Jesús Palma Mérida
Expediente 57/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 57/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Jesús Palma Mérida
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz; veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Fiscal Tercero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz y Subdirector y/o Director de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, ambos con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 57/2019. Ahora bien, analizada la demanda de amparo origen de este juicio se considera procedente efectuar el siguiente pronunciamiento: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, mayo de mil novecientos noventa y ocho, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En el caso, el promovente señala como acto reclamado en la demanda de amparo lo siguiente: a) La omisión por parte del Fiscal Tercero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, de hacer entrega al quejoso del vehículo marca VOLKSWAGEN TIPO VENTO MODELO 2016, color beige Titanio Metálico, con número de serie MEX5H2604GT042592, con número de motor CLS429893, con placas de circulación YLA1437 en la modalidad particular en esta ciudad. b) La omisión del Subdirector de Servicios Periciales, para que una vez designado el perito solicitado mediante oficio número UIPJ/F2°/225/2018 de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Fiscal Tercero en la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, dé cumplimiento en el término que se le dio en dicho oficio antes mencionado. En el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." El precepto transcrito, en la fracción citada, precisa que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente debe agotar los medios ordinarios de impugnación del acto reclamado, ya que dada la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, éste procede excepcionalmente contra los actos de las autoridades referidas, cuando se hayan agotado los medios de defensa establecidos por las normas ordinarias para combatirlos. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción, los cuales se encuentran perfectamente identificados en la disposición aludida. De igual modo, debe precisarse que, aunque el acto que se combate tiene una naturaleza formalmente administrativa; al tener en cuenta el ámbito en el cual desempeña sus funciones el Fiscal responsable, los actos u omisiones de dicha autoridad deben impugnarse en sede judicial. Por lo que la negativa y omisiones reclamadas se encuentran dentro del contexto de los actos de autoridades jurisdiccionales y no administrativas. Al respecto, resulta fundamental precisar que en el sistema procesal penal actual, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control. Es decir, entre otras cosas, al Juez de Control le corresponde supervisar los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima u ofendido, e imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Asimismo, debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 3, fracción VII y 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen: "Artículo 3º. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.]" (Lo resaltado es propio) De los artículos de ley citados, resulta patente que corresponde al Juez de Control participar desde el inicio del procedimiento penal, así como que dicho procedimiento comienza desde la etapa de la investigación. Motivo por el cual se refuerza lo establecido en el sentido de que la etapa de investigación en el nuevo sistema procesal penal, se judicializó con el fin de salvaguardar garantías y derechos establecidos constitucionalmente a favor de la víctima u ofendido, imputado y terceros. De tal suerte que, para efectos del juicio de amparo, las actuaciones del Ministerio Público tratándose del sistema procesal penal acusatorio, deben analizarse en el contexto de la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo y, no así, de la diversa establecida en la fracción XX, a pesar de que su naturaleza sea formalmente administrativa. Ya que aun cuando se está ante una autoridad de esa naturaleza, lo cierto es que se desenvuelve en un ámbito judicializado, pues sus actuaciones se encuentran sujetas a revisión del Juez de Control. Sentado lo anterior, para demostrar porqué se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, resulta necesario identificar los elementos que la integran, a saber: 1. Deben reclamarse resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 2. Conforme a la ley ordinaria proceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. 3. Ese recurso o medio de defensa pueda modificar, revocar o nulificar el acto. De igual modo, conviene analizar lo que los artículos 138, 238 y 239, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 138. Para garantizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias: I. El embargo de bienes, y II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero. El juez decretará las providencias precautorias, siempre y cuando, de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público y la víctima u ofendido, se desprenda la posible reparación del daño y la probabilidad de que el imputado será responsable de repararlo. Decretada la providencia precautoria, podrá revisarse, modificarse, sustituirse o cancelarse a petición del imputado o de terceros interesados, debiéndose escuchar a la víctima u ofendido y al Ministerio Público. (.)" "Artículo 239. Requisitos para el aseguramiento de vehículos. Tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público debe cerciorarse: I. Que el vehículo no tenga reporte de robo; II. Que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; III. Que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y IV. Que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora. Artículo 240. Aseguramiento de vehículos En caso de que se presente alguno de los supuestos anteriores, el Ministerio Público podrá ordenar el aseguramiento y resguardo del vehículo hasta en tanto se