Jesus Moreno Lezama

Expediente 932/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
932/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Jesus Moreno Lezama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, que sobreseyó en el juicio, por lo que con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurrido cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. En diverso aspecto, devuélvase al 1. Juez de Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, las constancias que como justificación de su informe remitió a este Juzgado mediante oficio 3668, y con las que se ordenó formar anexos I y II. Ahora, dado que este órgano de control constitucional ha sido informado de la extinción del 1. Juez de Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, y que los expediente del citado órgano jurisdiccional con terminación siete corresponderá continuar su conocimiento al Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla. En consecuencia, entréguense las constancias que remitió el juzgado extinto al Juzgado Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla y requiérasele para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que tenga conocimiento del presente auto, acuse recibo de las constancias que se devuelve, apercibido que de no hacerlo en el término concedido, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, dado que en el oficio CJ506 del Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, también se hizo del conocimiento de este juzgado Federal, el cierre de los juzgados sexto y séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, y dichas autoridades al rendir su informe justificado en este juicio de garantías negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 51 y 60), en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena suspender toda comunicación con las mismas.

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 932/2018-B, promovido por Jesús Moreno Lezama, en contra del 1. Juez Primero de lo Penal del Estado de Puebla, 2. Juez Segundo de lo Penal del Estado de Puebla, 3. Juez Tercero de lo Penal del Estado de Puebla, 4. Juez Cuarto de lo Penal del Estado de Puebla, 5. Juez Quinto de lo Penal del Estado de Puebla, 6. Juez Sexto de lo Penal del Estado de Puebla, 7. Juez Séptimo de lo Penal del Estado de Puebla, 9. Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, 10. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, 11. Juez de Control y Ejecución de la Región Judicial Centro, con Sede en San Andrés Cholula, Puebla, 13. Fiscal General Metropolitano del Estado de Puebla, 14. Fiscal General Regional del Estado de Puebla, 16. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Pedro Cholula, Puebla y 17. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Andrés Cholula, Puebla; a quienes les reclamó las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención y presentación decretadas en su contra, y su ejecución. Y, en contra del 8. Juez Octavo de lo Penal del Estado de Puebla, 12. Fiscal General del Estado de Puebla y 15. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla; a quienes les reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra en la causa penal 17/2018, por el delito de fraude, previsto y sancionado en el artículo 402 y 403, fracción IV en relación con los diversos 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de María del Carmen González López, Alma Delia Bustamante López, Saraí Daniela Arango Bustamante, José Alfredo Arango Bustamante y Arturo Arango Bustamante, y su ejecución. SEGUNDO. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en su considerando último.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado signado por la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho, quien rinde informe requerido al 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, con el que da cuenta la Secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar, dese vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de la materia, téngase como prueba la documental que acompaña a su informe de cuenta (consistente en copia certificada de la causa penal 17/2018 de su estadística), misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Y, dado el cuantioso número de fojas de las constancias que remite la autoridad responsable, fórmense los cuadernos de pruebas I y II del presente juicio para la mejor facilidad de su manejo, respetando folio, sello y rúbrica del mismo.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con quince minutos del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 932/2018-B (foja 70 vuelta), Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, asistido de Martha Graciela Lemus Barajas, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes ni legítimo representante de ellas, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: La copia de la demanda de amparo presentada por Jesús Moreno Lezama (fojas 1 Bis a 8); auto de cuatro de octubre de dos mil dieciocho (suspensión provisional, fojas 11 a 16) y, los informes previos que obran en autos. A lo anterior, el Juez acuerda: téngase por practicada la relación de constancias que antecede, para los efectos legales. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria da cuenta con la documental ofrecida por el Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en la certificación de búsqueda realizada por el Oficial Mayor de su adscripción; así como con las copias certificadas derivadas del incidente de suspensión 929/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y con la copia certificada de la diligencia practicada el once de octubre de dos mil dieciocho dentro de la causa penal 17/2018 del índice del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla; y, el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas de referencia dada su propia y especial naturaleza con lo cual, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no exhibió pedimento. A lo anterior, el jueza acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes a formular alegatos. Se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 932/2018-B, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Jesús Moreno Lezama, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por el quejoso Jesús