Jesús Omar Rodríguez Canizalez
Expediente 303/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Jesús Omar Rodríguez Canizalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio, se ordena archivo...
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de abril de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Téngase por recibido el oficio suscrito por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento decretado en auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, remite copia certificada del proveído de ocho de abril de dos mil veintiuno. Pruebas. Con fundamento en el numeral 119 de la citada Ley, se tienen por ofrecidas las documentales anexas; por lo que es procedente proveer lo siguiente: Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del ocurso recibido, así como de las documentales anexas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, situada en esta ciudad, fue omisa en señalar fecha para la celebración de la audiencia prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la responsable, al cumplir con el requerimiento de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del auto de ocho de abril de dos mil veintiuno, en la que se advierte que procedió a dar continuidad al procedimiento y señaló las diez horas del veinte de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, prevista en el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 2466/2012. En ese sentido, es incuestionable que durante la tramitación del juicio cesaron los efectos del acto impugnado, pues con la emisión de dicho acuerdo, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo a la demanda y se restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que consideraba violados, tal como si se hubiera concedido el amparo solicitado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia III.2o.C. J/22, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 2006, Novena Época, página 1579, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese contexto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, conforme a lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, en página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Escrito. Agréguese a los autos el escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa, mediante cual manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable señaló las diez horas del veinte de mayo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; dígasele que se acordará lo conducente una vez que obre en autos la constancia solicitada a la autoridad responsable, mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Vista la certificación del presente y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para esta fecha, toda vez que no obra en el sumario la constancia solicitada mediante auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno; en consecuencia, se difiere la aludida audiencia y se señalan las once horas con tres minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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