Jesús o J. Jesús Villalobos López
Expediente 990/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Sonia Hernández Adame
- Jesús o J. Jesús Villalobos López
- Juez de Control en el distrito judicial de Loreto, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Juicio de Amparo Directo
Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil diecinueve. Como se ordenó en la sesión ordinaria de esta propia fecha, este Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista, a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. Causa de improcedencia actualizada. No serán materia de análisis los razonamientos y fundamentos establecidos en el acto reclamado ni los conceptos de violación que en su contra se enderezan, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que se relaciona con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción I, del artículo 170, ambos numerales de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que reclamado se hace consistir en la sentencia de primera instancia y su respectiva aclaración, emitidas por la Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital del estado, dentro del juicio civil ordinario 127/2016 del índice de esa autoridad, promovido por Raúl Noyola García en contra de Gustavo Vaquera Contreras y Sonia Hernández Adame, de donde se obtiene que se declaró procedente la acción reivindicatoria, se condenó a los demandados a la entrega del bien materia del litigio, además se determinó que la aquí impetrante de amparo no había acreditado la acción reconvencional planteada por lo que se declararon improcedentes las prestaciones que exigía. Bajo esa tesitura, si bien la resolución que se impugna por la quejosa decide el juicio en los principal y por ende, compete en el conocimiento del juicio de garantías respectivo al Tribunal Colegiado, conforme lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo, no se actualiza el diverso requisito de procedencia que el propio numeral contempla y que refiere la fracción XVIII, del artículo 61 del cuerpo de normas en cita. Lo anterior así se afirma, puesto que los artículos 371, 372, 374, fracción I y 375, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, prevén lo siguiente: "Artículo 371.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 372.- La segunda instancia no procede abrirse sin que se interpongan los recursos de apelación o queja." "Artículo 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; ." "Artículo 375.- El recurso de apelación se concede: I.- Al litigante contra quien se dicte la resolución, si creyere haber recibo de algún agravio, y ." El marco jurídico anterior muestra que la ley que regula el acto reclamado, contempla la procedencia del recurso de apelación en los juicios civiles, respecto de la sentencia dictada en primera instancia y a través de su interposición, puede obtenerse la revocación o modificación del fallo impugnado. En el caso, como se ha referido, la aquí quejosa tuvo el carácter de demandada principal y actora reconvencional en el juicio ordinario civil génesis y en la sentencia de primera instancia que señala como actor reclamado fue condenada por la acción reivindicatoria ejercida en su contra, además se declaró improcedente la acción reconvencional que planteó. En ese contexto, se actualiza la hipótesis de procedencia del recurso de apelación prevista en el artículo 374, fracción I de la Ley Procesal Civil local en relación con la fracción I del artículo 375 del mismo cuerpo de normas, pues se está ante una sentencia definitiva dictada por el juez de primer grado que le resulta desfavorable. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que contra la resolución que se reclama, procede un recurso ordinario por el cual podía ser revocada o modificada. De ahí que previo a acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió cumplir con el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso de apelación a que aluden los artículos precitados del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Lo anterior se sostiene, en el entendido de que no se está ante ningún caso de excepción al principio de definitividad. Además, la impetrante de amparo tampoco es extraña al procedimiento del que emana el acto y la regulación de procedencia del recurso ordinario de impugnación de que se trata, es clara y no requiere interpretación adicional alguna. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías." No obsta para la conclusión establecida, el hecho de que en el auto de presidencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se haya admitido a trámite la demanda de amparo de que se trata, toda vez que ese proveído no causa estado ni vincula al Pleno de este Tribunal Colegiado. Lo anterior encuentra respaldo en el criterio que se comparte emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la tesis siguiente: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto."" Ahora bien, tomando en consideración que el diez de abril del dos mil quince, se publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que trascurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Eduardo Antonio Loredo Moreleón, ante la secretaria de acuerdos, Gloria Isela Bailón Cisneros. Doy fe. Rosy Zacatecas, Zacatecas, a siete de noviembre de dos mil diecinueve. Como se ordenó en la sesión ordinaria de esta propia fecha, este Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista, a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. Causa de improcedencia actualizada. No serán materia de análisis los razonamientos y fundamentos establecidos en el acto reclamado ni los conceptos de violación que en su contra se enderezan, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que se relaciona con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción I, del artículo 170, ambos numerales de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que reclamado se hace consistir en la sentencia de primera instancia y su respectiva aclaración, emitidas por la Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital del estado, dentro del juicio civil ordinario 127/2016 del índice de esa