Jesús Ortiz Zanabria
Expediente 339/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 339/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 25/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jesús Ortiz Zanabria
- Jesús Ortiz Zanabria y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA III "... Vistos; como transcurrió la vista ordenada en auto de seis dela actual, a las partes, con el cumplimiento que pretende dar a la ejecutoria de amparo, el Juez Segundo Penal del Centro, sin que lo hicieren. En el caso, mediante sentencia autorizada el veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 114 a 127), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JESÚS ORTIZ SANABRIA o JESÚS ORTIZ ZANABRIA; la cual causó ejecutoria el diecisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 139 y 140), por lo que se requirió el cumplimiento al Juez responsable, para que: 1) Dejara sin efecto la orden de aprehensión reclamada, dictada contra el justiciable. 2) Emitiera una nueva determinación en la que: a) Al examinar la calidad específica del sujeto activo, se ajustara a resolver sobre el libramiento de la orden de captura contra el quejoso, con base al pliego de consignación presentado por el Ministerio Público que ejercitó la acción penal respectiva; y además b) Fundara y motivara porqué al momento de cometerse el antisocial de equiparado a la retención, el quejoso Jesús Ortiz Sanabria, seguía teniendo facultades para devolver la inversión hecha por la pasivo del delito. En auto de veintiocho de agosto pasado (fojas 205 a 208), se requirió nuevamente al juez responsable, al estimarse que no cumplía la ejecutoria en sus términos, con la determinación de diez de agosto de dos mil diecisiete (fojas 155 a 193). Mediante oficio 5104 presentado el cinco del actual (foja 213), la responsable exhibió copia certificada de la nueva resolución de uno del mes y año en curso, dictada en la causa penal 372/2016 (fojas 214 a 251), donde: i) dejó insubsistentes las órdenes de aprehensión de diecisiete de septiembre de dos mil catorce y de diez de agosto de dos mil diecisiete; ii) negó librar orden de aprehensión contra el quejoso Jesús Ortiz Sanabria o Jesús Ortiz Zanabria, al estimar que no está acreditado el cuerpo del delito de retención agravada, pues señaló que no está comprobado el elemento consistente en que quien niegue la devolución de las cantidades sea dueño, directivo, socio, gerente, empleado o responsable de cualquier entidad, organismo, empresa o negocio (CALIDAD ESPECÍFICA), pero además, tenga el deber jurídico OBLIGACIÓN de hacer la devolución de la cantidad de la inversión. En efecto, la responsable expresó que si bien es cierto, está justificado que la ofendida Alma Micaela Cruz Mendoza es socia de la COOPERATIVA SIFISUR SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, PRÉSTAMOS CORPORATIVOS O SIFISUR, SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL SUR; donde realizó una inversión que se incrementó en diversos periodos que hizo un total de doscientos cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional. Asimismo, que el quejoso Jesús Ortiz Sanabria o Jesús Ortiz Zanabria, cuando se verificó tal inversión a plazo fijo, renovable a tres meses, fungía con el carácter de Presidente del Consejo de Administración, empero también lo es que dicho justiciable dejó ese cargo el ocho de octubre de dos mil once, en que se designó un nuevo consejo de administración, mientras la víctima refiere que el ilícito se cometió en su perjuicio patrimonial, el veintitrés de octubre de dos mil doce; fecha en que la caja de ahorro en trato, cerró sus puertas al público; por tanto, el imputado quejoso ya no tenía el cargo de Gerente General de la citada Cooperativa, por ende, tampoco tenía facultades para devolver la inversión aludida. De modo que, el inculpado carece de la calidad específica de sujeto activo con deber jurídico penal para devolver la inversión que hizo la ofendida. Sin que obste la circunstancia que después de dejar el cargo gerencial, se celebrara asamblea general ordinaria de socios en dicha Cooperativa, protocolizada en el instrumento notarial 32332, de veintiséis de noviembre de dos mil doce, en el que se le otorgaron facultades para que atendiera cualquier demanda o petición reclamada, pues como quiera que sea no tenía ya facultades para verificar la devolución del monto invertido a la ofendida, aquí tercera interesada. Precisó también, que pese a que la Representación Social no atribuyó al hoy quejoso la calidad de socio, sino la de gerente o bien como integrante del consejo de administración de la Sociedad Cooperativa Sifisur, tal carácter no está demostrado, al haber dejado de fungir como Presidente del Consejo de Administración, desde