Jesus Muñiz Garcia

Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 108 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1064/2022
Año
2022
Actuaciones
108
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Jesus Muñiz Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 108.

  1. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de quince de noviembre del año en curso, se ordenó librar el exhorto 744/2023-III, orden 933/2023-III, dirigido al Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, notifique a las autoridades responsables pertenecientes a la Guardia Nacional, con residencia en la Ciudad de México, el acuerdo citado a través del cual se les requirió su informe de ley. De la consulta del Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes, se advierte que a través de la boleta con número de registro OCC 20230813042804976, el exhorto 744/2023-III, orden 933/2023-III, del índice de este juzgado, se turnó al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Requerimiento. En tal virtud, de la manera más atenta gírese oficio al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a efecto de que informe el estado procesal del exhorto citado, o en caso de estar debidamente diligenciado lo devuelva a este órgano jurisdiccional, a efecto de estar en posibilidades de continuar con el procedimiento del incidente en que se actúa. Diferimiento de audiencia. En virtud de lo anterior, y para dar margen a que sea devuelto el exhorto antes mencionado, se difiere la celebración de la audiencia incidental prevista para el día de hoy, y en su lugar se programan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista; y mediante oficio al Juez Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, a través del cual remite el diverso oficio firmado por el Enlace Jurídico de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional, en representación Agente Mayor ********************, Titular de la Guardia Nacional de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Coordinación de Secciones de Seguridad y Vías de Comunicación y Aeropuerto de la Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí, ya que corresponde al juicio de amparo en que se actúa. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido en representación del Agente Mayor ********************, Titular de la Guardia Nacional de la Unidad de Órganos Especializados por Competencia de la Dirección de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Coordinación de Secciones de Seguridad y Vías de Comunicación y Aeropuerto de la Guardia Nacional en el Estado de San Luis Potosí. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que no es cierto el acto que se le reclama a la referida autoridad. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que remitió en vía de justificación, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Delegados y domicilio. Como lo solicita la autoridad oficiante, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Correo electrónico. Téngase a la autoridad oficiante designando un correo electrónico y un número telefónico. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.Tramitación del incidente de suspensión.Como está ordenado en el cuaderno principal, con una copia simple del escrito de ampliación, así como del proveído dictado en esta misma fecha, en el expediente principal del que deriva este cuaderno, dese cuenta en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1064/2022-III, promovido por ******************** contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y otras autoridades, consistente en la RATIFICACIÓN de cambio de adscripción del aquí quejoso dentro de la Guardia Nacional, contenida en los oficios ******************** y ********************de treinta de octubre de dos mil veintitrés.Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 128, 136, 138 y 140, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole al efecto copia simple de la demanda de amparo.Hágase del conocimiento de la autoridad responsable jurisdiccional que al término de cuarenta y ocho horas que concede el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, no le serán descontados los plazos que prevé la legislación que las rija y/o su normativa. Pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a la autoridad responsable, que en la medida de lo posible las comunicaciones que les sean requeridas en este asunto, deberá enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 6jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, en términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 260 fracción I de la ley en cita, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la unidad de medida y actualización vigentes. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, dígase a la responsable que, si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigentes. En el entendido de que el actuario correspondiente deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que, no obstante, se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SEIS MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia en este incidente. Estudio de la suspensión provisional. Teniendo en consideración que el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado, el cual consistente en la RATIFICACIÓN de cambio de adscripción del aquí quejoso dentro de la Guardia Nacional, contenida en los oficios ******************** y ********************de treinta de octubre de dos mil veintitrés, para los efectos: - Las responsables se abstengan de ejecutar la orden contenida en los oficios referidos - No se le impida entrar a su estación de trabajo, y no se le separe de su cargo. - Se continúe pagando su sueldo y demás prestaciones económicas, así como las de seguridad social. Por tanto, procédase a pronunciarse sobre la medida cautelar bajo los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), que dispone: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". Resulta importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse. Por ello, conviene señalar que los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 128 de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si éste último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes;." "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." Sobre el tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 146/2019, que dio origen a la tesis P./J. 19/2020 (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. LA ACREDITACIÓN DE DAÑOS Y/O PERJUICIOS DE DIFÍCIL REPARACIÓN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO NO ES UN REQUISITO PARA QUE SE OTORGUE CUANDO EL QUEJOSO ALEGA TENER INTERÉS JURÍDICO.", estableció que de acuerdo con la actual redacción del artículo 107, fracción X, de la Constitución General y de su interpretación teleológica subjetiva, es factible advertir que tratándose de la suspensión a petición de parte en la que el quejoso alega tener un interés jurídico, el principal presupuesto de procedencia al que debe atender el órgano jurisdiccional de amparo ya no lo es "la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con la ejecución del acto reclamado", sino el análisis ponderado de elementos como la apariencia del buen derecho, la no afectación al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Lo anterior porque es este "juicio de ponderación" la nueva base fundamental de un sistema equilibrado