Jesús Mercado Magdaleno
Expediente 105/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 105/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jesús Mercado Magdaleno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
México, Ciudad de México, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguense para que obren como corresponda los oficios de cuenta, del Juzgado Vigésimo Noveno Familiar y de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia, ambas autoridades de la Ciudad de México, mediante los cuales acusan recibo de las constancias que se devolvieron en cumplimento a lo ordenado en autos. Notifíquese por lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
- Principal
México, Ciudad de México, a dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara que dicha sentencia que resolvió negar el amparo en el presente juicio de garantías promovido por **********, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que, conforme a lo señalado en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción I, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso se procederá a la depuración de las constancias que integran el presente expediente. De igual manera, se ordena devolver a la autoridad responsable Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las constancias que remitió al momento de rendir su informe justificado, al igual que a la autoridad de origen Juez Vigésimo Noveno de lo Familiar de la Ciudad de México el legajo de constancias que remitió a este asunto, requiriéndole para que a la brevedad posible, se sirvan enviar el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintiuno. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Designación de nuevo titular. Se hace del conocimiento de las partes que en sesión plenaria celebrada el uno de septiembre del año que transcurre, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó la reubicación del juez Guillermo Campos Osorio, al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en sustitución del juez Rodolfo Sánchez Zepeda, a partir del dieciséis de septiembre del año en curso. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. ACUERDO RESPECTO DEL ESTADO DE LOS AUTOS. Vistas las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, de la que se advierte que, con motivo de la pandemia originada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), se adoptaron las medidas de sanidad respectivas y con motivo de ello se determinó que entre el cinco de diciembre de dos mil veinte y el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, procesalmente se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo que implicó suspensión de los plazos y términos procesales, salvo en aquellos casos que conforme a dicho acuerdo se calificaran como "urgentes". Asimismo, se advierte que en términos del punto dieciséis de la última circular mencionada, los plazos y términos se reanudarían conforme a la condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020, emitido el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por otro lado, vista la razón actuarial de la que se advierten los motivos por los cuales el fedatario judicial de la adscripción, no pudo notificar al quejoso *******, la sentencia firmada el dieciséis de diciembre del dos mil veinte, ya que en las diversas ocasiones en que se constituyó en el domicilio que el quejoso señaló para oír y recibir notificaciones, nadie atendió a su llamado. En esas condiciones, se ordena notificarle la sentencia referida así como el acuerdo que se dicta POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la jurisprudencia número 1ª./J. 20/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXVII, abril de 2008, página doscientos treinta y ocho, que dispone: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Notifíquese por lista a las demás partes, con excepción de las autoridades responsables. ***SENTENCIA DEFINITIVA.- "... Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E:...ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia..."
- Principal
*AVISO.- SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 105/2020-I, promovido por **********, contra actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, (.) SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos por la quejosa, resultan inoperantes, como se verá a continuación. Para evidenciar lo anterior se debe atender a lo resuelto por la Sala responsable, en el considerando respectivo, del que esencialmente se duele el quejoso, en los tópicos específicos a que alude; así, la responsable consideró: "[.] Respecto a las prestaciones identificadas con los números dos (2) y tres (3), consistentes en la declaración judicial de enriquecimiento ilícito por haber cobrado pensión alimenticia provisional tanto su contraparte como su descendiente a razón del treinta por ciento (30%) sin tener derecho a ella y pago del interés legal por las pensiones alimenticias indebidamente cobradas. Dígase que dichas prestaciones devienen improcedentes porque no puede determinarse un enriquecimiento ilícito de algo que estuvo determinado por el órgano judicial a pesar que en el presente asunto se declaró la cancelación de los alimentos