Jesús Molina Zaragoza
Expediente 277/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 26/06/2019
Partes del expediente
- Jesús Molina Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto que sobresee en el juicio fuera de audiencia, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como concluido. Ahora, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de destrucción en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Asesor Jurídico adscrito a la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve [foja 63], remite copias certificadas del oficio SEP.1.0.2-SP/PO/4181/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, del memorándum SEP-4/2.8/08/DP/2315/17 de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como del oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Jesús Molina Zaragoza, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridades responsables: Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de acordar lo conducente respecto a la solicitud realizada mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable, así como de las constancias remitidas mediante el oficio de cuenta, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se acordó la procedente respecto al escrito de la quejosa presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Jesús Molina Zaragoza acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla de acordar su escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Director de Recurso Humanos de la Secretaría de Educación Pública se pronunció respecto a la solicitud del quejoso realizada mediante el escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. En las referidas circunstancia, al haberse dictado el oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que fue acordado lo conducente respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, y cuya omisión se reclama, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Jesús Molina Zaragoza reclamó del Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del dos de julio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Asesor Jurídico adscrito a la Dirección General Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve [foja 63], remite copias certificadas del oficio SEP.1.0.2-SP/PO/4181/2017 de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, del memorándum SEP-4/2.8/08/DP/2315/17 de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, así como del oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. En diverso aspecto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Jesús Molina Zaragoza, ocurre ante esta instancia de control constitucional a reclamar de la autoridad señalada como responsable: Autoridades responsables: Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla. Acto reclamado, el análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que este es: La omisión de acordar lo conducente respecto a la solicitud realizada mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Ahora bien, del informe justificado rendido por la responsable, así como de las constancias remitidas mediante el oficio de cuenta, se desprende que las autoridades responsables señalan que, los actos reclamados por la parte quejosa no son ciertos, en virtud de que por oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, se acordó la procedente respecto al escrito de la quejosa presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, para lo cual remitió copia certificada de tales actuaciones, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto del acto reclamado al Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Establecido lo anterior, resulta importante reiterar que Jesús Molina Zaragoza acude a esta instancia constitucional a inconformarse en contra de la omisión del Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla de acordar su escrito presentado ante la autoridad responsable el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. Así, de las constancias remitidas por la responsable a las cuales se otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el Director de Recurso Humanos de la Secretaría de Educación Pública se pronunció respecto a la solicitud del quejoso realizada mediante el escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete. En las referidas circunstancia, al haberse dictado el oficio SEP-4.2.3-DRH/3224/19, de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el que fue acordado lo conducente respecto a la solicitud hecha por la parte quejosa mediante escrito presentado el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, y cuya omisión se reclama, es dable concluir que cesaron los efectos del retardo de los que se duele el peticionario de amparo, toda vez que los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en la fracción V del artículo 63 íbidem, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, respecto del acto que Jesús Molina Zaragoza reclamó del Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla. En tales condiciones, se deja sin efecto las nueve horas con treinta y un minutos del dos de julio de dos mil diecinueve, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, para que en el término de tres días, envíe copias certificadas de la totalidad de las constancias generadoras del acto reclamado, ya que tales documentales se consideran necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de no proporcionar lo requerido en el término concedido para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 [ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. En las anotadas circunstancias, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, y se señalan en su lugar las nueve horas con treinta y un minutos del dos de julio de dos mil diecinueve. NOTIFÍQUESE.
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