Jesús Oralia Ramón Sánchez
Expediente 2200/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2200/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Oralia Ramón Sánchez
Actuaciones
- Principal
-MESA IX.- VISTO EL ESTADO PROCESAL DE ESTE EXPEDIENTE, HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. TODA VEZ QUE, EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EXISTE DOCUMENTO OFRECIDO POR LA PARTE QUEJOSA; REQUIÉRASELE PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS NATURALES, A EFECTO DE QUE, LE SEAN DEVUELTOS; BAJO APERCIBIMIENTO.
- Principal
IX- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA "VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS ", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: -MESA IX.- VISTO EL ESTADO PROCESAL DE ESTE EXPEDIENTE, HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. ARCHÍVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. TODA VEZ QUE, EN EL PRESENTE EXPEDIENTE EXISTE DOCUMENTO OFRECIDO POR LA PARTE QUEJOSA; REQUIÉRASELE PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL PLAZO DE NOVENTA DÍAS NATURALES, A EFECTO DE QUE, LE SEAN DEVUELTOS; BAJO APERCIBIMIENTO.
- Principal
IX.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS; ASÍ COMO, POR LISTA EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO Y/O RESOLUCIÓN DE FECHA QUE SE SEÑALA EN EL RUBRO "TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS ", QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE DESAHOGA EL CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN QUE SE LE FORMULÓ EN ACUERDO DE DIECISÉIS DE OCTUBRE DOS MIL VEINTITRÉS; POR TANTO, SE PROVEE: SE RECONOCE A XXX, LA PERSONALIDAD QUE OSTENTA Y CON LA QUE PROMUEVE. DESECHAMIENTO. EN EL CASO, CONVIENE RECORDAR QUE LA QUEJOSA MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE PROMUEVE EL PRESENTE JUICIO CONSTITUCIONAL EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO; ESTO ES, COMO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. CONFORME A LO ANTERIOR, SE ESTIMA QUE SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 7, DE LA LEY DE AMPARO, EL ÚLTIMO DE ELLOS, APLICADO EN SENTIDO CONTRARIO; DISPOSITIVOS QUE ESTABLECEN LO SIGUIENTE: XXX. ESTE ÚLTIMO ARTÍCULO TRANSCRITO, PREVÉ UNA HIPÓTESIS DE LEGITIMACIÓN PARA ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, AL FACULTAR A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES A RECLAMAR AFECTACIONES QUE LES PUEDE OCASIONAR OTRA AUTORIDAD MEDIANTE UN ACTO, UNA NORMA O UNA OMISIÓN. SE TRATA DE UNA CONDICIÓN DE ACCESO AL JUICIO DE AMPARO, ESTO ES, UN PRESUPUESTO PROCESAL QUE EXIGE A UNA AUTORIDAD ACREDITAR UNA AFECTACIÓN PATRIMONIAL DENTRO DE UNA RELACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA EN UN PLANO DE IGUALDAD. ESTAS EXIGENCIAS SE JUSTIFICAN EN ATENCIÓN A QUE LA FEDERACIÓN, LOS ESTADOS, EL DISTRITO FEDERAL, LOS MUNICIPIOS O CUALQUIER PERSONA MORAL PÚBLICA -COMO LO ENUNCIA EL ARTÍCULO- NO PUEDEN CONSIDERARSE TITULARES DE DERECHOS HUMANOS, POR SER ENTIDADES ESTATALES QUE GOZAN DE COMPETENCIAS Y FACULTADES PARA CUMPLIR CON SU FUNCIÓN; POR LO QUE NO PODRÍAN CONSIDERARSE LEGITIMADOS, EN UN PRIMER MOMENTO, PARA RECLAMAR UNA AFECTACIÓN DERIVADA DE LA TRANSGRESIÓN A UN DERECHO HUMANO. ES IMPORTANTE RECORDAR QUE EL JUICIO DE AMPARO FUE CONCEBIDO COMO UN MEDIO DE DEFENSA CONSTITUCIONAL PARA