de la acreedora alimentaria, pues se reitera, que todo el tiempo que la demandada incidentista cobró la pensión alimenticia provisional lo hizo bajo el amparo de la determinación judicial que decretó lo alimentos provisionales a su favor, misma que no se impugnó por el inconforme, reiterándose incluso la subsistencia die dicha medida provisional en la sentencia de divorcio, hasta en tanto se dicte la interlocutoria que la resuelva en definitiva en tal sentido, al ser improcedente la devolución de las pensiones alimenticias por ser consumibles de momento a momento para la satisfacción de las necesidades primarias; sigue la misma suerte la fijación del pago de un interés legal, habida cuenta que la naturaleza jurídica de los alimentos es distinta de las obligaciones contractuales provenientes del a materia civil. CITA LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AÚN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUCIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS." Y en relación a la prestación identificada con el número cuatro (4) en lo que se refiere a que la liquidación de la sociedad conyugal nunca la hizo consistir en repartirse el único bien inmueble que adquirieron durante su matrimonio, sino que se considerase que su contraria perdió cualquier beneficio sobre el inmueble por haber abandonado el hogar conyugal injustificadamente por más de seis meses, como lo prevé el artículo 196 del Código Civil. Dígasele que deviene improcedente porque si bien de la lectura que se hizo de dicha prestación se aprecia que su propósito no es partir la vivienda con su colitigante, sino que la misma pierda todo derecho derivado de dicho régimen patrimonial, quedando él como único dueño del único inmueble que adquirieron en el matrimonio, al haber abandonado su colitigante, sin causa justificada, por más de seis meses, el domicilio conyugal; tal pérdida de derechos no es procedente porque a pesar que en párrafos anteriores quedó justificado el abandono de Mariana Becerril Nieto realizó del domicilio conyugal, la sanción que concierne en dejar de participar en los beneficios de dicha sociedad, es a partir del momento que se realizó el abandono, esto es, desde el veintitrés de diciembre del año dos mil dieciséis, como ya fue expuesto líneas precedentes, lo que significa que si la vivienda sobre la que se pide pierda su participación ubicada en [.] se adquirió mediante crédito hipotecario concedido por el FOVISSSTE, pagadero a un plazo de treinta años, el diez de febrero del año dos mil doce, como se desprende de la escritura pública [.], es innegable que en atención a la fecha en se adquirió la dicha vivienda, no cobra vigencia la hipótesis normativa prevista en el artículo 196 del Código Civil, porque sí el predio desde su origen se adquirió por medio de crédito en febrero del año dos mil doce, estando vigente la sociedad conyugal, indudablemente corresponde a la demandada incidentista sus derechos gananciales del cincuenta por ciento (50%), ya que la compra aunque pactada a largo plazo, con todas sus condiciones se materializó desde febrero del año dos mil doce, momento en el que aún la demandada incidentista vivía en el domicilio conyugal, dado que el abandono injustificado ocurrió hasta el veintitrés de diciembre del año dos mil dieciséis. CITÓ LA JURISPRUDENCIA DE RUBRO: "SOCIEDAD CONYUGAL. EFECTOS SOBRE LOS BIENES QUE LA INTEGRAN CANDO UNO DE LOS CONSORTES ABANDONA EL DOMICILIO CONYUGAL INJUSTIFICADAMENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 196 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO." Por ende, al ser parcialmente fundados los agravios, habremos de revocar la sentencia interlocutoria apelada, para quedar como sigue: [.]" Ahora bien, se dice que resultan inoperantes los conceptos de violación que aduce el quejoso, resumidos bajo los numerales uno, dos, tres, cinco y seis, toda vez que en ellos, el quejoso se limita a formular meras afirmaciones que no se encuentran dirigidas a combatir la resolución reclamada respecto de las consideraciones que emitió para declarar parcialmente fundados los agravios del apelante, hoy quejoso, manifestaciones Afirmaciones tales como: - Que a su contraria no debe corresponderle ningún beneficio derivado de la sociedad conyugal, porque abandonó el domicilio conyugal; - Que el abandono de su contraria, del domicilio conyugal, lastimó gravosamente a la familia que formó con ella e impuso una dinámica diferente para la convivencia entre los miembros que la conforman; - Que su contraria reclamó alimentos para ella, a los cuales nunca tuvo derecho; - Que el dinero otorgado a ella por concepto de alimentos, resulta una gran cantidad de dinero, que han necesitado los miembros de la familia que abandonó; - Que el espíritu de la Ley es sancionar al cónyuge que lesiona a la familia, pues no merece beneficiarse de ella, pues si no quiso asumir su responsabilidad, y por ello, tampoco debe participar de los beneficios que le generó la familia en su momento; - Que su contraria con su abandono debe soportar la sanción que destina la ley para ello, ya que hacer lo contrario, sería como solapar y alentar a que el gobernado transite con impunidad e irrespeto