Jesús Miguel Núñez Valdez y Otros.

Expediente 271/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sinaloa. 31 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
271/2021
Año
2021
Actuaciones
31
Última actuación
17/02/2022

Partes del expediente

  • Jesús Miguel Núñez Valdez y Otros.
  • Jesús Miguel Núñez Valdez
  • Ruperto Martínez Castillo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Comuníquese a las partes dicha determinación, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Sin que constituya obstáculo a lo anterior, el hecho de que aún no se cuente con los acuses de recibo relativos a los oficios números 19752/2021 y 19753/2021, dirigidos a las autoridades responsables Director de la Policía Estatal y Secretario de Seguridad Pública del Estado, ambas con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante los cuales, se les envió copia autorizada de la sentencia dictada en el presente sumario; toda vez que se decretó el sobreseimiento, por lo que es claro que no le causa agravio alguno a las autoridades de referencia. En apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 229601 cuyo rubro y texto dicen: "REVISION. RECURSO DE. ES IMPROCEDENTE CUANDO LO INTENTA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CONTRA DE UN FALLO DE SOBRESEIMIENTO. Basta considerar que los recursos previstos en la Ley de Amparo fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación, para llegar a la conclusión de que es inadmisible la revisión intentada en contra de un fallo de sobreseimiento por parte de la autoridad responsable, pues no le causa ningún perjuicio. Adviértase que una resolución de sobreseimiento al producir el cese inmediato de la tramitación del procedimiento, conserva intacto el acto reclamado y deja las cosas en el estado que guardaban hasta antes del ejercicio de la acción. En tales condiciones una determinación de este género, si bien puede resultar perjudicial para el quejoso pues le impide obtener una sentencia favorable a sus intereses, en cambio no puede causar por sí misma perjuicio a las autoridades, porque ni vincula su actuación en algún sentido, ni les impone deberes, y menos aún prejuzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado. La necesidad de desechar este recurso resulta también de considerar que el juicio de garantías y los medios de impugnación previstos en el mismo no fueron diseñados para dilucidar cuestiones que, si bien jurídicamente podrían ser de gran significación o trascendencia, en cambio no encuentran correlato en la realidad, pues de otra manera se vería sacrificada la administración de justicia en aras de la corrección técnica de los fallos emanados de los Tribunales de Amparo." En razón de que el presente juicio se encuentra concluido, se ordena remitirlo al archivo de expedientes de trámite, en términos del artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a) del ya citado Acuerdo General, se estima que el presente expediente al no ser de relevancia documental, se les otorga valor de destruible. Mientras que, con apoyo en el artículo 18, fracción I, inciso a) del mencionado precepto y acuerdo general, se estima que el original del incidente de suspensión se le otorga el valor de destruible. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años a que se refiere dicho precepto, este órgano jurisdiccional procederá a dar cumplimiento a lo anterior. Sin que haya lugar a emitir pronunciamiento alguno respecto al duplicado del incidente de suspensión, toda vez que no se ordenó su integración de manera física. Finalmente, para los efectos a que se contrae el artículo 8° de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley en cita, y en su artículo 8, como se advierte de la certificación de cuenta, se informa que ninguna de las partes hizo manifestación alguna en cuanto a expresar su voluntad o no de que sus datos personales se incluyeran en la publicación de la sentencia; lo anterior, para los efectos legales que en ese aspecto, haya lugar.

  2. Incidental

    Téngase por recibido el informe previo rendido por el Director de la Policía Estatal Preventiva, con residencia en Culiacán, Sinaloa; el cual únicamente se agrega a los autos en virtud de que el cinco de noviembre del año en curso, se resolvió el presente incidente de suspensión.

  3. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 271/2021, promovido por ****, por los actos reclamados y contra las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta resolución, por lo motivos indicados en la presente sentencia.

  4. Incidental

    ÚNICO. Se niega a la parte quejosa, la suspensión definitiva que solicita, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en la presente resolución.

Quedan 27 actuaciones en este expediente

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