Jesús Oviedo Muñoz

Expediente 1317/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1317/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Jesús Oviedo Muñoz

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, toda vez que en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, en términos del punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, requiérase a ésta para que en el plazo de noventa días comparezca a este juzgado a recoger los citados documentos, apercibiéndole que en caso contrario, los mismo podrán ser destruidos junto con el expediente. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Vista la cuenta que antecede, glósese a los autos el escrito firmado por el quejoso ***, por medio del cual en tiempo y forma da cumplimiento a la prevención de auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno. DESECHAMIENTO Ahora bien, con el ocurso de cuenta y el escrito inicial de demanda, se procede a estudiar la procedencia de la demanda, por lo que se pasa a proveer de la siguiente manera: En efecto, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, debe decirse que el quejoso en su escrito inicial hace valer como actos reclamados lo siguiente Y, en virtud a la prevención que se le hizo por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, aclaró que los actos reclamados son los siguientes: Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del estudio integral de la demanda, así como del escrito de cumplimiento a la prevención, se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio de amparo es el siguiente: ? El acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad que sin dictar sentencia, en lo medular gira oficio a las ejecutoras en el que les ordena inscribir en el servicio médico a **, lo cual se realiza el cinco de octubre del año en curso, cuando su esposa *** es rechazada para recibir atención médica, porque es sustituía por su ex cónyuge *** En ese contexto, este Juzgado Federal advierte que en el caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto que en lo atinente señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; Del texto apuntado se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el precepto invocado contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción. De ahí que, previo a la interposición de la demanda de amparo deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular, modificar o revocar el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se hagan valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes. Ahora bien, como ya se precisó, en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que la parte quejosa refiere bajo protesta de decir verdad que sin dictar sentencia, en lo medular se gira oficio a las ejecutoras en el que se les ordena inscribir en el servicio médico a *** , lo cual se realiza el cinco de octubre del año en curso, cuando su esposa *** es rechazada para recibir atención médica, porque es sustituía por su ex cónyuge ** Precisándose, que del ocurso de cuenta, si como del escrito inicial de demanda se advierten los siguientes antecedentes: a) Que en el Juzgado Segundo Familiar de Tula de Allende, Hidalgo, existe el juicio escrito familiar alimentos expediente 1184/2016, promovido por María Felicitas Nava Méndez, en contra del aquí quejoso Jesús Oviedo Muñoz. b) Que en ese juicio se condenó a ***, a otorgarle a la actora ***, una pensión alimenticia provisional. c) Que el tres de agosto de dos mil dieciocho, se ordenó dictar la resolución definitiva que en derecho proceda. d) Acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, que conforme a la protesta de decir verdad de la parte quejosa, dijo que sin dictar sentencia, se gira oficio a las ejecutoras en el que se les ordena inscribir en el servicio médico a *** Narrado los antecedentes, la suscrita juzgadora considera que, contra la determinación pronunciada en el acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que la responsable, sin dictar sentencia giró oficio a las ejecutoras en el que se les ordena inscribir en el servicio médico a ***, tuvo a su alcance el medio de impugnación ordinario que prevé el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, a través del cual, el acto que en esta vía excepcional se combate puede ser revocado o modificado. En efecto, para dilucidar la existencia del medio de defensa que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido de los preceptos 379, 382, 385, 386 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, los cuales disponen: Artículo 379.- El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. (.) Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.) Artículo 385.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. (.) Artículo 386.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. (.) Artículo 395.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De tales preceptos, se advierte que contra autos o interlocutorias dictados dentro de los juicios familiares de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación. De ahí que el auto de trece de agosto de dos mil veinte, dictado en el juicio escrito familiar alimentos expediente 1184/2016, promovido por ***, en contra de *** del índice del Juzgado Segundo Familiar de Tula de Allende, Hidalgo -proveído que constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo-, puede ser modificado o revocado a través de dicho medio de impugnación, que es el recurso de apelación. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante un acto que es susceptible de ser modificado o revocado, a través de la interposición del recurso ordinario mencionado en el párrafo precedente, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquél resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. En mérito de lo anterior, es inequívoco que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad del acto reclamado, a través de la interposición del recurso de apelación; pues éste es idóneo para modificar o revocar el auto combatido, y al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la demanda de amparo presentada deviene improcedente. Por tanto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo intentada. Lo anterior, máxime que el acto que a través de esta vía excepcional se combate, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, ni tampoco se reclama un auto de vinculación a proceso. Del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que la promovente sea persona extraña al procedimiento, pues de sus propias manifestaciones se advierte que le asiste el carácter de parte actora en el controvertido legal de origen; de ahí que, no le asista tal carácter. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para esta Juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se invoca por identidad de razón la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.11/2018 (10ª.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiocho de mayo de la presente anualidad, con número de registro 2017117, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además de que, a nada práctico conduciría admitir a trámite la demanda, pues al dictarse la sentencia correspondiente irremediablemente se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento con expedites, del resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. Asimismo, concerniente al tema se cita la tesis III.2o.C.4 K (10a.) de rubro y texto siguientes3: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES INCOMPATIBLE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA TUTELA JUDICIAL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS ADOPTADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA. El principio de definitividad que rige en el juicio de amparo previsto en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, no es incompatible con el derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva, previsto tanto en el artículo 17 de la Constitución Federal como en el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que el derecho constitucional y legal (derecho interno), no desatiende los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en la citada convención, por el solo hecho de regular que, previo a promover el juicio de amparo, deben agotarse los medios ordinarios que dispone la ley, al contrario, la causa de improcedencia en cita, es objetiva y razonable, dado que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe agotar o sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución que le cause perjuicio, por lo que no le está negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que le permite al gobernado que antes de acudir al juicio de amparo, su impugnación sea analizada y, en su caso, resuelta por la propia autoridad responsable, pues a través de tal medio de impugnación puede modificarse, revocarse o nulificarse la resolución recurrida lo que, incluso, puede conducir a que no se promueva el juicio de amparo pues, mediante la interposición de los recursos ordinarios, se está en la posibilidad de lograr la reparación de los derechos que pudieron haberse violado. Además de que, si el recurrente pudiera acudir directamente ante el tribunal constitucional, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, al generar un retardo generalizado en la administración de justicia; por ende, la mencionada causa de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, por ende, no configura una denegación de justicia." Por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, se reitera, lo procedente es desechar de plano la presente demanda. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos los autos, en virtud que el auto de prevención de veinte de octubre del año en curso, se ordenó notificar por usuario "oscarlugo"; debe decirse, que tal determinación se realizará por única ocasión, en obvio de mayores dilaciones procesales, porque la parte quejosa no señaló ese medio para tal efecto, sino sólo para tener acceso a dicho expediente; por tanto, se comisiona al actuario a efecto de que realice la presente notificación a la parte quejosa través del usuario antes señalado y lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado, apercibido que en caso de no hacerlo se le tendrán las listas de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale uno nuevo. Y, si bien señaló su correo electrónico para oír y recibir notificaciones, debe decirse, que sólo se le tuvo proporcionando ese medio electrónico para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, como se indicó en el auto de prevención de mérito. Notifíquese; cúmplase.

