Jesus Miguel Serrano Gonzalez

Expediente 1836/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1836/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
04/11/2022

Partes del expediente

  • Jesus Miguel Serrano Gonzalez
  • Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración En Reynosa, Tamaulipas

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vistos los autos de este juicio de amparo, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este expediente se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Por último, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracciones V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse este juicio de amparo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1836/2022-1-M, promovido por Jesús Miguel Serrano González, respecto de los actos reclamados, autoridad responsable y por los motivos anotados en los considerandos segundo a cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, levantada por la Actuaria Judicial adscrita el veinticinco de agosto del año en curso, se advierte que Jesús Miguel Serrano González, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor, contra actos del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y otras, con sede en esta ciudad; por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la citada demanda de garantías. Dése a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, toda vez que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se otorgó la suspensión de oficio de los actos reclamados. Para la celebración de la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con cinco minutos del diez de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al en que reciban la notificación del presente proveído. De conformidad en el numeral 210-A, del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir su informe de ley vía fax al número telefónico 01 (8999 263074), de este juzgado y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir los actos combatidos en esta vía constitucional. En esa medida, indíquese a las responsables que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo, si informan lo peticionado por correo electrónico oficial, resultará innecesario que lo hagan también vía fax. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial, para garantizar a las partes el derecho a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Por otro lado, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir lo anterior se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo, y numerales primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dada la naturaleza del acto reclamado en este asunto no existe tercero interesado. Ahora bien, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el Virus Covid-19, para mejor comunicación, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Arturo Omar Gamboa Barrera, a favor de Jesús Miguel Serrano González, de nacionalidad salvadoreña, contra actos del Delegado Local de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1836/2022-1-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso se encuentra en la Estación Migratoria de la Oficina de Representación en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y como actos reclamados la privación ilegal de la libertad, incomunicación, emisión e intento de ejecución de orden de deportación, expulsión o retorno asistido o voluntario, y omisión de la obligación de garantizar el derecho a la defensa efectiva, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Atento a ello, resulta oportuno señalar que de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo, tal prerrogativa está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. En el caso, según lo expuesto por el promovente, el quejoso se encuentra interno en territorio mexicano y la restricción a la libertad se traduce en un alojamiento realizado por la autoridad migratoria. Y aunque lo anterior no implica que el quejoso directo en su calidad de extranjero (que goza de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los Tratados Internacionales), se ubique en una situación de vulnerabilidad, pues no se advierte esta circunstancia, aunado a que se encuentra en defensa de sus derechos a través de abogado particular. Ahora bien, este órgano de control constitucional no soslaya lo que prevé el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en septiembre de 2013, que esencialmente refieren: ". A) Reglas de Actuación para Atender a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional en Detención 1. Excepcionalidad de la detención 2. Proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la privación de la libertad 3. Verificación de las condiciones de la detención 4. Utilización de medidas cautelares en los procedimientos migratorios fuera de la estación migratoria" Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la Ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además, que la propia Ley establece que la situación migratoria irregular, en ningún caso, configura por sí misma, la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado Mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano de los actos reclamados, para el efecto de que las autoridades responsables Delegado y Subdelegado Local de la Oficina de Representación, y Director de la Estación Migratoria, todos del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad, de no existir causa legal diversa que lo impida, no ejecute en agravio del quejoso la privación ilegal de la libertad, emisión e intento de ejecución de orden de deportación, expulsión o retorno asistido o voluntario, omisión de la obligación de garantizar el derecho a la defensa efectiva, y cesen los actos de incomunicación; asimismo, instruya la inmediata libertad de Jesús Miguel Serrano González, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, siempre y cuando satisfaga los supuestos para tal medida ante la autoridad migratoria, mismos que enseguida se disponen: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá y no se ausentará sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerido para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Requisitos que deberán ser satisfechos ante la autoridad responsable quien cuenta con jurisdicción para proceder en la forma indicada. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 3551, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materias Común y Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2016412, del rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Ello no implica que el quejoso pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; luego, la medida cautelar únicamente permite al agraviado circular en esta localidad. Sin que se le requiera garantía alguna, dada su calidad migratoria. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si el quejoso no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenido por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. En la inteligencia que para el sentido de este auto se toma en consideración el contenido de la resolución emitida en sesión de diez de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de queja 9/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se abordó similar supuesto jurídico, mismo que se invoca como hecho notorio y por tratarse de decisión emitida por un órgano revisor de los fallos de este Juzgado. Si la privación de libertad del quejoso no obedeció a la comisión de flagrante delito, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de la Materia, se decreta la suspensión de plano en favor de Jesús Miguel Serrano González, para el efecto de que sea puesto en inmediata libertad. Y en caso de existir flagrancia o urgencia respecto de su detención, el efecto de la suspensión decretada será para que la misma no exceda de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que el justiciable fue puesto a su disposición, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerlo a disposición de las autoridades competentes; en la hipótesis de que la detención no esté ordenada por las autoridades competentes, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, las autoridades responsables deberán ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas, precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, las autoridades responsables deberán informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que hayan dado o estén dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 899-926-51-63, de lo contrario, se les requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíeseles copia simple de la demanda a las mismas. En ese tenor, mediante oficio que se gire a las autoridades responsables, por conducto de uno de los Actuarios adscritos, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. En el entendido que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse los mismos, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo, además, hacer del conocimiento del quejoso, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. Sobre el tema, se estima aplicable la jurisprudencia P./J. 80/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 170578, del título: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN." Se comisiona a uno los Actuarios adscritos para que se constituya en la Estación Migratoria de la Oficina de Representación en Reynosa, Tamaulipas del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, o en lugar diverso destinado por esa dependencia como albergue de extranjeros, con el propósito de que verifique si en alguno de esos sitios permanece Jesús Miguel Serrano González; de ser así, le notifique personalmente el presente proveído y certifique el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado, en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptará, en el supuesto de que el directo quejoso no sea localizado como recluido o albergado en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que el quejoso hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a las señaladas como responsables, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; asimismo, deberá requerirlo para que manifieste si es su deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición en su caso, se encuentre; asimismo, de ser ese supuesto, procédase a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Se instruye a uno de los Actuarios Judiciales adscritos, para que a fin de realizar la notificación respectiva, y en caso de que el quejoso no entienda el idioma español, se auxilie de algún intérprete a efecto de que el mismo entienda y comprenda lo que se le está haciendo de su conocimiento. En cuanto a lo principal, se reserva fijar hora y fecha para el verificativo de la audiencia constitucional y pedir informe justificado a las autoridades responsables, asimismo, respecto a la apertura del incidente de suspensión solicitado, hasta que la demanda de mérito sea ratificada. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene al promovente que, en el supuesto que el directo quejoso no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedor, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Como lo solicita el promovente, se tiene como domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, así como autorizado en los términos que señala, a los citados en la demanda de amparo. A fin de conformar la litis de manera pronta y dar seguridad jurídica a las partes en este asunto, instrúyase a los Actuarios de la adscripción a fin de que al momento de llevar a cabo la notificación a las autoridades señaladas como responsables, mediante el oficio que se gire, deberá verificar si la denominación con que fue señalada es la correcta, de lo contrario, indagar cuál es ésta, debiendo asentar dicha circunstancia en la razón actuarial que para tal efecto se levante, incluso deberá recabar el nombre del funcionario que, de ser el caso, se niegue a recibir el comunicado relativo, ello con la finalidad de dar vista a la parte quejosa y no dejarla en estado de indefensión. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado a firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento al Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a las autoridades señaladas como responsables para su inmediato cumplimiento, y personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Luz Soledad Zamudio Rangel, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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