Jesús Orbe Torres

Expediente 775/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
775/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
03/05/2018

Partes del expediente

  • Jesús Orbe Torres
  • Juan Carlos Sierra Aviléz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; tres de mayo de dos mil dieciocho Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, mediante el cual devuelve el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia definitiva; en tal virtud, agréguense al expediente principal el cuaderno de antecedentes que se formó, oficio de cuenta y testimonio de referencia. Acúsese recibo de estilo correspondiente. Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a JESÚS ORBE TORRES, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de la sentencia recurrida." En tal virtud, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracciones II y IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Por cuanto al tomo de prueba que se formó por separado, dado que resulta innecesario que continúe a disposición de este juzgado, devuélvase al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, quien lo remitió con su informe justificado. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; siete de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta mediante el cual el Secretario de Acuerdos del tribunal de alzada comunica que se admitió el recurso de revisión.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero, a diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el escrito signado por Víctor José Mendoza Lázaro, autorizad de la parte quejosa, por el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que en su concepto la misma le causa; por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo; agréguese a estos autos una de las copias exhibidas y distribúyanse las restantes entre las demás partes para su conocimiento; asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes, debiendo certificar las constancias más relevantes. Una vez que esté debidamente integrado, dentro del plazo a que se refiere el artículo 89 de la ley de la materia, remítase el expediente al Tribunal Colegiado de este Circuito que por turno y materia corresponda, así como el original del diverso de agravios y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Cuerpo Colegiado, para el efecto de que se substancie el citado recurso.