Moreno Lezama, se requirió los informes previos a las autoridades responsables y, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución del acto reclamado es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: las órdenes de búsqueda, aprehensión, detención y/o presentación dictadas en contra del aquí quejoso, y su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados -que quedaron precisados en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridades responsables. Sentido del informe. Foja 1 JUEZ PRIMERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. NIEGA 42 2 JUEZ SEGUNDO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA NIEGA 43 3 JUEZ TERCERO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. NIEGA 45 4 JUEZ CUARTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA NIEGA 46 5 JUEZ QUINTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. NIEGA 47 6 JUEZ SEXTO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. NIEGA 48 7 JUEZ SÉPTIMO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. NIEGA 63 8 JUEZ OCTAVO DE LO PENAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA. ACEPTA 49 A 55 9 JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHOLULA, PUEBLA. NIEGA 64 10 JUEZA DE CONTROL ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y DE EJECUCIÓN REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PUEBLA (ROSALVA ELENA ZÁRATE HERRERA). NIEGA 65 11 JUEZA DE ORALIDAD ADSCRITA AL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO-PONIENTE, CON SEDE EN SAN ADRÉS CHOLULA, PUEBLA (KARLA PATRICIA AMBROCIO VARGAS). NIEGA 66 12 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE. ACEPTA 56 13 FISCAL GENERAL METROPOLITANO, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE. NIEGA 57 14 FISCAL DE INVESTIGACIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE. NIEGA 58 15 DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. ACEPTA 67 16 COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. NIEGA 59 17 AGENTE MINISTERIAL 601 ENCARGADO DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, GRUPO SAN ANDRÉS CHOLULA (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA). NIEGA 68 A. Inexistencia de los actos reclamados e improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables 1. Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Juez Segundo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 3. Juez Tercero de lo Penal de la ciudad de Puebla, 4. Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 5. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por conducto de la secretaria de acuerdos, 6. Juez Sexto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 7. Juez Séptimo de lo Penal de la ciudad de Puebla, 9. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, 10. Jueza de Control adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución Región Judicial Centro, con sede en la ciudad de Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera) y 11. Jueza de Oralidad adscrita al Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en San Andrés Cholula, Puebla (Karla Patricia Ambrocio Vargas), al rendir sus informes previos, negaron la existencia del acto que se les reclama, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. En tales condiciones, ante la inexistencia del aludido acto reclamado a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada, respecto de las autoridades precisadas. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. De lo anterior se sigue que, al no existir el acto reclamado a las referidas autoridades, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para el quejoso; por consiguiente, al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia del acto reclamado a las citadas autoridades. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia VI.2o. J/19 emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." B. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por conducto de la secretaria de acuerdos, 12. Fiscal General del Estado de Puebla, por conducto de su Representante y 15. Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, aceptaron la existencia de los actos reclamados, por lo que deben tenerse por ciertos. Al respecto, el juez responsable refirió que el uno de octubre de dos mil dieciocho, decretó en contra del aquí quejoso Jesús Moreno Lezama la orden de aprehensión, dentro de la causa penal 17/2018, por el ilícito de fraude genérico, previsto y sancionado por los artículos 402 y 403, fracción IV, en relación con los diversos 13 y 21, fracción I del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio de María del Carmen González López, Alma Delia Bustamante López, Saraí Daniela Arango Bustamante, José Alfredo Arango Bustamante y Arturo Arango Bustamante, denunciado tal ilícito por Cristian Herrera Marcial, en su carácter de apoderado legal de los antes mencionados. Por lo que las autoridades ejecutoras 13. Fiscal General Metropolitano, por conducto de su representante, 14. Fiscal de Investigación Regional del Estado de Puebla, por conducto de su representante, 16. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación de San Pedro Cholula, Puebla y 17. Agente Ministerial 601 Encargado de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Andrés Cholula, en su denominación correcta, negaron los actos que de éstas se reclaman; sin embargo, se desvirtúan dichas negativas, debiendo tenerse por presuntivamente cierto el acto atribuido a las referidas autoridades responsables ejecutoras, pues al haber aceptado el 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla la existencia de una orden de aprehensión librada en contra del aquí quejoso, resulta evidente que requiere de su auxilio para cumplimentarla. CUARTO. Procedencia de la medida cautelar. Ahora bien, toda vez que el juez responsable 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, por conducto de la secretaria de acuerdos, hizo del conocimiento que Jesús Moreno Lezama compareció ante él bajo los efectos de la suspensión provisional decretada por este órgano jurisdiccional, por lo que el once de octubre de la presente anualidad, rindió su declaración preparatoria dentro de la causa penal número 17/2018 de su índice y, se puso a disposición para la continuación de tal