Jesus Neri Martinez Cortes
Expediente 1163/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1163/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Neri Martinez Cortes
Actuaciones
- Principal
veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. ESCRITO. A sus autos, el ocurso al parecer signado por el promovente Jesús Neri Martínez Cortes, mediante el cual, pretende atender el requerimiento que se le formuló el quince de noviembre dos mil veintitrés. Sin embargo, toda vez que la firma que aparece a nombre de Jesús Neri Martínez Cortes difiere notoriamente, como se advierte de las siguientes capturas: En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente a su contenido y requiérase a quien promueve, para que en el plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta. Apercibida dicha parte, que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; hágase del conocimiento del promovente, que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para la parte quejosa, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE FÍSICO En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución se integrará al expediente físico pues es indispensable para el impulso del presente juicio de amparo. Notifíquese electrónicamente a quien promueve.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. I. Razón. Agréguese a los presentes autos, para que surta los efectos legales procedentes, la razón asentada por la Actuaria Judicial de la adscripción, en la que informa la imposibilidad de notificar los oficios 1151/2023 y 1156/2023 que contienen la resolución nueve de noviembre de dos mil veintitrés; dirigidos, respectivamente, a las autoridades responsables 5. Jefe de Grupo José Muñoz Santiago, adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y 12. Agente Investigadora Margarita Ariel Ortega Sánchez, adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de la Fiscalía General del Estado de Puebla, toda vez que le informaron que actualmente ya no laboran en dicha institución y desconocen si se encuentran adscritas a otra Fiscalía en el Estado de Puebla. En ese sentido, toda vez que dicha imposibilidad derivó de un cese de adscripción de las referidas autoridades, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarles mediante lista de acuerdos la citada resolución, así como las subsecuentes. II. Integración de expediente físico. En términos de lo que disponen los artículos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se establece que la presente resolución y la promoción de cuenta se integrarán al expediente físico, por haberse impreso. Notifíquese por lista a las autoridades responsables indicadas este auto y la determinación de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. AUTO DE 09 DE NOVIMBRE DE 2023: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que se dio al fallo protector, sin que desahogara la aludida vista. En consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada con los elementos que obran en autos. I. Antecedentes. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, este juzgado de distrito dictó sentencia en el presente juicio, en la que, por una parte, sobreseyó el asunto y, por otra, concedió el amparo al quejoso Martín Édgar Morales Vargas, respecto de los actos que reclamó a los Jefes de Grupo 5. José Muñoz Santiago, 7. Nicolás Ortiz Flores, Agente Ministerial 8. Ricardo López Rodríguez, Agentes Investigadores 10. Tomás Pérez Labastida, 11. Alejandra Alcázar Juárez y la Policía Ministerial Acreditable 12. Margarita Areli Ortega Sánchez, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en sus anteriores denominaciones-, consistentes en actos de tortura, malos tratos e incomunicación; por las razones expuestas en el considerando séptimo de esta sentencia y para los efectos precisados en el considerando octavo del propio fallo. Inconforme con el fallo de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 150/2022, en donde, mediante ejecutoria dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, se modificó la sentencia recurrida. Así las cosas, mediante auto emitido el siete de noviembre de dos mil veintidós, entre otras cuestiones, se tomó conocimiento del testimonio de la ejecutoria de segunda instancia y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a Carlos Alberto Osogobio Barón, entonces Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla -autoridad no responsable vinculada al cumplimiento- y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la ejecutoria, para que manifestara lo que estimara conducente, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. II. Análisis de la ejecutoria de amparo. En la sentencia dictada el veintinueve de abril de dos mil veintidós, en específico en donde se concedió el amparo solicitado, se señaló que del análisis de las constancias de autos, en especial del Parte Informativo de Puesta a Disposición FGM/DGADAI/C.M./643/2014 de seis de abril de dos mil catorce, se destacó que las autoridades responsables Jefes de Grupo 5. José Muñoz Santiago, 7. Nicolás Ortiz Flores, Agente Ministerial 8. Ricardo López Rodríguez, Agentes Investigadores 10. Tomás Pérez Labastida, 11. Alejandra Alcázar Juárez y la Policía Ministerial Acreditable 12. Margarita