Jesús Miguel Otero Armendariz
Expediente 256/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 256/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Miguel Otero Armendariz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, hágase la devolución al Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, de las copias certificadas exhibidas con el informe justificado relativo, que obran en el presente juicio.
- Incidental
se advierte que este incidente se encuentra totalmente concluido, por lo cual lo conducente es, en su oportunidad, enviarlo al archivo definitivo.
- Principal
Se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del amparo en que se actúa, para el suscrito procede resolver sobre el cumplimiento de sentencia emitida en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: El Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito revocó la sentenciada dictada por este juzgado y otorgó a la parte quejosa la protección constitucional en contra de los actos relativos en los términos siguientes: ".1. Deje sin efectos el embargo precautorio decretado dentro del juicio oral mercantil 237/2020, que obra bajo la inscripción 130, libro 3577, de la sección segunda, del Registro Público de la Propiedad, única y exclusivamente respecto del bien inmueble ubicado en la calle Región de Bari, número mil trescientos veintiséis (1326), lote trece (13), manzana dieciocho (18), Fraccionamiento Jardines de Santa Clara, etapa seis (VI), en esta ciudad. 2. Como consecuencia de lo anterior, ordene la cancelación de la inscripción del embargo precautorio del inmueble ya identificado." Con esto se advierte que para cumplir con el fallo protector de que se trata, las responsables están constreñidas a realizar los actos que siguen: ? Dejar insubsistentes los actos atacados en esta vía. Esto sucedió en el caso que nos ocupa. Cierto. Basta imponerse de las constancias remitidas por las responsables en este caso concreto, para advertir que se cumplió con el fallo protector en el juicio, no solo por dejarse insubsistentes los actos que nos ocupan, incluyéndose el juicio natural, así como lo atinente a la escritura pública y la inscripción registral, lo que se refleja en lo siguiente: Juez El auto de quince de marzo de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio oral mercantil 237/2020, en el que se dejaron insubsistentes los actos relacionados con el bien de que se trata, y se ordenó al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, la cancelación de la inscripción del embargo precautorio del bien inmueble ya identificado. Jefe del Registro Público de la Propiedad Boleta de inscripción relativa a la cancelación de la inscripción del embargo precautorio del bien inmueble relativo, en la que aparecen las notas que restituyen la propiedad a la parte impetrante. Inconformidad frente al acato del fallo. No hay. En tal virtud, es incuestionable que jurídica y materialmente se concretaron los efectos del fallo constitucional en este juicio, porque se acataron los lineamientos ahí fijados, colmándose así el derecho por cuya vulneración se concedió el amparo, sin excesos ni defectos sobre el particular, precisamente, porque se realizó la actuación que constituye el deber de hacer exigido por virtud del fallo protector. Por lo anterior, es de advertirse que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violado con los actos en el juicio, en los términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el diverso 214 de la ley de la materia. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese personalmente.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
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