Jesús Pablo Lemus Navarro

Expediente 724/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
724/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Jesús Pablo Lemus Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia de cuatro de julio de dos mil diecinueve (fojas 96 a 106), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión derivados de este juicio, se considera conforme al acuerdo en comento que el original es depurable y el duplicado es susceptible de destrucción, lo cual acontecerá una vez que transcurran cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por lo que ve al primero y seis meses en relación con el segundo; lo anterior, en virtud de que se concedió la suspensión solicitada.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, catorce de junio de dos mil diecinueve. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ********************, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. SEGUNDO. Derechos Fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16, 17, 22 y 123, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda este juzgado; en acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 12 a 16), se admitió a trámite; se pidió a las autoridades responsables sus informes justificados; se tuvo como tercera interesado a ********************, quien fue emplazado según constancia agregada en autos (fojas 19 y 20), se dió intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de Distrito, quien se abstuvo de formular alegato ministerial; y, se fijó día y hora para la audiencia constitucional misma que inició a las doce horas con treinta minutos del día de hoy (fojas 94 y 95) y concluye con el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52, 53, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que los actos reclamados se hacen consistir en: Del Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: La omisión de notificar personalmente el proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, correspondiente al juicio ********************. Del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco: El acuerdo de nueve de enero de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente ********************, en el que, entre otras cosas, se impuso una multa al hoy quejoso por el importe de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización; y, en vía de consecuencia: De la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco: Los actos tendentes a hacer efectiva la ejecución de la citada medida de apremio. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco; ello, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 22). Tal certeza se corrobora con las copias certificadas de las constancias que acompañó a su informe la citada autoridad, a las que se les asigna valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su artículo 2°, ya que se trata de documentos públicos, expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de las que se observa la determinación de nueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 26 a 28), en la que, entre otras cosas, se impuso una multa al quejoso; por tanto, su ejecución es inminente. En atención a ello, queda desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora en su actual denominación Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, (fojas 74 a 76), en la medida de que debe considerarse inminente el que se realice el acto de ejecución destacado en el punto 2) del considerando segundo de este fallo, por ser una consecuencia del mandamiento judicial primordialmente reclamado, cuya existencia quedó acreditada. Por tanto, al haber ordenado en el expediente de origen enviar oficio a la autoridad ejecutora con la finalidad de ésta se haga efectiva la sanción impuesta al quejoso en su calidad de Presidente municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco ello torna inminente su ejecución y, en consecuencia, cierto el acto reclamado. Por lo anterior, se tienen plenamente probados los actos reclamados, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". Al haberse acreditado la existencia de los actos reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia en relación con ellos y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en los diversos 1°, fracción I y 5, fracción I, todos de la Ley de Amparo, y del 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto del acto reclamado al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Los supracitados numerales de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]". Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De la interpretación sistemática de estos numerales, se destaca que el juicio de amparo procede respecto de actos que incidan en la esfera jurídica del quejoso, pues, de lo contrario, será improcedente el citado medio de control constitucional, al no existir afectación al interés jurídico de aquél. Asimismo, en términos del numeral 107, fracción I, de la Constitución, el juicio de amparo procede en contra de aquellos actos que causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Cabe mencionar que por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Orienta a lo dicho la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Es decir, para que el juicio de amparo sea procedente, los actos que se reclamen deben ser derivados de un acto concreto de autoridad que cause perjuicio al quejoso, ocasionándole un agravio personal y directo en su esfera de derechos y éste es el perjuicio a que se refiere la Constitución Federal, para que pueda prosperar la acción constitucional y los Tribunales de la Federación estén en aptitud de proceder al estudio de la constitucionalidad de dichos actos, correspondiendo a los particulares acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. Expuestas esas ideas, es importante destacar que, tratándose de la afectación al interés jurídico, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Consecuentemente, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. En la especie, se considera que el acto reclamado consistente en el acuerdo de quince de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en el expediente ********************, en el que impuso a la parte quejosa una multa equivalente a diez veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, no causa perjuicio al impetrante de amparo. Para evidenciar lo anterior, conviene conocer el contenido de los artículos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que regulan el procedimiento de ejecución en los asuntos tramitados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, los cuales, en su tenor y en la parte que para el caso interesa, establecen lo siguiente: "Artículo 140. Las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello. Artículo 141. El tribunal tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes.' Artículo 142. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, despachará auto con efectos de mandamiento en forma, notificándolo en el domicilio procesal y apercibiéndola (sic) de que, de no cumplir con dicha resolución, se procederá al uso de los medios de apremio. Artículo 143. Notificado el auto de ejecución, el condenado deberá dar cumplimiento al laudo dentro de los 30 días siguientes. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones desde diez veces el salario mínimo hasta por cien veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara. Cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada. Si no obstante lo anterior, la autoridad reitera la negativa de cumplir, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento (.)" De las disposiciones legales antes transcritas, se obtiene que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; asimismo, se impuso al referido órgano jurisdiccional la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y a sus Magistrados integrantes, la responsabilidad de hacerlos cumplir, facultando al susodicho tribunal para dictar, en aras de lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, todas las medidas que estime necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Además, disponen en forma específica, en el artículo 143, que el indicado órgano jurisdiccional para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer sanciones, cuya cuantía puede ir de diez a cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara; y que cuando sea la autoridad quien deba cumplir los resolutivos del laudo, la multa será cubierta por la dependencia o entidad que haya sido condenada y solo cuando no se logre su cumplimiento después de ello, el tribunal resolverá la suspensión en el cargo por un plazo de quince días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento. Lo que se ha puesto de relieve muestra que si bien es cierto, en términos generales, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, dictando todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio, sean procedentes, incluso para hacer cumplir sus determinaciones, puede hacer uso de los medios de apremio respectivos, que en el caso, se traducen en la imposición de una sanción que va desde diez hasta cien veces el salario mínimo general vigente en la zona económica de Guadalajara, Jalisco, misma que deberá ser cubierta propiamente por la entidad pública demandada. Sobre ese tema, el Pleno en Materia de Trabajo de este circuito, en la contradicción de tesis 5/2018, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "[.] Como se evidencia de la exposición de motivos de la reforma al artículo 143 de la legislación burocrática local, la intención del legislador, fue definir al responsable de cubrir el pago de la multa impuesta con motivo del incumplimiento al laudo, el que necesariamente debe recaer en la autoridad demandada, a través del presupuesto asignado, por ser la obligada a responder de las resultas del juicio, sin que para ello sea necesario efectuar alguna interpretación de esa disposición legal, para determinar la forma en que deba ser pagada la multa impuesta. Esto es, por disposición expresa del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del mismo Estado, a fin de vencer la contumacia de las autoridades responsables o vinculadas al cumplimiento del laudo, podrá hacer uso de las medidas de apremio señaladas en el dispositivo legal en comento, como lo es la imposición de una multa, la cual invariablemente debe ser cubierta del presupuesto de la entidad pública demandada. Por tanto, este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, concluye que, la multa a que se refiere el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no obstante se imponga en lo