Jesús Orlando Rodríguez Ramírez
Expediente 3/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/01/2018
Partes del expediente
- Jesús Orlando Rodríguez Ramírez
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
dado que a la fecha ha transcurrido el término para recurrir el proveído el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, por lo que archívese este expediente como asunto concluido.
- Principal
Se recibe el escrito firmado aparentemente por ****** autorizado de la parte quejosa, en atención a su contenido y visto el estado que guardan lo presente autos, glósese para que obre como corresponda, toda vez quese tuvo por no presentada la demanda promovida
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 198/2017-III. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por demanda recibida el treinta de enero de dos mil diecisiete (fojas 2 a 25), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa, y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, y turnada en esa misma fecha a este órgano de control constitucional María Guillermina Ramírez Landa, solicitó el amparo y protección en contra de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, y otras autoridades. Segundo. Trámite de la demanda. Por auto de uno de febrero de dos mil diecisiete (fojas 37 a 41), se admitió la demanda propuesta, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal (foja 45), se emplazó al tercero interesado Aldo Estuardo Zavala Ucha (foja 57) y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; habida cuenta que el acto reclamado es de naturaleza laboral y la demanda de amparo se presentó dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Estudio del incidente de objeción de documentos planteado por la quejosa. Por virtud de método, en primer lugar se debe resolver acerca del incidente de objeción de firma planteado por la parte quejosa. La incidentista aduce sustancialmente, que la firma que calza la carta poder de tres de marzo de dos mil diecisiete, relativa al servicio número 256890605359; que remitió el Encargado del Departamento Jurídico Divisional CFE Subadministrador de Servicios Básicos de la Comisión Federal de Electricidad División Centro Oriente, no fue plasmada de su puño y letra. Al respecto, del material probatorio ofrecido y desahogado ante este órgano jurisdiccional, respecto a la objeción de mérito, destaca el dictamen pericial en materia de grafoscopía, rendido por la perito Floribel López Salazar, de catorce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 400 a 409), designada por parte de este juzgado federal, en el cual concluyó: ".ÚNICA.- NO CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN DE LA C. MARÍA GUILLERMINA RAMÍREZ LANDA LA FIRMA ESTAMPADA SOBRE EL NOMBRE DE LA DE REFERENCIA QUE SE LEE C. MARÍA GUILLERMINA RAMÍREZ LANDA DE CARTA DE PODER DE FECHA 03 DE MARZO DEL 2017 QUE CORRESPONDE AL SERVICIO NÚMERO 256890605359, DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA BAJO EL RESGUARDO DE ESTE H. JUZGADO A SU DIGNO CARGO; CON RELACIÓN A LAS FIRMAS PROPORCIONADAS COMO BASE DE COTEJO, DOCUMENTOS AMPLIAMENTE DESCRITOS EN EL CUERPO DEL PRESENTE DICTAMEN." En el caso, la perito oficial Floribel López Salazar, determinó que la firma que calza la carta poder de tres de marzo de dos mil diecisiete, relativa al servicio número 256890605359, no corresponde a la de la quejosa María Guillermina Ramírez Landa, basándose en la comparación de las características de orden general y gestos gráficos de dicha rubrica y las diversas suscritas por la mencionada peticionaria de amparo, en presencia judicial. Lo anterior, porque en sus conceptos hay la existencia de contundentes diferencias estructurales que señalan que proceden de distinto origen gráfico. De lo descrito con antelación, se concluye que al dictamen de la perito oficial Floribel López Salazar, en términos del último párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo, debe concederse pleno valor probatorio, pues en dicho peritaje se observa una adecuada técnica científica en el análisis de la cuestión sujeta a su experiencia. Efectivamente, en dicho dictamen evidencia un proceso intelectual metódico que llevó la correcta apreciación de la cuestión sujeta a su juicio en forma fundada, pues al emitir su opinión experticial suministró argumentos y razones para la formación del convencimiento ecuánime en relación al problema planteado, y sobre todo cabe mencionar que