Jesús Miguel Marín Sánchez
Expediente 6/2016 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 7 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 6/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/01/2016
Partes del expediente
- Jesús Miguel Marín Sánchez
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO JESUS MIGUEL MARIN SANCHEZ AL NO HABER ACUDIDO A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DENTRO DEL TÉRMINO DE DOS DÍAS A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26, FRACCIÓN III, 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, EL PROVEÍDO DE SIETE DE ENERO DEL DOS MIL DIECISEIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vistos el original y veintitrés copias del escrito de demanda promovida por el quejoso, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, fórmese el expediente respectivo y regístrese con el número 6/2016. El escrutinio que se realiza de la demanda de mérito y particularmente de la naturaleza de los actos reclamados y el lugar en que éstos están proyectando sus efectos, denota que este Juzgado de Distrito es legalmente incompetente, por cuestión de territorio, para conocer de la misma, presupuesto procesal de orden público que es dable analizar en este acto inicial, como enseguida se explica. Como premisa normativa de este pronunciamiento es dable señalar, que el artículo 37 de la Ley de Amparo, aporta tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Amparo en los asuntos de su conocimiento, en razón de territorio: la primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, a cuando el acto proyecta su ejecución en dos distritos diferentes; y, la tercera, que se refiere a los actos que no requieren ejecución material, que atiende a la jurisdicción en donde se presente la demanda de garantías, en tanto preceptúa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Luego, como premisa fáctica se subraya, que del escrito de demanda se advierte que el promovente señala como actos reclamados los siguientes: [...] IV.- ACTOS RECLAMADOS. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo: La promulgación y publicación del DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 por el que se adiciona un artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. Del Secretario de Gobernación reclamo: El refrendo del DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 por el que se adiciona un artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. Del Director General del Diario Oficial de la Federación reclamo: La publicación del DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 por el que se adiciona un artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. Del Congreso de la Unión reclamo: la Discusión y aprobación del DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE DICIEMBRE DE 2002 por el que se adiciona un artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, del Secretario de Gobernación; Director General del Diario Oficial de la Federación; Congreso de la Unión reclamo: la inconstitucionalidad del artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales. Por contrariar lo dispuesto en el artículo 27 y segundo párrafo del artículo 22 Constitucional. A) De resto de las autoridades ordenadoras reclamo: -La integración de la Averiguación Previa UEIORPIFAM/AP/208/2014. -la integración de averiguación previa en contra del suscrito sin darme derecho de audiencia. - La orden de anotar el aseguramiento preventivo dictado en averiguación previa, de bienes de mi propiedad, dictado en averiguación previa . -El acuerdo de aseguramiento precautorio de bienes dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación. -La emisión del auto de fecha 31 de agosto de 2015, dictado dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/208/2014, en el cual se decreta la Medida cautelar de aseguramiento precautorio, de la casa marcada con el número 28, de la Calle Bosque de Sayula, y terreno sobre el que está construida, es decir, el lote 7, de la manzana XV, de la Tercera Sección, del Fraccionamiento La Herradura, Municipio de Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, Código Postal 52784. -La ilegal notificación del auto de fecha 31 de agosto de 2015, dictado dentro de la averiguación previa UEIORPIFAM/AP/208/2014, en el cual se decreta la Medida cautelar de aseguramiento precautorio, de la casa marcada con el número 28, de la Calle Bosque de Sayula, y terreno sobre el que está construida, es decir, el lote 7, de la manzana XV, de la Tercera Sección, del Fraccionamiento La Herradura, Municipio de Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, Código Postal 52784. La orden de embargar precautoriamente bienes de mi propiedad. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS reclamo: El cumplimiento de los actos reclamados a las autoridades ordenadoras. Asimismo, en el capítulo respectivo a los antecedentes, en lo que interesa manifiesta: 7.- En fecha 13 de diciembre del 2015, al visitar el inmueble referido en los antecedentes 2 y 3 de esta demanda, me percaté que había en la entrada un documento suscrito por el licenciado ARTURO ALEJANDRO MORA AGUIRRE en su calidad de Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de falsificación o alteración de moneda, quien actuando dentro de la Averiguación Previa UEIORPIFAM/AP/208/2014, mediante oficio CG2/F5/1389/2015, de fecha 03 de noviembre de 2015, pretende notificar personalmente al suscrito, la medida cautelar de aseguramiento precautorio del inmueble de conformidad a lo siguiente: La confrontación de las premisas descritas conduce a la conclusión de que en el caso se surte la primera regla competencial de las antes señaladas, que es aquella que atiende al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, porque los actos reclamados que constituyen la cuestión efectivamente planteada en la demanda que se provee, por su naturaleza, no son meramente declarativos, sino que envuelven ejecución material que se proyectó en un caso y se pretende proyectar en otros, en determinado territorio diverso al en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Circunstancia