hacia la institución de la familia; - Que el bien inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal ha sido pagado únicamente por el quejoso, sin que la tercero interesada haya participado en ningún momento; - Que quedó acreditado durante la secuela procesal, que el bien inmueble referido, se encuentra en proceso de pago, lo que se desprenden del estado de cuenta presentado como prueba ante la Juez de origen, sin que la tercero interesada hiciera manifestación al respecto, por lo que es claro que el quejoso ha cumplido su obligación derivada del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que pesa sobre el citado bien inmueble. Por tanto, al resultar meras afirmaciones de manera genérica, ello incide en que no resulten manifestaciones precisas en cuanto a las violaciones que pretende hacer valer, dado que el acto reclamado debe ser analizado a la luz de razonamientos expuestos como conceptos de violación, los cuales necesariamente deben revelar la omisión o argumento erróneo, de la autoridad al pronunciarse en relación a algún o algunos aspectos sometidos a su consideración, más no así expresando sólo mera afirmaciones en forma genérica y vaga. Sirve de apoyo a tal consideración, la jurisprudencia VI. 2o. J/211, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 55, Julio de 1992, Octava Época, página 53, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CONCEPTO DE VIOLACION INOPERANTE. ES AQUEL QUE NO PRECISA EL AGRAVIO QUE SE OMITIO ESTUDIAR EN LA APELACION POR EL TRIBUNAL DE ALZADA. Es inoperante lo alegado por el quejoso, en el sentido de que en la apelación se omitió analizar en su integridad los argumentos que en esa vía, expuso respecto a la valoración de una prueba si se omite precisar cuál es aquel aspecto sobre el cual dejó de pronunciarse la ad quem, ya que en el juicio constitucional, no puede hacerse un examen general de lo aducido en la alzada, para determinar cuál cuestión planteada como agravio, se dejó de estudiar por la autoridad responsable, sino que se requiere que el acto reclamado sea analizado a la luz de razonamientos expuestos como conceptos de violación, los cuales necesariamente deben patentizar la omisión del juzgador ordinario de pronunciarse en relación a algún aspecto sometido a su consideración." De igual forma, procede declarar inoperante el concepto de violación que aduce el quejoso, que quedó resumido bajo el número cuatro, en el que indica que la Sala responsable determinó, que la tercero interesada debía gozar de los gananciales que se formaron con motivo del matrimonio, no obstante que el quejoso formuló reclamo en el sentido de que se liquidara la sociedad, sin hacer partícipe a la misma de ningún beneficio que pudiera reportarle, pues la responsable estimó que cuando se adquirió el bien inmueble materia de la sociedad conyugal, estaba vigente dicho régimen, y cuando ocurrió el abandono del haber conyugal a cargo de la tercero interesada, fue en fecha posterior a tal vigencia. Lo anterior es así, pues no combate la consideración toral en que se apoyó la responsable al abordar ese tópico, consistente en que: - Resultaba improcedente la prestación de declarar la pérdida total del derecho a los gananciales a la demandada incidentista, pues tal pérdida de derechos no era procedente, porque a pesar que quedó justificado el abandono que Mariana Becerril Nieto realizó del domicilio conyugal, la sanción que concierne en dejar de participar en los beneficios de dicha sociedad, es a partir del momento que se realizó el abandono, de lo que, si la vivienda sobre la que el actor incidental pide pierda su participación la tercera interesada, se adquirió mediante crédito hipotecario, durante la vigencia de la sociedad conyugal, ello deviene en que la hipótesis normativa prevista en el artículo 196 del Código Civil para el Distrito Federal, no resulte aplicable al caso, porque si el inmueble desde su origen se adquirió estando vigente la sociedad conyugal, indudablemente corresponde a la demandada incidentista sus derechos gananciales del cincuenta por ciento (50%), ya que la compra, aunque pactada a largo plazo, con todas sus condiciones, se materializó en el momento en el que aún la demandada incidentista vivía en el domicilio conyugal. Así, tales consideraciones no son desvirtuadas por el quejoso, con los argumentos que formula en el concepto de violación en análisis, pues únicamente los encamina a señalar que solicitó que su contraria perdiera su derecho total a los gananciales consistentes en el inmueble adquirido, sin combatir o desvirtuar porqué, contrario a lo que señaló la responsable, dado el abandono injustificado del domicilio conyugal por parte de la ahora tercero interesada, no obstante que ocurrió con posterioridad a la fecha en que se celebró el contrato respectivo, sí resulta procedente que sea excluido de los gananciales que le pudieran corresponder, al actualizarse la hipótesis normativa que invoca la responsable. De igual manera, resulta inoperante el concepto de violación resumido bajo el número nueve, del capítulo que antecede, en el que el quejoso sostiene que si bien los alimentos otorgados a la tercero interesada, fueron concedidos por