca de manera voluntaria a la audiencia relativo; asimismo, porque existía peligro de sustracción, ya que la menor refirió en su entrevista que la parte quejosa se había quedado en San Juan Chamula, Chiapas, y tiene conocimiento respecto a la carpeta de investigación que se inició por su desaparición. Por lo que se estima que la resolución reclamada en esta instancia extraordinaria, está ajustada a derecho, en atención a que se cumplieron las formalidades del procedimiento, pues están satisfechas las exigencias del artículo 16 Constitucional y de los numerales 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para emitirla, incluso, atinentes a la fundamentación y motivación. Todo lo anterior, sin perder de vista que, para resolver sobre la orden de aprehensión, no es necesario, como sí lo era antes de la reforma al sistema de justicia penal, que se acrediten de manera plena los elementos del cuerpo del delito y su probable responsabilidad. En efecto, en el nuevo de sistema procesal penal acusatorio y oral, el estándar para librar una orden de aprehensión, no exige realizar un análisis minucioso de los elementos del delito, sino realizar la regulación del procedimiento que surja con motivo de la comisión del delito, pues la finalidad del proceso acusatorio es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, asegurando el acceso a la justicia y que el procedimiento sea más ágil y sencillo para su resolución, dentro de un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Magna y los Tratados Internacionales de los que México es parte. Sirve de sustento la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 10a. de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, localizable en la página 360, libro 45, agosto de 2017, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por establecer y cuerpo del delito por hecho que la ley señala como delito, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de pruebas ni se exige comprobar que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Así como la Tesis Aislada XV.3o.3 P, Libro 39, febrero de 2017, Tomo III, visible en la página 2320, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. La significación del hecho considerado por la ley como delito consiste en que los datos de pruebas invocados por el agente de Ministerio Público y las partes, concatenados entre sí, atendiendo a la lógica y a la sana crítica, arrojen una evidencia razonable de que aconteció una acción humana, con la cual probablemente se causó un riesgo, una lesión o un resultado prohibido en una norma penal que, en ese supuesto, en su momento procesal oportuno pudiera hacer atribuible una pena a su autor, porque el estándar para dictar una orden de aprehensión en el sistema procesal penal acusatorio y oral, no implica realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, sino que debe partir de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune, para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por la persona, para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. De igual forma, cobra especial relevancia el hecho de que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para librar una orden de aprehensión, no se requieren pruebas formalizadas, sino datos de prueba recabados en la carpeta de investigación y que sólo son reseñadas por la agente ministerial y el único requisito es que tales datos de prueba resulten idóneos, pertinentes y, en su conjunto suficientes para establecer que se ha cometido un hecho delictuoso y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión. De tal forma que la valoración que realiza la juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por la Ministerio Público, cumplen esas características y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el inculpado participó en su comisión, para justificar la emisión de una orden de aprehensión. De lo hasta aquí expuesto, se estima que, en la especie, no se ha vulnerado en la esfera jurídica de la parte impetrante, lo establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la orden de aprehensión se libró conforme a las formalidades esenciales requeridas para su emisión; que en las mismas no se aplicó una ley retroactiva en su perjuicio, pues la legislación aplicable que sirvió de sustento para emitir el acto reclamado, se expidió con anterioridad a los hechos; además, obra denuncia formulada ante la representación social -conforme a su exposición- de un hecho que puede constituir un delito, el cual es sancionado por la ley penal con pena privativa de libertad y, además, existen en el sumario datos de prueba que establecen que se ha cometido ese hecho que la ley señala como ilícito de pederastia, y la posible participación de la parte denunciada, hoy amparista, asimismo, se apreció que la orden reclamada reúne los requisitos de forma y fondo, incluida la necesidad de cautela, que el asunto se instruye ante un Juzgado del fuero común, el cual se encontraba previamente establecido. Por lo anterior, resulta infundado el concepto de violación que se analiza, pues en el acto reclamado se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión de esa orden de aprehensión, incluida la necesidad de cautela, se justipreciaron los datos de prueba que fueron referidos respecto a su idoneidad, pertinencia y suficiencia; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado, además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. En las relatadas circunstancias, al advertirse satisfechos los requisitos constitucionales y legales establecidos para la emisión de la orden de aprehensión combatida, no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa y ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a las autoridades responsables señaladas como ejecutoras; por no haberse impugnado por vicios propios, sino como una consecuencia del acto reclamado a la responsable ordenadora. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Quinta Época, con registro 917625, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del dos mil, tomo VI, materia común, tesis 91, página 72, de rubro y texto: AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía. SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Jesús Patistán Gómez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Nueve, con residencia en Centro, Tabasco y otras, por las razones expuestas en el considerando QUINTO de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente.
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