Areli Ortega Sánchez, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en sus anteriores denominaciones-, tuvieron a disposición al quejoso Martín Édgar Morales Vargas después de ser detenido en flagrancia por los hechos investigados en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDMS/259/2014 y sus acumuladas PGJP/DGICDS/AP/38/2014 y PAGJP/DGICDS/23/2014. Entonces, se dijo que existía información objetiva que probaba, por lo menos para efectos del presente juicio, que los citados agentes aprehensores tuvieron al quejoso a su disposición con motivo de su detención en flagrancia; sin embargo, también se indicó que no probaron en sus informes justificados que aquél no fue víctima de tortura, otros malos tratos e incomunicación durante el lapso que duró la puesta a disposición ante el ministerio público, es decir, desde su detención material a las dieciséis horas con cincuenta y cinco minutos a las diecinueve horas del seis de abril de dos mil catorce. Por tanto, ante falta de prueba por parte de la autoridad para demostrar lo contrario, obligó a esta autoridad a dar vista a la Representación Social de la Federación, adscrita a este Juzgado de Distrito para investigar los hechos denunciados por el quejoso en su demanda de amparo en su vertiente de delito; lo anterior, siguiendo la doctrina constitucional que ha desarrollado el Máximo Tribunal del país, como premisa básica y necesaria para establecer los parámetros que deben observarse por las autoridades del Estado a efecto de dar cumplimiento al imperativo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos, entre las que se encuentran los actos de tortura. En consecuencia, al considerarse el acto reclamado violatorio de los derechos contenidos en los artículos 1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concedió al quejoso Martín Édgar Morales Vargas el amparo y protección de la justicia federal, respecto de los actos que reclamó a las autoridades responsables Jefes de Grupo 5. José Muñoz Santiago, 7. Nicolás Ortiz Flores, Agente Ministerial 8. Ricardo López Rodríguez, Agentes Investigadores 10. Tomás Pérez Labastida, 11. Alejandra Alcázar Juárez y la Policía Ministerial Acreditable 12. Margarita Areli Ortega Sánchez, adscritos a la Dirección General de Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla -en sus anteriores denominaciones-, consistentes en actos de tortura, malos tratos e incomunicación -identificados con las letras I y J de la tercera columna de la tabla 1 expuesta en el considerando segundo del fallo-. En ese sentido, el amparo se otorgó para los efectos siguientes: I. Para que se diera vista al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado de Distrito, a fin que, de inmediato, iniciara y realizara la investigación respectiva, conforme a los estándares nacionales e internacionales, con el objetivo de deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecer los hechos con apariencia del delito de tortura, malos tratos, incomunicación, dilación en la puesta a disposición, etcétera, a que se hizo referencia en la sentencia de amparo; dicha investigación, se dijo, debía realizarse de manera independiente, imparcial y meticulosa, con la finalidad de determinar el origen y naturaleza de la alegada afectación a la integridad personal, así como identificar y procesar a las personas responsables de su comisión. II. En el entendido de que el Agente del Ministerio Público Federal adscrito debía remitir las constancias atinentes donde se advirtiera que se dio inició a la investigación respectiva, es decir, a la carpeta de investigación; asimismo, debía allegarse de copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a fin de que contara con mayores elementos para esclarecer los hechos denunciados. Finalmente, se precisó que la sentencia de amparo se tendría por cumplida con la constancia de la que se adviertiera el inicio de la carpeta de investigación y con el acuse que probara que el fiscal investigador recibió las copias certificadas aludidas dentro de dicha indagatoria, que se enviarían, en el momento procesal oportuno, por este órgano de control constitucional. Luego, como se vio, inconforme con la sentencia de amparo, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del amparo en revisión 150/2022, en donde, mediante ejecutoria dictada el veinte de octubre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, se modificó la sentencia recurrida, en lo que interesa, dicho Tribunal Colegiado amplió los alcances y los efectos del amparo concedido en los siguientes términos -lo destacado es propio-: "(.) SÉPTIMO. Efectos de la protección constitucional. Como se ha destacado, por cuanto hace a la protección constitucional otorgada en los términos del considerando "séptimo", y a los efectos precisados en el diverso "octavo", con relación a los actos reclamados consistentes en la incomunicación y tortura alegados por el quejoso, el defensor recurrente no expresó agravio alguno; sin embargo, se aprecia que, en suplencia de queja deficiente, deben precisarse, correctamente, los efectos de la protección constitucional otorgada pues no basta dar vista para que la alegada tortura sea investigada como delito, sino que ésta también impacta en el proceso penal