Jesús Moctezuma Sánchez

Expediente 205/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
205/2018
Año
2018
Actuaciones
20
Última actuación
13/06/2019

Partes del expediente

  • Jesús Moctezuma Sánchez
  • Jesús Moctezuma Sánchez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de junio de dos mil diecinueve. Glósese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, así como los autos originales del juicio de amparo 205/2018-VI, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida en el amparo en revisión administrativo 60/2019, del índice de dicho tribunal, de cuyos resolutivos se desprende lo siguiente: [.] PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, respecto de los actos reclamados a la Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, consistentes en la citación para los exámenes de evaluación de control de confianza, programados en fecha veintiocho de marzo, dos y tres de abril, todos de dos mil dieciocho. [.] Por lo anterior, se declara que la resolución dictada en el presente juicio HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Acúsese recibo de estilo, agréguese el cuadernillo de antecedentes, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el primer párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA POR ESTAR ORDENADO EN SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 205/2018-VI, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda que dio origen al juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito en la misma data, misma que se radicó bajo el consecutivo 205/2018-VI. En el escrito inicial *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Secretario de Seguridad Pública Municipal y otras autoridades. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda. Asimismo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal correspondiente; De igual forma, mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista al quejoso a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar demanda de amparo respecto al diverso acto reclamado consistente en el proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual el Secretario de Seguridad Pública Municipal, ordenó que se realizara a *******, el proceso de evaluación de confianza y permanencia en esa institución; sin embargo, la parte quejosa no realizó manifestación alguna tendiente a la ampliación del acto reclamado, por lo que, a través de auto de veintisiete de junio del mismo año, se ordenó continuar con la tramitación del presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 108 y 111 de la Ley de Amparo. Ante ello, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, y el trece de julio de dos mil dieciocho, se resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo. Determinación que al ser impugnada por la parte agraviada, fue revocada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito al resolver el amparo en revisión administrativo 233/2018, ordenado la reposición del procedimiento a fin de que se previniera a la parte quejosa para que aclarara los actos reclamados. Atento a lo ordenado por la Superioridad, este juzgado, mediante proveído de siete de diciembre de dos mil dieciocho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, requirió a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, computados legalmente, expresara con precisión el acto que reclamaba; esto es, señalara si reclamaba solo la citación a los exámenes de evaluación de control y confianza, o en su defecto, que le hayan quitado el rango que dice gozaba; así como, disminución del sueldo de acuerdo a la nueva categoría que señala el promotor del juicio de amparo. Lo anterior, bajo apercibimiento, que de no ser exactamente observado dentro del plazo otorgado, contado a partir de su legal notificación, se admitiría la demanda únicamente respecto al acto reclamado consistente en la citación a los exámenes de evaluación de control y confianza. Sin embargo, transcurrió el citado término sin que la parte quejosa realizara manifestación alguna al respecto; por tanto, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto; y se admitió la demanda, únicamente respecto al referido acto reclamado. Una vez hecho lo anterior, previo diferimiento se desahogó la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: La citación de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para comparecer al proceso de evaluación de confianza y permanencia, el veintiocho de marzo, dos y tres de abril de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía. Es aplicable al caso, el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Director de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, al rendir su informe justificado negó el acto que le atribuyó el accionante del amparo, sin que éste haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tal negativa. Por su parte, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, al rendir informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado; sin embargo de las constancias que obran en autos se desprende que la reclamada citación de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para comparecer al proceso de evaluación de confianza y permanencia el veintiocho de marzo, dos y tres de abril de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía, fue elaborada por la Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal; por tanto, se tiene por inexistente el acto reclamado a aquella autoridad. Por lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: -.- IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y -.- Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, aceptó la existencia del acto que le fue atribuido; adjuntando para tal efecto las constancias conducentes. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Causas de Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, por ser una cuestión de orden público, procede a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. Atento a lo anterior, el suscrito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de amparo, mismos que establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De lo anterior se desprende que el artículo 5o., fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo prevé que el quejoso para acudir a esta instancia, deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; y, el artículo 61, fracción XII, de dicha ley dispone que el amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso. Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente, contra los actos que no produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. En el caso, *******, reclama la citación de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para comparecer al proceso de evaluación de confianza y permanencia, el veintiocho de marzo, dos y tres de abril de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía. Al respecto, debe precisarse que los reclamados citatorios, no contienen apercibimiento alguno para el caso de no comparecer ante la responsable. En esas condiciones, los citatorios emitidos por la Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, para comparecer al proceso de evaluación de confianza y permanencia, no causan una afectación real y actual en la esfera jurídica del gobernado, pues constituye solamente una invitación para presentarse a las instalaciones de la Academia Estatal de Policía con la finalidad de realizar la evaluación correspondiente. Robustece lo antes expuesto, en lo conducente, por identidad de razón, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen CXXXII, Tercera Parte, página 136, registro 265155, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. NO LO OTORGA UN SIMPLE CITATORIO PARA EFECTUAR ACLARACIONES. Debe sobreseerse el juicio de garantías cuando el acto reclamado se hace consistir en un citatorio administrativo para hacer saber al quejoso simples anomalías en relación con una licencia administrativa, sin que del citatorio se desprenda imposición de sanción alguna, pues tal llamado no le causa perjuicio ni afecta sus intereses jurídicos; antes bien, por medio del mismo, se da al quejoso la oportunidad de ser oído. Ahora, no pasa inadvertido para el suscrito que mediante proveído de veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, ordenó que se realizara a *******, el proceso de evaluación de confianza y permanencia en esa institución; sin embargo, la parte quejosa no reclamó dicho auto, no obstante que se le dio la oportunidad de ampliar la demanda de amparo respecto al mencionado acto de autoridad. Además, en ese sentido, ha sido criterio reiterado de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que el proceso de evaluación de control de confianza realizado a un elemento de seguridad pública, por sí mismo, no afecta su esfera de derechos. Apoya lo antes expuesto, en lo conducente, la tesis III.5o.A.55 A (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página: 2239, cuyo tenor literal es el siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA REALIZADO A UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. LO TIENE ÉSTE SI RESULTÓ "NO APROBADO" Y, POR ELLO, SE AFECTARON LOS DERECHOS O PRESTACIONES QUE DISFRUTABA, AUN CUANDO NO SE TRATE DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En ese sentido, ha sido criterio reiterado de los tribunales del Poder Judicial de la Federación que el proceso de evaluación de control de confianza realizado a un elemento de seguridad pública, por sí mismo, no afecta su esfera de derechos; sin embargo, vinculado al resultado "no aprobado" y a la materialización de un acto que, en vía de consecuencia, afecte los derechos o prestaciones que disfrutaba hasta antes de la aplicación de la evaluación y su ulterior resultado, se actualizan tres elementos, de cuyo estudio concatenado se concluye que asiste interés jurídico al elemento evaluado para interponer el juicio de amparo indirecto, toda vez que se trata de actos que irrumpen en su esfera jurídica como servidor público en "activo", aun cuando no se trate del procedimiento administrativo de separación del cargo. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el diverso numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto al acto reclamado a la responsable Jefa de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 205/2018-VI, promovido por *******, respecto del acto y autoridades precisados en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA CONSTANCIA DEL ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE:EL QUEJOSO NO HZO MANIFESTACION EN EL TERMINO CONCEDICO, SE HACE EFECTIVO EL PAERCIBIMIENTO Y SE ADMITE A TRAMITE LA DEMANDA DE AMPARO UNICAMENTE RESPECTO AL ATO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA CITACION A LOS EXAMENES DE CONTROL Y CONFIANZA, SE SEÑALAN LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE PARA QUE TENGA VERIFICATIVO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante proveído de siete del mes y año en curso, se previno al quejoso ******************, a efecto de que dentro del plazo de cinco días, expresara con precisión el acto que reclama; esto es, señalara si reclamaba solo la citación a los exámenes de evaluación de control y confianza, o en su defecto, que le hubieren quitado el rango que dice gozaba; así como, la disminución del sueldo de acuerdo a la nueva categoría que señaló. Asimismo, de la certificación de cuenta se desprende que el quejoso no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda, únicamente, respecto al acto reclamado consistente en la citación a los exámenes de evaluación de control y confianza. Ahora, toda vez que mediante proveído de veintisiete de marzo del año en curso, se ordenó aperturar el incidente solicitado, deviene innecesario proveer de nueva cuenta al respecto. Con fundamento en el artículo 115 de la ley en cita, se señalan las nueve horas con treinta minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Sin que sea necesario requerir su informe a las autoridades responsables, en virtud de que el mismo consta en autos. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la licenciada *******************, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil dieciocho, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************************. Doy fe.

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