personal a los integrantes o representantes del Ayuntamiento, debe ser cubierta con recurso del presupuesto de dicho ente público, al ser el directamente obligado al cumplimiento del laudo y no los funcionarios de dicha entidad pública en lo personal [.]" De la transcripción anterior, se puede colegir que el Pleno en Materia de Trabajo de este circuito, determinó que, según la exposición de motivos que dio origen a la reforma del texto actual del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, fue intensión del legislador establecer que el responsable de cubrir la sanción que derive de la aplicación de ese numeral en los procedimientos de ejecución de laudo tramitados ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, es la propia entidad pública demandada, a través del presupuesto que tiene asignado, al ser la obligada de responder sobe las resueltas del juicio. Añadió que por tal motivo, con independencia de a quien haya sido impuesta la multa derivada del incumplimiento del laudo, esta deberá ser invariablemente cubierta por el ente público demandado; es decir, no obstante de que se imponga de manera personal a alguno de sus integrantes o bien, al representante de la entidad pública, quien debe cubrirla debe ser dicho dicha entidad y no los funcionarios, al no ser los obligados directos de cumplir con el laudo, pues en todo caso, a quien se condeno fue a aquella. De tal ejecutoria, derivó la jurisprudencia PC.III.L. J/31 L (10a.), que dice: MULTA IMPUESTA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO A LOS AYUNTAMIENTOS DEMANDADOS EN LOS JUICIOS LABORALES. DEBE CUBRIRSE CON RECURSOS ECONÓMICOS DE SU PRESUPUESTO Y NO CON EL PECULIO DE SUS INTEGRANTES. Conforme a los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la autoridad respectiva en el juicio laboral burocrático en el Estado de Jalisco, debe dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo, entre las que se prevé la imposición de una multa ante la actitud contumaz al cumplimiento del fallo. Asimismo, de la exposición de motivos de la reforma al artículo 143 de la legislación burocrática local, publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 17 de noviembre de 2001, se advierte que fue intención del legislador definir al responsable de cubrir el pago de la multa impuesta con motivo del incumplimiento al laudo, el que necesariamente debe recaer en la entidad pública demandada, a través del presupuesto asignado, por ser la obligada a responder de las resultas del juicio, sin que para ello sea necesario efectuar alguna interpretación de esa disposición legal para determinar la forma en que deba ser pagada la multa. Por tanto, la sanción económica impuesta por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco a los Ayuntamientos demandados en los juicios laborales, no obstante que se imponga en lo personal a los integrantes o representantes del Ayuntamiento, debe cubrirse con el presupuesto del ente público, al ser el directamente obligado al cumplimiento del laudo y no los funcionarios de dicha entidad en lo personal, por ser aquél quien puede incumplir con esa resolución, al no reinstalar en el puesto o indemnizar al servidor público cesado." En ese orden de ideas, como se anticipó, la emisión del proveído de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, reclamado por el impetrante de amparo, en el cual se impuso una sanción equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, no causa perjuicio al interés jurídico de la parte quejosa, ya que si bien la multa reclamada fue impuesta con motivo de un supuesto incumplimiento de la condena decretada en el juicio laboral de origen, lo cierto es que esa multa invariablemente debe ser cubierta con el presupuesto de la entidad pública demandada, no con el peculio de la quejosa, quien compareció a promover el presente juicio de amparo, por propio derecho. Por tanto, no se afectará directamente su esfera patrimonial, sino el presupuesto de la dependencia municipal al que pertenece. Es decir, no obstante de revestirle el carácter de funcionario público a la quejosa en ejercicio de sus funciones, conforme al criterio jurisprudencial de referencia, quien habrá de erogar la cantidad pecuniaria es directamente el ayuntamiento con su propio presupuesto y no se pagará con el patrimonio del quejoso. Lo anterior, pues en la demanda de amparo precisó que promueve por su propio derecho y con el carácter de Presidente Municipal, empero no especificó que lo hiciera en representación del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, máxime que en sus conceptos de violación reiteradamente ataca la sanción porque particularmente se le impuso la multa directamente. En consecuencia, debido a la interpretación realizada por el Pleno en Materia de Trabajo de este circuito de amparo, respecto del numeral 143 de la legislación burocrática local, que prevé la imposición de multa que puede efectuar el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, en lo relativo al cumplimiento de una condena, en el caso, no se está en el supuesto de que la persona física titular de la dirección, dependencia del gobierno o del organismo descentralizado multado, pueda verse afectado en sus derechos fundamentales. Lo anterior, pues el criterio definido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual establece que la única posibilidad de controvertir multas a través de la acción constitucional por parte de una persona física o titular de una unidad administrativa demandada en un juicio, ocurre cuando la persona física afectada al verse obligada a cubrir con su propio patrimonio, el monto de la sanción económica impuesta, lo que en la especie no acontece. Tales consideraciones se encuentran en la jurisprudencia Tesis: 2a./J. 65/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dice: "JUICIO DE AMPARO. LA PERSONA FÍSICA O TITULAR DE UNA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE EN SU ACTUAR COMO AUTORIDAD FUE MULTADA POR UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTATAL, POR CONTUMACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA, POR DERECHO PROPIO ESTÁ LEGITIMADA PARA PROMOVERLO CONTRA LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA. Si un Tribunal Contencioso Administrativo estatal estima que la persona física o titular de una unidad administrativa demandada en el juicio contencioso administrativo incurrió en la omisión de cumplir la sentencia dictada en el juicio relativo y le impone una multa equivalente a ciertos días de su salario, con independencia de que la imposición se haga relacionando su nombre, o bien, refiriéndose al titular de la unidad administrativa (dirección, dependencia del Gobierno Estatal o del organismo descentralizado), se entiende que aquélla se impone a la persona física o funcionario que, en su actuación como autoridad, omite cumplir la sentencia y no así a la unidad administrativa; tan es así, que la multa se impone en el equivalente a cierto número de días de salario vigente del funcionario responsable, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto de la unidad administrativa. En consecuencia, como la resolución que impone multa en los términos referidos es susceptible de violar los derechos fundamentales de la persona física mencionada, afectando su esfera jurídica, se concluye que, por su propio derecho, está legitimada para promover el juicio de amparo en su contra.". No se soslaya que la imposición de la multa decretada en acuerdo de quince de febrero de este año, podría causar afectación a la esfera jurídica del quejoso en el supuesto de que la autoridad exactora, encargada de ejecutar dicha resolución, lo hiciera sobre los bienes del peticionario del amparo y no en contra del ayuntamiento demandado, en el juicio natural, como lo establece el artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Sin embargo, lo anterior en el caso no acontece pues en el presente procedimiento no obra medio de prueba alguno que demuestre que la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, haya realizado algún acto tendiente a ejecutar dicha medida de apremio en contra del impetrante de amparo según fue indicado por dicha autoridad; mientras tanto, el quejoso en su demanda de amparo, tampoco expresó que existiera algún acto que tuviera por objeto requerirle el pago de alguna sanción impuesta por en el procedimiento natural, toda vez que según lo señaló de manera categórica el acto atribuido a la autoridad exactora fue como futuro e inminente. En consecuencia, es evidente que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en artículo 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en los diversos 1°, fracción I, y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y del 107, fracción I, de la Constitución; por lo que, con fundamento en lo previsto en la fracción V, del diverso 63, de la ley en cita, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado de mérito. Cabe citar la diversa tesis XXV/89, emitida por la otrora Tercera Sala del Máximo Tribunal del país, en la Octava Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, primera parte, enero-junio de 1989, página 338, cuyo rubro y texto señalan: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo." Sin que escape a la consideración de este juzgado que además señaló como acto reclamado a la diversa autoridad responsable Actuario Notificador adscrito al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco la notificación del proveído de tres de septiembre de dos mil dieciocho, sin embargo los conceptos de violación que formula se encuentran encaminados a considerar improcedente la sanción impuesta con motivo de que según refiere no fue debidamente notificado. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos atribuidos al Secretario de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, toda vez que no se combate por vicios propios. Así, la causa de sobreseimiento decretada, impide el examen de los conceptos de violación planteados, ya que la consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia II.3o. J/58, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************. Notifíquese. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; quien actúa y firma con la licenciada Dolores Araceli Navarro Huerta, secretaria que autoriza y además certifica que las promociones que, en su caso, generaron la presente resolución, y la resolución misma, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. LAPT/DANH

  3. Principal

    Se ordena diferir la señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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