JESÚS MIGUEL RUIZ ROBLEDO y Otros.
Expediente 871/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 871/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 23/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- JESÚS MIGUEL RUIZ ROBLEDO y Otros.
- Renato Ruiz Robledo
- Jesús Miguel Ruiz Robledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ROBERTO MORÚA CORREA Y CARLOS ROBERTO MORÚA GALVÁN, EL AUTO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022, EN CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Fenece término para promover inconformidad. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que ya transcurrió el término previsto por el artículo 202 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes recurrieran el proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina depurar la presente pieza de actuaciones, así como el original del incidente de suspensión, se ordena destruir el duplicado del incidente de suspensión, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Se previene a las partes para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acudan ante este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo en el término indicado, en su momento dichas documentales tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a las partes que si requieren comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha disponibles; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ROBERTO MORÚA CORREA Y CARLOS ROBERTO MORÚA GALVÁN, EL AUTO DE 18 DE AGOSTO DE 2022, EN CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. V I S T O el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, del que se advierte que el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el presente asunto, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable, magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, realizara lo siguiente: "a) Dejar insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 80/2021-O, de su índice, únicamente respecto de los tópicos aquí abordados (como enseguida se detallará). b) Dicte otra en su lugar, en la que deje de considerar que no es factible la reclasificación del delito de lesiones cometido en agravio de Jesús Miguel Ruiz Robledo, por el de homicidio en grado de tentativa; por lo que para tal efecto deberá emprender un ejercicio de valoración igual al realizado por lo que respecta al ilícito cometido en perjuicio de Renato Ruiz Robledo, que conllevó a su reclasificación. c) Asimismo, deberá purgar los vicios formales destacados en esta sentencia por lo que hace a la probable participación de Carlos Roberto Morúa Galván, y con base en ello, resuelva con libertad de jurisdicción lo que conforme a derecho estime procedente respecto de la vinculación a proceso." Posteriormente, en auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, se declaró ejecutoriada la sentencia de mérito y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento respectivo. Luego, mediante oficio recibido el ocho de julio pasado, la magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, para lo cual acompañó las constancias respectivas, de lo cual se ordenó dar vista a las partes en proveído de doce de julio del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera; tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, así como a los terceros interesados Roberto Morúa Correa y Carlos Roberto Morúa Galván, el trece de julio pasado, al defensor público de los terceros interesados Roberto Morúa Correa y Carlos Roberto Morúa Galván, el doce de julio del año en curso, mientras que a los diversos terceros interesados agente del Ministerio Público adscrito a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato y María Victoria Serrato Frías (acusadora en el juicio de origen, en su carácter de agente del Ministerio Público en San Felipe, Guanajuato), el dieciocho y veinte de julio pasado, según se desprende de las notificaciones que obran en autos. El defensor público estatal, Marco Eduardo Padilla Martínez, en representación de los terceros interesados Roberto Morúa Correa y Carlos Roberto Morúa Galván realizó manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en tanto que las demás partes fueron omisas en efectuar manifestación alguna, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgado Federal procederá a resolver si la sentencia dictada en el presente juicio se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o si hay imposibilidad para cumplirla. En principio, se considera necesario hacer las siguientes precisiones. El defecto en el cumplimiento de una ejecutoria se actualiza cuando la autoridad responsable deja de hacer algo o de cumplir en su integridad lo ordenado en la resolución de cuya ejecución se trata; mientras que el exceso se verifica cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional. Del mismo modo, se estima cumplida una sentencia de amparo, cuando la responsable acata todos y cada uno de los aspectos definidos en el juicio de amparo como violatorios de derechos fundamentales. Ahora bien, de la documental remitida por la autoridad responsable, magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, la que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tiene pleno valor probatorio, se advierte que emitió la determinación de uno de julio de dos mil veintidós, en la que dejó insubsistente la resolución materia de la protección constitucional, emitida el cinco de octubre de dos mil veintiuno, y procedió a dictar otra en la que dejó de considerar que no es factible la reclasificación del delito de lesiones, ya que si bien el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, como lo establece el artículo 21, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello no implica que el juez y las demás partes deban ajustarse a la calificación jurídica que de los hechos aquél propone, tan es así que el artículo 316, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al juez de Control para otorgar una clasificación distinta a los hechos materia de imputación, procediendo a realizar un ejercicio de valoración igual al realizado por lo que respecta al ilícito cometido en perjuicio de Renato Ruiz Robledo, que conllevó a su