Jesus Partida Quintero

Expediente 404/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
404/2020
Año
2020
Actuaciones
20
Última actuación
14/07/2022

Partes del expediente

  • Jesus Partida Quintero
  • Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintidós. Se recibe oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que desechó por extemporáneo el recurso de inconformidad interpuesto por Francisco Javier Cueva Rodríguez, autorizado de la parte quejosa, en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplido el fallo protector. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintidós. Se remite recurso de inconformidad. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que la totalidad de las partes se encuentran debidamente notificadas del proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, en el que se tuvo a Francisco Javier Cueva Rodríguez, autorizado de la parte quejosa, interponiendo recurso de inconformidad en contra de la determinación que declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, al estar debidamente integrado el presente expediente, se ordena remitir los autos de este juicio al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en Mexicali, Baja California, en turno, el escrito original de expresión de agravios y una copia para correr traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al tribunal para la sustanciación de dicho medio de impugnación. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuenta. En esta misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el escrito registrado con el número de folio 9279. Conste.Tijuana, Baja California, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta presentado por Francisco Javier Cueva Rodríguez, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual pretende interponer recurso de inconformidad en contra de la determinación dictada por este órgano jurisdiccional el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en la que se declaró cumplido el fallo protector; sin embargo, dado que la certificación que antecede se advierte que dicho ocurso carece de firma autógrafa o electrónica de quien lo suscribe; por lo que, no ha lugar a proveer lo solicitado. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticinco de mayo de dos mil veintidós. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de doce de abril de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, haciendo uso de ese derecho mediante escrito registrado con folio 6872. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la por una parte se determinó por una parte sobreseer y por otra conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Jesús Partida Quintero, contra el acto reclamado a las autoridades responsables Director General por sí y como representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali y Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva; Director de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones; y Departamento de Gestiones de Pensiones y Jubilaciones. II. Inconforme con dicha determinación, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la delegada de las mencionadas autoridades responsables interponiendo recurso de revisión, el cual por razón de turno le correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien por ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativa 446/2021 de tres de marzo de dos mil veintidós, determinó: "PRIMERO. No es materia de la revisión, por falta de impugnación de la parte a quien pudo perjudicar, el sobreseimiento contenido en el resolutivo primero de la sentencia recurrida, regido por los considerados tercero y quinto. SEGUNDO. En la materia del recurso, se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia Federal ampara y protege a Jesús Partida Quintero, contra las autoridades y actos precisados en el considerando cuarto y para los efectos contenidos en esta ejecutoria." III. En veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgado requirió a las autoridades responsables para que en el plazo de tres días, dieran cumplimiento al fallo protector al tenor de los efectos siguientes: ".Luego, en los efectos del fallo protector solo se debe obligar a las responsables a respetar ese derecho fundamental vulnerado y a cumplir lo que este exige, que es precisamente emitir respuesta congruente y notificarla al peticionario. El tal virtud, asiste razón a la parte recurrente en el sentido de que en los efectos del fallo protector son excesivos, y a que no se le debió vincular a emitir respuesta fundada en la normatividad a que e hizo mención en el cuerpo de la sentencia recurrida, pues tal aspecto está contenido en un artículo constitucional diverso al 8º vulnerado. En efecto, el artículo 16 Constitucional impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar sus determinaciones, la cual no se limita únicamente a los actos de molestia, sino en general permea en todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un gobernado. En ese orden de ideas, si bien las autoridades responsables están obligadas a fundar y motivar su respuesta también es cierto que ese deber se encuentra implícito en su propia actuación, como autoridades, pero por mandato de diverso precepto constitucional al que se consideró vulnerado, de ahí que no se les debe constreñir, a priori a respetar un derecho fundamental que no se estimó violado. [.]". IV. El doce de abril de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con el mismo; esto es, con los oficios y anexos registrados con los número de folio 6202 y 6259, remitidos por la delegada de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, con los cuales estimó dar cumplimiento a la sentencia amparatoría. