Jesús Miguel Hernández Garza
Expediente 139/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 139/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Jesús Miguel Hernández Garza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente ***, no impugnó el acuerdo de veintiocho de febrero del año en curso (fojas 19 a 24), por el que se desechó de plano la demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto concluido. Por último, toda vez que se desechó la demanda de amparo, como lo establece la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; sin que en el mismo se encuentren documentos originales que devolver a las partes; además, carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo cual, es clasificado como archivo reciente, debiendo ser enviado al archivo de este órgano jurisdiccional y conservado en el mismo por el término de tres años; una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte promovente y sus autorizados, por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 139/2019, que dice:I. Cumple prevención. Se agrega a los autos el escrito aclaratorio signado por Jesús Miguel Hernández Garza, con el cual cumple con la prevención realizada el veintiséis de febrero del presente año (fojas 13 a 15), y al respecto especifica que el acto reclamado consiste en el proveído de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual admite a trámite el juicio ordinario civil de reconocimiento y cumplimiento de contrato de derecho 700/2018, promovido en su contra por Álvaro López Picos. II. Se desecha la demanda de amparo indirecto. De acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia I.13o.A.J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página mil seiscientos treinta y uno, tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los Órganos Jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el asunto, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V del numeral 107, ambos de la ley de amparo, en concordancia con 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, como es el caso, el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Así es, el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, que quedó transcrito, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Una vez precisado lo anterior, debe decirse que para determinar la procedencia o improcedencia del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta que en la Ley de Amparo, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, esto es, se trate de actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Acorde a lo anterior, cabe señalar que los actos en juicio, que tienen una ejecución de imposible reparación y, por ende, son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna, también llamados derechos fundamentales y respecto de los que no se puede privar ni restringir al gobernado, sino en los casos previstos y en los cuales se cumplan los requisitos legales para ello. De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede desprender que la vía constitucional constituye el medio para hacer efectiva la finalidad de legalidad de todo acto de autoridad, mediante la restitución a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales en los que éste sufra una perturbación, restricción, privación u otra lesión, sin respeto de los requisitos o formalidades establecidas como garantías individuales; sin embargo, se insiste, la procedencia del juicio de amparo obliga a que los actos que se realicen dentro de juicio, deban ser de aquellos cuya ejecución sea considerada como de imposible reparación, es decir, como se dijo, cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Ley Suprema. Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, página once, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En este contexto, es oportuno precisar que en términos generales, el juicio de amparo indirecto actualmente ya no es procedente en contra de violaciones formales, adjetivas o procesales, ya que éstas, en todo caso, son impugnables en amparo directo, cuando se reclama el fallo definitivo. En efecto, atento al nuevo contexto de la Ley de Amparo, como lo ha determinado nuestro máximo tribunal, ese criterio ya no es rector para identificar actos de imposible reparación, pues ahora se proporciona mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra ese tipo de actos, que sólo son los que afecten materialmente derechos sustantivos y con ello se ha cerrado la puerta para impugnar cuestiones procesales, independientemente de la gravedad de su afectación; pero, sin perjuicio de que en cada caso se puedan analizar las afectaciones que, aunque procesales, puedan trascender en lo inmediato a derechos sustantivos que rebasen lo estrictamente procesal. Esas características de los actos en juicio de imposible reparación, ahora definidas por la ley, son reveladoras de la intención legislativa de refrendar el carácter excepcional del juicio de amparo en relación con los procedimientos ordinarios, así como de evitar la dilación de éstos por la utilización del control de constitucionalidad de cuestiones procesales que, al final y de resultar relevantes para el dictado de las sentencias definitivas, pueden repararse mediante el amparo directo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, con