Jesús Morales Alvarado y Otros.
Expediente 230/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 1 actuación registrada, la última del 26 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 26/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Morales Alvarado y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA A LOS QUEJOSOS POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Vista la demanda de amparo promovida por ****************************, por derecho propio, contra actos de la Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República y otra, con sede en la capital de esta entidad federativa. Se ordena registrarla en el libro de gobierno respectivo con el consecutivo 230/2019-II. Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que los quejosos acudieron a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo son las siguientes: a.- Agencia Primera Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, con sede en Chihuahua, capital. b.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través del Comandante de la Guarnición Militar de la Quinta Zona Militar, con sede en la capital de esta entidad federativa. IV.- ACTO RECLAMADO: Es el siguiente: Violaciones a mi derecho de poseer armas contenido en el artículo 10 constitucional, así como a mi derecho de propiedad en relación con el debido proceso y garantía de audiencias, así como mi garantía de seguridad jurídica, contenidos en los artículos 14, 16, 21 y 22 constitucionales, pues nunca fui notificado, ni llamado a juicio, ni oído y vencido en juicio, y mucho menos sentenciado por un juez que estime que mis propiedades deban ser confiscadas; y en un segundo acto reclamado, específicamente de la autoridad ejecutora, la determinación sin fundamento de la inminente destrucción de mis posesiones". De lo anterior, es claro que este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en razón de las consideraciones siguientes: La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De dicho numeral se advierten las reglas para fijar la competencia en amparo indirecto de los Jueces de Distrito, a saber: a) en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso en estudio, se advierte que los aquí quejosos fueron puestos a disposición del Fiscal Federal, por el supuesto delito de portación de armas de fuego sin licencia y este los dejó a disposición de la Jueza de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la capital de esta entidad federativa, dando origen a la causa penal 865/2018, en la que el el diez de octubre de dos mil dieciocho, tal juzgador dictó un auto de no vinculación con efectos de sobreseimiento, motivo por el cual el doce de diciembre de ese mismo año, solicitaron la devolución de las armas que se les aseguró, a lo cual no se acordó de conformidad y al acudir a las Quinta Zona Militar para pedir información sobre dichas armas, se les informó que se había ordenado su destrucción por parte del agente del Ministerio Público Federal. Entonces, se concluye que los actos reclamados fueron dictados y se trataron de ejecutar por autoridades con residencia en la capital de esta entidad federativa, por tanto es claro que tiene aplicación la primera de las reglas de competencia establecidas en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta inconcuso que es a un Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la capital de esta entidad federativa, al que corresponde conocer del presente asunto.Por lo anterior, no queda duda que este juzgado de Distrito, por razón de territorio, carece de competencia legal para conocer el juicio de amparo que nos ocupa, justamente, porque los actos reclamados no tienen ejecución en el lugar en el que este tribunal ejerce jurisdicción territorial, en los términos del artículo 37 de la Ley de Amparo. En tal orden de ideas, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia simple del escrito de demanda, remítase el original y sus copias al Juez de Distrito en el Estado con sede en la capital de esta entidad federativa y que por razón de turno corresponda de su conocimiento, a efecto de que determine si acepta o no tal declinatoria, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado calle ************************, en esta localidad. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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