Jesús Navarro Esparza
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Jesús Navarro Esparza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha veinte de junio del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en representación de la Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaria de Comunicaciones y Transportes), por el cual formula alegatos relativos al cumplimiento sustituto de la ejecutoria dictada en el presente juicio y ofrece pruebas de su intención (las actuaciones de este juicio, así como la presuncional en su doble aspecto) Al respecto, téngase hechas las manifestaciones y con el oficio de cuenta, hágase relación del mismo en la audiencia incidental de cumplimiento sustituto. Notifíquese.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida por **** contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en Durango. II. Creación del expediente. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 730/2022. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Precisado lo anterior, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharla de plano. En principio, cabe destacar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. El suscrito juzgador advierte de oficio que se concreta la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVIII, del ordenamiento acabado de referir, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El citado precepto, prevé el principio de definitividad, que consiste en la carga procesal del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a la revocación, modificación o anulación de éste. El citado principio tiene su razón de ser en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos e implica que el gobernado debe acudir a las instancias impugnativas establecidas en la norma que rige el acto, antes de solicitar la protección de la justicia federal, salvo los casos de excepción previstos en la ley, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con lo expresado, el principio en mención implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la demanda de protección de derechos fundamentales, los recursos o medios de defensa ordinarios (lato sensu) tendentes a revocar, modificar o anular el acto reclamado. Luego, los artículos 972 a 988 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, establecen: "De las Controversias de Orden Familiar. Artículo 972.- Todos los problemas inherentes a la familia son de orden público, por constituír aquélla la base de la integración de la sociedad; en consecuencia, en todos los asuntos de que trata este Título tendrá intervención el Ministerio Público. Articulo 973.- El Juez de lo Familiar estará facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia intrafamiliar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En todos los asuntos de orden familiar los jueces están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de derecho. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento resolviendo sus diferencias mediante convenio, con el que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento. El juez dispondrá de las más amplias facultades para la determinación de la verdad material. A este fin, regirán los siguientes principios: I.- Las reglas sobre repartición de la carga de la prueba no tendrán aplicación; II.- Para la investigación de la verdad, el juez puede ordenar cualquier prueba, aunque no la ofrezcan las partes; III.- El principio preclusivo, en cuanto signifique un obstáculo para el logro de la verdad material, no tendrá aplicación; Articulo 974.- No se requieren formalidades especiales para acudir ante el Juez de lo Familiar cuando se solicite la declaración, preservación, restitución o constitución de un derecho o se alegue la violación del mismo o el desconocimiento de una obligación, tratándose de alimentos, divorcio contenciosos, nulidad de matrimonio, de calificación de impedimentos de matrimonio o de las diferencias que surjan entre marido y mujer sobre administración de bienes comunes, educación de hijos, oposición de maridos, padres y tutores, de sustracción ilegal o retención indebida de menores, y en general, todas las cuestiones familiares similares que reclamen la intervención judicial. Tratándose de violencia intrafamiliar prevista en los Artículos 318-1 y 318-2 del Código Civil para el Estado de Durango, el Juez exhortará a los involucrados en audiencia privada, a fin de que convengan los actos para hacerla cesar y, en caso de que no lo hicieran, en la misma audiencia, el Juez del conocimiento determinará las medidas procedentes para la protección de los menores y de la parte agredida. Al efecto, verificará el contenido de los informes que al respecto hayan sido elaborados por las instituciones públicas o privadas que hubieren intervenido y escuchará al Ministerio Público. Artículo 975.