número de registro 2006589, Décima Época, la cual es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En ese sentido, el acuerdo de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual admite a trámite el juicio ordinario civil de reconocimiento y cumplimiento de contrato de derecho 700/2018, promovido en su contra por Álvaro López Picos; se trata de una violación formal, que no se surten esas características (ejecución de imposible reparación), ya que no afecta materialmente derechos sustantivos del promovente de amparo, como lo pueden ser la vida, libertad, propiedad, honra, etcétera; pues con dicho acuerdo únicamente admitió a trámite un procedimiento jurisdiccional en su contra, en el cual es inconcuso que pueda hacer valer sus derechos ya que le reviste carácter de demandado, y con el dictado de dicho acuerdo no afecta un derecho sustantivo del quejoso. Dado que inclusive existe la posibilidad legal de que la resolución que ponga fin al procedimiento sea favorable a sus intereses. Ello es así, dado que dicha determinación no evidencia objetivamente que afecte algún derecho sustantivo, pues se trata de un acto meramente procesal; por tanto la afectación a derechos son de naturaleza únicamente adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. Sobre el tema, se emitió la jurisprudencia VI2°.C.J/175, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página mil ciento ochenta y siete, tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 193241, que dice: "DEMANDA. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE. El amparo indirecto es improcedente en contra del auto que admite una demanda, en virtud de que no está comprendido en lo establecido por la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política ni en lo establecido por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, por no ser un acto en el procedimiento que deje sin defensa a la parte quejosa y no tener el carácter de irreparable, porque los perjuicios que pudiera irrogar, podrán ser reparados, en todo caso, en la sentencia definitiva que llegue a dictarse, por lo que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII y 74, fracción III, de la citada ley, procede sobreseer el juicio de garantías respecto de este caso." Así como la tesis VII.3°.C. 25 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página mil doscientos cuarenta y siete, tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187248, que dispone: "DEMANDA EN LA VÍA ORDINARIA CIVIL. LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA SU ADMISIÓN SÓLO RECONOCE EL DERECHO PARA EJERCITAR LA ACCIÓN CORRESPONDIENTE, PERO NO PREJUZGA SOBRE SU PROCEDENCIA (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con lo establecido en el título segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, la calificación de la procedencia de las acciones es materia de la sentencia en que el juzgador decide la controversia que se somete a su potestad, en la que toma en cuenta los argumentos aducidos en la demanda y contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito; lo que encuentra justificación, además, en el espíritu del artículo 17 constitucional. Luego, el hecho de que se admita a trámite una demanda en la vía ordinaria civil, en cumplimiento a la resolución recaída en un recurso de queja contra el auto desechatorio, no implica, necesariamente, que se tenga por demostrada la acción ejercitada, en razón de que lo único que se reconoce en estas resoluciones, atento el estadio procesal en que se dictan, es el derecho del gobernado para accionar, empero, ese reconocimiento no tiene el alcance de tener por demostrada la acción, toda vez que esto será el resultado que el juzgador obtenga del análisis del material probatorio allegado por las partes, al emitir la sentencia respectiva". Así como la diversa tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página ciento cincuenta y nueve, materia civil, volumen 205-216, sexta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, materia civil, que dice: "DEMANDA DE JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, ADMISION DE LA. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO RELATIVO. La circunstancia de que en el auto admisorio de la demanda natural se hubiese admitido ésta en la vía ejecutiva, que ese auto haya sido recurrido en apelación y que a virtud del recurso se hubiera dictado la resolución reclamada en el juicio de garantías en cualquier sentido, ello no impide la defensa durante el procedimiento, reparable en la sentencia que dicte el Juez, porque de conformidad con el artículo 1409 del Código de Comercio, dicho juzgador tiene obligación de estudiar en la sentencia, de oficio, si el documento fundatorio de la acción reúne las características de un título que justifique la procedencia de la vía ejecutiva. Por lo anterior, si los efectos del acto reclamado pueden ser reparados al dictarse sentencia definitiva en primera instancia, se hace evidente la improcedencia del juicio de garantías que se revisa". Por otro lado, en caso de que la sentencia que ponga fin al juicio sea adverso a sus intereses, estará en aptitud de interponer el medio de defensa legal procedente e invocarlo como violación procesal en el amparo directo en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172 