Jesús Muñoz Galván

Expediente 431/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
431/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Jesús Muñoz Galván

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vistos; agréguese el oficio de cuenta remitido por la Secretaria General de Acuerdos II del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, mediante el cual remite copia certificada de la Aclaración de Sentencia dictada en el recurso de apelación origen de esta asunto, de lo cual este órgano colegiado toma conocimiento para los efectos procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    feneció el término de quince días del que disponía para impugnarla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y autoridad tercero interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos Laura Zarate Muñoz, quien da fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Ciudad de México, a diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que en proveído de veinte de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con la resolución emitida el doce del mismo mes y año, por el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal de la Ciudad de México en el expediente relativo al recurso de apelación RAJ. 43803/2020 de su índice, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en este asunto, y habiendo transcurrido el término que se les otorgó para tal efecto, sin que hubiera manifestado objeción alguna; se procede a hacer el pronunciamiento respecto del cumplimiento de la mencionada ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y de acuerdo con el considerando noveno del instrumento normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete que modifica el Acuerdo General 5/2013. En la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado se concedió a la parte quejosa la protección constitucional solicitada para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y emitiera una nueva, en la que, después de reiterar las consideraciones que no fueron materia de la concesión, ordenara a la autoridad administrativa pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuviese derecho el actor. Ahora bien, mediante un examen íntegro de la sentencia dictada por la responsable, precisada en el párrafo primero de este auto, se comprueba que ésta actuó conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, pues dejó sin efectos la resolución reclamada y el doce de enero de dos mil veintidós dictó otra en su lugar, en la cual consignó los efectos referidos en el párrafo anterior; las consideraciones a través de las cuales se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo son del tenor literal siguiente: ".IX. CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE NULIDAD ESTUDIADO. En consecuencia, esta Juzgadora considera que el caso se actualiza la hipótesis de nulidad del acto combatido prevista en el artículo 100, fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; por lo tanto, con apoyo en el diverso 102, fracción III, de la misma Ley, PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD de la resolución administrativa de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 227/2018, emitida por los integrantes del Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. - - - Ahora bien, en acatamiento a la ejecutoria que se cumplimenta, debe establecerse que, cuando un policía adscrito como en el caso, a la Policía de Investigación de la Ciudad de México, haya promovido juicio de nulidad, en el que la autoridad jurisdiccional resuelva que la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, como aconteció en el presente asunto, deberá ordenarse a la autoridad administrativa a pagar la indemnización y demás prestaciones que tenga derecho, en virtud de que en ningún caso procede la reincorporación al servicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 Constitucional. - - - En ese sentido, conviene tener presentes los criterios que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la obligación de resarcir a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, mediante el pago de una indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, ante la imposibilidad absoluta de reincorporarlo en el servicio, aún cuando la autoridad jurisdiccional haya resuelto que dicha separación es injustificada. - - - Lo anterior está sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a), así como las diversas 2a./J. 103/2012 (10a) y 2a./J.110/2010 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libros XIV y XII, Noviembre y Septiembre de 2012, Tomo 2, páginas 1517 y 617, que a la letra se transcriben enseguida: - - - (transcribe) - - - De las jurisprudencias reproducidas se desprende que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Mexicana, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, prevé que si la autoridad jurisdiccional resuelve que es injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los miembros de instituciones policiales de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, siendo que el enunciado normativo 'y demás prestaciones al servicio, siendo que el enunciado normativo 'y demás prestaciones a que tenga derecho' forma parte de la obligación resarcitoria del Estado y debe interpretarse como el deber de paga la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, cese, remoción o baja y, hasta que se realice el pago correspondiente. - - - - En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que procede otorgar al miembro de alguna institución policial, las cantidades que por concepto de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo pudo percibir desde el momento en que se concretó su separación, cese, remoción o baja injustificada y hasta aquél en que se realice el pago de las demás prestaciones a que tenga derecho, siempre que haya una condena por tales conceptos, ya que sólo de esa manera el Estado puede resarcirlo de manera integral de todo aquello de lo que fue privado con motivo de la separación. - - - En tales condiciones, y en virtud de la declaratoria de nulidad del acto impugnado, lo procedente en el caso en que la autoridad administrativa demandada pague a la parte actora la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, de conformidad con las jurisprudencias antes transcritas y los razonamientos expuestos en el presente fallo." Visto lo anterior, tras un examen integral de las constancias exhibidas por la Sala responsable, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la totalidad de los lineamientos plasmados en la ejecutoria dictada en este juicio; por lo cual, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de mérito. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada (habilitando al Actuario adscrito a este Tribunal para que de ser necesario se constituya en días y horas inhábiles en su domicilio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º). Así lo proveyó y firma el Magistrado HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos German García Flores, quien da fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, córrase traslado y dése vista a la parte quejosa y a la autoridades tercero interesadas con la sentencia de mérito, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente; en la inteligencia que con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano colegiado dictará la resolución que corresponda en los términos que dispone el citado precepto, así como con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades tercero interesadas. Así lo proveyó y firma el Magistrado HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Acuerdos LAURA ZARATE MUÑOZ, quien da fe.

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