PROTEGER A LOS PARTICULARES CONTRA LA ACCIÓN DEL ESTADO QUE SEA PERJUDICIAL A LOS DERECHOS DEL HOMBRE, SUS GARANTÍAS INDIVIDUALES Y AHORA SUS DERECHOS HUMANOS, LAS CUALES CONSTITUYEN AUTÉNTICAS RESTRICCIONES AL PODER PÚBLICO PARA SALVAGUARDAR LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA DIGNIDAD HUMANA. EN ESAS CONDICIONES, SE PUEDE CONSIDERAR QUE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO, POR REGLA GENERAL, NO SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO, EN VIRTUD DE QUE NO GOZAN DE ESE TIPO DE PRERROGATIVAS, ES DECIR, NO SON TITULARES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES O DERECHOS HUMANOS, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN DE ALGUNA AUTORIDAD. SIN EMBARGO, LA LEY DE AMPARO RECONOCE QUE EXISTEN CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE LA INTERVENCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, PARA EVITAR LA IMPOSICIÓN ARBITRARIA DE ACTOS POR PARTE DE CIERTAS AUTORIDADES QUE TRANSGREDAN CIERTOS DERECHOS DE OTRAS AUTORIDADES. DE ESA FORMA, LA LEY DE AMPARO IDENTIFICA ESA SITUACIÓN A PARTIR DE DOS ELEMENTOS: I) LA EXISTENCIA DE UNA AFECTACIÓN PATRIMONIAL; Y, II) QUE DICHA AFECTACIÓN SE ACTUALICE DENTRO DE UNA RELACIÓN EN LA QUE LA AUTORIDAD SE ENCUENTRE EN UN PLANO DE IGUALDAD CON LOS PARTICULARES. SOBRE ESA BASE, DESTACA QUE EN EL PARTICULAR NO SE COLMAN LOS REQUISITOS PREVIAMENTE INDICADOS, POR LOS MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN. CONVIENE REITERAR QUE DEL CONTENIDO DE LA DEMANDA, SUS ANEXOS Y EL ESCRITO ACLARATORIO, SE OBSERVA QUE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, A TRAVÉS DE SU DIRECTORA, PROMUEVE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS DERIVADOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 361/2023-S-1, DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD, EN EL CUAL TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADA. ASIMISMO, DICHOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA SUSPENSIÓN CONCEDIDA A XXX, PARA QUE LA ENTIDAD PÚBLICA QUEJOSA LE DEVUELVA LA MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MODELO AT-125 COLOR VERDE, GRIS-NEGRO NÚMERO DE SERIE 3SCK69MH9P1000343, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, QUE LE FUE RETENIDA COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON MOTIVO DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN DE VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS; ASÍ COMO, LA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE EN UNA MULTA EQUIVALENTE A VEINTE UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA), QUE SE HIZO EFECTIVA A LA SERVIDORA PÚBLICA TITULAR DE ESA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO, POR NO HABER INFORMADO SOBRE EL ACATAMIENTO A ESA SUSPENSIÓN. DE LO ANTERIOR, SE OBTIENE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS NO PRODUCEN UNA AFECTACIÓN PATRIMONIAL A LA ENTIDAD PÚBLICA QUEJOSA. ESTO SE AFIRMA, PORQUE LA MULTA IMPUESTA POR DESACATO A UN MANDATO DE AUTORIDAD SE IMPONE A LAS PERSONAS FÍSICAS, EN SU ACTUAR COMO SERVIDORES PÚBLICOS DEL ÓRGANO DE GOBIERNO QUE TIENE EL CARÁCTER DE PARTE EN EL JUICIO NATURAL, COMO AUTORIDAD DEMANDADA, Y NO A LA PERSONA MORAL OFICIAL U ÓRGANO DE GOBIERNO. CONSECUENTEMENTE, EL AGRAVIO DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA APLICACIÓN DE LA MULTA