Jesús Miguel Pérez Tovar
Expediente 1050/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/07/2016
Partes del expediente
- Jesús Miguel Pérez Tovar
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, de la cual se aprecia que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, dentro del término legal de cinco días que establece el numeral 98 de la propia ley, en contra del auto de veintitrés de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo...
EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE PROMOVENTRE JESUS MIGUEL PEREZ TOVAR, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Vista la demanda de amparo promovida por Jesús Miguel Pérez Tovar, por su propio derecho, contra actos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Mexicali, y otra autoridad; por tanto, se ordena registrar en el libro de gobierno respectivo, con el número 1050/2016-E. Ahora bien, es preciso puntualizar que el artículo 113, de la Ley de Amparo establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el juez de distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; luego entonces, es ineludible precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquél que está plenamente demostrado, es decir, que sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda o de los documentos que anexa; además que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Del análisis de la demanda que se atiende, el promovente señala como acto reclamado, la resolución de diecinueve de agosto de dos mil quince, en la cual se decretó su suspensión preventiva del cargo sin goce de sueldo como secretario de acuerdos, y de los antecedentes, se advierte que bajo protesta de decir verdad el quejoso refiere que el veinte de agosto de dos mil quince, tuvo conocimiento de la referida actuación, virtud a que la misma se le notificó por conducto del personal adscrito a la Jefatura de Zona Tijuana de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; ello, se pone de manifiesto que el término de quince días, con el que contaba el quejoso para presentar la demanda de amparo, transcurrió con exceso, esto es, más de diez meses desde el momento en que tuvo conocimiento del acto reclamado, de ahí que en la especie se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". Por su parte, el artículo 17, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Además, el artículo 18 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así pues, de lo anterior se concluye que el promovente se hizo sabedor del acto reclamado, desde el veinte de agosto de dos mil quince; por tal razón, se pone de manifiesto que la parte quejosa, tuvo conocimiento desde ese día de la existencia del acto reclamado, pues así lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en su demanda, sin embargo, éste la presentó hasta el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por lo que claramente se advierte que transcurrió en exceso el plazo de quince días, a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la promoción del presente juicio..."En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 113, 61, fracción XIV, en relación con el diverso precepto legal 17, y 18, de la Ley de Amparo, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Jesús Miguel Pérez Tovar..." De las consideraciones expuestas por la Sala del Máximo Tribunal del país el aspecto que hicieron valer los quejosos en los amparos directos ante los Tribunales de Arbitraje Estatales, relativos al reconocimiento y pago de la compensación que les fue suprimida, total y/o parcialmente, ventilados en los expedientes laborales de origen, y al respecto señaló que en la legislación burocrática que rige las relaciones laborales de los trabajadores entre ellos, el del Estado de Baja California, estableció que el derecho a reclamar las prestaciones derivadas de la relación de trabajo, como es el pago total de salario debía entenderse ubicado en la regla general de un año, plazo que inicia a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. Por lo que concluyó que el derecho para reclamar el pago íntegro del salario se genera de momento a momento, mientras subsista el decremento alegado y, no así el derecho a recibir el pago de las diferencias vencidas y no reclamadas dentro del plazo de un año, al que se refiere la legislación burocrática estatal. Sin embargo, como se dijo, no cobra aplicación el criterio jurisprudencial citado por el promovente, pues lo que se resolvió en la misma corresponde al tópico del salario en vía de reclamo ante la autoridad laboral y no en cuanto a la oportunidad para promover el juicio de amparo, como lo pretende hacer valer el quejoso al señalar que "resulta instrascendente la fecha en que me fue notificada la resolución que hoy se combate", pues la determinación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exime de cumplir con los requisitos esenciales de procedencia y oportunidad para la promoción del juicio de amparo directo. De ahí que si el quejoso manifestó que el acuerdo de suspensión preventiva del cargo sin goce de sueldo, como secretario de acuerdos, dentro del procedimiento de responsabilidad radicado con el número de expediente QT/120/2015, se le notificó el veinte de agosto de dos mil quince, se hizo sabedor en esa misma fecha, y éste se encontraba sujeto a promover el juicio de amparo en el plazo de quince días tal como lo dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que en la especie no ocurrió. Asimismo, se le tiene señalando para oír y recibir notificaciones el ubicado en privada la Cañada 5285, fraccionamiento Lomas de Aguacaliente, en esta ciudad, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Ismael Chacón Guereña, y Karina Irma Leal Callejas, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sergio Alberto Lagunas Molina, ya que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho, ni acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, y a Verónica Johana Pérez Aldana, por así haberlo expresado. Atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia como lo dispone el artículo 17, Constitucional y conforme a lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que deriven de este juicio. Con apoyo en lo dispuesto en el numeral 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y tomando en consideración que deben hacerse públicas las sentencias que hayan causado ejecutoria, sus resoluciones incidentales, así como las que recaigan a los recursos interpuestos en ellas, para su consulta u obtención por personas distintas a las partes, aún en relación con expedientes de naturaleza penal o familiar, se hace del conocimiento del promovente el derecho que tiene de oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en contrario, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener las resoluciones que se dicten en términos del artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Finalmente, en atención al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, y artículo 3 de la Ley de Amparo vigente, que prevé que los órganos están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincida íntegramente para la consulta de las partes; por consiguiente, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
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