autoridad, promovido por Raúl Noyola García en contra de Gustavo Vaquera Contreras y Sonia Hernández Adame, de donde se obtiene que se declaró procedente la acción reivindicatoria, se condenó a los demandados a la entrega del bien materia del litigio, además se determinó que la aquí impetrante de amparo no había acreditado la acción reconvencional planteada por lo que se declararon improcedentes las prestaciones que exigía. Bajo esa tesitura, si bien la resolución que se impugna por la quejosa decide el juicio en los principal y por ende, compete en el conocimiento del juicio de garantías respectivo al Tribunal Colegiado, conforme lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo, no se actualiza el diverso requisito de procedencia que el propio numeral contempla y que refiere la fracción XVIII, del artículo 61 del cuerpo de normas en cita. Lo anterior así se afirma, puesto que los artículos 371, 372, 374, fracción I y 375, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, prevén lo siguiente: "Artículo 371.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 372.- La segunda instancia no procede abrirse sin que se interpongan los recursos de apelación o queja." "Artículo 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; ." "Artículo 375.- El recurso de apelación se concede: I.- Al litigante contra quien se dicte la resolución, si creyere haber recibo de algún agravio, y ." El marco jurídico anterior muestra que la ley que regula el acto reclamado, contempla la procedencia del recurso de apelación en los juicios civiles, respecto de la sentencia dictada en primera instancia y a través de su interposición, puede obtenerse la revocación o modificación del fallo impugnado. En el caso, como se ha referido, la aquí quejosa tuvo el carácter de demandada principal y actora reconvencional en el juicio ordinario civil génesis y en la sentencia de primera instancia que señala como actor reclamado fue condenada por la acción reivindicatoria ejercida en su contra, además se declaró improcedente la acción reconvencional que planteó. En ese contexto, se actualiza la hipótesis de procedencia del recurso de apelación prevista en el artículo 374, fracción I de la Ley Procesal Civil local en relación con la fracción I del artículo 375 del mismo cuerpo de normas, pues se está ante una sentencia definitiva dictada por el juez de primer grado que le resulta desfavorable. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que contra la resolución que se reclama, procede un recurso ordinario por el cual podía ser revocada o modificada. De ahí que previo a acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió cumplir con el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso de apelación a que aluden los artículos precitados del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Lo anterior se sostiene, en el entendido de que no se está ante ningún caso de excepción al principio de definitividad. Además, la impetrante de amparo tampoco es extraña al procedimiento del que emana el acto y la regulación de procedencia del recurso ordinario de impugnación de que se trata, es clara y no requiere interpretación adicional alguna. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías." No obsta para la conclusión establecida, el hecho de que en el auto de presidencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se haya admitido a trámite la demanda de amparo de que se trata, toda vez que ese proveído no causa estado ni vincula al Pleno de este Tribunal Colegiado. Lo anterior encuentra respaldo en el criterio que se comparte emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la tesis siguiente: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto."" Ahora bien, tomando en consideración que el diez de abril del dos mil quince, se publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que trascurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Eduardo Antonio Loredo Moreleón, ante la secretaria de acuerdos, Gloria Isela Bailón Cisneros. Doy fe. Rosy Como se ordenó en la sesión ordinaria de esta propia fecha, este Tribunal Colegiado de Circuito, anunció la posible actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, quedando en lista, a fin de dar vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia señalada en el proyecto de resolución que se sometió a consideración; lo anterior en aras de velar por el derecho de audiencia y, en su caso, que la parte interesada se encuentra en oportunidad de expresar argumentos tendientes a favorecer su situación jurídica y se esté en aptitud de resolver lo que conforme a derecho corresponda una vez que, en su caso, se desahogue la vista conducente la cual se sustenta en las siguientes consideraciones: "SEGUNDO. Causa de improcedencia actualizada. No serán materia de análisis los razonamientos y fundamentos establecidos en el acto reclamado ni los conceptos de violación que en su contra se enderezan, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, que se relaciona con lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción I, del artículo 170, ambos numerales de la Ley de Amparo. En efecto, el acto que reclamado se hace consistir en la sentencia de primera instancia y su respectiva aclaración, emitidas por la Juez Primero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital del estado, dentro del juicio civil ordinario 127/2016 del índice de esa autoridad, promovido por Raúl Noyola García en contra de Gustavo Vaquera Contreras y Sonia Hernández Adame, de donde se obtiene que se declaró procedente la acción reivindicatoria, se condenó a los demandados a la entrega del bien materia del litigio, además se determinó que la aquí impetrante de amparo no había acreditado la acción reconvencional planteada por lo que se declararon improcedentes las prestaciones que exigía. Bajo esa tesitura, si bien la resolución que se impugna por la quejosa decide el juicio en los principal y por ende, compete en el conocimiento del juicio de garantías respectivo al Tribunal Colegiado, conforme lo dispone el artículo 170 de la Ley de Amparo, no se actualiza el diverso requisito de procedencia que el propio numeral contempla y que refiere la fracción XVIII, del artículo 61 del cuerpo de normas en cita. Lo anterior así se afirma, puesto que los artículos 371, 372, 374, fracción I y 375, fracción I del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, prevén lo siguiente: "Artículo 371.