reclasificación, para concluir que los actos realizados estaban inequívocamente dirigidos a privar de la vida a Jesús Miguel Ruiz Robledo, al haber antecedido a las acciones el anuncio en ese sentido, esto es, que lo privarían de la vida, externando de ese modo su pretensión, para posteriormente propinarle puntapiés en la cabeza, que constituye una región de vital importancia, a través de la cual es dable generar afectación de trascendencia para la vida, las cuales constituyen acciones suficientes para demostrar que aquél era el fin que perseguían, derivado de lo cual procedió a dictar auto de vinculación a proceso, con todos sus efectos legales, únicamente en contra de Roberto Morúa Correa por su probable intervención a título de coautor en la comisión del hecho previsto en ley como delitos de tentativa de homicidio, cometidos en agravio de Renato Ruiz Robledo y Jesús Miguel Ruiz Robledo; por su parte, respecto a la participación de Carlos Roberto Morúa Galván procedió a determinar que no hubo ninguna información trascendente al juicio acerca de que hubiese realizado alguna aportación adecuada y esencial a la ejecución del hecho, esto es, que hubiese contribuido con su actuación a la de Roberto Morúa Correa y Gustavo Adolfo Morúa Galván, complementando la de éstos, ya que solo se estableció que llegó al lugar de los hechos con Gustavo y otros dos menores de edad, es decir, que se hizo presente en ese sitio, lo que por sí solo no constituye una contribución que pueda estimarse como un eslabón indispensable de todo el acontecer delictivo, por lo que en ejercicio de la facultad para reclasificar los hechos de la imputación, sostuvo que los hechos desplegados en contra de ambos ofendidos se encuentran previstos en ley como delitos de tentativa de homicidio, resultando los datos de prueba suficientes y eficaces para establecer la probable intervención de Roberto Morúa Correa en su comisión, no así la de Carlos Roberto Morúa Galván. Después de analizar la sentencia protectora en este proceso constitucional, se observa que sus efectos jurídicos fueron cumplidos por la autoridad responsable, de tal suerte que con ese proceder la responsable acató el núcleo esencial del fallo protector. Del mismo modo, se aprecia que no incurrió en defecto, puesto que no omitió dar cumplimiento a alguna parte de la sentencia amparadora, sino que observó todos los aspectos sobre los que se concedió el amparo; como tampoco se extralimitó en sus funciones (exceso), sino que su proceder se ajustó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de mérito, restituyendo a la parte quejosa de su derecho fundamental violado. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo en su totalidad; ordenándose hacer del conocimiento de las partes este proveído, para los efectos de los numerales 201 y 202 de la ley de la materia y una vez transcurrido el plazo legal de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, sin manifestación al respecto, procédase a determinar lo conducente en relación al caso particular. Para emitir la presente determinación, se tienen en cuenta las aseveraciones vertidas por el defensor público estatal de los terceros interesados Roberto Morúa Correa y Carlos Roberto Morúa Galván, en el sentido de que se debe ordenar a la autoridad responsable que reponga y deje sin efectos la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por encontrarse pendiente de resolver el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 870/2021 del índice de este Juzgado Federal, en la que se negó el amparo a los quejosos Roberto Morúa Correa y Carlos Roberto Morúa Galván, por existir la posibilidad de que dicho recurso se resuelva en favor de los impetrantes; sin embargo, lo cierto es que lo anterior en modo alguno impide que se dé cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, al ser su acatamiento una cuestión de orden público que no es factible suspender por una mera expectativa de derecho, teniendo en todo caso expedito su derecho para hacer valer lo que estime procedente, de obtener una resolución favorable a sus intereses en el referido recurso de revisión. Finalmente, dígasele a la autoridades responsables y a las demás partes de este juicio constitucional que, transcurrido el plazo legal para intentar el recurso de inconformidad en contra de la presente calificación de cumplimiento, de no recibir notificación formal por parte de este tribunal, deberá presumirse que no se promovió el medio de impugnación aludido y que por esa razón la determinación asumida en este proveído adquirió firmeza, sin necesidad de comunicación oficial al respecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Parte tercera interesada desahoga vista y realiza manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito signado por Marco Eduardo Padilla Martínez, defensor público y/o asesor jurídico de los terceros interesados Roberto Morúa Correa y Carlos Roberto Morúa Galván, y en atención a su contenido, téngasele por desahogada la vista otorgada en proveído de doce de julio pasado, así como por hechas las manifestaciones que refiere en su ocurso, mismas que serán tomadas en consideración al emitir la calificación de cumplimiento respectiva.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS ROBERTO MORÚA CORREA Y CARLOS ROBERTO MORÚA GALVÁN, EL AUTO DE 12 DE JULIO DE 2022, EN CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a doce de julio de dos mil veintidós. I. Se recibe acuse de recibo e informe de cumplimiento de sentencia. Agréguense a los autos el oficio y anexo remitidos por la magistrada de la Décima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital del mismo nombre, mediante los cuales acusa recibo del oficio 13093/2022, del índice de este juzgado Federal, e informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente expediente, para lo cual remite la documental respectiva. II. Vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes por el término de tres días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer uso de ese derecho, en su oportunidad este juzgado acordará lo que en derecho proceda. Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.
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