Jesús Méndez Velázquez
Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Méndez Velázquez
Actuaciones
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguense los oficios número 4138/2018 y 4213 signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito con sede, en esta ciudad; por el primero, acusa recibo del diverso oficio 10304, por el que le remitió el juicio de amparo 555/2018, promovido por Jesús Méndez Velázquez, a efecto de que resolviera el conflicto competencial suscitado por este juzgado y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, e informa que admitió a trámite dicho conflicto, el cual registró, bajo el número 8/2018. Asimismo, por el segundo acompaña el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida de trece de Julio de dos mil dieciocho, dentro referido conflicto competencial, acúsese recibo; comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".PRIMERO. Si existe conflicto competencial" ". SEGUNDO Es legalmente competente el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, para conocer del Juicio de amparo promovido por Jesús Méndez Velazquez, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultado primero de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte y tomando en consideración que la presente causa se encuentra totalmente concluida, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención. NOTIFÍQUESE.Así lo acordó y firma la licenciada SANDRA EUNICE MERINO MONTOYA, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por vacaciones del titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de diez de julio de dos mil dieciocho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/3579/2018, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe."MORELIA, MICHOACÁN, DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguense los oficios número 4138/2018 y 4213 signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito con sede, en esta ciudad; por el primero, acusa recibo del diverso oficio 10304, por el que le remitió el juicio de amparo 555/2018, promovido por Jesús Méndez Velázquez, a efecto de que resolviera el conflicto competencial suscitado por este juzgado y el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, e informa que admitió a trámite dicho conflicto, el cual registró, bajo el número 8/2018. Asimismo, por el segundo acompaña el testimonio autorizado de la ejecutoria emitida de trece de Julio de dos mil dieciocho, dentro referido conflicto competencial, acúsese recibo; comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: ".PRIMERO. Si existe conflicto competencial" ". SEGUNDO Es legalmente competente el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, en turno, para conocer del Juicio de amparo promovido por Jesús Méndez Velazquez, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultado primero de esta ejecutoria." Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte y tomando en consideración que la presente causa se encuentra totalmente concluida, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención. NOTIFÍQUESE.
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Agréguese el oficio número 15325/2018, signado por el Secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por medio del cual devuelve el original del juicio de amparo número 555/2018, promovido por JESÚS MÉNDEZ VELÁZQUEZ, del índice de este órgano jurisdiccional, en atención a que no aceptó la competencia declinada en su favor por este juzgado, argumentando que para fincar la competencia cuando el amparo se promueve contra todos los jueces de Distrito de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), no sólo debe tomarse en cuenta la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito, y en el caso, considera que existe información objetiva, para estimar que el acto reclamado puede eventualmente ejecutarse en el Estado de México o bien en la ciudad de México, lugares donde residen algunas de las autoridades ejecutoras, no así en el territorio donde ejerce jurisdicción ese juzgado, donde no reside alguna de ellas. Lo que apoyó en la jurisprudencia P./J. 44/2001, visible en la página 75, Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.- El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Sin embargo, este órgano constitucional no comparte dicho criterio, toda vez que el artículo 38 de la Ley de Amparo, constituye una regla de excepción en materia de competencia por territorio, a la regla general que regula el artículo 37 del citado ordenamiento legal, al determinar que es competente para conocer de un juicio de amparo que se promueva contra actos de un Juez de garantías, otro del mismo circuito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que perteneza, es decir, establece una prórroga de la competencia territorial, sin establecer si es autoridad ordenadora o ejecutora, sino únicamente al más inmediato. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgador insiste en declinar la competencia, sosteniendo desde luego los argumentos y consideraciones que motivaron el proveído que se dictó al respecto, dado que si bien el acto reclamado lleva inmersa una posible ejecución material, que tendría materialización en el Estado de México o en la Ciudad de México, como lo refiere el juez oficiante, no menos lo es que también fueron señaladas autoridades ejecutoras en esta ciudad, donde este Juzgado Federal conoció en primer término de la demanda de amparo de que se trata; entonces, es incuestionable que como este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, se actualiza, como ya se dijo la excepción a la competencia territorial, establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítanse las presentes actuaciones al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, para lo que a bien tenga resolver sobre el conflicto competencial planteado; asimismo, comuníquese vía telegráfica esta determinación al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
