Jesús Orozco Jiménez

Expediente 1262/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1262/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Delegación del Registro Agrario Nacional
  • Jesús Orozco Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de tres de octubre de dos mil diecinueve (fojas 34 a la 37), en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación de la autoridad responsable Registro Agrario Nacional, a través de la Encargada del Despacho, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, rinde su informe justificado y remite copia certificada de los acuerdos de prevención realizado a las solicitudes de la parte quejosa con folios 07190007414, 07190007415, 07190007416, 07190007417, 07190007417, 07190007420, 07190007421, 07190007422 y 07190007423, de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, con los cuales la autoridad responsable da respuesta a las peticiones realizadas por la parte quejosa. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión de la DELEGACION DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL de dar respuesta a la promociones que recibió bajo los folios números 07190007414,07190007415, 01190007416, 07190007417, 07190007419, 07190007420, 07190007421, 07190007422 y 0119007423, con fecha trece de junio del dos mil diecinueve, a través del cual, solicite a dicho organismo registral LA INSCRIPCION DE LA ENAJENACION DE DERECHOS PARCELARIOS Y EXPEDICION DE LOS CORRESPONDIENTES CERTIFICADOS PARCELARIOS, motivo de la enajenación, celebrado con fecha veintiocho de julio del dos mil diecisiete, en el ejido IGNACIO ZARAGOZA, municipio de BERRIOZABAL, estado de Chiapas, es el caso, que desde esa fecha la autoridad responsable han sido omisas en dar respuesta a mi petición, transcurriendo en exceso el término que señala el artículo 52 del Reglamento Interno del Registro Agrario Nacional, para dar respuesta a mi petición." (SIC). En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de dar respuesta a la peticiones realizadas por la parte quejosa, mismas que fueron registradas por la autoridad responsable bajo los folios 07190007414, 07190007415, 07190007416, 07190007417, 07190007417, 07190007420, 07190007421, 07190007422 y 07190007423 de trece de junio de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, realizó los acuerdos de prevención a la parte quejosa, con los cuales dio respuesta a los folios 07190007414, 07190007415, 07190007416, 07190007417, 07190007417, 07190007420, 07190007421, 07190007422 y 07190007423, de trece de junio del año en curso. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta a la peticiones realizadas por la parte quejosa, mismas que fueron registradas por la autoridad responsable bajo los folios 07190007414, 07190007415, 07190007416, 07190007417, 07190007417, 07190007420, 07190007421, 07190007422 y 07190007423 de trece de junio de dos mil diecinueve, han cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con veinte minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Finalmente, no obsta a la anterior determinación, el hecho de que con esta fecha se esté teniendo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y, por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo; en la medida que el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, pues el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio respuesta a la solicitudes presentadas por la parte quejosa ante la autoridad responsable. Notifíquese personalmente a las partes quejosa, y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa *** defensor particular de la parte quejosa ****, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de la materia, expídanse las copias certificadas a que hace referencia, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos, haciendo de su conocimiento que para tal efecto deberá acudir a este Juzgado en día hábil, preferentemente dentro del horario de diez a trece horas. Respecto a su solicitud de que este Órgano de Control Constitucional le expida gratuitamente las copias certificadas que cita; dígase al ocursante que la expedición de las copias certificadas son gratuitas, es decir no genera pago de derechos únicamente deberá acudir a este Juzgado para el pago correspondiente de las fotocopias que necesita las cuales se sacan fuera de las instalaciones de este edificio. Notifíquese.

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