  4. Principal

    Visto el escrito de demanda firmado por ***, por propio derecho; téngasele solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Segundo Familiar de Tula de Allende, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1317/2021-5 del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. PREVENCIÓN En este sentido el artículo 114 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Por su parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 110. Con la demanda se exhibirán copias para cada una de las partes y dos para el incidente de suspensión, siempre que se pidiere y no tuviere que concederse de oficio. Esta exigencia no será necesaria en los casos que la demanda se presente en forma electrónica.." En virtud de lo antes asentado, con fundamento en los artículos 110 y 114 de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente de aquél en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. ÚNICO. Precise los actos que reclama a cada una de las autoridades responsables, en virtud de que reclama, por una parte, la omisión y negativa de la responsable ejecutora de brindar los servicios de salud a su esposa Rosa Isela Hernández Rodríguez, que forman parte de la obligación alimentaria; y por otra, la inmediata desafiliación de María Felicitas Nava Méndez, como derechohabiente y dependiente económico, a quien las responsables han ordenado en contra de su voluntad registrarla como esposa y/o concubina para recibir atención médica como derechohabiente; al mismo tiempo aduce que las responsables tienen la obligación de cumplir con el contrato colectivo de trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos por sí y en representación de sus empresas productivas solidarias y el Sindicato de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana, específicamente en la cláusula 89. Asimismo, de los hechos se advierte que se duele del juicio familiar 1184/2016, en específico el auto de diecisiete de octubre del año en curso, en la que se ordena girar oficio a las ejecutoras inscribir al servicio médico a ***, y que por ese motivo es rechazada para recibir atención médica su esposa. Lo anterior, porque en su escrito de demanda se omiten dichas circunstancia, siendo que dicho dato resulta indispensable para proveer respecto la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa. En el entendido que conforme a lo dispuesto por el artículo 110, de la ley de la materia, se previene a la parte quejosa, para que exhiba las copias necesarias de su escrito con el que cumpla con la presente prevención. Tiene aplicación, en los mismos términos que el criterio jurisprudencial anterior, la jurisprudencia P./J.36/2001, publicada en la página 79, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Apercibidos que de no desahogar el requisito expuesto, atendiendo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, es decir, se tendrá por no presentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que refiere en su escrito de demanda; ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. USUARIOS De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad, se tiene por señalado de la parte quejosa la cuenta de usuario "oscarlugo", para oír y recibir todo tipo de notificaciones y en su caso realizar la consulta del expediente en que se actúa, por ende, se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional, para que realice los trámites correspondientes para permitir la consulta del expediente electrónico que derive de este juicio al usuario en mención. En atención a lo anterior, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta los usuarios en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto. Por otra parte, se le tiene a la autorizada proporcionando su mail ohhr1970@gmail.com, ello para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estimen necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y tal y como lo solicita el ocursante, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para digitalizar las constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichos medios será responsabilidad de quien los obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese.

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