  4. Principal

    VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 775/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido al día siguiente por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan. AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con domicilio en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "La Sentencia Interlocutoria de fecha tres (03) y publicada mediante listas de acuerdos el día (04) de agosto de dos mil diecisiete (2017), que aprueba la planilla de liquidación de capital e intereses moratorios promovida por el hoy tercero interesado ******************** dentro del expediente número ********************, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido en contra del suscrito hoy quejoso." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales vulnerados. El quejoso señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. TERCERO. Tramite del juicio de amparo. Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 775/2017; solicitó de la autoridad responsable rindiera su informe justificado; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente; ordenó emplazar al tercero interesado ********************y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama un acto suscitado en la etapa de ejecución de sentencia de un juicio ejecutivo mercantil, que se tramita ante una autoridad civil con residencia en la jurisdicción de este juzgado de Distrito, que decide un incidente de autonomía destacada. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado el cuatro de agosto de dos mil diecisiete; en tal virtud, de acuerdo a la naturaleza del expediente del cual emana, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del ocho al veintiocho de agosto siguientes, descontándose los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del propio mes por ser inhábiles; de ahí que, si presento su demanda el veintiocho de agosto del año pasado, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que ********************, reclama la resolución interlocutoria de tres de agosto de dos mil diecisiete, que resolvió el incidente de liquidación interpuesto dentro del procedimiento de ejecución del juicio ejecutivo mercantil ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. CUARTO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir informe con justificación, manifestación que basta para tener por plenamente evidenciada la conducta que se le atribuye, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 95 y 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2; certeza que además se robustece con la copia certificada de las diversas constancias procesales que integran el juicio ejecutivo mercantil ******************** que allegó en apoyo a su informe (tomo I de prueba); documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 de la indicada legislación adjetiva civil de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Como las partes legitimadas en el presente juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia, ni se advierte de oficio que se actualice alguna, se procede al estudio de los conceptos de violación, para lo cual se precisan los siguientes antecedentes que se obtienen de las constancias del citado juicio ejecutivo mercantil (tomo I de prueba), cuyo valor se otorgó en líneas que anteceden. 1. Por escrito presentado el tres de abril de dos mil doce, el aquí tercero interesado ********************demandó en la vía ejecutiva mercantil al aquí quejoso ********************, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones. 2. Seguido el juicio por todos sus trámites, el nueve de agosto de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró procedente la vía ejecutiva mercantil, y se condenó a la parte demandada, aquí quejosa, al pago de la cantidad de $******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional) por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios, a razón del quince por ciento mensual sobre el capital insoluto desde que se constituyó en mora hasta la total liquidación de la deuda, los que se cuantificarían en ejecución de sentencia, y finalmente al pago de las costas causadas en dicha instancia. 3. Por resolución de veintiuno de noviembre de dos mil catorce, dictada en el amparo directo civil número ********************, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, amparó al aquí quejoso para el efecto de que el juez responsable dejara insubsistente la resolución aludida y dictara otra en la que de manera fundada y motivada analizara y valorara los dictámenes que en materia de grafoscopía, caligrafía y documentoscopía rindieron respectivamente los peritos designados por la parte actora y demandada, al igual que el diverso dictamen rendido por el perito tercero en discordia, y con libertad de jurisdicción resolviera lo que en derecho correspondiera. 4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el quince de diciembre de dos mil catorce, el juez responsable dictó sentencia definitiva a través de la cual dejó insubsistente la diversa de nueve de agosto de dos mil trece y declaró procedente la acción cambiaria directa ejercitada en la vía ejecutiva mercantil, condenando al demandado, aquí quejoso, al pago de la cantidad de $******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional) por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios pactados a razón del quince por ciento mensual sobre el capital insoluto desde que se constituyó en mora hasta la total liquidación de la deuda, mismos que se cuantificarían en ejecución de sentencia, y al pago de las costas causadas en dicha instancia. 5. Por escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, la parte actora formuló plantilla de liquidación, la cual se tuvo por admitida en auto de dieciocho de mayo siguiente, ordenándose dar vista a la parte demandada. 6. Mediante escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, la parte demandada, aquí quejosa desahogo la vista, por lo que en proveído de treinta y uno del mismo mes se le tuvo por desahogada la misma. 7. Finalmente, mediante interlocutoria de tres de agosto de dos mil diecisiete, se aprobó la planilla de liquidación propuesta hasta por la cantidad de $88,825.******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional) de suerte principal e intereses moratorios, que corresponde a los meses vencidos del seis de febrero del dos mil diez al seis de mayo de dos mil dieciséis que reclama el ejecutante, lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Cabe señalar que en la materia que nos ocupa (mercantil) no procede suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo; dado que nos encontramos ante un tema de estricto derecho, habida cuenta que no se advierte que el acto reclamado se haya fundado en una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; no se afectan derechos de menores o incapaces; no se trata de un caso en materia penal, laboral o agraria; ni tampoco que haya existido en contra del quejoso una violación manifiesta que lo hubiera dejado sin defensa. Precisado lo anterior, tenemos que el quejoso aduce fundamentalmente en sus conceptos de violación, que se transgreden los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que el juez responsable no estudio de oficio el tema de la usura, pese a que los intereses moratorios que reclama el ejecutante y por los que aprobó la planilla de liquidación, al tipo del quince por ciento (15%) mensual son totalmente excesivos y usureros. El anterior motivo de disenso resulta infundado, como se expone a continuación. Los incidentes de liquidación tienen como objetivo determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a que quedaron obligadas las partes en el juicio y así perfeccionar la sentencia en los detalles relativos a esas condenas, que no pudieron cuantificarse en el fallo y son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución. Para resolver sobre la liquidación, ha de tomarse en cuenta el derecho de la parte actora finalmente dilucidado en ese proceso, no así diversas circunstancias establecidas durante éste, ya que la sentencia dictada en el juicio, es la actuación procedimental donde se resuelve una controversia judicial, por eso deberá considerarse para su cuantificación la sentencia definitiva emitida por el Juez en la que se establecieron los intereses moratorios. Consecuentemente, cuando en una sentencia se ha reconocido el derecho reclamado por la parte demandante, entrará a producir pleno efecto la ejecutividad de lo decidido; en esas condiciones, al promoverse la ejecución de la sentencia deberá estarse a lo resuelto en definitiva, es decir, a la cosa juzgada y no a diversos actos jurídicos, sino como se ha dicho por la ejecutoria con la que se culmina el proceso. Ahora bien, en el resolutivo cuarto de la sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil catorce, se asentó literalmente: "CUARTO.