Jesús Oswaldo Guillen Rodríguez

Expediente 433/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
433/2015
Año
2015
Actuaciones
7
Última actuación
26/10/2015

Partes del expediente

  • Jesús Oswaldo Guillen Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de octubre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, y en atención a la certificación secretarial de cuenta, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por ejecutoria dictada por este Juzgado, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jesús Oswaldo Guillén Rodríguez, para el efecto de que: El Juez Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, dejara sin efectos el auto de formal prisión de veintiocho de abril de dos mil quince, dictado en su contra en la causa penal 170/2015, por la probable comisión del delito de narcomenudeo, en su modalidad de posesión simple del estupefaciente denominado marihuana, y dicte otro en el que determine que el material probatorio es insuficiente para acreditar el delito antes señalado. El Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, debería actuar conforme lo que determinara la autoridad ordenadora en cumplimiento al fallo protector. En esa virtud, por acuerdo de siete de octubre de dos mil quince (fojas 71 a 78), se tuvo al Juez Noveno de lo Penal de Puebla, informando que mediante resolución de seis de octubre de dos mil quince, dejó insubsistente el auto de formal prisión o preventiva dictado el veintiocho de abril del año en curso, en contra de Jesús Oswaldo Guillén Rodríguez, y dictó otro en el que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso antes señalado, y anexó las constancias relativas. Mientras que, el Director del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Puebla, mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el siete de octubre de dos mil quince, informó que tomó conocimiento de la concesión de amparo a favor de Jesús Oswaldo Guillén Rodríguez. Así el siete de octubre del presente año, se dio vista al quejoso con el cumplimiento dictado por las responsables, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento conminado y, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Del examen de las documentales exhibidas por el Juez Noveno de lo Penal y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en la ciudad de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se les requirió, el Juez de mérito en cumplimiento a la sentencia definitiva emitida, informó que mediante resolución de seis de octubre de dos mil quince, dejó insubsistente el auto de formal prisión o preventiva dictado el veintiocho de abril de dos mil quince, en contra de Jesús Oswaldo Guillén Rodríguez, y dictó otro en el que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar con las reservas de ley, a favor del quejoso antes señalado, y anexó las constancias relativas; asimismo, el Director responsable acató lo ordenado por el referido juez. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto, y 214 de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, intégrese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad, o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., agréguense a los autos los oficio y constancias remitidas por el Juez Noveno de lo Penal, y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en la ciudad de Puebla. En consecuencia, con las referidas documentales, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de octubre de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., agréguese a los autos el oficio del Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, mediante el cual informa que en su carácter de superior jerárquico del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, lo constriñó a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías. Con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que concede la protección constitucional solicitada, ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, y atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Juez Noveno de lo Penal, y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en la ciudad de Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído den cumplimiento al fallo protector de garantías; apercibidos que de no dar cumplimiento a lo anterior, se les impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el diverso 238, ambos de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, en términos de lo establecido en el tercer párrafo del propio artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en su carácter de superior jerárquico del Director del Centro de Reinserción Social de Puebla, para que en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído acredite que ordenó a su subordinado dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 258, en relación con el diverso 238, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento al Juez Noveno de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Al caso es ilustrativa la jurisprudencia I.3o.C. J/8 (10a.), consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, página 2894, que enseguida se transcribe: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El citado artículo establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria y apercibirlo de multa, y de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. En el caso de los Jueces y Magistrados de las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, éstos carecen de superior jerárquico a quién formularle el requerimiento porque, por un lado, de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como en su imparcialidad en cuanto a la persona del Juez y en relación con sus sentencias, que sean dictadas en forma completa, pronta e imparcial. Por su parte, el artículo 1o. de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal prevé que la función judicial que desempeñan las distintas autoridades que lo integran se rige, entre otros principios, por el de imparcialidad e independencia que implica la autonomía de los Jueces y Magistrados en el dictado de sus resoluciones las que deben ajustarse a las disposiciones sustantivas y procesales que rigen su actuación. Por tanto, los Jueces y Magistrados carecen de superior jerárquico para efectos del juicio de amparo. No obsta a lo anterior la existencia de un presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ambos del Distrito Federal, porque el primero, entre otras facultades, representa al tribunal, pero no puede tener facultades de superior jerárquico con relación a la función jurisdiccional de los Jueces y Magistrados, porque las facultades de estos últimos las prevén la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y las leyes procesales respectivas. El referido Consejo de la Judicatura, solamente es un órgano administrativo encargado de la administración, vigilancia y disciplina que no puede tener injerencia en las decisiones judiciales sino, en su caso, únicamente sancionar. La propia ley orgánica que lo regula establece que se trata de un órgano de naturaleza administrativa, cuya función es manejar, administrar y ejercer, de manera autónoma, el presupuesto tanto del Tribunal Superior de Justicia como el propio, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables en materia presupuestal." Finalmente, y tomando en consideración que se formó un ANEXO con las copias certificadas del proceso 170/2015, remitidas por el Juez Noveno de lo Penal de la ciudad de Puebla; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

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