el ocho de octubre de dos mil once, e insiste en que, por ello, ya no tenía facultades para hacer la devolución del numerario ya precisado. Lo anterior, revela que la responsable examinó lo relativo a la calidad específica del sujeto activo, ajustándose al pliego de consignación del Ministerio Público, al ejercer acción penal; así también, justificó que el quejoso al momento de cometerse el antisocial de equiparado a la retención, ya no tenía facultades para devolver la inversión hecha por la pasivo del delito. Derivado de dicho examen, determinó negar la orden de aprehensión solicitada. En consecuencia, la comparación de los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo con el cumplimiento que realizó la responsable, revela que se cumplió en su totalidad con dicha ejecutoria sin excesos ni defectos. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado y Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, toda vez que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo citado. Por tanto, este expediente, así como el original del cuaderno incidental, serán conservados en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración correspondiente. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de Gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA TERCERA INTERESADA, EN VIRTUD QUE NO SEÑALÓ DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA SER NOTIFICADA. CONSTE.)
- Principal
MESA III "... Agréguese el oficio y anexo procedente del Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, mediante el cual remite constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con las constancias que se agregan, para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que deberá correrse traslado con copia de dichas constancias y así asentarse expresamente en la notificación respectiva; apercibidas que de no formular manifestación, este Juzgado resolverá sobre el particular con base en los datos y elementos que existen en autos. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA, EN VIRTUD QUE NO SEÑALÓ DOMICILIO EN ESTA CIUDAD PARA SER NOTIFICADA; SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN LA SECRETARÍA, LAS COPIAS DE LAS CONSTANCIAS CON LAS CUALES SE LE DA VISTA. CONSTE.)
- Principal
MESA III "... Visto el estado de autos, como la parte quejosa refiere que se encuentra inconforme con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. En el caso, mediante sentencia de veintisiete de junio de dos mil diecisiete (fojas 114 al 127), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso JESÚS ORTIZ SANABRIA o JESÚS ORTIZ ZANABRIA. En auto de diecisiete de julio de dos mil diecisiete (fojas 139 y 140), se requirió al Juez Segundo de lo Penal, para que de inmediato: 1) Dejara sin efecto la orden de aprehensión reclamada dictada contra el quejoso Jesús Ortiz Sanabria. 2) Emitiera una nueva determinación en la que: a) Al examinar la calidad especifica del sujeto activo, se ajustara a resolver sobre el libramiento de la orden de captura contra el quejoso, con base al pliego de consignación presentado por el Ministerio Público que ejercitó la acción penal respectiva; y además b) Fundará y motivará porque al momento de cometerse el antisocial de equiparado a la retención, el quejoso Jesús Ortiz Sanabria, seguía teniendo facultades para devolver la inversión hecha por la pasivo del delito. Concesión que se hizo extensiva a las autoridades ejecutoras, dado que no se les reclamó la ejecución por vicios propios. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante oficio 3194, del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado, y por oficio 4742 del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitieron copias certificadas; el primero del oficio 3193, con el cual ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión librada el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, originalmente en el proceso penal 112/2014, actualmente causa penal 372/2016, del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, (foja 144 y 145); y el Juez responsable remitió copia de la resolución de diez de agosto de dos mil diecisiete, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículos 2°; de la que se advierte lo siguiente: a). ".se deja insubsistente la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dictada antes en la causa penal 112/2014, radicado en el Juzgado Séptimo Penal, de este Distrito Judicial y que se ordenó abrir el expediente con el número 372/2016." Lo anterior, revela que el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión reclamada, y el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, dejó sin efectos la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil catorce, dictada contra JESÚS