.En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho, el cual en lo conducente señala: Vista la demanda de garantías promovida por JESÚS MÉNDEZ VELÁZQUEZ, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por el acto consistente en la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, se advierte que este juzgado es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. En efecto, del análisis de la demanda de garantías de que se trata se advierte que el quejoso señaló, entre otras autoridades, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con el carácter de autoridad responsable, por lo que es evidente que, en la especie, este Juzgado Noveno de Distrito, como órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo, habida cuenta que el artículo 38 de la ley de Amparo dice: "ARTÍCULO 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Luego, como de la demanda de garantías promovida por el quejoso de mérito se advierte que también señaló con el carácter de autoridades responsables, además de este órgano de control constitucional, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, además de los Jueces Quinto, Sexto y Octavo de Distrito, con sede en Uruapan, Michoacán, es evidente que la competencia para conocer de la citada demanda de garantías, se surte a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por ser el más próximo a este Décimo Primer Circuito, como lo establece el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción 1 a./J. 88/2006, aplicada por identidad de razón, visible en la página setenta y cinco, tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Así las cosas, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo y al criterio antes transcrito, se declina la competencia para conocer del presente juicio de garantías a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Irapuato. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. Asimismo, en el caso no ha lugar a proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que no se halla dentro de los supuestos previstos en el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano jurisdiccional proveyera lo conducente y tampoco se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 128, fracción I, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127 del citado ordenamiento. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Constituyente de Chilpancingo, número 163, Fraccionamiento Andrés Quintana Roo, en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a Sergio Alfredo Aguilera Vargas y José de Jesús Pérez Cortes, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontraron los datos inherentes a las cédulas profesionales números 3415856 y 3695288, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal y únicamente para recibirlas a Francisco Monroy Mendoza, toda vez que para esos efectos fue autorizado. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por JESÚS MÉNDEZ VELÁZQUEZ, contra actos del Juez Primero de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por el acto consistente en la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución, se advierte que este juzgado es legalmente incompetente para conocer de la misma, por las consideraciones que a continuación se especifican. En efecto, del análisis de la demanda de garantías de que se trata se advierte que el quejoso señaló, entre otras autoridades, a este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con el carácter de autoridad responsable, por lo que es evidente que, en la especie, este Juzgado Noveno de Distrito, como órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de dicha demanda de amparo, habida cuenta que el artículo 38 de la ley de Amparo dice: "ARTÍCULO 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Luego, como de la demanda de garantías promovida por el quejoso de mérito se advierte que también señaló con el carácter de autoridades responsables, además de este órgano de control constitucional, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, además de los Jueces Quinto, Sexto y Octavo de Distrito, con sede en Uruapan, Michoacán, es evidente que la competencia para conocer de la citada demanda de garantías, se surte a favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato, por ser el más próximo a este Décimo Primer Circuito, como lo establece el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción 1 a./J. 88/2006, aplicada por identidad de razón, visible en la página setenta y cinco, tomo XXV, Febrero de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Así las cosas, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo y al criterio antes transcrito, se declina la competencia para conocer del presente juicio de garantías a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato en turno, con residencia en Irapuato. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes. Asimismo, en el caso no ha lugar a proveer lo conducente respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, toda vez que no se halla dentro de los supuestos previstos en el artículo 48, párrafo primero de la Ley de Amparo, a fin de que este órgano jurisdiccional proveyera lo conducente y tampoco se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 128, fracción I, y sin que sea el caso de abrirlo de oficio, en razón a que en la especie no se actualizan los supuestos a que se refiere el artículo 127 del citado ordenamiento. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en calle Constituyente de Chilpancingo, número 163, Fraccionamiento Andrés Quintana Roo, en esta ciudad, y autorizando para tal efecto a Sergio Alfredo Aguilera Vargas y José de Jesús Pérez Cortes, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontraron los datos inherentes a las cédulas profesionales números 3415856 y 3695288, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza penal y únicamente para recibirlas a Francisco Monroy Mendoza, toda vez que para esos efectos fue autorizado. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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