- Podrá acudirse al Juez de lo Familiar por escrito o por comparecencia personal en los casos urgentes a que se refiere el Artículo anterior, exponiendo de manera breve y concisa los hechos de que se trate. Con las copias respectivas de esa comparecencia y de los documentos que en su caso se presenten se correrá traslado a la parte demandada, la que deberá comparecer, en la misma forma dentro del término de nueve días. En tales comparecencias las partes deberán ofrecer las pruebas respectivas. Al ordenarse ese traslado el Juez deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia correspondiente. Tratándose de alimentos, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor, y mediante la información que estime necesaria una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio. Será optativo para las partes acudir asesoradas, y en este supuesto, los asesores necesariamente deberán ser Licenciados en Derecho, con Cédula Profesional, en caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de oficio, el que deberá de acudir, desde luego, a enterarse del asunto, disfrutando de un término que no podrá exceder de tres días para hacerlo, por cuya razón se diferirá la audiencia en un término igual. Artículo 976.- En la audiencia las partes aportarán las pruebas que así procedan y que haya ofrecido sin más limitación que no sean contrarias a la moral o esten prohibidas por la Ley, sin perjuicio de que el Juez de oficio decretare la práctica de las que estime conducentes. Artículo 977.- La audiencia se practicará con o sin asistencia de las partes. Para resolver el problema que se plantee, el Juez se cerciorará de la veracidad de los hechos y los evaluará personalmente o con auxilio de especialistas o de instituciones especializadas en la materia. Estos presentarán el informe correspondiente en la audiencia y podrán ser interrogados tanto por el Juez como por las partes. La valoración se hará conforme a lo dispuesto por el Artículo 402 de este Código y en el fallo se expresarán los medios de prueba en que se haya fundado el Juez para dictarlo. Artículo 978.- El Juez y las partes podrán interrogar a los testigos con relación a los hechos controvertidos, pudiéndoles hacer todas las preguntas que juzguen procedentes, con la sola limitación a que se refiere el Artículo 976 de este Título. Artículo 979.- La audiencia se verificará dentro de los treinta días contados a partir del auto que ordene el traslado, en la inteligencia de que, la demanda inicial deberá ser proveída dentro del término de tres días. Artículo 980.- Si por cualquier circunstancia la audiencia no puede celebrarse, ésta se verificará dentro de los ocho días siguientes. Las partes deberán presentar a sus testigos y peritos. De manifestar bajo protesta de decir verdad no estar en aptitud de hacerlo, se impondrá al actuario del juzgado la obligación de citar a los primeros y de hacer saber su cargo a los segundos, citándolos así mismo para la audiencia respectiva, en la que deberán rendir dictamen. Dicha citación se hará con apercibimiento de arresto hasta por treinta y seis horas, de no comparecer el testigo o el perito sin causa justificada; y al promovente de la prueba, de imponerle una multa en favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, hasta por el equivalente de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, en caso de que el señalamiento de domicilio resulte inexacto o de comprobarse que se solicitó la prueba con el propósito de retardar el procedimiento, sin perjuicio de que se denuncie la falsedad resultante. Las partes en caso de que se ofrezca la prueba confesional, deberán ser citadas con apercibimiento de ser declaradas confesas de las posiciones que se les articulen y sean calificadas de legales, a menos que acrediten justa causa para no asistir. Artículo 981.- La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los ocho días siguientes. Artículo 982.- La apelación deberá interponerse en la forma y términos previstos por el Artículo 680 de este Código. Si la parte recurrente careciere de abogado, la Sala solicitará la intervención de un defensor de oficio, quien gozará de un plazo de tres días más para enterarse del asunto a efecto de que haga valer los agravios o culquier (sic) derecho a nombre de la parte que asesore. Artículo 983.- Salvo los casos previstos en el Artículo 689, en donde el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, en los demás casos, dicho recurso procederá en el efecto devolutivo. Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza. Artículo 984.- Los autos que no fueren apelables y los Decretos, pueden ser revocados por el Juez que los dicta. Son procedentes en materia de recursos, igualmente los demás previstos en este Código y su tramitación se sujetará a las disposiciones generales del mismo y además de los casos ya determinados expresamente en esta Ley, para lo no previsto al respecto, se sujetará a las disposiciones generales correspondientes. Artículo 985.- La recusación no podrá impedir que el Juez adopte las medidas provisionales sobre depósito de personas, alimentos y menores. Artículo 986.