que se incoa al quejoso. Cierto, si bien en diversos precedentes sobre tortura de la Primera Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que al resolver el amparo indirecto en revisión 256/2015, se expuso, en la parte que interesa, que si bien el desarrollo de los precedentes legales sobre tortura de esa Sala se han circunscrito de manera preponderante en el marco de los procesos penales y el impacto de la tortura en las confesiones o elementos autoincriminatorios; lo cierto es que la propia Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura entiende que la finalidad de la tortura no es sólo con propósitos de investigación criminal, sino como medio intimidatorio, castigo personal y medida preventiva, entre otros. Así, continuaron explicando los Ministros de la Corte, si bien el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando "de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional", sin embargo, no debe soslayarse que los supuestos previstos en los artículos 20 y 22 Constitucionales, a la luz del artículo 1º Constitucional son de una especial entidad. La indicada Sala consideró que el artículo 20 Constitucional, inciso B), fracción II, establece que queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. Además, el artículo 22 Constitucional establece, en lo conducente, que quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Asimismo, aquel precedente estableció que la Ley de Amparo confiere un trato especial a los actos relativos a alegatos de incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o los tratos crueles inhumanos y degradantes, y la tortura; por lo que a la tortura como acto reclamado le aplica ese trato especial y deben aplicársele los mismos estándares en el análisis de la negativa de las autoridades señaladas como responsables. La Sala mencionada indicó que de conformidad con la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe presentar un informe justificado en el que establezca las razones y fundamentos sobre su postura respecto del acto reclamado. Conforme al artículo 117 de la Ley de Amparo, en el informe justificado deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y deberá acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. De lo que el máximo Tribunal coligió que cuando un juez tiene ante sí la tortura, como acto reclamado en amparo, es insuficiente que la autoridad responsable, a quien se imputa dicha violación, niegue los hechos para tenerlos por no acreditados, toda vez que al ser una prohibición absoluta y estando señaladas como responsables autoridades gubernamentales, el juez constitucional debe no sólo pedir los informes justificados pertinentes y analizarlos, sino partiendo de su contenido, debe proceder a allegarse de otros elementos -como las bitácoras, exámenes médicos y psicológicos con base en el Protocolo de Estambul, copia de la averiguación previa, entre otros- para analizar el alegato de tortura como acto reclamado, sin que sea suficiente la simple negativa de las autoridades, el cual debe ser analizado tomando en especial consideración la entidad de la tortura y en su caso con un enfoque diferenciado y con perspectiva de género. Por tanto, concluyó el máximo tribunal del país, que tratándose de cualquier supuesto previsto en el artículo 22 Constitucional, incluida la tortura, el juez constitucional debe tener un mayor grado de diligencia para estar en aptitud de valorar una negativa de la autoridad. Lo anterior en razón de que el solo hecho de que una persona que se encuentre a disposición o custodia de agentes estatales, alegue tortura, hace necesario que la autoridad responsable dé una explicación razonable de lo que ha sucedido con la persona durante la detención. Los integrantes de la Sala señalaron que ello es así, pues como establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las autoridades son responsables de las personas que se encuentren en su custodia y tienen la obligación reforzada de explicar lo que sucede con aquéllas durante la misma. En ese sentido, estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las autoridades se encuentran en una posición especial de garante frente a las personas bajo custodia estatal, y como tal, asumen deberes específicos de respeto y garantía de los derechos fundamentales de estas personas, en tanto, el ejercicio del poder de custodia lleva consigo la responsabilidad especial de asegurar que la privación de la libertad sirva a su propósito y que no conduzca a la violación de otros derechos básicos, toda vez que al privar de la libertad a una persona, las autoridades asumen una responsabilidad especial de la que surgen deberes concretos de respeto y garantía de sus derechos, por lo que las autoridades deben demostrar no un hecho negativo -no haber violado derechos humanos, verbigracia, no haber torturado- sino haber cumplido a cabalidad con su deber llevando a cabo las diligencias y procedimientos necesarios durante la detención de la persona que se encontraba bajo su custodia. Lo anterior consideró la Sala, porque las personas detenidas que alegan haber sido torturadas por parte de agentes policiales, militares o ministeriales se encuentran en una posición tal que les resulta extremadamente difícil probar la