fue realizado por la perito oficial, de lo cual se infiere que ésta se condujo con objetividad e imparcialidad. Además, se observa que en su dictamen utilizó el método analítico, que le permitió identificar las características gráficas de orden general, forma y estructura, así como el descriptivo, en el cual se mencionan los gestos gráficos que individualizan a las firmas materia de estudio, y el comparativo, conforme al cual se valoran cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos. De ahí que, con base en esos conocimientos técnicos y científicos, previa identificación y descripción de las características de orden general y gestos gráficos de la firma cuestionada e indubitable, procedió a confrontarlas y compararlas obteniendo como resultado que entre la firma dubitable e indubitables existían una serie de diferencias contundentes, mismas que detalló en el apartado correspondiente, que la llevaron a determinar que la firma dubitada que se encuentra en la carta poder de tres de marzo de dos mil diecisieite, no fue estampada por María Guillermina Ramírez Landa. Dicho de otro modo, del estudio efectuado por la experta oficial, se desprende que además de apoyarse en mayores elementos de estudios y utilizar los métodos analítico, descriptivo y comprobatorio, explicó la serie de pasos seguidos para llegar al resultado obtenido, lo que desde luego denota un estudio profundo, sin que en el mismo se adviertan afirmaciones que no se encuentren acreditadas o corroboradas en autos, lo que de suyo hace que merezca mayor eficacia probatoria. Lo anterior, se robustece, si se considera, que quien aquí resuelve al tener a la vista tanto la firma cuestionada, como las indubitadas de dicha persona que constan en los ejercicios caligráficos asentados en autos, al hacer una comparación objetiva de estas últimas con la primera de ellas. De ahí que, acorde con lo anterior, se llega a la convicción de que la firma que calza la carta poder de tres de marzo de dos mil diecisiete, no corresponde al puño y letra de la quejosa, por lo que se concluye, por lo planteado, que resulta fundada la objeción de la firma conforme al normativo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su precepto 2º. Con fundamento en el artículo 261, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista con los presentes autos al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, para que actúe conforme a sus facultades. Tercero. Materia del juicio de amparo. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, por lo que es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa reclamó: la falta de emplazamiento al juicio laboral D-4-495/2013, así como todo lo actuado en dicho procedimiento, incluyendo el laudo emitido el once de febrero de dos mil catorce. Cuarto. Existencia o certeza del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. En ese sentido, al rendir su informe justificado la Junta responsable a través de su Presidenta y la Actuaria adscrita a la misma, aceptaron la existencia del acto reclamado (foja 49). Lo anterior se corrobora de la documental que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe de ley, consistente en el expediente laboral D-4-495/2013, de su índice; documental con valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, por tratarse de actuaciones judiciales. Quinto. Procedencia de la demanda. El tercero interesado mediante escritos presentados el ocho y veinte de febrero y seis de marzo de dos mil diecisiete (fojas 53 a 54, 98 a 99, y 121 a 129) solicitó el sobreseimiento en el juicio, aduciendo que la quejosa con en todo momento ha tenido conocimiento de la existencia del juicio laboral seguido en su contra, ya que se le emplazó al mismo e incluso se le emplazo como parte tercera interesada en los diversos juicios de amparo 655/2016 y 2167/2016 del índice de este juzgado, que derivan de actos reclamados de dicho procedimiento en materia de trabajo. La causal de improcedencia es infundada. Para analizarla, son para este juzgador un hecho notorio los diversos juicios de amparo 655/2016 y 2167/2016 del índice de este juzgado, mismos que se tienen a la vista en este momento, y de los cuales se advierte, que efectivamente, ambos procedimientos constitucionales fueron promovidos por el tercero interesado contra actos de la Junta responsable derivados del juicio laboral D-4/495/2013, en la etapa de ejecución de laudo. De ello se advierte que en sendos autos de