- Ninguna excepción dilatoria podrá impedir que se adopten las referidas medidas. Tanto en este caso como en el del Artículo anterior, hasta después de tomadas dichas medidas, se dará el trámite correspondiente a la cuestión planteada. Artículo 987.- Los incidentes se decidirán con un escrito de cada parte y sin suspensión del procedimiento. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre que verse, y se citará dentro de ocho días, para audiencia indiferible, en que se reciba, se oigan brevemente las alegaciones, y se dicte la resolución dentro de los tres días siguientes. Artículo 988.- En todo lo no previsto, regirán las reglas generales de este Código de Procedimientos Civiles, en cuanto no se opongan a las disposiciones del presente Título" Luego, toda vez que dicho capítulo especial, no establece expresamente cuáles determinaciones son apelables, es necesario acudir a las reglas generales de los medios de impugnación que regula la codificación en comento. En esa tesitura, el numeral 689 de la propia norma, dispone: "Artículo 689.- Además de los casos determinados expresamente en la Ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan. I.- De las sentencias definitivas en los juicios ordinarios, salvo tratándose de interdictos, alimentos y controversias familiares, en los que la apelación será admitida en el efecto devolutivo; II.- De los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio; y III.- De las sentencias interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación" Dicho precepto contempla de manera enunciativa los supuestos contra los que procede el recurso de apelación, entre los que se encuentran, además de los contemplados expresamente en ese cuerpo normativo, las sentencias y autos definitivos, así como resoluciones interlocutorias que paralizan o ponen término al juicio. Entonces, toda vez que la citada porción normativa en materia recursal (679), así como las diversas que regulan el procedimiento familiar (972 a 988) e, incluso aquella que prevé los medios de apremio (artículo 73), no contemplan la apelación contra un acuerdo que imponga estas últimas medidas, por exclusión, deriva que procede recurso de revocación. En el caso, se reclama el acuerdo de uno de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual, se ordenó en el juicio de origen, que las subsecuentes notificaciones se realicen por cédula fijada en los estrados del local que ocupa a la autoridad señalada como responsable. Por tanto, se estima que, por exclusión, procede el recurso de revocación previsto por el numeral 984 de la codificación en comento, por medio del cual, puede ser modificado, revocado o nulificado. Sin que se actualice alguna de las hipótesis de excepción previstas en la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, debido a que el acto no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, así como no es un auto de vinculación a proceso. Luego, toda vez que lo que se reclama en el presente juicio, es el acuerdo de uno de febrero del año en curso, derivado de la falta de notificación en el domicilio que el ahora promovente señaló en el juicio de origen, la legislación antes mencionada señala lo siguiente: ARTÍCULO 74. Las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales de manera que quede sin defensa cualquiera de las partes y cuando la ley expresamente lo determine, pero no podrá ser invocada esa nulidad por la parte que dio lugar a ella. ARTÍCULO 75. La nulidad establecida en beneficio de una de las partes no puede ser invocada por la otra. ARTÍCULO 76. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V del Título II serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio, sabedora a la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviese legítimamente hecha. ARTÍCULO 77. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente, pues de lo contrario, aquella queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. ARTÍCULO 78. Sólo formará artículo de previo y especial pronunciamiento la nulidad de actuaciones por falta de emplazamiento. Los incidentes que se susciten con motivo de otras nulidades de actuaciones o de notificaciones se tramitarán y resolverán en los términos de lo dispuesto por el Artículo 88. ARTÍCULO 79. Las resoluciones son: I.- Simples determinaciones de trámite y entonces se llamarán decretos; II.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman autos provisionales; III.- Decisiones que tienen fuerzas de definitivas y que impiden o paralizan definitivamente la prosecución del juicio, y se llaman autos definitivos; IV.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decisión del negocio ordenado admitiendo o desechando pruebas, y se llaman autos preparatorios; V.- Decisiones que resuelvan en incidentes promovidos antes o después de dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; y VI.