Jesús Miguel Guardado Figueroa

Expediente 1500/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1500/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • Jesús Miguel Guardado Figueroa

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA OFICIO SIN MAYOR PROVEIDO...

  2. Principal

    CAUSA ESTADO Y SE ORDENA ARCHIVO....

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico por lista en vía de notificación personal al QUEJOSO SILVIA GUADALUPE FIGUEROA PARTIDA, EL AUTO DE OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, que en lo conducente dice: "Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por Silvia Guadalupe Figueroa Partida, en representación de su hijo Jesús Miguel Guardado Figueroa. Desechamiento Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al advertirse del escrito inicial un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo, en lo conducente, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. (.)" Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste en la orden de traslado. En efecto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (.)" Del referido precepto legal, se establece que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, entre otros supuestos, cuando sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado virtud de algún medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige la tramitación y substanciación del juicio constitucional, salvo los supuestos de excepción correspondientes; de lo contrario, se posibilitaría al promovente que, por el sólo hecho de alegar violaciones a la Constitución, acudir directamente al juicio de amparo. Ahora, este Juzgado en seguimiento estricto al criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, dictado en ejecutoria de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 586/2017, se determina que la demanda que nos ocupa es improcedente. En efecto, el aludido Tribunal revisor en la ejecutoria citada determinó que los actos como los que se reclaman en la presente demanda de derechos fundamentales pueden ser revisables, incluso subsanables, tanto por la autoridad carcelaria, como por la jurisdiccional, como enseguida se evidenciará. Cierto, los preceptos 1, 2, 4, 25, 9, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en lo que aquí interesa, establecen: "Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto: I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y (.). Artículo 2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en la Federación y las entidades federativas, respecto del internamiento por prisión preventiva, así como en la ejecución de penas y medidas de seguridad por delitos que sean competencia de los tribunales de fuero federal y local, según corresponda, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la Constitución, en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y en esta Ley. Tratándose de personas sujetas a prisión preventiva o sentenciadas por delincuencia organizada, debe estarse además a las excepciones previstas en la Constitución y en la ley de la materia. En lo conducente y para la aplicación de esta Ley deben atenderse también los estándares internacionales. Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario. (.) Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; (.) III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud; IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones aplicables;. VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;. IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de la libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario; XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás disposiciones legales aplicables. Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, proporcionalidad e idoneidad. Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución. En las competencias a que se refiere el artículo anterior, el Juez de Ejecución deberá observar lo siguiente: I. Garantizar a las personas privadas de la libertad, en el ejercicio de sus atribuciones, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconoce la Constitución, los Tratados Internacionales, demás disposiciones legales y esta Ley; Artículo 30. Condiciones de internamiento. Las condiciones de internamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." Artículo 107. Peticiones administrativas. Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento." Artículo 108. Legitimación. Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva;" Artículo 109. Sustanciación de las peticiones. Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición. Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio. Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento. Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones. Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas. El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes. Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 122. Formulación de la controversia. La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, los medios de prueba en caso de contar con ellos, la solicitud de suspensión del acto cuando considere que se trata de caso urgente y la firma o huella digital. El Juez de Ejecución, de acuerdo con la naturaleza de la pretensión, de oficio o a petición de parte, ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. Artículo 130. Revocación. El recurso de revocación se interpondrá ante el Juez de Ejecución en contra de las determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta Ley. El objeto de este recurso será que el mismo Juez de Ejecución que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia, se dará el uso de la palabra a las demás partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda y en la misma audiencia se dictará la resolución respectiva. Si el recurso se hace valer contra resoluciones pronunciadas fuera de audiencia, se interpondrá al día siguiente de notificada la determinación, se dará traslado a las demás partes por el término de dos días para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, y se resolverá al día siguiente, bien (sic) de desahogada la audiencia conforme al Código, o de haber transcurrido el término concedido. Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud;. IV. Medidas de seguridad;. VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias;. VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley. Artículo 133. Efectos de la apelación. