Jesús Miguel Pérez Velasco
Expediente 798/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 28/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jesús Miguel Pérez Velasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación; se tiene que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de trece de los actuales, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, procede realizar el análisis y pronunciamiento correspondiente en términos del segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, con base en los elementos que obran en el expediente. ANTECEDENTES Por sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a Jesús Miguel Pérez Velasco, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. El seis de septiembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió a la responsable el cumplimiento de la misma. Mediante oficio recibido el once de octubre de dos mil veintiuno, la responsable remitió copia certificada del proveído de ocho del precitado mes, dictado en el expediente 1197/2020 de su índice, relacionado con el cumplimiento al fallo protector. Documento al que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR En la ejecutoria de amparo se otorgó la protección de la justicia federal al quejoso para que la autoridad responsable: Dejara insubsistente el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las trece horas del diez de noviembre del mismo año, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 1197/2020 de su índice; En su lugar, emitiera otro en el que fijara hora y fecha próxima para que llevara a cabo la referida audiencia, observando el término que para ello prevé el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo. De la constancia remitida por la responsable, se obtiene que en proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral precitado, dejó sin efectos la determinación de trece de noviembre del año en curso, y señaló las doce horas del veintidós de los actuales, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Asimismo, se advierte que en acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veintiuno, aclaró que el proveído que se dejaba insubsistente es el de veintiuno de abril del referido año, y no el de trece de noviembre siguiente. CONCLUSIÓN En las relatadas circunstancias, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la ejecutoria de amparo dictada en este juicio, HA QUEDADO CUMPLIDA sin exceso ni defecto. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Finalmente, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído de ocho de los actuales, dictado en el expediente laboral 1197/2020 de su índice, del que se obtiene que dejó insubsistente el acuerdo de veintiuno de abril pasado, y señaló las doce horas del veintidós de los actuales, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. VILLAHERMOSA, TABASCO, TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual remite copia certificada del proveído de ocho de los actuales, dictado en el expediente laboral 1197/2020 de su índice, del que se obtiene que dejó insubsistente el acuerdo de veintiuno de abril pasado, y señaló las doce horas del veintidós de los actuales, para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, esta Juzgadora efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; agréguese a los autos el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, sin mayor proveer sobre su contenido y las constancias que remite, toda vez que las mismas fueron recibidas en auto de trece de agosto pasado. No obstante, para evitar mayor dilación, dado que en el juicio natural el acuerdo reclamado fijó las trece horas del diez de noviembre de dos mil veintiuno, para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, su proximidad pone en riesgo el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, ya que, entre la nueva fecha y la notificación de la misma a las partes, debe mediar diez días cuando menos. Por ende, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, para que, salvaguardando lo anterior, dentro del término de tres días, siguientes al en que quede notificado del presente acuerdo, remita las constancias con las que acredite el cumplimiento del fallo protector, esto es: Deje insubsistente el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, únicamente en la parte en que señaló las trece horas del diez de noviembre del mismo año, como fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente 1197/2020 de su índice; En su lugar, emita otro en el que fije hora y fecha próxima para que lleve a cabo la referida audiencia, observando el término que para ello prevé el numeral 873 de la Ley Federal del Trabajo Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis I.3o.C.71 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, página 2157, con número de registro 2009046, del siguiente rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. DEFINICIÓN Y ALCANCE. El derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, no definido expresamente en el numeral en cita pero que fácilmente puede obtenerse de él y en torno al cual se ha creado toda una teoría, puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Así lo determinó la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 124, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES."; asimismo, dicha Sala emitió la tesis aislada 1a. LXXIV/2013 (10a.), publicada en el mismo medio de difusión, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013, página 882, de rubro: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. SUS ETAPAS.", en la que estableció que el derecho a la tutela jurisdiccional tiene tres etapas que se corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Este último derecho fundamental puede definirse como el que tienen todos los ciudadanos a obtener de los juzgados y tribunales la adopción de las medidas que resulten imprescindibles para que los pronunciamientos judiciales inobservados o incumplidos por quienes estén obligados por ellos puedan ser ejecutados, como regla general, en sus términos y de manera coactiva o forzosa y tiene las siguientes características: 1. Es un derecho de configuración legal, pues participa de la naturaleza de derecho de prestación que caracteriza a aquel en que viene integrado y, en tal sentido, sus concretas condiciones de ejercicio corresponde establecerlas al legislador, lo que no impide que, en su caso, pueda analizarse la regularidad constitucional de los requisitos o limitaciones impuestos al ejercicio del derecho fundamental, para comprobar si responden a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan debida proporcionalidad con dichas finalidades; 2. Comprende, en principio, el derecho a la ejecución del pronunciamiento judicial en sus propios términos pues, en caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en éstas reconozcan o declaren, no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna; 3. Impone a los órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución. El derecho a la ejecución impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. Su contenido principal consiste en que esa prestación jurisdiccional sea respetuosa con lo fallado y enérgica, si fuera preciso, frente a su eventual contradicción por terceros; y, 4. La determinación del sentido del fallo y las medidas a adoptar para su ejecución corresponden en exclusiva a los tribunales ordinarios competentes para la ejecución. En efecto, no corresponde al órgano de control constitucional, en vía de amparo, sustituir a la autoridad judicial en el cometido de interpretar y fijar el alcance de sus propios pronunciamientos, ni en el modo de llevarlos a su puro y debido efecto, correspondiéndole estrictamente, velar para que tales decisiones se adopten en el seno del procedimiento de ejecución, de un modo coherente con la resolución que haya de ejecutarse y una vez que las partes hayan tenido oportunidad suficiente para formular alegatos, así como para aportar pruebas sobre la incidencia que en la efectividad del fallo pudiera tener la actuación subsiguiente, evitando así nuevos procesos y dilaciones indebidas. Empero, sí deberá vigilar, cuando de la reparación de eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial se trate, que ésta no sea debida a una decisión arbitraria ni irrazonable, ni tenga su origen en la pasividad o desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar las medidas necesarias que aseguren la satisfacción de este derecho. Por ende, la postura del Juez de instancia para hacer realidad los postulados del debido proceso debe ser: a) flexible para privilegiar el acceso a la justicia; b) sensible para entender los derechos cuestionados; y, c) estricta en la ejecución de la cosa juzgada". Quedando vigente el apercibimiento decretado en auto de uno de los actuales. Notifíquese.
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