Jesús Ojeda Aispuro

Expediente 526/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
526/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • Jesús Ojeda Aispuro

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.

  2. Principal

    Culiacán, Sinaloa, ocho de mayo de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Jesús Ojeda Aispuro. Acto reclamado: Resolución de treinta de marzo del año en curso, dictada en el toca de apelación 101/2023- C, del índice de la Sala de Circuito Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en el que confirmó la aprobación del remate dictado por el Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil, bajo el expediente número 823/2021. II. Formación del expediente. Al satisfacer los requisitos previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 115 de esa legislación, fórmese expediente. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo apertúrese el expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado deberá asegurar la integridad del expediente electrónico, procurando que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En el caso en que un asunto se inicie y tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica de la integridad del expediente electrónico. III. Desechamiento. A fin de proveer lo conducente en relación a la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, es preciso señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta a desechar de plano la demanda de amparo al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto, se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de marzo del año en curso, dictada en el toca de apelación 101/2023- C, del índice de la Sala de Circuito Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en la que confirmó la aprobación del remate en el juicio hipotecario 823/2021 del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil. Sin embargo, la demanda de amparo debe desecharse al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. El segundo de los artículos de mérito contemplan una regla general y dos específicas de procedencia del juicio de amparo indirecto; la primera consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos emitidos fuera de juicio o después de concluido, los cuales son autónomos a la etapa de ejecución de sentencia o de remate. Las reglas específicas de procedencia del juicio de amparo es contra actos encaminados directamente a obtener la ejecución de sentencia o el remate, siempre que se trate: a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, consistente en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. b) En los procedimientos de remate la última resolución es la que de manera definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendimiento que en ambos supuestos se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante tales procedimientos. Así, el legislador circunscribió la procedencia del juicio de amparo indirecto hasta la emisión de la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento de remate o, en su caso, declare lo conducente al cumplimiento de la sentencia u ordene su archivo definitivo, en cuya ocasión es posible combatir las violaciones cometidas en el periodo de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, con excepción que en dicha etapa se pronuncien resoluciones o acuerdo que vulneren de manera directa derechos sustantivos de los contendientes ajenos a la cosa juzgada. En el caso, la parte quejosa reclama la resolución de treinta de marzo del año en curso, dictada en el toca de apelación 101/2023- C, del índice de la Sala de Circuito Zona Centro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, en la que confirmó la aprobación del remate en el juicio hipotecario 823/2021 del Juzgado Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil. Por tanto, el acto reclamado constituye resolución intermedia en el procedimiento de remate, sin que afecte derechos sustantivos, sino sólo intraprocesales que pudiera reclamar como violación procesal. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo, aplicado éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo; lo que impone desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. IV. Habilitación de días y horas. Con apoyo en el numeral 21 de la citada legislación, se habilitan días y horas a efecto de realizar las notificaciones del presente juicio de amparo. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos a las personas que menciona. Como lo solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, con la siguiente clave de usuario: licagustintorres. Se instruye al Actuario para que las notificaciones personales que se dicten en el expediente, sean notificadas por el sistema electrónico, levantándose la razón correspondiente. De igual manera, se instruye a la Oficial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que se realicen las actuaciones en el referido sistema. Ahora, si bien es cierto que la parte quejosa señaló domicilio físico para recibir notificaciones, lo cierto es que también solicita de manera expresa se le notifique todo lo relativo a este expediente a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por tanto, a efecto de evitar la duplicidad de notificaciones y privilegiando los medios de notificación electrónicos es que se tiene como único medio para recibir notificaciones de carácter personal a la parte quejosa el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Por cuanto hace al correo electrónico y números telefónicos proporcionados, se tienen como formas especiales y expeditas de contacto a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Los referidos medios electrónicos de comunicación sólo serán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran; sin embargo, las notificaciones que en derecho les correspondan, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Se autoriza el uso de lector óptico, fotográfico y scanner, para imponerse de acuerdos y resoluciones que se pronuncien en el presente expediente, cuando allegue a este tribunal los medios necesarios para la realización de la reproducción solicitada, en el entendido de que únicamente podrá realizarse bajo la supervisión del personal adscrito a este órgano jurisdiccional. VI. Transparencia y acceso a la información. Cualquier información relacionada con el expediente, incluidas las llevadas a cabo en ejecución de sentencia, estarán a disposición del público para su consulta conforme el procedimiento de acceso a la información; en la inteligencia que las partes podrán oponerse a la publicidad de sus datos personales, por lo que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia y demás actuaciones se hagan públicas sin supresión de datos, salvo los legalmente protegidos conforme a la ley de la materia. Notifíquese personalmente. Así lo acordó el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante Ramón Gustavo Grajeda Tello, secretario que asiste y da fe.

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