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende éste. Artículo 134. Emplazamiento y remisión. Interpuesto el recurso, el Juez de Ejecución correrá traslado a las partes para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga, y en su caso, ejerciten su derecho de adhesión. Una vez realizado el traslado, la unidad de gestión remitirá dentro de las veinticuatro horas siguientes las actuaciones al tribunal de alzada que corresponda. Artículo 135. Tramitación y resolución de la apelación. En el auto que se tengan por recibidas las actuaciones enviadas por el Juez de Ejecución, se determinará si el recurso fue interpuesto en tiempo, si la persona tiene derecho de recurrir y si el auto impugnado es apelable. Si fuese necesario el desahogo de una audiencia, el tribunal de alzada en el auto que tuvo por recibidas las actuaciones, señalará día y hora para la celebración de la misma dentro de los cinco días siguientes. En este caso, el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso de no darse el supuesto a que se refiere el párrafo anterior el tribunal de alzada resolverá el recurso de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que tuvo por recibidas las actuaciones." (Lo subrayado es propio). Acorde a los numerales reproducidos se concluye que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento relativo a las peticiones que formulen las personas privadas de su libertad a la autoridad carcelaria de que se trate, derivadas de la posible afectación, incluso inconformidad, sobre sus condiciones en reclusión, entre las que destacan el formular peticiones o quejas por escrito, en casos urgentes, por cualquier medio, a las instancias correspondientes. Prevén además, que las peticiones sobre la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito --sin formalidad-- ante el Director del Centro, supuesto en el que la autoridad penitenciaria deberá auxiliar a las personas privadas de la libertad --cuando así lo soliciten-- a formular el escrito correspondiente, con la posibilidad de que el interno pueda ofrecer pruebas, mientras que la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la ley citada establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, a saber, recibida la petición la autoridad penitenciaria, dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento o bien, prevendrá en caso de ser confusa; dicha determinación debe notificarse de forma personal al promovente; en caso de prevención el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas para subsanarla, de no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición; hecho lo anterior, se emitirá la resolución, en caso de no acudir a la citación se desechará la petición. Admitida la petición, el Director del Centro se allegará de la información necesaria dentro del plazo señalado para resolver, considerando la que en su caso, hubiese aportado el peticionario, con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera; el Director del Centro resolverá dentro de un plazo de cinco días y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior evidencia que en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, entre otros aspectos, sus condiciones de internamiento, entre ellos el lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, atención médica, alimentación; lo cual debe considerarse como medios de defensa judicializados. Apoyan lo anterior, las tesis XVI.1o.P.13 P y XVI.1o.P.14 P (10a) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, que se comparten, publicadas, en ese orden, en las páginas 2212 y 2214, Libro 50, Enero 2018, Tomo IV, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dicen: "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. CONSTITUYE UN MEDIO DE DEFENSA JUDICIALIZADO. El nuevo paradigma constitucional en materia de ejecución penal, implicó la adopción de una nueva forma de entender el procedimiento relativo, como la secuencia ininterrumpida de actos de vigilancia y control por los Jueces de ejecución, respecto de las relaciones de hecho y de derecho que surgen entre las personas privadas de su libertad y la autoridad administrativa penitenciaria, durante el tiempo que deba durar la medida de internamiento decretada, haya sido provisional o definitiva. Dentro de esta lógica, el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé en favor de los internos en los centros de reclusión, un mecanismo de protección de sus derechos denominado: "petición administrativa" que se tramita directamente ante la autoridad penitenciaria. Así, estas peticiones tienen como finalidad que dicha autoridad declare la existencia de alguna afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión o afectación a los derechos de terceras personas y, si fuere el caso, subsanarla; y, adicionalmente, la determinación que se dicte, es impugnable mediante la controversia ante el Juez de ejecución. Ante este marco regulatorio, la "petición administrativa" constituye un medio de defensa judicializado, pues si bien de primera mano conoce de ella la autoridad penitenciaria, ello encuentra razón de ser en la necesidad de despresurizar conflictos que se generen por el surgimiento de necesidades en los internos, propiciando así el restablecimiento de la vida digna y segura en la prisión de manera pronta y eficaz. Aunado a que en su tramitación, la autoridad penitenciaria tiene un papel complementario, primero, porque su actuación se enmarca en los principios en materia de ejecución, también porque su intervención desde el inicio se circunscribe a lo ordenado en la sentencia definitiva, o bien, en el auto en que se impone la medida precautoria de reclusión. Igualmente, porque el hecho de que las peticiones se reciban en el centro, no implica que tales autoridades tengan la última decisión al respecto, sino que el mecanismo señalado está diseñado con contrapesos que permiten el control jurisdiccional en todo momento, tan es así, que en caso de recibir una respuesta negativa, el peticionario puede impugnarla ante el Juez de ejecución. Finalmente, es judicializado porque en caso de que la autoridad no resuelva la petición en el término de ley, el solicitante puede denunciar esa omisión ante el Juez de ejecución para que entonces éste, dentro del plazo de setenta y dos horas, califique la denuncia y, de proceder, requiera a la autoridad penitenciaria que responda la petición de fondo y dentro del plazo legal, dando vista al superior jerárquico de aquélla". "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. La petición administrativa referida, cumple con todas las características de un recurso sencillo, rápido y efectivo, pues es un medio de defensa idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una afectación al principio rector del sistema penitenciario de vida digna y segura en reclusión y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Asimismo, admite una segunda instancia en la que los promoventes pueden denunciar tanto la falta de respuesta de la autoridad penitenciaria, como la resolución que resulte contraria a sus intereses, directamente ante el Juez de ejecución. También posee beneficios en cuanto a la asistencia continua al solicitante y contrapesos en su tramitación, en tanto que la autoridad administrativa del centro, está obligada a auxiliar a los internos en la presentación del escrito respectivo, el cual no exige formalismos; sin soslayar que dicha herramienta favorece en gran medida a los internos y partes legitimadas para