Jesus Miguel Serna Verdin

Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
448/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Jesus Miguel Serna Verdin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    ...Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de cinco de marzo del año en curso, para que manifestara lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo informado por la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el diez de noviembre de dos mil veinte, se concedió la protección federal al quejoso a efecto de que la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente ******************** única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia y, 2. Dicte otra en su lugar, donde purgue los vicios formales destacados en esta sentencia, y resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda" En consecuencia, en acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por misivas registradas con los progresivos 8937/2020 y 8940/2020, el primero recibido vía correo electrónico, de idéntico contenido e igual anexo, la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Pénjamo, Guanajuato, manifestó que el quince de diciembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, dictó otro en su lugar, donde purgó los vicios formales destacados en la sentencia, pues fijó la pensión alimenticia que debía cubrir el aquí quejoso observando los lineamientos establecidos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y resolvió con libertad de jurisdicción lo que en derecho correspondió respecto a la medida precautoria promovida en el juicio de origen; misivas que fueron notificadas a la parte quejosa el cinco de marzo de dos mil veintiuno, adjuntando copia de los oficios de referencia. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: Toda vez que la parte quejosa presentó su demanda en línea y los documentos anexos, en versión digitalizada, no existen documentos para devolver, por lo que serán destruibles. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15 interpretado en sentido contrario, 18, fracción I, inciso b) 20 párrafo primero, fracción II, inciso a) y 21, párrafo primero, inciso c) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo de los oficios que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  2. Principal

    (05/03/2021) ESTADO PROCESAL Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre 1, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita2, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19",3 se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: SE ACUERDAN PROMOCIONES Ténganse por recibidos los oficios registrados con los folios 8937/2020 y 8940/2020, el primero recibido vía correo electrónico, de idéntico contenido e igual anexo, remitidos por la Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Pénjamo, Guanajuato, mediante los cuales cumple con el requerimiento que le fue realizado en proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, y al efecto exhibe copia certificada del proveído emitido el quince de diciembre de dos mil veinte. En tales condiciones, se ordena dar vista a la parte quejosa con copia autorizada de los oficios que se reciben y de las constancias remitidas por la autoridad responsable descritas en el párrafo que antecede; para que dentro del término de tres días...

