Jesus Moises Zamora Ramirez

Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
500/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Jesus Moises Zamora Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito signado por María Guadalupe Romero Arroyo, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita que se requiera el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar, debiéndose estar a lo acordado en el presente proveído. Atento a lo anterior y visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo emitida en el presente asunte; en este sentido, conviene precisar que los efectos de la concesión de la protección constitucional, son los siguientes: "En este orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que el Gerente General y el Jefe de la Unidad Departamental de Jubilaciones y Pensiones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, cumplan cabalmente con la referida sentencia de trece de julio de dos mil dieciocho y la resolución de queja de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictadas en el juicio de nulidad TJA-III-17107/2017 del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; por lo que se reiteran los efectos del fallo de nulidad: 'En virtud de los anteriores razonamientos, procede declarar la nulidad del oficio número CJP/-09- 0231/2017, de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 100 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, así como también procede que con fundamento en el numeral 102, fracción III, primer y penúltimo párrafo del ordenamiento legal en cita, las enjuiciadas restituyan a la parte actora en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, quedando obligada la autoridad demandada a dejar sin efectos legal (sic) el oficio declarado nulo y a emitir uno debidamente fundado y motivado, en donde se reconozca que el tiempo de servicio del actor, es de quince años siete meses quince días, como se establece en la Hoja de Servicios de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, y derivado de ello, emita Dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios a que tiene derecho el actor, conforme al artículo 27 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federa. Asimismo, la hoy responsable está facultada para requerir tanto al actor como a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México el importe proporcional de las diferencias de cotizaciones que debieron aportar, a razón del 6.5% del suelo básico de cotización en el caso del actor y del 7% de dicho sueldo en el caso de la autoridad, en términos de los artículos 16 y 17 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, por el tiempo que no se cotizó durante el tiempo de servicio del actor. Lo que deberá realizarse en un término que no exceda de QUINCE DÍAS hábiles siguientes a aquél al en que quede firme la presente sentencia.'" Atento a lo anterior, dado que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto de que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Ahora bien, los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo." (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días."(Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Que la finalidad objetiva perseguida por la Ley de Amparo es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido. En relación con lo anterior, los criterios jurisprudenciales emitidos por los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han establecido que el juzgador tiene la obligación de fijar un término prudente y determinado para que se cumpla la sentencia de amparo, para lo cual se debe considerar que el acto que debe realizar la autoridad responsable para cumplir con el fallo protector, no se trata de un asunto ordinario, sino extraordinario al haberse declarado la inconstitucionalidad del acto, por lo que dicha autoridad no debe darle el trato de un asunto ordinario, es decir, no debe someterlo a los mismos trámites administrativos ni los plazos máximos que tiene para ello, sino que se debe efectuar en un menor plazo, pues la parte quejosa ya obtuvo una sentencia ejecutoria que constituye una norma individualizada a su favor y, que por ende, no puede ser condicionada su cumplimiento a los trámites burocráticos de la autoridad regulados por disposiciones administrativas internas ni a las cargas de trabajo de la autoridad. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, y tomando en consideración que el fallo judicial otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se REQUIERE al Gerente General y el Jefe de la Unidad Departamental de Jubilaciones y Pensiones, ambos de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS HÁBILES, contados a partir del momento en que queden legalmente notificados del presente proveído, acrediten ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos precisados. 1. Debe cumplirse la totalidad de lo requerido en la sentencia. 2. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En el entendido de que para dar cumplimiento la autoridad debe emitir un nuevo dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicios debidamente fundado y motivado, en donde se reconozca que el tiempo de servicio del actor, es de quince años siete meses quince días, como se establece en la Hoja de Servicios de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Lo anterior, tomando en consideración lo siguiente: ? La evolución salarial que obra en el oficio número SSP/OM/DGAP/DRPC/SNR/1898/2017 de nueve de mayo de dos mil diecisiete. ? El promedio del sueldo básico, conforme al artículo 27 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal. ? El periodo de pago retroactivo a partir del mes de agosto de dos mil. ? Asimismo, deberá especificar el monto que deberá pagar el actor y la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de manera proporcional, por las diferencias de cotizaciones que debieron aportar a razón del 6.5% del sueldo básico de cotización en el caso del actor y del 7% de dicho sueldo en el caso de la autoridad, en términos de los artículos 16 y 17 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal, por el tiempo que no se cotizó durante el tiempo de servicio del actor. Ahora bien, en caso de incumplimiento con los anteriores puntos sin causa justificada: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Moisés Zamora Ramírez, por propio derecho, contra de actos de la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar; fórmese expediente, y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 500/2022-VII. Con fundamento en el artículo 3, del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Ahora bien, como cuestión preliminar, se debe destacar que la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el sólo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, el concepto de competencia en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, que dispone que nadie puede ser molestado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Asimismo, debe señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos órganos jurisdiccionales han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Como se advierte, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, a fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese tenor, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Tomando en cuenta lo anterior y la doctrina, se puede distinguir los siguientes criterios de competencia: I) Por materia. ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.f9.32 17/01/23 14:24:46 II) Por territorio. III) Por grado. En ese contexto, únicamente se analizará la competencia por grado, la cual se determina aplicable al presente asunto. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, se procede a analizar si se tiene o no competencia legal para conocer de la demanda de amparo de cuenta, a fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 679, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que a la letra dice: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo. (Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, VI, Página: 456) Sentando lo anterior, cabe traer a colación el contenido de los artículos 170 y 34, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." De lo transcrito se desprende que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Así las cosas, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente señala como acto reclamado la emisión del auto de dos de febrero de dos mil veintidós, por el cual se desechó el recurso de reclamación interpuesto por la aquí parte quejosa, en contra del desechamiento de la demanda de nulidad. Lo que hace patente que el acto referido constituye la última resolución dictada en el juicio contencioso administrativo promovido ante la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sin resolver el fondo del asunto puso fin al juicio, ya que, con esa determinación implícitamente quedó firme el desechamiento de la aludida demanda de nulidad. En consecuencia, toda vez que en contra de dicho acto no procede ningún recurso ordinario mediante el cual pueda ser modificado o revocado; se considera que el acto señalado es reclamable ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 Constitucional, en relación con el artículo 170, de la Ley de Amparo. Por lo que, en cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo por razón de grado y ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a efecto de que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en este acuerdo, provea lo conducente. Se solicita al Tribunal Colegiado, que por razón de turno le corresponda conocer de la presente demanda de amparo, se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente informando sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este órgano judicial. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que tengan inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente y con apoyo en la última parte del segundo párrafo del numeral en cita, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona. Se hace del conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que les prohíba a las partes o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; para lo cual deberán de cumplir previamente con los lineamientos establecidos en los artículos 2, fracción VII, 3 y 4, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", relativos a la programación de citas para la consulta del expediente. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. No obstante lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 108 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, aunque las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales distintos del nombre. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

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