promoverla, debido a que su tramitación es mucho más breve que la de un juicio de amparo indirecto. Por ello, es inconcuso que la "petición administrativa" es una creación accesible, novedosa e idónea para propiciar el nivel decoroso de vida en reclusión que pretende el modelo penitenciario actual y, por ende, es el medio idóneo para impugnar hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento en un centro de reclusión". Asimismo, se prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, a través de la controversia que se promueva ante el Juez de Ejecución. Debe resaltarse que la legislación en comento establece la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, con la posibilidad de que, en caso de no estar de acuerdo con lo decidido por la autoridad jurisdiccional, se podrán instar los recursos de revocación y apelación. En este punto es menester apuntar que la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones relativas a casos urgentes, como lo son las referidas a las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre las que se considera que se ubica el riesgo de la vida e integridad física del interno, incluida la atención de su salud, se podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear la petición. Supuesto en el cual, la ley de la materia prevé que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva, en el entendido que cuando el Juez reciba promociones que por su naturaleza, no estime que se trate de casos urgentes, las remitirá al centro carcelario para su tramitación. Atento a ello, contra el acto reclamado por la peticionaria de amparo, existe un procedimiento administrativo, e incluso pudiese acudirse directamente ante el Juez de Ejecución, previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que debe agotarse previo a instar la acción constitucional, pues ésta constituye un medio extraordinario de defensa, es decir, sólo procede cuando el acto reclamado irroga un perjuicio irreparable, en el entendido que, no obstante que tales actos pudieran requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se motivó, la citada legislación dispone que en casos urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Así es, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar su estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme lo dispone el artículo 2° de la ley en comento, lo cual resulta relevante porque la propia legislación prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. Conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, que posibilita a las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas acudir directamente ante el Juez correspondiente con el objeto de resolver las controversias suscitadas, entre otros casos, respecto de las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad. De lo anterior se insiste en que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que la promovente acudió a la vía constitucional reclamando actos que se relacionan con las condiciones que guarda el directamente agraviado en el centro penitenciario en el que se encuentra interno; empero, no se advierte que hubiese agotado el procedimiento administrativo ante la autoridad carcelaria o bien, el diverso procedimiento jurisdiccional ante el Juez del proceso o en su caso, ante el Juez de Ejecución. Lo anterior es así, toda vez que merced a la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, y a la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades administrativas deben supervisar los medios empleados para lograr la reinserción del sentenciado y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencia; mientras que los Jueces de Ejecución, deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Se destaca que la reforma constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus ejes principales el involucrar al Juez de Ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, conforme se prevé en el artículo 25, fracción I, de la ley relativa. Entonces, las controversias sobre la situación de los internos, por regla general, deben ser del conocimiento del Juez de Ejecución, ya que, de lo contrario, no tendrían efecto útil las disposiciones de la legislación aludida, pues se dejaría de cumplir con su objetivo, a decir, garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Lo contrario implicaría dejar de observar que el propósito de la reforma que es garantizar con celeridad esa protección, se viera disminuida o sin efecto material y formal alguno, pues el procedimiento respectivo es breve, dado que el Juez de Ejecución tiene la obligación de resolver en un plazo de setenta y dos horas, la procedencia o no de la acción a fin de que la autoridad penitenciaria dé respuesta de fondo a la petición formulada, lo que incluso pudiese contrastar con los términos que se prevén en la Ley de Amparo para la substanciación y resolución del juicio de derechos. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado consistente en la orden de traslado, es revisable y/o impugnable ante la propia autoridad carcelaria, o bien directamente ante el Juez del Proceso o Juez de Ejecución, (según la situación jurídica del agraviado) al estar vinculado con las condiciones en las que el peticionario de amparo refiere actualmente se encuentra al interior del señalado establecimiento de reclusión, por lo que debe entenderse como una omisión y/o negativa de la autoridad penitenciaria, supuesto en el que, como se vio, tiene expedito su derecho de acudir directamente ante el Juez del Proceso o bien, de Ejecución y abrir la controversia respecto de tales omisiones. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. En consecuencia, remítase el original del escrito que se atiende al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", con sede en esta ciudad, a fin de que de manera urgente en el ámbito de su competencia atienda la solicitud del quejoso que se encuentra privado de su libertad en ese centro penitenciario. Asimismo, infórmese tal circunstancia mediante oficio al Coordinador General de Centros Federales del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México, por ser el superior jerárquico del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Once "CPS-Sonora", con sede en esta ciudad, para los efectos legales correspondientes. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Apercibimiento de autoridades inexistentes Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a algunas de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informa que no existe otra de las autoridades, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el domicilio ubicado en calle Manuel Z. Cubillas 66-A, de esta ciudad, y toda vez que Jesús Rivera Peralta y Luis Encinas Valenzuela, tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por lo que respecta a Jesús Fernando Acuña Loreto, se le tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso..."

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