de la Ley de Amparo. Además, en caso de que en dicho acuerdo se le haya apercibido de multa, dicho acto es futuro e incierto, el cual se entiende como aquél cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de la parte quejosa, esto es, su actualización dependerá de la conducta que asuma el quejoso en el procedimiento de origen respecto del requerimiento que le fue realizado, de manera que si cumple no se hará efectivo el apercibimiento decretado, y caso contrario dependerá de que la autoridad decida llevar a cabo lo ordenado; pero lo cierto es que no se le impondrá la medida de apremio como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que, se insiste, se condiciona a que el amparista cumpla con el requerimiento formulado; razón por la cual no constituye un acto de molestia. De ahí que se considera el acto reclamado no encuadra dentro de la hipótesis prevista en el artículo 5, fracción I de la Ley de Amparo ni en el numeral 107, fracción I, Constitucional, en razón que, hasta este momento, no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo cual no resulta procedente el juicio de amparo que intenta. Esta apreciación se vigoriza con la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10ª), del Pleno de Circuito, que establece: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En esos términos se pronunció la tesis I.3o.C.121 K (9a.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "MULTA. EL APERCIBIMIENTO DE SU IMPOSICIÓN ES UN ACTO QUE NO OCASIONA DAÑO NI PERJUICIO ALGUNO EN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, POR SER FUTURO DE REALIZACIÓN INCIERTA, POR LO QUE RESULTA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA. La fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al interés jurídico como la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado; por su parte el artículo 4o. de dicha ley, dispone que el juicio de garantías sólo puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual es acorde con lo dispuesto en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que establece, como principio esencial del juicio de amparo, que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. Luego entonces, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso. De manera real, objetiva y jurídica, no así cuando los actos de autoridad produzcan solamente afectaciones de carácter formal o procesal dado que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de naturaleza extraordinaria, que sólo procederá en el caso de actos dictados por tribunales judiciales, contra aquellos que ocasionen un agravio personal y directo. Los apercibimientos de imposición de una medida de apremio (multa), son actos futuros e inciertos que buscan que la persona a la que van dirigidos actúe o deje de actuar en determinado sentido, por lo que la actualización de la medida dependerá del actuar del gobernado. Así, sólo cuando se haga efectiva, es cuando se producirá eventualmente el acto de privación definitivo que otorgue al gobernado la legitimación para acudir al juicio de garantías para impugnarlo. Ello, toda vez que los actos intermedios previos a la actualización de la medida de apremio son susceptibles de modificarse con el dictado de la determinación final". Cobra aplicación por analogía la jurisprudencia VIII.1o. J/14, del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dispone: "APERCIBIMIENTO PLASMADO DE MANERA GENÉRICA EN UNA ORDEN DE VISITA, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA ADVERTENCIA, Y NO UN ACTO DE MOLESTIA. El apercibimiento plasmado de manera genérica en una orden de visita con la que se inicia el procedimiento en el que la autoridad verifica las obligaciones fiscales del contribuyente, no es violatorio del artículo 16 constitucional ni del 38 fracción III del Código Fiscal de la Federación, pues no le depara perjuicio alguno al constituir tan sólo una advertencia que la autoridad exactora hace al contribuyente, en la que le informa que de no cumplir una obligación que le impone la ley, se le pueden imponer las sanciones previstas en el ordenamiento tributario en comento; de lo que se sigue que se trata de una simple reiteración, es decir, el apercibimiento genérico decretado en la orden de visita que antecede a la liquidación constituye en sí un acto futuro e incierto, ya que está sujeto al incumplimiento que pudiera darse por parte del contribuyente visitado en el curso del procedimiento de verificación, y sería hasta entonces cuando la autoridad estaría obligada a citar el motivo y fundamento de la sanción que le correspondiere, de ahí que no es posible concluir que el apercibimiento resulte violatorio de la garantía de fundamentación y motivación. Cosa distinta resulta ser el apercibimiento como acto de molestia que sí puede ocasionar un perjuicio al contribuyente cuando trae implícita una amonestación ante el incumplimiento de una decisión de la autoridad, cuestión ésta que en la especie no acontece, sino que se trata de un simple apercibimiento que constituye únicamente la reiteración de una obligación que le impone la propia ley al particular." Por consiguiente, al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Lo anterior,por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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