procedimiento penal, por lo que decretó su detención virtual para efecto de computar el término constitucional y resolver su situación jurídica; se provee: ya que el delito por el cual se libró orden de aprehensión en contra del quejoso Jesús Moreno Lezama, no es de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 Constitucional; con fundamento en los artículos 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo , se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que el quejoso siga el procedimiento penal instruido en su contra, en libertad hasta que se notifique a las autoridades responsables la sentencia que resuelva en definitiva el juicio principal; por lo que, mientras esto último no ocurra, no deberán privar a Jesús Moreno Lezama, de su libertad personal, por quedar al respecto a disposición de este Juzgado de Distrito y del 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla por lo que hace a la continuación del procedimiento. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA, NO QUEDA SIN MATERIA EN EL INCIDENTE POR EL HECHO DE QUE EL QUEJOSO SE PRESENTE ANTE LA RESPONSABLE A RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA. En términos de los párrafos primero del articulo 136 y segundo del artículo 138 de la Ley de Amparo si se reclama la orden de aprehensión y el quejoso compareció ante el Juez de la causa al rendir su declaración preparatoria, ello no significa que la suspensión contra dicho mandamiento quede sin materia, en tanto que el primer párrafo de ese numeral prevé que la suspensión en esos casos únicamente produce el efecto de que el quejoso quede a disposición de la autoridad de amparo por lo que respecta a su libertad personal, y de la autoridad responsable para la continuación del procedimiento penal, y el segundo párrafo del numeral 138 de la Ley en cita, exige que el quejoso comparezca ante el Juez de la causa o del Ministerio Público dentro del plaza de tres días y que, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida, lo que puede considerarse que por cumplir el quejoso con la obligación que le exige la ley, traiga como consecuencia, en su perjuicio, que se deje sin materia el incidente, puesto que aquélla puede seguir surtiendo efectos hasta en tanto se resuelva el juicio principal, ya que conforme a los citados preceptos, la concesión de la suspensión sólo puede dejar de surtir sus efectos en caso de no presentarse antes las citadas autoridades, lo que implica que, de hacerlo, no procede hacer efectivo ese apercibimiento." La medida cautelar concedida surte efectos de inmediato, pero no los surtirá si ya se hubiese ejecutado el acto que la parte quejosa reclama, si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento a una orden librada en su contra por autoridades diversas de las aquí señaladas como responsables, o se le sorprende en la comisión de flagrante delito; tampoco surtirá efecto alguno respecto de la ejecución de actos emitidos con posterioridad a la concesión de la medida que aquí se decreta. MEDIDAS DE EFECTIVIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA. A fin de que la parte quejosa no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Se estima procedente fijar al peticionario de amparo, las siguientes medidas de efectividad: 1. Deberá otorgar caución a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de $340,000.00 (trecientos cuarenta mil pesos 00/100 M.N.), en cualesquiera de las formas establecidas por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168, en relación con el párrafo primero del 139 de la Ley de Amparo; pues, debe garantizarse que el quejoso no se sustraiga a la acción de la justicia y comparezca para continuar con el procedimiento seguido de la citada autoridad responsable. Dicho monto se fija en atención a que la autoridad responsable 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, manifestó que el monto de lo defraudado asciende a la cantidad de $34,000,000.00 (treinta y cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que dicha cantidad se considera razonable para garantizar que se cumplan los fines mencionados en el párrafo precedente. En el entendido que de no exhibirla dentro del plazo de CINCO DÍAS subsecuentes a su legal notificación, este Juzgado comunicará a la autoridad responsable que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. En el supuesto de que la parte quejosa elija exhibir la caución fijada en billete de depósito, deberá figurar su nombre como depositante y en el rubro relativo al "concepto", se habrá de especificar que es con el objeto de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva en autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 932/2018-B formado con la demanda promovida por Jesús Moreno Lezama; pues de no satisfacer esos requisitos, no se tendrá por constituida. En caso de que la parte quejosa opte por garantizar con póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora del fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, además señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si la mencionada vigencia termina antes de la conclusión del juicio de amparo, la suspensión definitiva dejará de surtir sus efectos sin necesidad de previo acuerdo. 2. Deberá presentarse a todas las diligencias en las que sea requerida su comparecencia por la autoridad que conozca del procedimiento y cumplir con todas las obligaciones que le sean impuestas por la autoridad en mención Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a las medidas impuestas, la suspensión definitiva concedida dejará de surtir sus efectos, quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución de los actos reclamados. Finalmente, solicítese a la 8. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, que informe si el quejoso Jesús Moreno Lezama, omite a dar cumplimiento a lo ordenado en el punto dos; apercibido de multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Jesús Moreno Lezama, en términos de los considerando tercero, apartado A de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Jesús Moreno Lezama, en términos del considerando cuarto por las autoridades indicadas en el diverso tercero, apartado B de esta interlocutoria.

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