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "Artículo 372.- La segunda instancia no procede abrirse sin que se interpongan los recursos de apelación o queja." "Artículo 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; ." "Artículo 375.- El recurso de apelación se concede: I.- Al litigante contra quien se dicte la resolución, si creyere haber recibo de algún agravio, y ." El marco jurídico anterior muestra que la ley que regula el acto reclamado, contempla la procedencia del recurso de apelación en los juicios civiles, respecto de la sentencia dictada en primera instancia y a través de su interposición, puede obtenerse la revocación o modificación del fallo impugnado. En el caso, como se ha referido, la aquí quejosa tuvo el carácter de demandada principal y actora reconvencional en el juicio ordinario civil génesis y en la sentencia de primera instancia que señala como actor reclamado fue condenada por la acción reivindicatoria ejercida en su contra, además se declaró improcedente la acción reconvencional que planteó. En ese contexto, se actualiza la hipótesis de procedencia del recurso de apelación prevista en el artículo 374, fracción I de la Ley Procesal Civil local en relación con la fracción I del artículo 375 del mismo cuerpo de normas, pues se está ante una sentencia definitiva dictada por el juez de primer grado que le resulta desfavorable. Por lo tanto, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que contra la resolución que se reclama, procede un recurso ordinario por el cual podía ser revocada o modificada. De ahí que previo a acudir al juicio constitucional, la parte quejosa debió cumplir con el principio de definitividad, mediante la interposición del recurso de apelación a que aluden los artículos precitados del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Lo anterior se sostiene, en el entendido de que no se está ante ningún caso de excepción al principio de definitividad. Además, la impetrante de amparo tampoco es extraña al procedimiento del que emana el acto y la regulación de procedencia del recurso ordinario de impugnación de que se trata, es clara y no requiere interpretación adicional alguna. En las relatadas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de garantías." No obsta para la conclusión establecida, el hecho de que en el auto de presidencia de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, se haya admitido a trámite la demanda de amparo de que se trata, toda vez que ese proveído no causa estado ni vincula al Pleno de este Tribunal Colegiado. Lo anterior encuentra respaldo en el criterio que se comparte emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito en la tesis siguiente: "AUTO ADMISORIO DE PRESIDENCIA. NO CAUSA ESTADO. La determinación contenida en el auto admisorio de presidencia corresponde a un examen preliminar del asunto emitido por el presidente del tribunal en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de ahí que al constituir resoluciones de mero trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causen estado, por lo que el Tribunal Colegiado en Pleno está facultado para analizar en definitiva la competencia del órgano terminal de amparo, así como la procedencia del amparo o del recurso previamente admitido por acuerdo de presidencia y, de resultar aquéllos improcedentes, resolver lo que corresponda conforme a derecho, con plenitud de jurisdicción y con vista a todo el asunto."" Ahora bien, tomando en consideración que el diez de abril del dos mil quince, se publicó la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 5/2015, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En tales condiciones, con fundamento en el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa con la causal de improcedencia de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifieste lo a que su derecho convenga, en torno a la causal de improcedencia advertida de oficio por el magistrado ponente y puesta a consideración del Pleno de este Tribunal Colegiado. Por otra parte y sin necesidad de un nuevo acuerdo, una vez que trascurra dicho plazo, devuélvase el presente expediente a la ponencia de origen para que se elabore el correspondiente proyecto de resolución. Notifíquese, por lista a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, Eduardo Antonio Loredo Moreleón, ante la secretaria de acuerdos, Gloria Isela Bailón Cisneros. Doy fe. Rosy
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, hágase saber a las partes que este Tribunal Colegiado de Circuito, a partir del uno de septiembre del presente año, estará integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente), Emiliano López Pedraza y Pedro Guillermo Siller González Pico.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el estado que guardan los autos del presente asunto, hágase saber a las partes que este Tribunal Colegiado de Circuito, actualmente está integrado para resolver el presente asunto, por los magistrados Eduardo Antonio Loredo Moreleón (presidente) y Emiliano López Pedraza, además del licenciado Juan José Castruita Flores, Secretario de Tribunal, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, para desempeñar las funciones de magistrado de Circuito, mediante acuerdo tomado en sesión de once de junio de dos mil diecinueve, informado por oficio CCJ/ST/2580/2019, de la misma fecha, signado por el secretario técnico de dicha comisión.
- Amparo en revisión
Agréguese el oficio 15205/2019, de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, mediante el cual acusa recibo del similar por el que se remitió testimonio de la ejecutoria y los autos de origen; en consecuencia archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido. SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.
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