ocurrencia de este tipo de actos, debido a las condiciones mismas en que se da la privación o reclusión, en especial, el alegar haber sido torturados por quienes están a cargo de su custodia. Por lo que sostuvo el Alto Tribunal que debe tomarse en consideración la inversión de la carga de la prueba y el estándar atenuado para acreditarse como violación a la integridad personal, según el cual bastarán indicios que permitan sostener razonablemente que la hubo, aun cuando no se sepa la identidad del o los torturadores. En ese orden, determinó que si una vez realizado el análisis sobre tortura como acto reclamado de manera destacada, con base en el estándar referido, el juez considera que existen elementos para conceder el amparo, deberá determinar los efectos de su concesión atendiendo a los hallazgos de su investigación y a los impactos que esa tortura haya tenido en los distintos ámbitos. Así, un primer efecto sería, entre otras cuestiones, que la parte quejosa pueda tener acceso adecuado a un proceso justo, libre de intimidación, así como a la búsqueda de información necesaria para poder hacer frente a la justicia y a diversos actos procesales, judiciales, administrativos o ministeriales que pudiesen estar relacionados con el acto reclamado y servir como prueba en el caso que se inicie un proceso o esté en curso. Además, los efectos deben ser precisados por la autoridad de amparo dependiendo de las circunstancias concretas en que los considere probados y determinar las medidas reparatorias relacionadas con ello. Por lo cual, independientemente de lo anterior, el juzgador debe dar vista al Ministerio Público para que realice las investigaciones pertinentes en relación con el alegato de tortura en su vertiente de delito. Tales consideraciones quedaron resumidas en la siguiente tesis: (.) En consecuencia, el quejoso alegó que se le torturó mientras estuvo detenido a disposición de los ministerios públicos indicados, lo cual, se insiste, debe tenerse como acto reclamado de manera autónoma, por lo que la sentencia concesoria que se revisa no debió limitarse a verificar si existen indicios suficientes para iniciar una investigación con implicaciones delictivas, sino que, también, debió incluir el derecho del inculpado a tener acceso a un proceso adecuado. Así es, como se explicó en la narrativa de antecedentes del expediente de origen, esto es, el proceso 18/2014, actualmente radicado con la causa penal 517/2015 del índice del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, se encuentra en período de instrucción, o sea, no se ha dictado la sentencia de primer grado, por lo que el análisis de ese acto reclamado destacado pudiera implicar algún beneficio que impacte sobre el proceso que se le incoa. Incluso, de las constancias que integran el sumario constitucional, se aprecia que por escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil veintiuno , ante el Juzgado de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, el citado Martín Édgar Morales Vargas solicitó ".a fin de que su señoría conozca la verdad de los hechos y para robustecer mi dicho de que el suscrito fue objeto de tratos crueles inhumanos degradantes (sic) (tortura), así como maltrato psicológico. si bien el suscrito me desistí del estudio del protocolo de Estambul en ese momento fue porque el suscrito no se encontraba bien anímicamente. por lo que en este momento solicito nuevamente me sean practicados los estudios.". Respecto de esas manifestaciones, el juez del proceso por auto de veinte de enero de dos mil veintiuno, tuvo por ofrecida la pericial en materia de ".aplicación del manual para la Investigación Eficaz de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes «Protocolo de Estambul»."; por lo que solicitó a la coordinadora de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República la designación de un perito en esa materia. Empero, con el oficio 911 la citada coordinadora estatal precisó que, dadas las cargas de trabajo, estaba imposibilitada para otorgar peritos. Respecto de ese oficio, el juez del proceso, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, indicó que ".se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar."; sin que se advierta ninguna otra actuación encaminada a verificar la veracidad de las alegaciones del quejoso o relacionadas con el desahogo de las pruebas solicitadas por él. Luego; la protección constitucional debe incluir que esos actos de tortura sean analizados cabalmente y sin demora, verificando su impacto en el proceso penal que se incoa al quejoso; esto es, al dictarse sentencia de primer grado, de modo tal que, además de iniciar la averiguación correspondiente de esos hechos como delito en los términos indicados en la sentencia sujeta a revisión, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo a fin de que el Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, realice lo siguiente: 1. Informe cual es el resultado de la investigación de los actos de tortura alegados por el quejoso dentro de la causa penal 517/2015. 