- Sentencias definitivas. ARTÍCULO 80. Todas las resoluciones de primera y segunda instancia serán autorizadas por jueces, secretarios y magistrados con firma entera. ARTÍCULO 81. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. ARTÍCULO 82. Quedan abolidas las antiguas fórmulas de las sentencias y basta con que el juez apoye sus puntos reclusivos en preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 Constitucional. ARTÍCULO 83. Los jueces y tribunales no podrán bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito. ARTÍCULO 84. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales variar ni modificar sus sentencias o autos después de firmados, pero sí aclarar algún concepto o suplir cualquier omisión que las primeras contengan sobre punto discutido en el litigio, o los segundos cuando sean obscuros o imprecisos sin alterar su esencia. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la notificación de la resolución correspondiente, o a instancia de parte presentada dentro del día siguiente al de la notificación. En este último caso, el juez o tribunal resolverá lo que estime procedente dentro del día siguiente al de la presentación del escrito en que se solicite la aclaración. ARTÍCULO 85. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con arreglos a las cuales debe hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro, se hará la condena, a reserva de fijar su importancia y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. ARTÍCULO 86. Las sentencias deben tener el lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncie; los nombres de las partes contendientes y el objeto del pleito. ARTÍCULO 87. Las sentencias deben dictarse dentro del plazo de quince días, contados a partir de la citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el tribunal examine documentos voluminosos, podrá disfrutar del término de ocho días más para dicho efecto. ARTÍCULO 88. Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte, y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse, y se citará para audiencia indiferible dentro del término de ocho días, en que se reciba, se oigan verbalmente las alegaciones, y se cite para sentencia interlocutoria que deberá pronunciarse dentro de los ocho días siguientes. Además el quejoso es quien promovió el incidente de disminución de pensión alimenticia por nuevo acreedor en el juicio de origen, por lo que, en su momento, pudo haber solicitado un incidente de nulidad de actuaciones, tal y como se precisa con anterioridad. Aunado a que la procedencia del mencionado incidente de nulidad no está sujeta a una interpretación adicional, ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que el arábigo 74 y relativos que lo regula, no es de difícil intelección ni admite interpretación adicional, ya que basta remitirse al artículo que prevé los supuestos generales de procedencia del recurso de defensa oportuno, para percatarse que, contra el proveído de que se trata, procede el incidente de nulidad de actuaciones, el cual debe agotarse antes de promover la instancia constitucional, en términos de la tesis: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Consecuentemente, la parte quejosa quedaría obligada previamente a la promoción del juicio de amparo agotar el juicio de nulidad, pero como no lo hizo evidentemente se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por ende, procedería desechar de plano la demanda de amparo presentada por Jesús Navarro Esparza, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en Durango. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso. ****Jesús Navarro Esparza, por su propio derecho. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la invocada ley, en caso de contar con su cédula profesional registrada ante este juzgado a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos de la Juez Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en Durango. Finalmente, se hace del conocimiento que el presente proveído, así como los acuerdos y determinaciones subsecuentes, podrán ser firmados de manera electrónica, dejando constancia impresa de ello mediante evidencia criptográfica, sin que sea necesario realizar certificación de dicha circunstancia, toda vez que la firma electrónica produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa; ello de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3o de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales" Notifíquese personalmente.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango · 12,808 expedientes
- Jesús Miriam Juárez Pérez262/2023
- Jesús Missael Guardado Alvarado625/2022
- Jesús Monreal Castañeda869/2017
- Jesús Moran Martínez847/2023
- Jesús Muñoz Frias532/2017
- Jesús Murguia Hidalgo813/2018
- Jesús Navarro Esparza813/2023
- Jesús Nazareno Tejada Álvarez206/2022
- Jesus Netzahualcoyotl Rivera Contreras1440/2017
- Jesus Noe Romero Navarrete1393/2023
- Jesus Noriega Vazquez64/2015
- Jesús Noriega Vázquez.1208/2015