que permite que la medida suspensional cumpla cabalmente con su finalidad protectora. Siguió indicando el tribunal, que de acuerdo con su actual regulación, la suspensión no se reduce sólo a una medida cautelar con un efecto conservativo, sino que de forma innovadora, la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que dicha medida tenga un efecto de "tutela anticipada" (restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando ello sea jurídica y materialmente posible). Por consiguiente, concluyó, dado que las nuevas reglas de la suspensión giran en torno al postulado según el cual la necesidad de acudir a un proceso de amparo para obtener la razón no debe perjudicar a quien la tiene, la dificultad de reparación de los daños y/o perjuicios que pudiera sufrir la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, no debe ser considerada como un requisito para el otorgamiento de la suspensión. Consecuentemente, los aspectos que esta juzgadora debe considerar para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados y los requisitos que la persona quejosa debe reunir para su procedencia, se encuentran en el artículo 107, fracción X, constitucional, así como en los artículos 128, 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, de la manera siguiente: a) Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión, cuando la naturaleza del acto lo permita y se integren los requisitos: b) Solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación) -análisis ponderado de la apariencia del buen derecho-; y c) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Requisitos los anteriores que siempre deben concurrir en su totalidad para que sea procedente la suspensión solicitada, pues de no satisfacerse alguno de ellos, haría jurídicamente imposible la concesión de la referida medida cautelar. Precisado lo anterior deviene pertinente destacar el contenido de los artículos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público." "Artículo 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." "Artículo 147. (.) Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.". Conforme a los citados preceptos legales, la suspensión se decretará siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Así, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés en forma presuntiva, el cual es distinto del interés jurídico o legítimo que debe demostrase fehaciente en el cuaderno principal del juicio constitucional. De ahí, en la suspensión provisional sólo se requiere la existencia de algún medio de prueba, del que se desprenda el interés que de manera presuntiva faculte al quejoso en solicitar la suspensión de los actos reclamados. De igual forma, en ningún caso la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos y constituir aquéllos que no tuviera el quejoso antes de la presentación de la demanda. Además, en caso de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el amparo. Al respecto, el máximo tribunal del país, destacó que el juzgador para decidir la medida cautelar, debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o interés social. Estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad, sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pudiera verse afectado con su paralización y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para su otorgamiento. Así se estableció en la jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 315, tomo XXX, diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida.". En consonancia con lo anterior, la superioridad destacó que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en tanto que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público, deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho o, la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. En decir, se considera que el "orden público" y el "interés social", se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En la especie, el primer requisito consiente en que la medida cautelar sea solicitada por el quejoso y demuestre un interés de manera indiciaria o presuntiva está satisfecho, toda vez que solicitó expresamente la suspensión de los actos reclamados y demostró de manera indiciaria o presuntiva un interés. Es así, toda vez que el quejoso ******************** acreditó en forma presuntiva el acto reclamado consistente en la RATIFICACIÓN de cambio de adscripción del aquí quejoso dentro de la Guardia Nacional, contenida en los oficios ******************** y ********************de treinta de octubre de dos mil veintitrés. En cambio, no se cumple el segundo de los requisitos, pues de concederse la suspensión provisional se contravendrían disposiciones de orden público y se afectaría el interés social y no se advierte apariencia del buen derecho o el peligro en la demora que impliquen se desatienda este requisito. A fin de evidenciar lo anterior, conviene destacar los artículos 21 de la Constitución Federal, 26, fracción VIII de la Ley de la Guardia Nacional, 85, fracción IX de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 19, fracción XLI del Reglamento de la Ley de la Guardia Nacional (leyes aplicadas en el oficio de mérito) que disponen: "Artículo 21. (.) La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. La formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior, y en lo conducente a la perspectiva de género." "Artículo 26. La Carrera de Guardia Nacional se regulará conforme a lo siguiente: VIII. El personal de la Guardia Nacional podrá ser cambiado de adscripción, con base en las necesidades del servicio. En relación con los mandos, se garantizará su rotación permanente para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones.". "Artículo 85.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes: IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio." "Del comandante Artículo 19. (.). El Comandante tendrá, además de las atribuciones previstas en el artículo 15 de la Ley, las siguientes: XLI. Autorizar los cambios de adscripción de los integrantes, de acuerdo a las necesidades del servicio, salvo el caso de la Unidad de Asuntos Internos, y" De lo anterior, se obtiene que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la constitución y las leyes en la materia. Además, la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la constitución señala. Para ello, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos. A su vez, la federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, con la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la nación. Así, La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones. De igual forma, la formación y el desempeño de los integrantes de la Guardia Nacional y de las demás instituciones policiales se regirán por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina, el respeto a los derechos humanos, al imperio de la ley, al mando superior y, en lo conducente, a la perspectiva de género. En orden con lo anterior, la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública, será competencia de la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Una de las atribuciones con que cuentan los mandos superiores de esas dependencias es precisamente el cambio de adscripción del personal, con base en las "necesidades del servicio". En relación con los mandos, se garantizará su rotación permanente para el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones. En