la Juez de buena fe, el reclamo de ellos no fue de buena fe, sino con dolo y de manera premeditada, con la idea de hacerse de un numerario, por lo que se le debe condenar al pago de las cantidades recibidas por concepto de alimentos. Ello, porque tales alegaciones no se encuentran encaminadas a combatir las consideraciones torales vertidas en la resolución reclamada, en donde la responsable señaló que: - No podía determinarse un enriquecimiento ilícito de algo que estuvo determinado por el órgano judicial; - Que todo el tiempo en que la demandada incidentista cobró la pensión alimenticia provisional, lo hizo bajo el amparo de la determinación judicial que decretó lo alimentos provisionales a su favor, misma que no se impugnó por el inconforme; - Que se reiteró tal medida provisional, incluso en la sentencia de divorcio, hasta en tanto se dictara la interlocutoria que la resolviera en definitiva; - Que era improcedente la devolución de tales pensiones alimenticias, por ser consumibles de momento a momento para la satisfacción de las necesidades primarias; - Aunado a que, sigue la misma suerte la fijación del pago de un interés legal, habida cuenta que la naturaleza jurídica de los alimentos resultaba distinta de las obligaciones contractuales provenientes del a materia civil. De lo que, al no combatir tales consideraciones, las mismas deban seguir rigiendo en sus términos, y por ende, debe declararse inoperante el citado concepto de violación. Finalmente, por cuanto hace a los conceptos de violación siete y ocho, si bien resulta fundado el hecho de que, de la resolución combatida no se advierte que la responsable se haya pronunciado respecto a que con la terminación de la sociedad conyugal, la tercero interesada tiene el carácter de copropietaria del inmueble adquirido durante la vigencia de dicho régimen, y que por ello debe responder de las obligaciones de pago derivadas del contrato de mutuo con garantía hipotecaria, que contiene la escritura notarial respectiva, así como de las obligaciones de pago, derivadas de los derechos, impuestos y mantenimiento de tal inmueble, por lo que al no pronunciarse, la Sala violó en su perjuicio del quejoso, los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. Lo anterior resulta inoperante puesto que, como se advierte del escrito inicial de demanda incidental, la prestación al respecto fue: "4) La liquidación de la sociedad conyugal formada por la hoy demandada incidentista MARIANA BECERRIL NIETO y el suscrito [.] misma que se formó con la celebración del matrimonio que nos unió, en donde se declare que la hoy demandada incidentista no tiene derecho a recibir beneficio de tal sociedad, por haber abandonado el domicilio conyugal y de familia de manera injustificada, sin razón alguna y por más de 6 meses." Y, el quejoso en los hechos de dicho escrito incidental, al respecto de tal prestación sostuvo, en lo que interesa (foja 6 del tomo VI de constancias): "[.] Justamente por todo lo anterior, también se invoca una causal para liquidar la sociedad conyugal que formamos los divorciantes, sin que tal acto beneficie en forma alguna a mi contraria, causal que se encuentra en el artículo 196 del Código Civil [.] lo que significa coloquialmente que la casa [.] debe declararse que solamente pertenece al suscrito [.]" De lo que, como lo señaló la responsable, su prestación al respecto, se encaminó a demandar que la liquidación de la sociedad conyugal se hizo consistir en que se debe considerar que su contraria perdió cualquier beneficio sobre el inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal, por haber abandonado el hogar conyugal injustificadamente por más de seis meses, como lo prevé el artículo 196 del Código Civil. Por lo que se advierte claramente, que no reclamó en su demanda incidental que se liquidara la sociedad conyugal partiendo de la base de que, a ambos cónyuges les correspondía la copropiedad del inmueble adquirido durante la vigencia del citado régimen, sino que solicitó la pérdida total de cualquier derecho que le pudiera corresponder a la demandada incidental sobre dicho inmueble; de ahí que la sala no estuvo en aptitud de estudiar lo planteado ahora por el quejoso, y por ende resulta inoperante el concepto de violación que se analiza. En las condiciones anotadas, al resultar inoperantes los conceptos de violación aducidos, sin que exista queja deficiente que suplir, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitados por **********, contra la resolución que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. OCTAVO. Notificaciones de la presente resolución. De conformidad con el punto 4, de las medidas emitidas en la circular SECNO/29/2020, por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el artículo 11, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se estima que el presente asunto que se falla no es de carácter urgente, por lo tanto, las notificaciones ordenadas en la presente resolución se practicarán cuando se reanuden las actividades en términos de las consideraciones establecidas en el numeral y fracción referidos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia."
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