2. De ser el caso, concluya de forma pronta la investigación correspondiente, conforme los lineamientos señalados en esta ejecutoria; 3. En su caso, verifique su impacto dentro del proceso, y ello o tome en cuenta en el momento procesal oportuno. Lo anterior, no obstante que el referido juez de proceso no fue señalado como autoridad responsable dentro del juicio, pues debe procurarse el cumplimiento íntegro de la sentencia sujetándolo en sus efectos, al ser una facultad específicamente regulada en el artículo 197 de la Ley de Amparo; en el entendido que la sentencia protectora se tendrá por cumplida hasta que se concluya con la investigación por parte del juez penal de origen, o bien, se determine la imposibilidad de realizarlo. (.)" III. Estudio de los actos emitidos en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En lo que interesa, las autoridades encargadas del cumplimiento del fallo informaron y acreditaron lo siguiente: 1. Por acuerdo acuerdo dictado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio FEDH/UEIDTOTCID-III/223/2022 -registro 9125 de 2022-; mediante el cual, entre otras cuestiones, la Agente del Ministerio Pública adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla -autoridad no responsable- comunicó que dio inicio a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000386/2022, con motivo de la vista otorgada en la sentencia de amparo emitida el veintinueve de abril de dos mil veintidós, respecto a las manifestaciones realizadas por el quejoso Martín Edgar Morales Vargas en su demanda de amparo, relativas a hechos de tortura y malos tratos. 2. Por acuerdo dictado el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós se tuvo por recibido el oficio 62/2022 -registro 20002 de 2022-; mediante el cual, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional realizó lo siguiente: 2.1 Remitió el original del acuse de la misiva en la que: i) hizo saber a Perla María Vázquez Santamaría, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a cargo la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000386/2022, que se encontraba en aptitud de continuar con la investigación correspondiente; ii) le entregó a dicho ministerio público la copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio de amparo; y, iii) le hizo del conocimiento que si requería copia certificada de todo lo actuado en la causa penal 517/2015 del índice del entonces Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, debía solicitarlo directamente ante dicho órgano jurisdiccional. 2.2 Remitió el oficio FEDH/UEIDTOTCID-III/223/2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, signado por Perla María Vázquez Santamaría, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, por el que informó el inicio de la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEDH/TORTURA-I/000386/2021, para indagar las manifestaciones realizadas por el quejoso Martín Edgar Morales Vargas en su demanda de amparo, relativas a hechos con apariencia del delito de tortura, malos tratos, incomunicación, dilación en la puesta a disposición, etcétera. 3. Por acuerdo dictado el veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 186/2023 -registro 1075 de 2023-; por el cual, Francisco Ricardo Altamirano Huerta, Secretario del entonces Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias de la entonces causa penal 517/2015 de su índice; entre ellas el dictamen médico-psicológico (relativo a la pericial en materia de aplicación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "Protocolo de Estambul") realizado al quejoso Martín Édgar Morales Vargas, con números 12/2022 y 736/2022, a cargo de las profesionistas María Virginia del Valle Meléndez y Yesica Romero Jiménez, adscritas al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. 4. Por acuerdo dictado el uno de junio de dos mil veintitrés, se hizo constar que la causa penal 517/2015 del índice del entonces Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, fue remitida al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en cumplimiento al Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla; y al cambio de denominación de la Oficina de Correspondencia Común que presta servicio a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta entidad, así como al Acuerdo General 4/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula. 5. Por acuerdo dictado el siete de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 29719/2023 -registro 12055 de 2023-; por el cual, José Julián Fierro Blanco, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, remitió copia certificada de la diligencia llevada a cabo el dieciocho de julio pasado, en la que se ratificaron los dictámenes médico-psicológico y de fotografía forense practicados al quejoso Martín Edgar Morales Vargas, con base en el "Protocolo de Estambul", dentro de la ahora causa penal 17/2023 de su índice (antes 517/2015 de la estadística del entonces Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla). 