ese sentido, es claro que aun cuando en el caso el quejoso reclama la RATIFICACIÓN de cambio de adscripción del aquí quejoso dentro de la Guardia Nacional, contenida en los oficios ******************** y ********************de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se le informó que era con la finalidad de continuar su labor dentro de la Guardia Nacional, lo que pone de manifiesto que el cambio de adscripción tiene como base las "necesidades del servicio", y, en ese supuesto, no procede conceder la suspensión provisional para que se paralice su ejecución, dado que se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferiría un daño que de otra manera no resentiría. Es así, porque la correcta administración y funcionamiento de la seguridad pública -sin paralizaciones y obstáculos-, es de interés social, pues sólo así se pueden salvaguardar las funciones de seguridad para proteger la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación del orden público y la paz social, así como la prevención y persecución de los delitos. De ahí que, por lo que se refiere al acto reclamado consistente en el cambio de adscripción del aquí quejoso dentro de la Guardia Nacional, resulta improcedente conceder la medida cautelar, y por tanto, por lo que al mismo se refiere, se niega la suspensión solicitada. Sin que, en el caso, la suscrita advierta apariencia del buen derecho del acto reclamado materia de suspensión y el peligro en la demora con su ejecución, atento a que, de concederse el amparo, al quejoso se le restituirá en el goce de la garantía violada, a través de su reincorporación en el lugar en el que se encontraba adscrito. Concesión de la medida cautelar. Por otra parte, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 132 y 136 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión provisional respecto de las consecuencias del acto reclamado, para el único efecto de que no se impida al quejoso ******************** entrar a su estación de trabajo, no se le separe de su cargo, y se le continúe pagando su sueldo y demás prestaciones económicas, así como las de seguridad social, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en el presente asunto. La anterior medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si incumple con la normatividad que rige su labor dentro de la Guarda Nacional. Para lo cual, la autoridad responsable deberá informar las faltas en que incurra el quejoso, y exhibir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho, a efecto de que este órgano jurisdiccional analice si la medida cautelar ha dejado de surtir efectos. Además, no ha lugar a requerir garantía alguna, toda vez que el acto reclamado no se encuentra en ninguno de los supuestos a que se refieren los artículos 132 y 135 de la Ley de Amparo. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Notifíquese por medio de lista; por oficio a las autoridades responsables y al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito signado por Jesús Muñiz García, mediante el cual comparece a ampliar la demanda de amparo originalmente presentada. Admisión de la ampliación de demanda. En tal virtud, con fundamento en los artículos 1°, 108, 110, 111, 115 y 116, y relativos de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de demanda contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y otras autoridades, consistente en la RATIFICACIÓN de cambio de adscripción del aquí quejoso dentro de la Guardia Nacional, contenida en los oficios GN/UOEC/DGSCI/17346/2023 y GN/UOEC/DGSCI/CSSVCASLP/A.A/4142/4002/2023, de treinta de octubre de dos mil veintitrés. Incidente de suspensión. Tramítese por separado el incidente de suspensión que solicita. En virtud de que el incidente de suspensión 1064/2022, derivado del juicio en que se actúa, se encuentra pendiente de integrar tres recursos de revisión interpuestos en contra de la suspensión definitiva, en tal virtud, a efecto de tener un mejor manejo del incidente que se solicitó respecto de los actos materia de la ampliación de demanda, fórmese por separado un nuevo cuaderno con la carátula respectiva debidamente identificado. Requerimiento de informe justificado relativo a la ampliación de demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de la materia, pídase informe justificado a las autoridades responsables respecto de las cuales se amplió la demanda, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se le solicita; de igual forma, requiéraseles para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remitan en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que hayan tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables jurisdiccionales que al término de quince días que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo, no le serán descontados los plazos que prevé la legislación que las rija y/o su normativa. Pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés, y en su lugar se programan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Intervención al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo, en virtud de que le asiste el carácter de parte en el presente juicio de amparo, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Requiérase a las partes para que, en caso de actualizarse alguna causa de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el artículo 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización vigentes. No ha lugar a notificación vía exhorto. En cuanto a su petición de notificar a las autoridades responsables vía exhorto la ampliación de demanda hecha valer por la parte quejosa, y toda vez que el artículo 28, fracción II, de la Ley de amparo dispone: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: [.] II. Si el domicilio de la autoridad se encuentra fuera del lugar del juicio, se enviará el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo, el que se agregará en autos." En ese contexto y a fin de que dichas notificaciones se practiquen conforme al procedimiento dispuesto por la Ley de Amparo, así como para contar con los acuses de recibos correspondientes, no ha lugar a ordenar la práctica de las notificaciones de este auto vía exhorto. Domicilio, usuario y autorizados. Dígasele al quejoso, que mediante acuerdo de dos de agosto del año en curso, se proveyó lo conducente a sus peticiones. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Lineamientos para la integración del expediente físico. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con el artículo transitorio SEXTO del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que el expediente físico relativo al juicio de amparo en que se actúa, solo se agregaran los documentos que se reciban por la vía física. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Se exhorta a las partes que intervengan en el asunto, a adoptar, como eje rector, la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), esto es, presentación de promociones de manera electrónica, de conformidad con el artículo 236 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Autorización para firma de oficios. Se autoriza a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional para que firmen los oficios que deriven de los autos dictados con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este órgano jurisdiccional.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 104 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano