Jesus Meliton Gonzalez Camacho
Expediente 1078/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 31 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 06/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jesus Meliton Gonzalez Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra del acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de mayo al cinco de junio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables como justificación a sus informes respectivos, al agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, devuélvasele los anexos IV y V que se formaron con copia autorizada de la carpeta de investigación NIC.CDI.296/2017/UF1/04/TEHUACÁN/CNPP de su índice; al Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, devuélvasele los registros de audio y video de las audiencias celebradas en los expedientes 06/2017/TECAMACHALCO, 10/2017/TECAMACHALCO, 13/2017/TECAMACHALCO y 20/2017/TECAMACHALCO de su índice, contenidos en cuatro discos versátiles digitales (DVD) que se encuentran integrados en un sobre cerrado a foja ochenta y cuatro de autos, previo desglose y foja de sustitución que para tal efecto se inserte; se requiere a las autoridades responsables citadas para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar su recibo. Se apercibe a las autoridades responsables aludidas que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, por separado, una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En similar sentido, como ya no es necesario conservar las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, así como la copia autorizada de la carpeta de investigación NIC.CDI.296/2017/UF1/04/TEHUACÁN/CNPP del índice del agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, con la que se formaron los anexos II y III, agregados al presente sumario en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; así como el registro de audio y video relativo a la audiencia de control previo 20/2017/TECAMACHALCO, contenida en un disco versátil digital (DVD), agregado en el citado acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 174 y 175); como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos descritos, apercibido que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente principal; los cuales le serán devueltos, previa identificación que obre en autos y constancia de su entrega. Finalmente, por lo que corresponde a la documental remitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 986/2017 de su índice, con la que se formó el anexo I, y toda vez que no son de relevancia documental, son susceptibles de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha.
- Principal
CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra del acuerdo dictado el ocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciséis de mayo al cinco de junio de dos mil dieciocho, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitieron las autoridades responsables como justificación a sus informes respectivos, al agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, devuélvasele los anexos IV y V que se formaron con copia autorizada de la carpeta de investigación NIC.CDI.296/2017/UF1/04/TEHUACÁN/CNPP de su índice; al Juez de Control de la Región Judicial Sur-Oriente, con sede en Tecamachalco, Puebla, devuélvasele los registros de audio y video de las audiencias celebradas en los expedientes 06/2017/TECAMACHALCO, 10/2017/TECAMACHALCO, 13/2017/TECAMACHALCO y 20/2017/TECAMACHALCO de su índice, contenidos en cuatro discos versátiles digitales (DVD) que se encuentran integrados en un sobre cerrado a foja ochenta y cuatro de autos, previo desglose y foja de sustitución que para tal efecto se inserte; se requiere a las autoridades responsables citadas para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar su recibo. Se apercibe a las autoridades responsables aludidas que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se les impondrá, por separado, una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. En similar sentido, como ya no es necesario conservar las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito inicial de demanda, así como la copia autorizada de la carpeta de investigación NIC.CDI.296/2017/UF1/04/TEHUACÁN/CNPP del índice del agente del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, con la que se formaron los anexos II y III, agregados al presente sumario en acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete; así como el registro de audio y video relativo a la audiencia de control previo 20/2017/TECAMACHALCO, contenida en un disco versátil digital (DVD), agregado en el citado acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 174 y 175); como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del Acuerdo General 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año antes mencionado, hágase saber a la parte quejosa que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos descritos, apercibido que de no hacerlo éstos podrán ser depurados junto con el expediente principal; los cuales le serán devueltos, previa identificación que obre en autos y constancia de su entrega. Finalmente, por lo que corresponde a la documental remitida por el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en el juicio de amparo 986/2017 de su índice, con la que se formó el anexo I, y toda vez que no son de relevancia documental, son susceptibles de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho (foja 491), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; plazo dentro del cual, mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 496 a 500), el quejoso desahogó la vista concedida. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 195 a 227), se concedió el amparo y protección solicitado por los quejosos, para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, realizara lo siguiente: "(.) OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla; una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se le requiera el cumplimiento: - Determine, de acuerdo a la naturaleza de los delitos que se siguen en la carpeta de investigación NIC.CDI.296/2017/UF1/04/TEHUACÁN/CNPP, si considera necesario recabar mayores indicios, evidencias, o practicar diligencias en relación con los vehículos: 1. Marca Dodge, tipo Durango, Modelo 2006, color negro, placas de circulación YKX8681 del Estado de Veracruz, número de serie 1D4HD58286F116792; 2. Marca Ford tipo Expedition, modelo 1997, serie 1FMFU18L8VLB85936, placas de circulación YGJ3919 del Estado de Veracruz. 3. Marca Lincoln color blanco, modelo 2006, con placas de circulación XW-05-765. 4. Marca Volkswagen tipo Sedan, color verde, modelo 1974, número de serie 1142406099, placas de circulación TUF-65-59 del Estado de Puebla. 5. Marca Ford tipo Fussion, color blanco, modelo 2007, número de serie 3FAFP06Z37R150051, placas de circulación HCR7813 del Estado de Guerrero. 6. Marca Volkswagen tipo Jetta, modelo 2011, color blanco, serie 3VWGV49M8BM021365, placas de circulación YJK9272 del estado de Veracruz. En caso afirmativo, deberá expresar detalladamente cuáles son las diligencias que debe practicar para ello y determinar qué pruebas deben desahogarse o resultan necesarias, debiendo ordenar su preparación; todo ello de manera pronta y expedita. En relación con lo anterior, es necesario precisar que para el caso de que la responsable considere que existen pruebas pendientes por desahogar, no se puede conceder el amparo para que las desahogue, en virtud de que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento de origen; considerar lo contrario; podría tener consecuencias como limitar la investigación del Ministerio Público en virtud de que estaría imposibilitado para poder desahogar alguna otra prueba que posteriormente, considere necesaria para la correcta investigación de los hechos denunciados. (.)" 2. En el supuesto que decida que no resulta necesario recabar más pruebas en relación con los vehículos señalados, deberá emitir de inmediato la determinación que en derecho proceda, pronunciándose sobre si resulta procedente mantener asegurados los vehículos de referencia, en la inteligencia que dicha determinación deberá cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando en consideración los argumentos expuestos en esta sentencia. Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la devolución de los vehículos mencionado, pues para ello deberá considerar, con libertad de jurisdicción, si se colman los extremo legales necesarios para ello, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión del peticionario de amparo en relación con los vehículos asegurados y cuya devolución solicita sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la autoridad responsable al emitir la determinación correspondiente, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia. (.)" Resolución contra la cual el 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla, interpuso recurso de revisión (fojas 349 a 356), del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, autoridad que radicó el medio de impugnación con el número de toca R-46/2018 y mediante ejecutoria de quince de marzo de dos mil dieciocho, confirmó la sentencia sujeta a revisión (fojas 394 a 451). Por lo anterior, en acuerdo de cuatro de abril de dos mil dieciocho (fojas 453 a 456), se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. Mediante oficio 1091/2018/JA de seis de abril de dos mil dieciocho (foja 465), el Director Jurídico, Consultivo y de Asuntos Legislativos de la Fiscalía General del Estado de Puebla, en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, informó la gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. Por oficio 1682/2018 de trece de abril de dos mil dieciocho, el fiscal responsable remitió copia fiel de la resolución de doce del mismo mes y año (fojas 471 a 475), dictada en la carpeta de investigación 296/2017/UF1/04/TEHUACÁN/CNPP, mediante la cual el representante social responsable pretendió cumplir con la sentencia amparadora; sin embargo, por acuerdo de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 476 y 477), se requirió nuevamente a la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla el cabal cumplimiento al fallo protector. Así, mediante oficio /2018 (sic) de veinte de abril de dos mil dieciocho (foja 480), el citado agente del Ministerio Público, remitió copia autorizada de la resolución de esa misma fecha (fojas 481 a 485); documental a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en relación con los efectos de dicha sentencia, el fiscal responsable realizó lo siguiente: a) Emitió una resolución en la que determinó que sí resulta procedente mantener asegurados los vehículos siguientes: 1. Marca Dodge, tipo Durango, Modelo 2006, color negro, placas de circulación YKX8681 del Estado de Veracruz, número de serie 1D4HD58286F116792; 2. Marca Ford tipo Expedition, modelo 1997, serie 1FMFU18L8VLB85936, placas de circulación YGJ3919 del Estado de Veracruz. 3. Marca Lincoln color blanco, modelo 2006, con placas de circulación XW-05-765. 4. Marca Volkswagen tipo Sedan, color verde, modelo 1974, número de serie 1142406099, placas de circulación TUF-65-59 del Estado de Puebla. 5. Marca Ford tipo Fussion, color blanco, modelo 2007, número de serie 3FAFP06Z37R150051, placas de circulación HCR7813 del Estado de Guerrero. 6. Marca Volkswagen tipo Jetta, modelo 2011, color blanco, serie 3VWGV49M8BM021365, placas de circulación YJK9272 del estado de Veracruz. b) Expresó los motivos por los que considera necesario conservar asegurados los bienes muebles mencionados, pues señaló que la carpeta de investigación donde se decretó el aseguramiento se encuentra en etapa de investigación complementaria, por lo que las partes que interviene en el proceso penal respectivo pueden solicitar el desahogo de pruebas relacionadas con dichos automotores, pues refiere la autoridad responsable, en términos del artículo 337 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el descubrimiento probatorio comprende, respecto del Ministerio Público, otorgar acceso a las partes a todos los registros de la investigación y objetos relacionados con ella. Ahora, mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, turnado a este juzgado el treinta de abril siguiente (fojas 496 a 500), el quejoso manifestó que la ejecutoria de amparo no fue cumplida y, esencialmente, aduce: I. Que la autoridad responsable mantiene asegurados los vehículos referidos con base en hechos futuros e inciertos cuando en la sentencia de amparo se le indicó que tendría que señalar los actos específicos que quedan por desahogar respecto de dichos bienes. II. Que el derecho de defensa de las partes no debe ser un pretexto para que la autoridad responsable se niegue a devolver los vehículos, en virtud de que dentro del proceso penal debe existir igualdad procesal entre las partes, y la ley adjetiva penal prevé los actos de investigación anticipada y la devolución de bienes asegurados. III. Que los vehículos asegurados no tiene relación con los hechos que se investigan en la causa penal de origen, pues afirma que José Luis González González, no fue vinculado por posesión de vehículo robado, sino por delitos diversos. Tales afirmaciones son infundadas por las siguientes razones: En primer término porque, es cierto que en la sentencia de amparo se estableció que, para el caso que el representante social considerara necesario recabar pruebas o desahogar diligencias respecto de los vehículos mencionados, debería señalar con precisión cuáles son y, en su caso, proveer lo necesario para su desahogo; sin embargo, también es verídico que en los efectos de la sentencia protectora se señaló que, de no ser así, debería pronunciarse inmediatamente sobre si considera necesario conservar asegurados dichos automotores. Es decir, para acatar la sentencia de amparo, la autoridad responsable pudo observar cualquiera de los dos supuestos, a saber: señalar las diligencias que le restan por desahogar respecto de los vehículo y desahogarlas o, de no estimar necesaria alguna, pronunciarse inmediatamente sobre si resulta necesario o no mantener a asegurados los bienes muebles. En la especie, aconteció lo segundo, pues el Ministerio Público responsable expresó los motivos por los que considera necesario mantenerlos bajo su resguardo, lo cual se encuentra dentro de los lineamientos de la protección concedida, pues en la sentencia de amparo incluso se señaló textualmente lo siguiente: "De ahí que se considera vulnerada la garantía aludida en perjuicio del quejoso, pues es evidente que los vehículos continúan a disposición del 1. Agente del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla sin que el representante social que ordenó su aseguramiento haya justificado porqué es necesario mantenerlos asegurados. En ese orden de ideas, si el agente del Ministerio Público responsable considera que es necesario mantener el aseguramiento decretado sobre los vehículos reseñados; ya sea para recabar pruebas; practicar diligencias; porque constituyen objetos, instrumentos o productos de delito; o, porque fueron el medio eficaz para la comisión del ilícito; debe justificarlo en todo caso." (Foja 223). ".Sin que lo anterior signifique necesariamente que la mencionada autoridad tenga que acordar favorablemente la devolución de los vehículos mencionados, pues para ello deberá considerar, con libertad de jurisdicción, si se colman los extremos legales necesarios para ello, pues en uso de sus facultades, podrá proveer, como en derecho proceda, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión del peticionario de amparo en relación con los vehículos asegurados y cuya devolución solicita sea legítima, fundada en derecho o procedente, como bien pudiera serlo, pero lo cual habrá de determinar la autoridad responsable al emitir la determinación correspondiente, tomando en consideración lo expresado en esta sentencia." (Foja 226). Por otra parte, los argumentos del quejoso en torno a las razones que la autoridad responsable expresó en la determinación de veinte de abril del año actual, no son susceptibles de ser analizadas en este sumario, pues la resolución que las contiene constituye un acto reclamado distinto al reclamado en esta instancia y que no fue parte de la litis constitucional, por lo que su legalidad no es susceptible de ser vigilada en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente controvertido. Máxime si se considera que el fiscal responsable, con la libertad de jurisdicción concedida, introdujo razones para mantener asegurados los bienes que no fueron analizadas en la sentencia de amparo. Además, no debe soslayarse que la protección constitucional se concedió contra el acto reclamado consistente en la omisión del Ministerio Público responsable de practicar las diligencias necesarias para pronunciarse sobre la devolución de los vehículos, por lo que tal protección consistió en ordenar al representante social determinara qué diligencias le restaban por desahogar y, en su caso las desahogara o, como lo hizo, se pronunciara inmediatamente sobre la necesidad o no de mantenerlos asegurados. Por ello, las manifestaciones del quejoso contra las razones que expresó el fiscal responsable en tal sentido resultan infundadas, en virtud de que como se ha indicado, la autoridad responsable observó los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; y, los argumentos de la parte quejosa, se refieren a cuestiones de fondo de la determinación emitida por el fiscal responsable, lo cual no es materia de verificar en el cumplimiento del presente sumario constitucional. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ********************, por medio del cual realiza diversas manifestaciones respecto a la vista que se le concedió en proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, de lo que toma conocimiento la suscrita Jueza Federal, para los efectos legales a que haya lugar.
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