Jesús Morales Hernández

Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 24 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
679/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
01/03/2023

Partes del expediente

  • Jesús Morales Hernández
  • Agente del Ministerio Público Especializado en la Mesa de Abigeato, en San Luis Potosí

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia de siete de febrero del dos mil veintitrés, que sobreseyó en el presente juicio de amparo; por lo tanto, en términos de lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo segundo, en relación con el 86 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. No pasa inadvertido el hecho de aun no se cuente con la totalidad de los acuses respectivos de la notificación de la sentencia, y que aún se encuentre transcurriendo el término a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, por lo que hace a las autoridades foráneas, empero, como en la sentencia se sobreseyó en el juicio, es lógico que en nada agravia a dichas responsables, y la única que pudo haberse inconformado con la resolución es la parte quejosa. Anotaciones en el libro de gobierno y archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. Temporalidad para destrucción de expediente. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Devolución de constancias. En otro contexto, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias que acompañó a su informe justificado el Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate al Abigeato y Maltrato Animal Doméstico, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, devuélvase a su lugar de origen, solicitando se sirva acusar recibo, previo glose de la portada del anexo uno formado con el citado expediente. Cuaderno incidental original. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo, el original del cuaderno incidental es destruible, en virtud de haberse negado la suspensión provisional y definitiva. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Cuaderno incidental duplicado. Por lo que respecta al duplicado del cuaderno incidental procédase a su destrucción dentro del plazo de seis meses, en términos de lo previsto en los artículos 20, fracción II, inciso a) y 24 del indicado Acuerdo. Orden de archivo. Anótese en la carátula que este expediente, así como en el original y duplicado del incidente de suspensión que son susceptibles de destrucción, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente acuerdo al expediente electrónico del incidente. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 679/2022, promovido por **********, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en combate al abigeato y maltrato animal doméstico en San Luis Potosí, y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido en esa propia fecha por razón de turno a este juzgado, ************* demandó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA MESA DE ABIGEATO, EN SAN LUIS POTOSÍ. EJECUTORA: B) El Director General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis. ACTO RECLAMADO De la primer autoridad señalada como responsable, que es la ordenadora; reclamo la existencia de una carpeta de investigación dictada en mi contra sin haber privilegiado el derecho humano al debido proceso ni sus diversas garantías como lo son: la notificación del inicio de una investigación en mi contra; la oportunidad de, en su caso, poder aportar pruebas a mi favor; además de poder ser escuchado por la autoridad previo a la pretensión de privarme de mi libertad y que incluso su determinación pudiese ser combatida por medios ordinarios o extraordinarios de impugnación; además de que, como nunca he sido citado a comparecer ante sede ministerial, siendo de esta forma evidente que, de existir una determinación que tenga como finalidad el de canalizarme a la audiencia inicial detenido -orden de aprehensión-, sin duda alguna esto es resultado de una determinación inconstitucional. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo el acatamiento que al mandato judicial pretende realizar, sin que el mismo haya sido dictado respetando los derechos humanos de las personas, en específico el derecho humano al debido proceso y sus cinco garantías; además de que, su dictado no satisfizo la necesidad extrema de cautela." SEGUNDO. Prevención y desahogo. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo, correspondiéndole el número 679/2022, y se previno a la parte quejosa para que precisara uno de los actos reclamados; quien desahogó tal prevención mediante escrito presentado el tres de noviembre de la anualidad pasada, señalando, en lo que interesa, lo siguiente: "1. Respecto al punto número uno manifiesto que es mi deseo señalar como acto reclamado la negativa de permitirme acceso o consultar la carpeta de investigación ********* TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. A través del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Adscripción de Jueza. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes en este juicio, que mediante oficio SEADS/958/2022, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la suscrita juzgadora a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Seguidos los trámites, previos diferimientos, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, residente en Ciudad Valles, resulta legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción IX, Segundo, fracción IX, y Cuarto, fracción IX, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos que constituyen la materia de estudio del presente juicio biinstancial. Así, de la lectura del escrito inicial de demanda, del escrito aclaratorio respectivo y restantes constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Al representante social responsable, la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ***************; así como la orden de aprehensión, detención, citación, comparecencia u orden privativa de libertad librada en su contra. 