que se afirma, porque el promovente combate por una parte, la ilegal notificación que se le hizo del auto de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, dictado en la averiguación previa UEIRPIFAM/AP/208/2014; en el domicilio ubicado en la casa marcada con el número 28 de la calle Bosques de Sayula, colonia La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, como lo acredita con la constancia de notificación conducente; lo que pone de relieve que dicho acto de comunicación se ejecutó en esa municipalidad de Huixquilucan, perteneciente al Estado de México. Similarmente, el promovente reclama el acuerdo de aseguramiento precautorio de bienes dictado por el Agente del Ministerio Público de la Federación en la indagatoria descrita, de la casa marcada con el número 28, de la Calle Bosque de Sayula, y terreno sobre el que está construida, es decir, el lote 7, de la manzana XV, de la Tercera Sección, del Fraccionamiento La Herradura, Municipio de Huixquilucan, Distrito de Tlalnepantla, Estado de México, Código Postal 52784, así como la orden de embargo precautorio de bienes de su propiedad, y la ejecución de tales actos; actuaciones que al proyectarse sobre tales bienes también son de ejecución material, la que ineludiblemente se llevará o está llevándose a cabo en Huixquilucan, Estado de México, en que tiene asiento el indicado bien raíz y sus pertenencias. De igual forma, el accionante impugna la orden de anotar el aseguramiento preventivo antes señalado y su ejecución, acto que igualmente produce una ejecución material que se proyectará en la señalada entidad federativa, pues en ésta reside la autoridad registral a quien corresponde asentar las medidas cautelares o precautorias que se fincan sobre los bienes inmuebles, lo que conlleva que igualmente el señalado acto tenga sus efectos en el Estado de México. También cuestiona constitucionalmente el promovente de diversas autoridades legislativas, la inconstitucionalidad del artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales, que le fue aplicado en el acuerdo de aseguramiento combatido, lo que implica que dicha norma también está teniendo ejecución en la señalada entidad federativa del Estado de México, porque el acuerdo de aseguramiento que se fundó en el señalado precepto está proyectando sus efectos en el inmueble antes descrito, en el que el nombrado tiene el principal asiento de las actividades que lo vinculan con la norma impugnada, asiento que como se dijo, es en Huixquilucan, de la señalada entidad federativa, jurisdicción territorial distinta en la que no ejerce jurisdicción este juzgado. En suma, los actos relevantes que esencialmente afectan la esfera jurídica de derechos fundamentales del directo quejoso y que el mismo reclama (aseguramiento de inmueble, notificación del aseguramiento, orden de anotar dicho aseguramiento y la inconstitucionalidad del artículo 182-A del Código Federal de Procedimientos Penales) tuvieron y tienen ejecución material en la jurisdicción territorial del Estado de México, que es una jurisdicción diversa a la de este órgano de control constitucional, pues aunque el accionante también impugna la integración de la averiguación previa de la que derivaron tales actos, es evidente que aquellos actos ya señalados y que son mayoría requieren ejecución, la que como se dijo se está materializando en la referida entidad federativa, pues con independencia de la procedencia de los citados actos de integración no puede dividirse la continencia de la causa. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, así como en el en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, modificado el veintiocho siguiente, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, órgano de control constitucional, se declara legalmente incompetente por razón de territorio y declina dicha competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por el quejoso, a favor de un Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan. A lo anterior no se contrapone el hecho de que algunas autoridades que señala como responsables radiquen dentro de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, en virtud de que las mismas son del orden federal y tienen competencia en toda la república, por lo que sus actos tienen validez en todas las entidades federativas del país. En consecuencia, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase la demanda original de mérito, previa copia certificada que de la misma quede glosada en autos, así como sus copias, a la OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, para que por su conducto se remita al JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, EN TURNO, para los efectos legales a que haya lugar, se solicita acuse de recibo e informe lo que tenga a bien acordar. En otro orden, resulta innecesario hacer pronunciamiento respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados puesto que no se actualiza ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, relativo de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento incomunicación, deportación, expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguna de las prohibidas del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala y por autorizados en los términos del artículo 12 de la Ley de la materia a las personas que precisa en su escrito de demanda; en el entendido de que para el caso de que los autorizados de la parte quejosa se constituyan en el local de este Juzgado de Distrito, a consultar los autos en que se actúa, por certeza jurídica y seguridad del inconforme, deberá identificarse con documento oficial vigente, credencial de elector, licencia de conducir, cartilla de servicio militar, pasaporte, cédula profesional o en su caso, credencial del servicio postal mexicano; en el supuesto de no identificarse con alguno de los documentos antes referidos, no se les permitirá la consulta de los autos. Se autoriza a la Secretaria y Actuarios adscritos a este juzgado de Distrito a firmar los oficios que deriven de este asunto.
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