- Se condena al demandado ********************, al pago de la cantidad de $******************** (********************PESOS ********************/1******************** M.N.), por concepto de suerte principal; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 174, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se condena al demandado ********************, al pago de los intereses moratorios, pactados a razón del quince (15%) por ciento mensual sobre el capital insoluto desde que se constituyó en mora hasta la total liquidación de la deuda, mismo que se cuantificaran en ejecución de sentencia." En ese contexto, se desprende que la parte actora promovió incidente de liquidación, conforme al resolutivo cuarto de la sentencia definitiva, el que por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis se admitió a trámite y se dio vista al demandado incidentista (aquí quejoso), para que manifestara lo que a su derecho conviniera, misma que se le tuvo por desahogando el treinta y uno de agosto siguiente. Luego, el tres de agosto de dos mil diecisiete el juez natural resolvió interlocutoriamente el incidente respectivo declarándolo procedente, aprobando la planilla de liquidación hasta por la cantidad de $88,825.******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional) por concepto de suerte principal e intereses moratorios. Así, la ejecución de la sentencia no se refiere propiamente a un nuevo acto de afectación que tuviera que ser analizado de manera destacada, en razón de que sólo se trata de una determinación emitida en un incidente de liquidación de intereses moratorios, cuyo derecho a demandarlos emana de la sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, la cual causó ejecutoria por ministerio de ley de conformidad con los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, por lo que no puede ser combatida nuevamente, en relación a la condena al pago de intereses moratorios resultando inatacable. Ello es así, atento a lo establecido en la jurisprudencia P./J. 85/2********************8 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 589, tomo XXVIII, Septiembre de 2********************8, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" y que en su texto refiere que al disponer las leyes federales y locales los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J.28/2017 (10a), visible en la página 657, libro 45, Agosto de 2017, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 201920, de rubro y texto siguientes: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura pueda efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentra sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." Concluyó que: I. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. II. En la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Por tanto, si en sentencia definitiva de quince de diciembre de dos mil catorce, se condenó al demandado, aquí quejoso ********************, al pago de la cantidad de $******************** (********************pesos ********************/1******************** moneda nacional) por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios pactados a razón del quince por ciento mensual sobre el capital insoluto desde que se constituyó en mora hasta la total liquidación de la deuda, y en ejecución de dicho procedimiento, se tramitó un incidente de liquidación de sentencia que fue resuelto el tres de agosto de dos mil diecisiete, en el cuales se realizó la cuantificación correspondiente a razón del interés del quince por ciento (15%) mensual, motivo por el cual, la decisión contenida en el fallo definitivo se volvió inmutable y debe ejecutarse en sus términos. Así, acorde a lo establecido en la jurisprudencia citada, una vez que la sentencia respectiva quedó firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura pueda efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentra sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse y por tanto, en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, y que por ende, constituyen cosa juzgada. De esta forma, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal, por lo que, es inconcuso que el incidente de liquidación tramitado ante el juez de origen, debía cuantificarse atento al interés establecido en el fallo definitivo, sin entrar al estudio de la usura en relación al interés pactado. Ergo, como se indicó resulta infundado el argumento vertido por el peticionario de garantías en el que sostiene que la cuantificación de intereses moratorios es usurera y excesiva, en atención a que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia, y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así no se está en el supuesto de violación a los derechos humanos, como alega el quejoso, en atención a que previamente el juzgador debe de atender a los requisitos, presupuestos y formalidades del derecho interno del país, para después establecer si se está ante la violación de un derecho humano, ya que al concretarse el pronunciamiento de la sentencia definitiva apegada a derecho, y desde que se entendió la sentencia de primer grado, en amparo directo vía de concepto de violación debió combatirse la tasa de intereses moratorio pactada; y al no hacerlo en esa oportunidad no es aceptable ahora atender esas cuestiones en esta instancia, porque ello atentaría contra un principio fundamental del ordenamiento legal mexicano que es la cosa juzgada. Conforme a lo anterior la cosa juzgada no es violatoria de derechos humanos, ya que encuentra su sustento en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, luego si en el presente asunto se desprende que se respetaron las normas esenciales del procedimiento, lo anterior ya que lo decidido en el incidente de liquidación de intereses moratorios reclamado quedó vinculado a lo resuelto en la sentencia definitiva y no puede ahora, a la luz de una alegada violación a sus derechos, solicitar que en el juicio de amparo nuevamente se revisen aspectos relativos a una condena que fue materia de estudio por parte del juez de instancia, pues en todo caso las alegaciones que ahora pretende hacer debió esgrimirlas en su momento procesal oportuno. Entonces, el hecho de que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, y adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, empero ello no implica que se pueda realizar un nuevo estudio de una tasa de interés moratorio que ya fue analizado en primera instancia, por la básica consideración de que no se puede desconocer el derecho reconocido al hoy tercero interesado que deriva de la sentencia de quince de diciembre de dos mil catorce y por no vulnerar la cosa juzgada como se asentó previamente. Entonces la acción incidental de liquidación de intereses moratorios que aquí se reclama, tuvo su origen en la condena impuesta en la sentencia definitiva que constituye cosa juzgada, por lo cual no puede alterarse lo condenado en dicha sentencia ni la acción otorgada a la parte actora para liquidar vía incidental los intereses moratorios generados en la manera ahí condenada, porque esa condena es un derecho sustantivo reconocido en favor del ahora ejecutante. En ese contexto, al resultar infundado el concepto de violación examinado, lo que procede es negar la protección constitucional que solicitó ********************, en contra de la resolución interlocutoria de tres de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ejecutivo mercantil número ********************, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 74, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, contra el acto y autoridad señalados en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último de sus considerandos. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

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