NO REPERCUTE EN LA PERSONA MORAL OFICIAL, NI EN ALGUNO DE SUS ÓRGANOS, POR LO QUE NO AFECTA SU ESFERA JURÍDICA NI INCIDE EN SU PATRIMONIO PÚBLICO. ASÍ, LA ENTIDAD PÚBLICA NO SE VE AFECTADA POR LA MULTA RECLAMADA, PUES EL PERJUICIO RECAE EN EL PATRIMONIO DEL SERVIDOR PÚBLICO, SIN AFECTAR LOS INTERESES PATRIMONIALES DE LA PERSONA MORAL OFICIAL. EN TALES CONDICIONES, LA PARTE SOLICITANTE DEL AMPARO NO CUMPLE CON LA CONDICIÓN CITADA EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE AMPARO, ELLO EN RAZÓN DE QUE LA MEDIDA DE APREMIO IMPUESTA, NO IRROGA PERJUICIO O MERMA SU PATRIMONIO, TODA VEZ QUE EN EL PROVEÍDO DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EMITIDO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 361/2023-S-1 DEL ÍNDICE DE LA RESPONSABLE. ASÍ, SE TIENE QUE LA MULTA AQUÍ COMBATIDA CONSTITUYE UNA SANCIÓN IMPUESTA A XXX, COMO PERSONA FÍSICA QUE OCUPA EL CARGO DE TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, EN RAZÓN DE HABER DESOBEDECIDO UN MANDATO EMITIDO DENTRO DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 361/2023-S-1, DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD; POR ENDE, ES CLARO QUE EL MONTO DE DICHA SANCIÓN DEBE CUBRIRLO LA PERSONA FÍSICA DE SU PROPIO PECULIO Y NO CON EL PRESUPUESTO QUE TENGA ASIGNADO LA DEPENDENCIA DE GOBIERNO RESPECTIVA. POR TANTO, LA PERSONA MORAL OFICIAL QUEJOSA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL PRESENTE JUICIO DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, RESPECTO A LA MEDIDA DE APREMIO RECLAMADA Y SU EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE DICHO ACTO NO AFECTA SUS DERECHOS PATRIMONIALES, PUES SE INSISTE, LA MULTA DEBE SER CUBIERTA POR LA PERSONA FÍSICA A QUIEN LE FUE IMPUESTA EN SU CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO Y, POR TANTO, SÓLO ESE FUNCIONARIO ES QUIEN, POR PROPIO DERECHO, CUENTA CON LEGITIMACIÓN PARA CONTROVERTIR TAL DECISIÓN. EN EL MISMO SENTIDO, TAMPOCO IRROGA PERJUICIO PATRIMONIAL A LA PERSONA JURÍDICA QUEJOSA EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE LA SUSPENSIÓN DECRETADA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL PUNTO CUARTO DEL AUTO DE INICIO DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN, POR EL CUAL SE ORDENÓ LA DEVOLUCIÓN DE LA MOTOCICLETA MARCA ITALIKA MODELO AT-125 COLOR VERDE, GRIS NEGRO NÚMERO DE SERIE 3SCK69MH9P1000343, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, A XXX, PUES EL CITADO AUTOMOTOR NO FORMA PARTE DEL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA QUEJOSA. A MAYOR ABUNDAMIENTO, DEBE DECIRSE QUE AUN CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS SE ORIGINARON DENTRO DE UN JUICIO CONTENCIOSO EN EL QUE LA ENTIDAD PÚBLICA QUEJOSA TIENE EL CARÁCTER DE DEMANDADA; ELLO NO IMPLICA QUE ÉSTA ACTÚE EN UN PLANO DE COORDINACIÓN CON EL PARTICULAR ACTOR, PUES LA IGUALDAD QUE SE REQUIERE PARA QUE UNA AUTORIDAD PUEDA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, SE TRATA DE UNA IGUALDAD EN LA QUE NO HAYA RELACIÓN DE SUPRA-SUBORDINACIÓN. ESTO ES, LO QUE DELIMITA, LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, NO ES LA PARTICIPACIÓN QUE SE TENGA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO (IGUALDAD PROCESAL), SINO LA PRETENSIÓN QUE SE RELACIONA CON EL MISMO; Y DICHA PRETENSIÓN, NECESARIAMENTE, DEBE SER LA TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y