ORTÍZ SANABRIA, como probable responsable en la comisión del delito de EQUIPARADO A LA RETENCIÓN, en la causa penal 372/2016 de su índice, por lo que este punto se tiene por depurado. En cambio respecto al punto dos, incisos a) y b) de la lectura de la resolución se advierte que el Juez no acató lo ordenado por la ejecutoria consistente en: a) Al examinar la calidad especifica del sujeto activo, se ajuste a resolver sobre el libramiento de la orden de captura contra el quejoso, con base al pliego de consignación presentado por el Ministerio Público que ejercitó la acción penal respectiva; y además b) Deberá fundar y motivar porque al momento de cometerse el antisocial de equiparado a la retención, el quejoso Jesús Ortiz Sanabria, seguía teniendo facultades para devolver la inversión hecha por la pasivo del delito. Respecto al inciso a) el Juez responsable dijo: "En este sentido, debe atenderse, para considerar, de hecho que existe negativa para la devolución del dinero a quien le corresponde, la circunstancia de que la sucursal de la colonia del Maestro de la Cooperativa Sifisur S.C. de R.L. ha cerrado sus puertas, como se demuestra con la inspección ocular de fecha siete de diciembre de dos mil dos mil doce y del dictamen de fotografías emitidos por los peritos expertos en las respectivas materias, en donde se deduce que efectivamente en el inmueble que ocupaba la caja de ahorro de referencia se encuentra cerrada, que ha dejado de brindar el servicio a las usuarios; lo que se traduce como una negativa para devolver las cantidades ahorradas invertidas o depositadas a quien tenga derecho a estas, porque al tener facultades el socio JESÚS ORTÍZ ZANABRIA de atender cualquier demanda alguna ante el problema de la sociedad cooperativa que estaba en procedimiento de consolidación, por lo tanto dicho socio debió de hacer un comunicado en vía de convocatoria para atender cualquier demanda porque estaba facultado por los socios de la Sociedad Cooperativa informando el lugar y horario para atender demanda alguna, petición o reclamo su simple comisión por omisión de ella se actualiza la conducta de negar la devolución de inversiones en la cooperativa; de las declaraciones de las indicadas y los indiciados que intervinieron dentro de la averiguación previa se advierte que dicha persona moral es decir la sociedad cooperativa carece de liquidez que había iniciado un trámite para su consolidación y para recibir el apoyo del DIFEICOMISO PAGO, Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de ahorro y Préstamos y Apoyo a sus ahorradores. No obsta para afirmar que se ha negado el socio JESÚS ORTÍZ ZANABRIA a entregar a la ofendida la inversión o devolución de las cantidades que reclama, como consta en las copias certificadas por fedatario público de tres contratos pagares, expedidos por Sifisur (Sistema de Fomento de Integración de Sur) que suman la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n), se advierta que las inversiones tienen fecha de vencimiento posterior a la presentación de la denuncia ante la autoridad ministerial por el Apoderado Legal de la persona ofendida de nombre Alma Micaela Cruz Mendoza. (.) De igual forma se atiende que quiénes debían realizar la devolución del numerario, ostentaron el carácter de socios y Presidentes del Consejo de Administración, con facultades para realizar la gestión de los negocios de la Cooperativa con Representación más amplia, según se aprecia de las impresiones de la base de datos de gestión registral de actos que se encuentran inscritos al folio electrónico mercantil número 4463*1, certificadas por la responsable de la oficina del Registro Público de Comercio en el Estado del Instrumento Notarial número 32,332 volumen 658, del Notario Público número 19 en el Estado en la que se aprecia que en Asamblea General ordinaria de socio de veintitrés de noviembre del año dos mil doce, derivado a la situación que se encuentra la Cooperativa nombraron a los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia recayendo en las personas de Francisco Gabriel Sapien García, Presidente Rolando Castillejos Lazcares, Secretario y Roberto Cruz López, Vocal, en tanto que del Instrumento Notarial número 9152, Volumen número ciento cincuenta y cinco, del licenciado Francisco José Bustamante del Valle, Notario Público número veintiuno en el Estado en fecha ocho de octubre del año dos mil once, la persona que fungía como Presidente del Consejo de Administración lo era Francisca López Nicolás, también se advierte que la asamblea de socios de la Cooperativa con amplias facultades entre estas designó a JESÚS ORTÍZ ZANARIA para que atendiera cualquier demanda alguna que presentara algún socio, pues debe entenderse que las facultades entre otras tenía