2. A la Dirección General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis Potosí, la ejecución de lo ordenado por el ministerio público señalado como responsable. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. En primer término, no son ciertos los actos atribuidos al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en combate al abigeato y maltrato animal doméstico en San Luis Potosí, consistentes en la orden de aprehensión, detención, citación, comparecencia u orden privativa de libertad librada contra el quejoso, no obstante que la aludida autoridad fue omisa en hacer algún pronunciamiento al respecto en el informe justificado rendido en autos, dado que de las constancias allegadas por la citada representación social se desprende que no existe ningún mandamiento de esa naturaleza girado contra el agraviado. De igual manera, no son ciertos los actos de ejecución reclamados de la autoridad responsable Director General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis Potosí, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de acto reclamado. Es cierto el acto que el quejoso atribuye al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en combate al abigeato y maltrato animal doméstico en San Luis Potosí, consistente en la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación **********, en razón de que así lo reconoció al rendir su respectivo informe justificado1. Además, la certeza del acto impugnado se corrobora con las constancias que dicha responsable remitió en vía de justificación, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo anteriormente vigente, por disposición de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus facultades, y que no fueron objetadas por las partes. QUINTO. Causa de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, en primer término, es 1 Tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." necesario analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Pues bien, en lo relativo al acto reclamado consistente en la negativa de permitirle al quejoso el acceso a la carpeta de investigación ***********, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafos primero y segundo, ambos preceptos de la Ley de Amparo, toda vez que la promoción del presente juicio biinstancial respecto de dicho acto se basa en un interés simple del quejoso, al no existir por el momento algún derecho subjetivo a su favor. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Por su parte, los numerales 61, fracción XII, y 5º, fracción I, primero y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)." Los artículos transcritos prevén el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Respecto de la integración de la carpeta de investigación y la negativa al imputado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2022, en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, en lo que interesa concluyó: ". 63. Esta Primera Sala ha reconocido a las personas imputadas el derecho de poder acceder a la carpeta de investigación, esto con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. El derecho en mención tiene su sustento en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII y el 117, fracción IV de Código Nacional de Procedimientos Penales. 64. Igualmente, este Alto Tribunal ha reconocido la importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial. Así, se ha destacado que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. 65. Bajo esas circunstancias, con el fin de hacer funcional al sistema, se ha definido que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta en tanto el ministerio público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. 66. No obstante, en la hipótesis en la que una persona concurre al amparo a reclamar la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado, entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. 67. Bajo esas circunstancias, si un juez de amparo recibe una demanda de amparo indirecto con esas características, deberá ser cuidadoso de revisar exhaustivamente el escrito de demanda y sus anexos, esto con el fin de advertir si la acción del quejoso se encuentra justificada a través de un derecho subjetivo, o bien, se trata de una acción que carece de un interés jurídicamente relevante. 68. La interpretación que adopta esta Primera Sala guarda relación con el principio de reserva, con el cual se busca que los registros de la investigación guarden secrecía al público en general, hasta en tanto, se llame a comparecer al probable responsable. 69. Una interpretación diversa, es decir, que cualquier persona pueda acceder a los registros de la investigación sin contar con un interés jurídicamente relevante, implicaría un riesgo patente al éxito de la investigación, pues se perdería el sigilo. 