esclarecen los hechos, sujeto a la aprobación judicial en términos de lo previsto por este Código." Del primer artículo transcrito, se colige, que las medidas precautorias y de aseguramiento podrán ser canceladas por el Juez de Control a petición de terceros interesados. Asimismo, de la interpretación conjunta de los preceptos legales indicados en segundo término, se deriva la facultad que tiene el Juez de Control de aprobar o no, el aseguramiento de vehículos. De ahí que entre las diversas medidas y medios de impugnación que existen en el sistema penal acusatorio, se destacan aquellos en los que se busca revisar o volver a cursar el actuar de determinada autoridad, los cuales deben llevarse a cabo mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables. En este contexto, se estima que la posibilidad que tiene un tercero interesado de acudir ante el Juez de Control a fin de que se puedan restituir sus bienes, constituye un instrumento a través del cual puede combatir las actuaciones del Ministerio Público. Por lo cual, en los términos expuestos, que un tercero acuda ante la autoridad judicial competente a fin de que se le reintegre el vehículo o bien que se vio afectado por la comisión de un delito, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, si el aquí quejoso, es tercero interesado en la investigación ministerial en la que se aseguró el vehículo de su propiedad, manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes de la demanda que se provee; por lo tanto, la omisión de la fiscalía de acordar la devolución del bien objeto de delito, constituye una actuación que vulnera los derechos reconocidos en su favor por la legislación ordinaria. Actuación que debe considerarse impugnable, porque así lo establecen las disposiciones legales antes citadas. Lo anterior, en razón de que, como se adujo, se prevé la posibilidad que tiene un tercero de solicitar al órgano jurisdiccional que ordene la restitución de sus bienes, objetos, instrumentos o productos del delito, siempre que haya suficientes elementos para decidirlo. Acción que es equiparable, por similitud en sus efectos, a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es negligente en su actuar en la investigación puesta ante su conocimiento. De ahí que, respecto de las actuaciones y omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, corresponda conocer al Juez de Control. Esto, aunado a que el artículo 64 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, dispone: que los jueces en materia penal conocerán del control desde la etapa de investigación que requiera intervención judicial hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí, que sea dable concluir que la norma ordinaria, estableció que las actuaciones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control, respetando los principios que rigen el nuevo sistema procesal penal. Por lo que, en el caso, para combatir el acto reclamado la parte quejosa puede hacer valer el medio de defensa que el artículo 239, del Código Nacional de Procedimientos Penales propone y solicitar, ante el Juez de Control competente, la devolución del vehículo que se aseguró. Y ahí, hacer notar las actuaciones u omisiones que a su criterio hayan cometido el Fiscal responsable, para que así, el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condición de exigir al fiscal investigador la debida diligencia de su actuación dentro de la investigación ministerial. Pues es al Juez de Control a quien se le faculta para aprobar el aseguramiento de un vehículo en el desarrollo de una indagatoria y, por tanto, es aquél a quien se le confiere la atribución de decidir lo concerniente respecto del aseguramiento de bienes. De ahí que, si la norma ordinaria dispone de un medio de defensa para que la parte quejosa obtenga un resultado favorable a sus intereses, es decir, para que la autoridad responsable determine lo que en derecho corresponda en relación con el levantamiento del aseguramiento efectuado a un vehículo dentro de la carpeta de investigación respectiva, se estima que se actualiza la causa de improcedencia en comento. En razón de que, previo a instar este juicio de amparo, el quejoso debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar la actuación del Fiscal responsable, puesto que el juicio de amparo es excepcional complementario y subsidiario y, ese punto, debe ser sometido a contradictorio ante el Juez de Control con el fin de respetar uno de los principios que rigen ese procedimiento penal. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en alguna negligencia, omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima, imputado o tercero interesado, pudieran acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa. Aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran constitucional y legalmente reservadas a favor del Juez de Control. Por tanto, se considera que el acto reclamado en este biistancial debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, pues existe un medio ordinario para impugnar las actuaciones y negligencias en sede judicial durante la investigación que realice el Fiscal investigador. Por lo que, si el quejoso no acudió a esa instancia jurisdiccional, tal como se advierte de los hechos descritos bajo protesta de decir verdad en la demanda que se provee, se colige que en este asunto se dejó de observar el principio de definitividad que rige en materia de amparo. Máxime que, en el caso, no opera ninguna excepción al principio de mérito, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; ni aquellos que afecten la libertad personal de la quejosa. DESECHAMIENTO En las relatadas condiciones, en términos del diverso ordinal 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA ORIGEN DE ESTE ASUNTO. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. EXPEDICIÓN DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega del presente proveído y copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable... "
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