las de realizar pagos. Respecto al inciso b). la responsable expuso: "Las personas que contaban con facultades para hacer el pago de dichas inversiones de la pasivo es el hoy incriminado JESÚS ORTIZ SANABRIA de atender cualquier demanda alguna, ante el problema de la sociedad cooperativa que estaba en procedimiento de consolidación; por lo tanto dicho socio aquí inculpado debió de hacer un comunicado en vía de convocatoria para atender cualquier demanda porque estaba facultado por los socios de la Sociedad Cooperativa, informando el lugar y horario para atender demanda alguna, petición o reclamo, su comisión por simple omisión de ello se actualiza la conducta de negar la devolución de inversiones en la cooperativa SIFISUR, S.C. DE R.L. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO DE INTEGRACIÓN DEL SUR, conforme se aprecia de las impresiones del Instrumento Notarial número 32,332, volumen 658 del Notario Público número 19 en el Estado en la que se aprecia que en Asamblea General ordinaria de socios de veintitrés de noviembre de dos mil doce; así mismo con la boleta de inscripción de folio mercantil electrónico número 4463*1 con fecha del dieciocho de octubre del año dos mil once, derivado a la situación en que se encuentra la cooperativa nombraron a los integrantes del consejo de Administración y Vigilancia." De lo que se advierte que la autoridad responsable sigue rebasando el Pliego consignatorio, dado que el Ministerio Público de manera general estableció que los activos tenían la calidad de integrantes del Consejo de Administración, no que el aquí quejoso fuera socio con facultades para atender alguna petición por el problema de la Sociedad Cooperativa. Por otra parte, tampoco fundó y motivó el por qué a la comisión del hecho delictuoso, el quejoso tenía las facultades para devolver el dinero a la ofendida, pues del pliego de consignación por parte del Ministerio Público, y que fue transcrita la parte que interesa en la sentencia de amparo, no se advierte que haya hecho mención al acta de asamblea en la que según le confiere facultades para atender cualquier demanda que presentara algún socio. En consecuencia, como la responsable no cumplió en su totalidad con la ejecutoria de amparo, con apoyo en el artículo 192 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable, Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que cumpla con la sentencia de amparo, conforme al núcleo esencial, debiendo remitir las constancias que así lo acrediten; reiterándole que los efectos del fallo protector son los siguientes: "a) Al examinar la calidad especifica del sujeto activo, se ajuste a resolver sobre el libramiento de la orden de captura contra el quejoso, con base al pliego de consignación presentado por el Ministerio Público que ejercitó la acción penal respectiva; y además b) Deberá fundar y motivar porque al momento de cometerse el antisocial de equiparado a la retención, el quejoso Jesús Ortiz Sanabria, seguía teniendo facultades para devolver la inversión hecha por la pasivo del delito". En la inteligencia que en la determinación nueva deberá dejar sin efecto las resoluciones de diecisiete de septiembre de dos mil catorce y la de diez de agosto del actual. Asimismo, requiérase al Magistrado Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que en su calidad de superior jerárquico del Juzgado Juez Primero de lo Penal del Estado de Oaxaca, como lo establece el Acuerdo General 02/2017 de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, relativo a la Creación de la Comisión de Ética Judicial; para que en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Apercibidas que de no cumplir, en términos de los artículos 237 fracción I, 259 y 260 fracción IV de la Ley de Amparo, se le impondrá, multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al día siguiente de su publicación; que asciende a un monto total de $7,549.00 (SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, según publicación de diez de enero de dos mil diecisiete, del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en términos de la Ley para Determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, es de $75.49 (SETENTA Y CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Por último, respecto al escrito presentado por el quejoso en el que manifestara que no se encuentra cumplida la sentencia, dígasele que se esté a lo acordado en los párrafos que anteceden..."
- Principal
MESA III "... Agréguese el escrito de la parte quejosa Jesús Ortiz Zanabria, mediante el cual, hace diversas manifestaciones respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; mismas que se tomaran en cuenta al momento de resolver sobre el mismo..."
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