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: Mediante oficios registrados con folios 6202 y 6259 las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por conducto de su delegada, informaron el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para ello remitieron: Copia del oficio emitido el seis de abril de dos mil veintidós, signado por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, por medio del cual informó al aquí quejoso la contestación a su solicitud de pensión por jubilación. De lo que se desprende que la autoridad responsable, dio contestación a la solicitud de pensión por jubilación presentada por el aquí quejoso el veintiocho de marzo de dos mil veinte. Documentales que obran en autos y que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo; y que al haber sido expedidas por la autoridad responsable en el ejercicio de sus funciones, gozan de la presunción de plena legalidad en cuanto a las aseveraciones contenidas en ellas. Constancias que fueron notificadas a la parte quejosa el veinte de abril del año en curso, por parte de esta autoridad judicial, con motivo de las manifestaciones de la responsable, ya que bajo protesta de decir verdad indicó una imposibilidad para llevar a cabo la notificación del oficio emitido el seis de abril de dos mil veintidós, a la parte aquí quejosa, debido a que al pretender realizarla, el autorizado se negó a recibir el oficio de notificación. Lo anterior, con sustento en la jurisprudencia 2ª./J 16/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello". Ahora, el actuar de la autoridad responsable cumple con los efectos del fallo, esto es con los puntos inherentes a la concesión de la protección de la Justicia de la Unión, conforme a lo siguiente: 1. La autoridad señalada como responsable, el seis de abril de dos mil veintidós, emitió el oficio en el cual informó al aquí quejoso la contestación a su solicitud de pensión; de la cual se advierte que le informó que no cumplía con los requisitos para el otorgamiento de pensión y lo previno a fin de poder continuar con dicho trámite; lo que guarda identidad con el punto uno del considerando octavo del fallo protector. 2. Determinación que fue notificada el veinte de abril del año en curso, realizada por el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional, al darle vista con las constancias en mencionadas con anterioridad a la parte quejosa, tal como se ordenó en el numeral dos del citado considerando en que se precisaron los alcances de la sentencia dictada en este juicio. Se declara cumplida. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las autoridades responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos. No es obstáculo a la anterior determinación lo expuesto por la parte quejosa en el escrito registrado con folio 6872, mediante el cual sustancialmente sostiene que debe declararse no cumplida la ejecutoria de amparo con base en el siguiente argumento: Que el oficio no cumple con las formalidades decretadas en la sentencia, dado que la responsable pasó por alto los elementos de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad, ya que el documento que se menciona como faltante (comunicado por parte del patrón, en el que se indique la propuesta o pronunciamiento para que se incorpore a la nómina de pensionados del instituto) no se trata de aquellos que el quejoso esté obligado a anexar a su solicitud de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio. Colige, que la autoridad responsable realizó una aplicación inexacta de la norma, dado que los artículos transitorios de la normativa citada establecen las directrices de aplicación y con su actuar, vulnera su derecho fundamental adquirido. Asimismo, cita la tesis de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Los motivos de disenso planteados devienen ineficaces e infundados, en atención a que la exigencia de congruencia se satisface con la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, como en el caso concreto la responsable expuso que la solicitud planteada no cumplía con los lineamientos establecidos en los artículos 3, 4, 6, 7, 8, 23 y 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados del Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, por lo que no procedía continuar con el trámite hasta en tanto se reuniera ese requisito. Resulta aplicable la jurisprudencia PC.XV. J/6 A (11a.) sustentada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, de epígrafe y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada". Asimismo, se invoca como sustento, la jurisprudencia 2a./J.1/2001 (con número de registro electrónico 190356) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. La anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo reiteradamente el criterio de que la garantía contenida en el artículo 8o. constitucional no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado, advirtiendo, sin embargo, que la concesión del amparo no la vincula en forma alguna a que la respuesta deba ser favorable a los intereses del peticionario. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo correspondiente impiden que el Juez de Distrito y la Suprema Corte, en el procedimiento de ejecución del fallo protector o en la inconformidad en contra de la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria, puedan examinar los motivos o fundamentos que sustenten la respuesta, los que, en su caso, deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. En consecuencia, deberán quedar sin efecto las consideraciones que respecto de la legalidad de la respuesta hubiese externado el Juez de Distrito en el auto que tuvo por cumplida la sentencia". Por último, por lo que ve al criterio de rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", al haberse dictado por un órgano colegiado de diverso circuito judicial que no corresponde al Decimoquinto Circuito al cual pertenece este juzgado de Distrito, su observancia no resulta obligatoria. De ahí que dichas manifestaciones no sean suficientes para variar el sentido de lo determinado en párrafos anteriores. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

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