70. En esa lógica, no es pertinente que, en este tipo de casos, se dirima la litis hasta el dictado de la sentencia, pues al remitir los informes y desahogar pruebas, cualquier persona podría conocer los elementos que conforman una carpeta de investigación (nombres de los imputados, víctimas, datos de pruebas, etc.), sin que tuviera relación con la misma." De la citada ejecutoria, se obtiene que el gobernado únicamente tendrá interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo la negativa de acceder a los registros de una carpeta de investigación hasta en tanto el Ministerio Público ejecute un acto de molestia en su contra, los cuales son: a) La detención. b) La citación a comparecer en carácter de imputado. c) Cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Ahora bien, de la copia autenticada de la carpeta de investigación **************, revela que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate al Abigeato y Maltrato Animal Doméstico, no ha emitido en su contra orden de detención, tampoco lo ha citado a comparecer con el carácter de imputado, menos aún ha dictado acto de molestia en contra del quejoso que tienda a recabar su entrevista. Por tanto, no existe evidencia alguna de la cual se desprenda un perjuicio directo o indirecto en la esfera jurídica del quejoso, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, lo cual no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Cabe precisar que, atento al criterio referido y que fue emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que con el fin conservar el sigilo y reserva de los registros, no se citan las actuaciones realizadas por el fiscal responsable, toda vez que ninguna de ellas, encuadra en los supuestos de afectación que fueron por ella precisados para considerar que afectan el interés jurídico del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis que surgió de la ejecutoria citada como base de la presente sentencia, identificada como 1a./J. 95/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, registro digital 2025272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." En consecuencia, al tener el peticionario del amparo únicamente un interés simple en relación con el citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y por tanto lo que procede es sobreseer en este juicio de derechos fundamentales, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En el dictado de la presente resolución cabe la precisión que aquella jurisprudencia que se ha invocado, relativa a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resulta aplicable al presente asunto, aun cuando se haya integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio2 del decreto invocado. Finalmente, se precisa que resulta innecesario el estudio de los alegatos que expuso el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en el pedimento allegado a los autos, ya que no forman parte de la litis en el juicio constitucional3. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículo 73, 74 y 107 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma la Jueza Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, hasta el día de hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa por medio de lista la sentencia de ocho de febrero de dos mil veintitrés, que a la letra dice: "VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 679/2022, promovido por **********, contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en combate al abigeato y maltrato animal doméstico en San Luis Potosí, y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido en esa propia fecha por razón de turno a este juzgado, ************* demandó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: A) AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN LA MESA DE ABIGEATO, EN SAN LUIS POTOSÍ. EJECUTORA: B) El Director General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis. ACTO RECLAMADO De la primer autoridad señalada como responsable, que es la ordenadora; reclamo la existencia de una carpeta de investigación dictada en mi contra sin haber privilegiado el derecho humano al debido proceso ni sus diversas garantías como lo son: la notificación del inicio de una investigación en mi contra; la oportunidad de, en su caso, poder aportar pruebas a mi favor; además de poder ser escuchado por la autoridad previo a la pretensión de privarme de mi libertad y que incluso su determinación pudiese ser combatida por medios ordinarios o extraordinarios de impugnación; además de que, como nunca he sido citado a comparecer ante sede ministerial, siendo de esta forma evidente que, de existir una determinación que tenga como finalidad el de canalizarme a la audiencia inicial detenido -orden de aprehensión-, sin duda alguna esto es resultado de una determinación inconstitucional. De la autoridad señalada como ejecutora, reclamo el acatamiento que al mandato judicial pretende realizar, sin que el mismo haya sido dictado respetando los derechos humanos de las personas, en específico el derecho humano al debido proceso y sus cinco garantías; además de que, su dictado no satisfizo la necesidad extrema de cautela." SEGUNDO. Prevención y desahogo. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo, correspondiéndole el número 679/2022, y se previno a la parte quejosa para que precisara uno de los actos reclamados; quien desahogó tal prevención mediante escrito presentado el tres de noviembre de la anualidad pasada, señalando, en lo que interesa, lo siguiente: "1. Respecto al punto número uno manifiesto que es mi deseo señalar como acto reclamado la negativa de permitirme acceso o consultar la carpeta de investigación ********* TERCERO. Trámite de la demanda de amparo. A través del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. CUARTO. Adscripción de Jueza. El veinte de diciembre de dos mil veintidós, se hizo del conocimiento de las partes en este juicio, que mediante oficio SEADS/958/2022, de dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó la adscripción de la suscrita juzgadora a este órgano constitucional, con efectos a partir del dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Seguidos los trámites, previos diferimientos, el dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, residente en Ciudad Valles, resulta legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Primero, fracción IX, Segundo, fracción IX, y Cuarto, fracción IX, segundo párrafo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuáles son los actos que constituyen la materia de estudio del presente juicio biinstancial. Así, de la lectura del escrito inicial de demanda, del escrito aclaratorio respectivo y restantes constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Al representante social responsable, la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación ***************; así como la orden de aprehensión, detención, citación, comparecencia u orden privativa de libertad librada en su contra. 