NO LA DEFENSA DE UN ACTO EMITIDO DENTRO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS ENCOMENDADAS, COMO LO ES LA LEGALIDAD DE LA RETENCIÓN DE LA MOTOCICLETA ALUDIDA, QUE SE DECRETÓ COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO CON MOTIVO DE LA BOLETA DE INFRACCIÓN IMPUGNADA POR EL PARTICULAR EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 361/2023-S-1, DEL ÍNDICE DE LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. PUES, COMO SE MENCIONÓ, EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE AMPARO, FACULTA A LAS PERSONAS MORALES OFICIALES A PROMOVER LA DEMANDA DE AMPARO; SIN EMBARGO, ESA RESERVA ESTÁ CONDICIONADA A QUE LA ENTIDAD PÚBLICA ACTÚE COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO, EXCLUYÉNDOSE EL ACCESO AL JUICIO CONSTITUCIONAL CUANDO EL ORGANISMO PÚBLICO, PRETENDE, A TRAVÉS DE ÉSTE, DEFENDER ACTOS EN LOS QUE EN SU CARÁCTER DE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO ACTÚA COMO AUTORIDAD, DADO QUE SU ACTUAR SE PRODUCE DE MANERA UNILATERAL E IMPERATIVA. POR ELLO, ES DABLE CONCLUIR QUE LA ENTIDAD PÚBLICA QUEJOSA SE VINCULA EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN COMO PERSONA DE DERECHO PRIVADO, POR LO CUAL, EL JUICIO CONSTITUCIONAL SE EXCLUYE, PORQUE PRETENDE DEFENDER ACTOS QUE LE HAN SIDO SOLICITADOS EN SU CARÁCTER DE PERSONA MORAL DE DERECHO PÚBLICO, EN RAZÓN DE QUE EN ESE SUPUESTO SE CONSTITUYE COMO AUTORIDAD. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, LA QUEJOSA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, YA QUE PARA ELLO, SE REQUIERE CUMPLIR UNA EXIGENCIA ADICIONAL, CONSISTENTE DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS AFECTEN SU PATRIMONIO RESPECTO DE RELACIONES JURÍDICAS EN LAS QUE SE ENCUENTRE EN UN PLANO DE IGUALDAD CON EL PARTICULAR, COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE ELLO SE ACTUALICE, YA QUE NO ACUDE AL PRESENTE JUICIO EN DEFENSA DE SUS DERECHOS PRIVADOS O PATRIMONIALES, PORQUE SU RELACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN OBEDECE A LAS FUNCIONES OFICIALES QUE TIENE ENCOMENDADAS, Y POR ENDE, NO ES POSIBLE QUE SE LE VULNEREN DERECHOS FUNDAMENTALES EN PERJUICIO DE LA PERSONA MORAL OFICIAL. DE AHÍ QUE, NO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 7 DE LA LEY DE AMPARO, PARA QUE, POR EXCEPCIÓN, SEA PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO QUE PROMUEVE LA PERSONA MORAL OFICIAL QUEJOSA, YA QUE NO ACUDE EN DEFENSA DE UNA AFECTACIÓN EN SU PATRIMONIO OCURRIDA EN UNA RELACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRE EN UN PLANO DE IGUALDAD CON LOS PARTICULARES. EN CONSECUENCIA, SE ESTIMA QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN CONCORDANCIA CON LOS DIVERSOS 7 Y 113, TODOS DE LA LEY DE AMPARO, POR LO CUAL DEVIENE IMPROCEDENTE LA PETICIÓN DE AMPARO FORMULADA POR LA ENTIDAD PÚBLICA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, A TRAVÉS DE XXX, POR LO QUE SE DESECHA DE PLANO, POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA LA DEMANDA DE AMPARO.
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MESA IV.- VISTO EL ESCRITO DE CUENTA, EXPIDASE A COSTA DE LA PARTE QUEJOSA, COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS QUE PRECISA; PREVIA IDENTIFICACION MEDIANTE DOCUMENTO OFICIAL VIGENTE.
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