início se dio la calidad de tercera interesada a la aquí quejosa, y que fue emplazada a los mismos mediante la entrega de los citatorios respectivos de veinte de abril y seis de noviembre de dos mil dieciséis, respectivamente, y que al no haber comparecido dentro de los dos días hábiles a este juzgado a fin de que se le practicara la notificación de manera personal, la misma se efectuó por lista. Es relevante establecer que en ambos casos, el citatorio de referencia se entregó en el domicilio que para tales efectos señaló el ahí quejoso Aldo Estuadrdo Zavala Ucha, esto es el ubicado en Avenida 113 "A" Oriente número 419, Fraccionamiento Lomas del Sol, Puebla, Puebla. Sin embargo, en ambos juicios de amparo, la ahí tercera perjudicada y aquí quejosa no se apersono al mismo, por lo que todas las notificaciones se le practicaron por lista. No obstante lo anterior, es infundada la causal de improcedencia invocada por el tercero interesado, ya que a diferencia de lo que aduce, la circunstancia de que existan los emplazamientos formales a los juicios de amparo aludidos, no es sufiente para considerar que a partir de ese momento debía iniciar el plazo de quince días para que la quejosa promoviera el presente amparo. Ello es así, toda vez que conforme al artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. En congruencia con lo anterior, para que pueda estimarse que inicio el plazo para promover la demanda de amparo en una fecha distinta a la que el quejoso afirma tuvo conocimiento de él, debe existir en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad. Sin embargo, la eventualidad que exista en los juicios de amparo que se trajeron a la vista, las constancias de emplazamiento a los mismos en su carácter, no acreditan de manera plena que haya tenido acceso al contenido completo del juicio laboral de donde emerge el acto reclamado, pues este es un procedimiento distinto a los primeros. Ello, pues no se entendieron directamente con la quejosa ni la misma se apersonó a tales procedimientos. Luego, que la mera información de la existencia de las demandas de amparo aludidas en relación a actos derivado del juicio laboral, de ninguna manera significa conocimiento del emplazamiento tildado de inexistente, ni que a partir de entonces tenga la impetrante tuviera la obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del emplazamiento y ante la falta de constancia fehaciente acerca de otra fecha en la cual el quejoso se entera del acto reclamado, en su calidad de tercero extraño por homologación, al invocar falta de emplazamiento, se debe considerar como fecha de conocimiento de los actos reclamados, la señalada en el libelo inicial de demanda. Sirve de apoyo, la tesis siguiente CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. LA SOLA INFORMACION ACERCA DEL JUICIO, NO CONSTRIÑE A PRESENTAR DESDE ENTONCES LA DEMANDA DE AMPARO, CUANDO AQUEL LO CONSTITUYE LA INEXISTENCIA DEL EMPLAZAMIENTO. La mera información de la existencia de una demanda, de ninguna manera significa conocimiento del emplazamiento tildado de inexistente, ni que a partir de entonces tenga el impetrante obligación de intervenir en el juicio en defensa de sus intereses, pues esa obligación sólo nace desde la fecha del emplazamiento y ante la falta de constancia fehaciente acerca de otra fecha en la cual el quejoso se entera del acto reclamado, en su calidad de tercero extraño por homologación, al invocar falta de emplazamiento, se debe considerar como fecha de conocimiento de los actos reclamados, la señalada en el libelo de garantías. [Época: Novena Época, Registro: 199875, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Diciembre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: II.1o.C.T.43 K, Página: 380] Pero además, no obstante que los emplazamientos a los multicitados juicios de amparo fueron practicados por este juzgado, los autos de este procedimiento constitucional y la conducta procesal asumida por el tercero interesado, llevan al suscrito a dudar de la validez de tales diligencias. Ello es así, toda vez que el ocho y veinte de febrero de dos mil dieisiete, con una intención muy específica (lograr el sobreseimiento en el presente juicio de amparo), el tercero interesado hizo saber a este juzgado la existencia de los diversos juicios de amparo que se analizan y adujo el conocimiento anterior del procedimiento laboral de donde emerge el acto reclamado, con motivo de que a la quejosa se le