2. A la Dirección General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis Potosí, la ejecución de lo ordenado por el ministerio público señalado como responsable. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. En primer término, no son ciertos los actos atribuidos al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en combate al abigeato y maltrato animal doméstico en San Luis Potosí, consistentes en la orden de aprehensión, detención, citación, comparecencia u orden privativa de libertad librada contra el quejoso, no obstante que la aludida autoridad fue omisa en hacer algún pronunciamiento al respecto en el informe justificado rendido en autos, dado que de las constancias allegadas por la citada representación social se desprende que no existe ningún mandamiento de esa naturaleza girado contra el agraviado. De igual manera, no son ciertos los actos de ejecución reclamados de la autoridad responsable Director General de Métodos de Investigación del Estado de San Luis Potosí, toda vez que así lo manifestó expresamente al rendir su respectivo informe justificado; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar esa negativa. Por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de acto reclamado. Es cierto el acto que el quejoso atribuye al agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en combate al abigeato y maltrato animal doméstico en San Luis Potosí, consistente en la negativa de permitirle el acceso a la carpeta de investigación **********, en razón de que así lo reconoció al rendir su respectivo informe justificado1. Además, la certeza del acto impugnado se corrobora con las constancias que dicha responsable remitió en vía de justificación, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo anteriormente vigente, por disposición de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por un funcionario público en ejercicio de sus facultades, y que no fueron objetadas por las partes. QUINTO. Causa de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, en primer término, es 1 Tiene aplicación la jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." necesario analizar las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se adviertan actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. Pues bien, en lo relativo al acto reclamado consistente en la negativa de permitirle al quejoso el acceso a la carpeta de investigación ***********, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, párrafos primero y segundo, ambos preceptos de la Ley de Amparo, toda vez que la promoción del presente juicio biinstancial respecto de dicho acto se basa en un interés simple del quejoso, al no existir por el momento algún derecho subjetivo a su favor. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Por su parte, los numerales 61, fracción XII, y 5º, fracción I, primero y segundo párrafos, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)." Los artículos transcritos prevén el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo. De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente. De manera que para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere, por una parte, de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Esto es, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple; esto, sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados. Así, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo, individual o colectivo, cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del ya transcrito artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. Respecto de la integración de la carpeta de investigación y la negativa al imputado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 2/2022, en sesión de uno de junio de dos mil veintidós, en lo que interesa concluyó: ". 63. Esta Primera Sala ha reconocido a las personas imputadas el derecho de poder acceder a la carpeta de investigación, esto con la finalidad de que puedan preparar de mejor forma su defensa. El derecho en mención tiene su sustento en los artículos 20, apartado B, fracciones VI y VII, de la Constitución Federal, 113, fracción VIII y el 117, fracción IV de Código Nacional de Procedimientos Penales. 64. Igualmente, este Alto Tribunal ha reconocido la importancia toral que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial. Así, se ha destacado que el Ministerio Público tiene la facultad de guardar en secrecía los registros de la carpeta de investigación a toda persona, esto con la finalidad de que no se ponga en riesgo el éxito de las indagatorias. 