Jesús Miguel Rodríguez Arambula

Expediente 1560/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1560/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • Jesús Miguel Rodríguez Arambula

Actuaciones

  1. Principal

    I. Estado de autos. De autos se advierte que mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se recibió la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado que confirmó la sentencia dictada por este Juzgado, causando ejecutoria, se ordenó archivar el expediente como concluido y se valoró su destino en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito. II. Hecho notorio. Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para el suscrito juzgador que el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en internet, el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual en sus transitorios primero, cuarto y quinto, se dispuso lo siguiente. "PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. [.] CUARTO. Los expedientes valorados con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo, serán resguardados, depurados o destruidos conforme a las disposiciones aplicables al momento de su valoración documental. QUINTO. Los expedientes que sean valorados con posterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo serán depurados y, en su caso, resguardados o destruidos, de conformidad con las reglas establecidas en éste" III. Regulariza procedimiento. En atención a lo expuesto, toda vez que el presente amparo se valoró con el mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, debiendo ser lo correcto con el diverso citado en párrafos que anteceden, al haberse ordenado su archivo con posterioridad a su entrada en vigor, con fundamento en lo establecido por el precepto 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se regulariza el procedimiento, a efecto de evaluarse de la siguiente manera. IV. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual.

  2. Principal

    para que surta sus efectos legales, agréguese el oficio 3419/2020 y anexos que remite el actuario Judicial adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito en el Estado, mediante el cual acompaña copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 36/2020 de su índice, asimismo remite los autos originales y anexos del juicio de amparo indirecto 1560/2019, promovido por ****, contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades; háganse las anotaciones correspondientes; comuníquese en lo conducente a la autoridad responsable, mediante la cual se determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia revisada.- SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, contra los actos de ejecución que reprochó al Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango y al Recaudador de Rentas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango (salvo el identificado como "recaudación"), así como contra los numerales 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 bis y 52, fracciones II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, IXX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII y XLIV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que reclamó del Congreso del Estado de Durango, Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango y Recaudador de Rentas del Gobierno del Estado de Durango.- TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jesús Miguel Rodríguez Arámbula, contra los actos legislativos y de aplicación (el identificado como "recaudación") del artículo 52, fracciones I y IV, de la Ley de Hacienda del Estado de Durango, que reclamó al Congreso del Estado de Durango, al Gobernador Constitucional del Estado de Durango, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango y Recaudador de Rentas del Gobierno del Estado de Durango.- Notifíquese." Acúsese el recibo correspondiente. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Este expediente es susceptible de depuraciónen su oportunidad procédase a su destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo 3º. de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo será firmado mediante el certificado digital de firma electrónica, dejando evidencia criptográfica; así como las subsecuentes determinaciones.

  3. Principal

    Con fundamento en los artículos 2º., 33, fracción IV, 35, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del juicio de garantías, se admite la demanda de amparo promovida contra actos del Congreso del Estado de Durango y otras autoridades. Sin tramitarse incidente de suspensión respectivo, toda vez que no fue solicitado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables sus informes con justificación que rendirán dentro del término de quince días; se señalan las once horas del veinte de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Con el mismo fundamento, requiérase a las autoridades responsables, para que al rendir sus informes con justificación, remitan a este Juzgado copia certificada legible de las constancias de las que deriva el acto reclamado, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente a cien días de salario mínimo (Unidad de Medida y Actualización), con fundamento en el artículo 260, fracción II de la Ley de Amparo. Con las pruebas documentales que ofrece el quejoso, hágase relación el día y hora de la audiencia constitucional. Con fundamento en los artículos 26, fracción II, 28, 29 y 30 de la Ley de Amparo, se hace saber a las autoridades responsables, que los subsecuentes proveídos de mero trámite o poca importancia, lo que incluye, por regla general, cualquier diferimiento de la audiencia constitucional, no les serán notificados por oficio, sino por lista, la cual pueden consultar en la página web oficial del Consejo de la Judicatura Federal, con la liga http://www.dgepj.cjf.gob.mx Con fundamento en el artículo 26 fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, gírese oficio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a fin de que tenga conocimiento de la interposición del presente juicio de amparo, y de los diversos acuerdos que se dicten en este procedimiento. Finalmente, comuníquese a las partes que el contenido de las resoluciones que

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