emplazó "debidamente" a los mismos. Luego, el seis de marzo de dos mil diecisiete, con un fin también muy especificó (acreditar la causa de sobreseimiento que solicitó), ofreció como pruebas de su parte, el historial de consumo de los servicios de suministro de energía eléctrica que se surten a los domicilios ubicados en Sierra Costera número 9037, Unidad Habitacional Maravillas, Puebla, Puebla, y 113 "A" Oriente número 419, Fraccionamiento Lomas del Sol, Puebla, Puebla, los cuales aparecen a nombre de la quejosa María Guillermina Ramírez Landa; domicilios que son donde se practicó el emplazamiento al juicio laboral de donde emerge el acto reclamado y los emplazamientos en los juicios de amparo 655/2016 y 2167/2016 del índice de este juzgado. Sin embargo, durante la tramitación de este procedimiento, se acreditó de manera plena, que los servicios de energía eléctrica se encontraban a nombre de diversas personas, pero que se cambiaron a su nombre el veintiuno de febrero y tres de marzo de dos mil diecisiete, esto es con posterioridad a la presentación de la demanda (30/01/2017), a la fecha de emplazamiento del tercero interesado Aldo Estuadrdo Zavala Ucha (a quien se le dejó citatorio el 02/02/2017 -foja 57), y con anterioridad a que ofreciera como pruebas los historiales de consumo de referencia (06/03/2017 -fojas 121 a 129-), e incluso a la fecha en que se realizaron los emplazamientos en los juicios de amparo de mérito. Lo anterior así se advierte del informe rendido por la Comisión Federal de Electricidad (230 a 243) Aunado a que en dicho informe se ajuntaron las constancias que acreditaron el cambio de nombre del servicio que se presta al domicilio ubicado en Sierra Costera número 9037, Unidad Habitacional Maravillas, Puebla, Puebla; y se pudo evidenciar que fue mediante la exibición de una carta poder, supuestamente firmada por la quejosa, firma que fue declarada falsa en el incidente de objeción de documento tramitado en este juicio de amparo. Luego, que se encuentre acreditado en autos de manera plena, que dichos servicios de suministro de energía eléctrica que se prestan a las casas en donde se practicó el emplazamiento al juicio laboral de donde emerge el acto reclamado y los emplazamientos en los juicios de amparo 655/2016 y 2167/2016 del índice de este juzgado, a la fecha de dichas diligencias no se encontraban a nombre de la quejosa y que el cambio de titular aconteció con posterioridad al inicio de este juicio de amparo y a que fue emplazado el tercero interesado que introdujo como prueba tal información. De ahí, que se declara infundada la causal de improcedencia invocada. Al no existir diversa causal hecha valer por las partes, o que este juzgador advierta de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 76 de la ley de la materia, se procede a su análisis. Sin que en el caso haya necesidad de transcribir los conceptos de violación, por no causar ningún perjuicio a las partes, además de no existir disposición legal que obligue a ello. Sexto. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa. La solicitante del amparo acude a esta instancia constitucional, ostentándose como tercera extraña por equiparación al juicio natural, en tanto se duele del emplazamiento que dice fue practicado de manera ilegal dentro del juicio de origen, lo cual la dejó sin oportunidad de comparecer a defenderse ni fue oída ni vencida en juicio, aduciendo que ello transgrede en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Afirma lo anterior porque dice que el llamamiento a juicio se realizó en un domicilio totalmente diferente y ajeno a la quejosa, como lo fue el ubicado en "Sierra Costera número nueve mil treinta y siete, del fraccionamiento Maravillas, de esta ciudad". Los anteriores argumentos, se consideran fundados y suficientes para conceder el amparo, sin que ello implique que se está supliendo la deficiencia de la queja a favor del patrón, toda vez que en los mismos se establece claramente la causa de pedir, al señalar el perjuicio que le irrogan los actos reclamados en sus garantías constitucionales. De las constancias del juicio de origen destaca lo siguiente: a) Aldo Estuardo Zavala Ucha, compareció ante la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, a demandar entre otros a María Guillermina Ramírez Landa, diversas prestaciones (fojas 1 a 3 anexo I). b) En la demanda, la actora señaló como domicilio de los demandados el ubicado en Sierra Costera número