65. Bajo esas circunstancias, con el fin de hacer funcional al sistema, se ha definido que la carpeta de investigación debe conservarse en reserva hasta en tanto el ministerio público no ejecute un acto de molestia concreto en contra de una persona. Dichos actos de molestia pueden ser: a) la detención; b) la citación a comparecer en carácter de imputado; c) cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. En el caso de que se actualice alguno de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación. 66. No obstante, en la hipótesis en la que una persona concurre al amparo a reclamar la negativa y/u omisión de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero no ha sido detenido, llamado a comparecer o cualquier otro acto equivalente de autoridad que genere molestia, y únicamente pretende basar su acción en una referencia de temor o sospecha de ser investigado, entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo indirecto, ello de conformidad con los artículos 5, fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, se justifica en el hecho de que la promoción del amparo se basa a partir de un interés simple, pues no existe en ese momento un derecho subjetivo a favor del quejoso. 67. Bajo esas circunstancias, si un juez de amparo recibe una demanda de amparo indirecto con esas características, deberá ser cuidadoso de revisar exhaustivamente el escrito de demanda y sus anexos, esto con el fin de advertir si la acción del quejoso se encuentra justificada a través de un derecho subjetivo, o bien, se trata de una acción que carece de un interés jurídicamente relevante. 68. La interpretación que adopta esta Primera Sala guarda relación con el principio de reserva, con el cual se busca que los registros de la investigación guarden secrecía al público en general, hasta en tanto, se llame a comparecer al probable responsable. 69. Una interpretación diversa, es decir, que cualquier persona pueda acceder a los registros de la investigación sin contar con un interés jurídicamente relevante, implicaría un riesgo patente al éxito de la investigación, pues se perdería el sigilo. 70. En esa lógica, no es pertinente que, en este tipo de casos, se dirima la litis hasta el dictado de la sentencia, pues al remitir los informes y desahogar pruebas, cualquier persona podría conocer los elementos que conforman una carpeta de investigación (nombres de los imputados, víctimas, datos de pruebas, etc.), sin que tuviera relación con la misma." De la citada ejecutoria, se obtiene que el gobernado únicamente tendrá interés jurídico para reclamar en el juicio de amparo la negativa de acceder a los registros de una carpeta de investigación hasta en tanto el Ministerio Público ejecute un acto de molestia en su contra, los cuales son: a) La detención. b) La citación a comparecer en carácter de imputado. c) Cualquier acto de molestia equivalente encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Ahora bien, de la copia autenticada de la carpeta de investigación **************, revela que el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Combate al Abigeato y Maltrato Animal Doméstico, no ha emitido en su contra orden de detención, tampoco lo ha citado a comparecer con el carácter de imputado, menos aún ha dictado acto de molestia en contra del quejoso que tienda a recabar su entrevista. Por tanto, no existe evidencia alguna de la cual se desprenda un perjuicio directo o indirecto en la esfera jurídica del quejoso, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple, lo cual no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Cabe precisar que, atento al criterio referido y que fue emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que con el fin conservar el sigilo y reserva de los registros, no se citan las actuaciones realizadas por el fiscal responsable, toda vez que ninguna de ellas, encuadra en los supuestos de afectación que fueron por ella precisados para considerar que afectan el interés jurídico del quejoso. Apoya lo expuesto, la tesis que surgió de la ejecutoria citada como base de la presente sentencia, identificada como 1a./J. 95/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Septiembre de 2022, Tomo III, página 2817, registro digital 2025272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. Hechos: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. Justificación: Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto (detención u orden de comparecencia), entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa." En consecuencia, al tener el peticionario del amparo únicamente un interés simple en relación con el citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y por tanto lo que procede es sobreseer en este juicio de derechos fundamentales, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. En el dictado de la presente resolución cabe la precisión que aquella jurisprudencia que se ha invocado, relativa a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resulta aplicable al presente asunto, aun cuando se haya integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio2 del decreto invocado. Finalmente, se precisa que resulta innecesario el estudio de los alegatos que expuso el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en el pedimento allegado a los autos, ya que no forman parte de la litis en el juicio constitucional3. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en lo establecido por los artículo 73, 74 y 107 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma la Jueza Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, hasta el día de hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, ante Germán Cabrera Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe."

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    se celebra audiencia constitucional..

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