  3. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la legislación de la materia, contra la sentencia definitiva que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. Lo anterior, con la precisión que, no obstante que el sistema denominado "Sise" generó la constancia de que la notificación de dicha resolución se tuvo por hecha el dieciséis de noviembre de dos mil veinte, ésta corresponde a un día inhábil en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; razón por la cual se tiene por hecha al día hábil siguiente, es decir, el diecisiete de noviembre del año en curso. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente ********************, única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia y, 2. Dicte otra en su lugar, donde purgue los vicios formales destacados en esta sentencia, y resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda". En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la mencionada autoridad responsable, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien días de Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia de Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, devuélvase al Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Pénjamo, Guanajuato, la copia certificada del expediente ******************** en un tomo. Finalmente, se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    10/11/2020 ...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que acompañó en apoyo a su informe de ley, las cuales consisten en copias certificadas del juicio oral ordinario ******************** en un tomo, a la que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los antecedentes del acto reclamado, en los siguientes términos: Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes Común Civil del Partido Judicial de Pénjamo, ******************** por conducto de su apoderada legal ******************** demandó en la vía oral ordinaria, a ********************, por la disolución del vínculo matrimonial y la convivencia con su menor hija******************** El veintiséis de junio siguiente, la Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar de dicha municipalidad, registró dicho libelo bajo el número ******************** dio el trámite de ley, y ordenó emplazar a la indicada ******************** Posterior, el nueve de julio, la demandada dio contestación a tal escrito; señaló excepciones y defensas, y reconvino a ******************** por la pensión alimenticia a favor de la hija que procrearon. En esa misma fecha, la juez responsable requirió a la tercera interesada, a efecto de que precisara la vía por la cual deseaba encausar su reconvención, entre otras cuestiones. Lo anterior se cumplimentó el catorce de julio siguiente. Así, el quince de julio del año que transcurre, se emitió el acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación esgrimidos, por no exigirlo el artículo 74 de la legislación aplicable. En su primer motivo de disenso, la parte quejosa aduce, esencialmente, que en la resolución reclamada no se aplicó exactamente la ley, puesto que el pago de pensión provisional, se efectuó con base en el salario mínimo vigente en la entidad, no así en la unidad de medida y actuación (UMA), como lo dispone el numeral 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato. Y en el restante, la parte quejosa señala, que el acto reclamado no está debidamente fundado y motivado, pues en términos del artículo 365 del Código Civil para esta entidad federativa, los alimentos deben proporcionarse atendiendo al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades del deudor. Bajo esa línea, dice, si la tercera interesada manifestó en el juicio de origen que trabaja, y que la menor tiene como gastos semanales ******************** lo cual al mes arroja la suma ******************** aunado a que la obligación de otorgar alimentos corresponde a ambos progenitores, entonces cada uno de ellos debería proporcionar ******************** mensuales. Son sustancialmente fundados los sintetizados motivos de disenso. Como cuestión inicial, conviene precisar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, último párrafo, prevé el principio de exacta aplicación de la ley, el cual impone al juzgador -en los juicios del orden civil-, emitir sus resoluciones conforme a la letra o a la interpretación de la ley, y a falta de ésta, en los principios generales del derecho. Por su parte, del artículo 16, párrafo primero, constitucional, se advierte, que en todo acto de autoridad se debe expresar el fundamento y la motivación de la causa legal del procedimiento, entendida ésta como la actuación concreta de dicha autoridad. La fundamentación, al tratarse de actos de autoridad con efectos concretos, determinados y particulares, consiste en que en el mandamiento escrito se deben citar tanto la ley, como los artículos específicos de ésta, que la autoridad estime aplicables al hecho o caso correspondiente. Mientras que la motivación, se refiere a razonamientos que debe exponer la autoridad en el texto del acto relativo, con base en el cual llegó a la conclusión de que los motivos o circunstancias inmediatas que se tengan en cuenta sean ciertas y actualice el supuesto o hipótesis normativa que se cite, por lo que debe existir adecuación entre ambos requisitos. En el caso, como se anticipó, los conceptos de violación resultan sustancialmente fundados, pues la juez responsable, en la resolución reclamada, impuso al quejoso el pago por concepto de alimentos provisionales, en favor de su menor hija******************** la cantidad mensual de ******************** empero, dicha suma no la calculó de conformidad con el numeral 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual dispone en su párrafo cuarto, que para fijar la pensión provisional en los casos en que el deudor alimentario trabaje por su cuenta o tenga un negocio propio y no se tenga información de sus ingresos como se desprende de las constancias remitidas por la responsable, por lo menos otorgará una unidad de medida y actualización diaria, correspondiente a la actividad del deudor. No obstante, la juez primaria fijó la cantidad con base en el salario mínimo vigente en el estado, y en su apoyo, citó el rubro de una jurisprudencia cuya aplicación no es obligatoria para esta entidad, en términos del arábigo 217 de la Ley de Amparo, al provenir de un órgano colegiado con sede en la Ciudad de México, que además, se contrapone a la legislación estatal, sin que ésta haya sido objeto de estudio en ese criterio. De ahí que hubo una inexacta aplicación de la ley. Por otro lado, del auto combatido se desprende que la juzgadora responsable fue omisa en apreciar, al fijar el monto de pensión alimenticia, las manifestaciones de la tercera interesada, en el sentido de que trabaja en una dulcería y que los gastos de su menor hija ascienden a la cantidad semanal de ******************** En esa tesitura, para fijar la pensión alimenticia provisional combatida, la juez responsable debía tomar en cuenta todos los datos que tuviera a su alcance al momento de emitir la determinación correspondiente, como son tanto los derivados de la demanda inicial del aquí quejoso, como la contestación y reconvención de la tercera interesada, para así estar en posibilidad de fijar la cantidad por dicho concepto, de tal forma que los alimentos que reciba la acreedora sean los necesarios para subsistir, y que el deudor los pueda cubrir, en observancia al interés superior de la infante. Pero al no haberlo hecho así, incumplió con la garantía de fundamentación y motivación que toda resolución debe contener. En consecuencia, procede otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que a continuación se precisarán. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo (vicios de forma) Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe señalarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede precisar que la protección constitucional concedida a ******************** es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Pénjamo, Guanajuato: 1. Deje insubsistente el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, dictado en el expediente ******************** única y exclusivamente en la parte conducente a la determinación provisional de pensión alimenticia y, 2. Dicte otra en su lugar, donde purgue los vicios formales destacados en esta sentencia, y resuelva con libertad de jurisdicción lo que en derecho corresponda. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ******************** por conducto de su apoderada legal, contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo y para los efectos precisados en el séptimo subsecuente de la presente resolución...

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