nueve mil treinta y siete, del fraccionamiento Maravillas, Puebla (foja 1 anexo I). c) El once de febrero de dos mil catorce (fojas 45 a 48 anexo I), se dictó el laudo correspondiente, el cual fue notificado a la ahora quejosa el diecinueve de marzo de dos mil catorce (foja 31 anexo I), mediante cédula de notificación personal. De la diligencia de emplazamiento reclamada, se advierte que la Actuaria responsable hizo constar haberse constituido a fin de desahogar el emplazamiento ordenado en el domicilio ubicado en Sierra Costera número nueve mil treinta y siete, del fraccionamiento Maravillas, de esta ciudad, señalado en la demanda para emplazar a María Guillermina Ramírez Landa. Ahora bien, el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, dispone que la primera notificación personal (emplazamiento) se haga de conformidad con los lineamientos que prevén las hipótesis que contemplan de la fracción I a VI, de ese numeral. Las fracciones del precepto en estudio establecen lo siguiente: "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." De la interpretación de esas disposiciones legales, se concluye que las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, hasta en tanto no se designe nueva casa o local; por su importancia, se deberán hacer personalmente el emplazamiento, por tratarse del primer proveído, el auto de radicación; el Actuario deberá cerciorarse de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, si está presente el interesado, se le notificará entregándole copia de la resolución y sólo en el caso, en que no se encuentre se le dejará citatorio, para que espere al fedatario al día siguiente. La diligencia de "citación", tiene la finalidad de que la persona a quien va dirigida tenga conocimiento del inicio o trámite de un juicio instaurado en su contra; de ahí la obligación del Actuario de dejar el citatorio de no encontrarlo a la primera búsqueda, para que el demandado lo espere a una hora hábil fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin que tenga facultades para realizarla en forma arbitraria, sino atendiendo a las circunstancias de tiempo, lugar y modo que se le presenten. En estas condiciones, la naturaleza del "emplazamiento" tiende a ser un acto de carácter personalísimo y trascendental, que tiene la finalidad de hacer del conocimiento de una persona, la existencia de un juicio en su contra, para que se encuentre en aptitud jurídica de hacer valer todos sus derechos, como lo es oponer defensas y excepciones, ofrecer pruebas e interponer recursos dentro de los plazos fijados por la ley; de ahí la obligación del fedatario de cerciorarse de la veracidad del domicilio de la parte demandada. Ahora bien, los requisitos que derivan del estudio de los preceptos legales que debe contener la diligencia de emplazamiento en un juicio laboral, en síntesis son los siguientes: 1.- El cercioramiento que el Actuario realice de que la persona que va a emplazar habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos. 2.- Asentar los medios de convicción que tuvo a la vista y que lo llevaron a dicho cercioramiento. Aquí, es preciso mencionar que en cuanto al domicilio, el Actuario debe cumplir con un doble cercioramiento: a) Que el lugar donde se constituye es el señalado en autos para hacer la notificación y, b) Que en dicho lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que debe ser emplazada, por lo cual los medios de cercioramiento serán distintos para uno y otro aspecto. 3.- Si la demandada es una persona moral, el emplazamiento deberá realizarse por conducto de su representante legal a quien en caso de no encontrarse, se le dejará citatorio de espera para determinado día y hora y, en caso de que no esté presente el interesado o su representante no atendiere la cita, el funcionario hará la notificación a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada. La notificación y emplazamiento que refieren dichos dispositivos legales, debe realizarse de manera personal y cumplir con las normas relativas al cercioramiento que al respecto lleve a cabo el actuario de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja, o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; hecho lo anterior, si no está presente el interesado o su representante legal, tratándose de una persona moral, dejará citatorio para que lo esperen al día siguiente hábil, a una hora determinada; y si no obstante el citatorio, no se encuentra presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; actuaciones respecto de las cuales el actuario deberá asentar razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. En efecto, el precepto transcrito con antelación dispone que el Actuario que realice la primera notificación personal en un juicio laboral, dentro de las cuales destaca el emplazamiento, debe cerciorarse de que la persona que busca, habita, trabaja o tiene su domicilio en donde se constituye, que debe ser la casa o local señalado en autos para realizar la notificación. Así las cosas, el emplazamiento es la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demanda y reviste gran importancia porque permite el cumplimiento de la garantía de audiencia, establecida en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Luego, la ausencia de emplazamiento o el emplazamiento que no cumple con los requisitos legales establecidos para llevarlo a cabo resultan violatorios del derecho humano de audiencia y, por consiguiente, es comprensible que el artículo 743, de la Ley Federal del Trabajo, señale detalladamente las reglas básicas de la primera notificación personal, cuya finalidad se encuentra en asegurar que tal notificación se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que con pleno conocimiento del asunto, tenga la oportunidad de comparecer a juicio y ser oído en su defensa. Una vez puntualizado lo anterior, es de señalarse que de las diligencias de citación y emplazamiento al expediente laboral D-4-495/2013, se aprecia que el fedatario judicial no dio cumplimiento a las exigencias, a que se contrae el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, que establece el requisito consistente en que el Actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación. Esto es así, toda vez que del análisis del sumario de origen se desprende que en las referidas diligencias de citación y emplazamiento, la actuaria señaló que se constituyó en el inmueble ubicado en Sierra Costera número nueve mil treinta y siete, del fraccionamiento Maravillas, Puebla, a efecto de que se llevara a cabo el emplazamiento mencionado, pero sin asegurarse de que efectivamente ese fuera el domicilio de la demandada. Esto se afirma así, pues de la diligencia de emplazamiento y de su citatorio, no se advierte que la Actuaria se hubiera cerciorado de ello, ya que únicamente se limitó a decir que se cercioró por la "placa metálica en el inmueble a la vista" y con la descripción del mismo, sin precisar en dónde observó ese dato. A lo expuesto no se soslaya el hecho de que en las diligencias analizadas se hizo contar que se llevaron a cabo con una persona quien dijo llamarse María de los Angeles Ramírez, quien no se identificó y aseguró que ese era el domicilio señalado en autos, del cual era habitante. Ello pues tal cercioramiento refiere a la dirección en la que se constituyó el actuario, pero no así en ese lugar habitaba, trabajaba o tenía su domicilio la quejosa. Esto es así, ya que el diligenciario responsable dijo haber llamado a la puerta, en donde fue atendido por una persona del sexo femenino a quien le hizo saber el motivo de su visita y le requirió la presencia de la demandada María Guillermina Ramirez Landa, y después le preguntó si el domicilio en que actuaba era el correcto y si ella (persona con la que entendió la diligencia) habitaba, trabaja, tiene una de sus principales negociaciones o tiene su domicilio habitual permanente, lo que dijo afirmó y confirmó bajo protesta de decir verdad; y después, aparece la manifestación de que la demandada si habita el domicilio y que su relación con ella es de habitante del domicilio, para después referir que procede a notificar y emplazar a juicio por localizar al directamente demandado, cuando ello no aconteció. Tales circunstancias son ambiguas, y no pueden colmar el requisito de cercioramiento previsto por la norma, ya que la notificadora estaba obligada a proporcionar todos los datos tanto objetivos como subjetivos de los que se valió. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, consultable a página 1636, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, que dice: "CITATORIO Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. AUN CUANDO EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS RELATIVAS CIERTAS FORMALIDADES PARA QUE AQUÉLLOS SEAN JURÍDICAMENTE VÁLIDOS. Del artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el actuario debe cumplir con ciertas formalidades para que tanto el citatorio como el emplazamiento sean jurídicamente válidos; esto es, debe cerciorarse de que el lugar en el que se apersonó es aquel en el que debe actuar, así como en donde puede localizarse a la persona que debe notificar, porque ahí habita, trabaja o tiene su domicilio. Para cumplir con lo anterior, debe expresar las razones particulares o medios de convicción que tenga a su alcance para determinar que el domicilio en el que actúa es el correcto para practicar el emplazamiento a juicio, e indicar las características del inmueble donde se constituyó, y cualquier otra circunstancia objetiva que revele que se ubicó en el domicilio ordenado, y no únicamente mencionar que lo tuvo a la vista; además, en su caso, los nombres de las personas que le indicaron que ahí es el domicilio del demandado, o bien, la negativa a proporcionar su nombre y no únicamente señalarlos genéricamente; es decir, debe hacer constar en las actas respectivas los medios de que se valió, tanto objetivos (aquellos que aprecie directamente el funcionario), como subjetivos (los que le sean proporcionados por otras personas), para tener la certeza que en ese lugar habita, trabaja o tiene su domicilio la persona a quien se busca o en su caso al representante legal de la persona moral demandada, ya que si carece de tales datos, no puede sostenerse jurídicamente la legalidad del emplazamiento, no obstante la fe pública del funcionario." En el mismo orden de ideas, al ser la primera notificación a juicio un acto de suma importancia que permite el cumplimiento de la garantía de audiencia; también se tiene plenamente acreditado que dicha garantía no fue respetada en perjuicio de la peticionaria de amparo, cuando se toma en cuenta que al realizarse la citación la fedataria no se cercioró que efectivamente se haya constituido en el domicilio señalado en autos para realizar las diligencias encomendadas. Lo anterior es así, dado que "cerciorar" significa asegurar a alguien la verdad de una cosa, de ahí que, cerciorarse debe entenderse como asegurarse de la verdad de algo; de manera que si la Ley Federal del Trabajo, ordena al notificador que al realizar la primera notificación personal en un juicio laboral debe cerciorarse de que la persona buscada tiene su domicilio en el lugar señalado en autos para practicar la notificación; tal obligación debe entenderse en el sentido de que dicho funcionario judicial debe asegurarse de que verdaderamente la persona por notificar tiene su domicilio en el lugar donde se constituye para llevar el emplazamiento. Por lo anterior, es inconcuso que la citación y emplazamiento señalado como actos reclamados, se efectuaron en contravención a lo dispuesto en el citado artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que resultan violatorios de los derechos fundamentales de la accionante del amparo, contenidos en los artículos 14 y 16 constitucional. Por todo lo antes expuesto, es aplicable al caso en estudio, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.9/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento veintiuno, del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, con el texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO LABORAL. NO BASTA QUE ALGUIEN INFORME QUE "POR EL MOMENTO NO SE ENCUENTRA LA PERSONA QUE BUSCA" PARA CONSIDERAR QUE EL ACTUARIO SE CERCIORÓ QUE EN ESE LUGAR HABITA, TRABAJA O TIENE SU DOMICILIO EL DEMANDADO" El emplazamiento a juicio laboral es un acto procesal que reviste gran importancia, por permitir el cumplimiento de la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 constitucional y, por eso, el artículo 743, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establece que al realizarlo el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; por lo que cuando alguien le informa que "por el momento no se encuentra" la persona que busca, ese funcionario debe recabar otros datos objetivos que le permitan asegurarse de que verdaderamente ahí habita, trabaja o tiene su domicilio el destinatario de la notificación, puesto que aquella afirmación no conduce inequívocamente al estado de certeza que exige el precepto legal en cuestión, sino que puede llevar a cometer errores que no permitirían o impedirían al particular conocer el inicio del procedimiento." De igual forma, es aplicación, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página setenta y ocho, del Tomo CLXXXI, Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con el texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO, FORMALIDADES DEL, EN MATERIA LABORAL. De conformidad con lo que dispone el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, para que un emplazamiento se encuentre correctamente desahogado no basta que el actuario se cerciore de que el domicilio donde efectúa el emplazamiento es el señalado en la demanda, por medio de las placas de nomenclatura oficiales, sino además tiene que cerciorarse de que en ese lugar habita o tiene su domicilio el demandado, ya que de omitir esa circunstancia resulta ilegal el emplazamiento; sin embargo, de ninguna manera debe entenderse que el actuario esté obligado a realizar pesquisas para cerciorarse de la identidad de las personas, sino sólo debe cumplir con las formalidades exigidas por la ley." Aunado a ello, en las razones de entrega de citatorio y de emplazamiento, se advierte que María de los Angeles Ramírez persona con quien entendió las diligencias en estudio manifestó "que no sabe los alcances de esto". Pero además, corrobora la circunstancia de que la actuaria que practicó tal diligencia de emplazamiento no se cercioró de encontrarse en el domicilio idóneo para ello, la circunstancia que adjuntó fotos del lugar en el que se constituyó a practicarlo (inmueble que se visualisa como una construcción pintada de blanco con bordes naranjas y al lado, diverso inmueble pintado de blanco con borden verdes. Y sin embargo, del juicio laboral de origen se advierte diversa notificación personal a la demandada, la practicada el diez de juicio de dos mil catorce (fojas 130 a 146 del anexo), según practicada en el mismo domicilio en donde se llevó a cabo el emplazamiento, y a la que diversa actuaria adjuntó fotos de lugar en donde la practico, de las que se advierte que se efectuó en el domicilio pintado de blanco con verde que aparece en las primeras fotografías, y que es contiguo al pintado de blanco con naranja que fue donde se practicó el llamamiento a juicio. Esto es, ambas diligencias no obstante de aparecer practicadas en un mismo domicilio, materialmente se hicieron en distintos. Aunado a ello, la quejosa ofreció diversas pruebas documentales y testimoniales, para acreditar que su domicilio es y ha sido uno distinto en donde se realizó su emplazamiento; y mediante el informe rendido por la Comisión Federal de Electricidad y el resultado de incidente de objeción de documentos, probó que "alguien" distinto a ella, con mala fe intentó acreditar en este juicio de amparo que ese era su domicilio, cambiando a su nombre, con posterioridad a la promoción de la demanda de amparo, el servicio de suministro de energía eléctrica que al mismo proporciona la Comisión Federal de Electricidad. Consecuentemente, al resultar fundados los argumentos hechos valer por la quejosa María Guillermina Ramírez Landa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó para el efecto de que la Junta responsable mantenga intocado el auto de radicación y deje insubsistente lo actuado en el juicio laboral D-4-495/2013, y ordene al actuario lleve a cabo el emplazamiento de la quejosa en los términos que al respecto prevé el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Por otra parte, dados los efectos para los cuales se concedió la protección de la Justicia Federal, y atendiendo el principio de mayor beneficio, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación formulados por la quejosa, toda vez que éstos no mejoran lo ya alcanzado por la misma. Por lo expuesto y fundado, se: Resuelve: Primero. Se declara fundado el incidente de objeción de documento planteado por la quejosa, respecto de la firma que calza la carta poder de tres de marzo de dos mil diecisiete, por los motivos indicados en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a María Guillermina Ramírez Landa, para los efectos señalados en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante José Gabriel Jiménez Jiménez, Secretario que autoriza y da fe, el dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Conste.
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Téngase por recibido y agregado el oficio del actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, recibido en el módulo de Oficialía de Partes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual entre otras cosas informa que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa
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