6. Por acuerdo dictado el once de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio 36477/2023 -registro 15849 de 2023-; por el cual, Jeanette Wendolyne Espinosa Flores, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, remitió copia certificada del dictamen de fotografía forense (relativo a la pericial en materia de aplicación del Manual para la Investigación y Documentación Eficaz de la Tortura y Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "Protocolo de Estambul") realizado al quejoso Martín Édgar Morales Vargas, con número 75, a cargo del profesionista Miriam Cuatlayo Caldera, adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, rendido dentro de la causa penal 17/2023 antes mencionada. IV. Opinión jurisdiccional. Ante lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo; por lo que, con fundamento en el antepenúltimo párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos ni defectos. Ciertamente, se cumplió con el núcleo esencial del fallo protector, habida cuenta que, por un lado, se tiene constancia del inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos denunciados por el quejoso Martín Édgar Morales Vargas en su demanda de amparo, relativos a tortura y malos tratos cometidos en su agravio; lo cual, se efectuó con las constancias que esta autoridad remitió para tales efectos -copia certificada de todo lo actuado en este juicio-. Por otro lado, en cumplimiento a los efectos añadidos por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el amparo en revisión R-150/2022 de su índice, Carlos Alberto Osogobio Barón, entonces Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla -autoridad no responsable vinculada al cumplimiento-, y luego Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla -autoridad no responsable vinculada al cumplimiento-, acreditaron que dentro de la causa penal 17/2023 (antes 517/2015 de la estadística del entonces Juzgado de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Puebla) se concluyó con la investigación de los actos de tortura alegados por el quejoso; asimismo, informaron su resultado a través de la remisión de copia certificada de los dictámenes médico-psicológico y de fotografía forense practicados al quejoso Martín Edgar Morales Vargas, con base en el "Protocolo de Estambul", con los números 12/2022, 736/2022 y 75, a cargo de las profesionistas María Virginia del Valle Meléndez, Yesica Romero Jiménez y Miriam Cuatlayo Caldera, adscritas al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En efecto, dicho órgano colegiado, en su ejecutoria precisó que la sentencia protectora se tendría por cumplida hasta que se concluyera con la investigación por parte del juez penal de origen, o bien, se determinara la imposibilidad de realizarlo; lo cual, se reitera, ya aconteció con la emisión de los dictámenes correspondientes, mismos que fueron ratificados por las citadas profesionistas. En virtud de lo expuesto, la ejecutoria de amparo se encuentra íntegramente cumplida. V. Notificación al quejoso. En razón de que el quejoso Martín Edgar Morales Vargas se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "C.P.S." con residencia en Gómez Palacios, Durango, se ordena notificarle la presente determinación, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y, en términos del Acuerdo General 3/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, gírese atento exhorto electrónico a la Jueza o Juez de Distrito en la Laguna en turno, con sede en Torreón, Coahuila, a fin de que, en auxilio de las labores de este Juzgado y por conducto del actuario de su adscripción, se sirva realizar lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social Número 14 "C.P.S." con residencia en Gómez Palacios, Durango; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, al quejoso 1. Martín Edgar Morales Vargas, y se cerciore de su identidad; c) Le haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla-, así como el número de expediente -juicio de amparo 909/2020-; d) Notifique al referido quejoso la presente determinación de nueve de noviembre de dos mil veintitrés; e) Le corra traslado con copia autorizada de la determinación dictada el nueve de noviembre de dos mil veintitrés; y, f) Asiente razón en el sentido de si el quejoso quiso o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza al Fedatario Judicial para que realice la notificación aún en horas y días inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, para lo cual deberá indagar con los vecinos del lugar. Solicítese a la persona juzgadora exhortada que de no tener inconveniente alguno, se sirva remitir las constancias que acrediten la diligenciación de la comunicación oficial de mérito a la brevedad posible. Así, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, envíese vía electrónica el exhorto de referencia. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. VI. Integración al expediente físico. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación, dada su trascendencia. Notifíquese personalmente al quejoso Martín Edgar Morales Vargas en el lugar de su reclusión, vía exhorto y en los términos aquí precisados, así como a José Antonio García Paredes, defensor público del referido quejoso; y, por oficio a las autoridades responsables (a las foráneas, vía correo electrónico, por lo que se comisiona al actuario de la adscripción confirmar su llegada vía telefónica y asentar razón en autos de su recepción), al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a Cuauhtémoc Escobar González, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla -autoridad no responsable vinculada al cumplimiento- vía interconexión.
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