Jesús Mejia Mauricio
Expediente 441/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 36 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 441/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 21/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jesús Mejia Mauricio
- Presidente Municipal de Villa González Ortega, Zacatecas
- Oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de la que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible, en razón de que se resolvió sobreseer en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, inciso c, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el incidente de suspensión, se advierte que no son de relevancia documental, es destruible el cuaderno original, en razón de que se negó la suspensión provisional y la definitiva. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV del citado acuerdo, de los expedientes antes mencionados. Respecto al duplicado, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del aludido acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Asimismo, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar, el expediente original del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998; mismo que remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. ...
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, QUE A LA LETRA DICE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 441/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Jesús Mejía Mauricio, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa estima violados los derechos fundamentales señalados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda de que se trata, fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en esa guisa mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, se radicó y admitió a trámite; al respecto, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A su vez, por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por admitida la ampliación de demanda, por cuanto hace a los acto y autoridades que ahí fueron precisados; por ende, se les solicitó su informe de derecho a las autoridades responsables, y se dio intervención a las partes. Una vez seguido el juicio por sus demás etapas procesales, se dio inicio a la audiencia constitucional en términos de lo asentado en el acta respectiva, por lo tanto, se procede a dictar el fallo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de los actos reclamados se les atribuyen a autoridades cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa que se desprenden de la demanda y de su escrito de ampliación de demanda, mismos que consisten en: De la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. La omisión de cobrar a Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, el impuesto predial correspondiente al predio ubicado en calle Guerrero s/n en Villa González Ortega, Zacatecas. En tanto que al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, así como a la oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas, lo siguiente: La falta de emplazamiento del demandado Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S; y a consecuencia de ello todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la anulación de la escritura de la parte quejosa, la baja del catastro de Villa González Ortega, Zacatecas, y la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Fijación de la litis constitucional que atiende a una recta administración de justicia al considerar los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en correlación con la totalidad de la información del expediente de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis: P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 181810 que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la presidenta municipal, así como a la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, consistente en la omisión de cobrar a Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, el impuesto predial correspondiente al predio ubicado en calle Guerrero s/n en Villa González Ortega, Zacatecas. En efecto, uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Así, cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es sustento a lo anterior, por las razones que las informan, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) con registro 2018110, libro 59, octubre de 2018, tomo I, materia común, página 926; así como la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), con registro 2016418, libro 52, marzo de 2018, tomo I, materia común, página: 1092, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso en estudio, la parte solicitante del amparo reclamó de la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, la omisión de cobrar a Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, el impuesto predial correspondiente al predio ubicado en calle Guerrero s/n en Villa González Ortega, Zacatecas. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar la existencia de la omisión reclamada a dicha autoridad, es imprescindible que exista el deber legal de determinación y cobrar el impuesto aludido, y que las autoridades hayan incumplido con esa obligación. Bajo esa premisa, el artículo 103, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que dispone: "Artículo 103. Son facultades y obligaciones del titular de la Tesorería Municipal las siguientes: (.) IV. Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que establecen las leyes fiscales;" Como se aprecia, del numeral y fracción invocados se obtiene que a quien corresponde la recaudación de ingresos del municipio, entre los que se encuentran precisamente el pago del impuesto predial, es a la Tesorería Municipal, sin que la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, tengan injerencia directa en dicha recaudación. Lo anterior, se robustece en virtud de que ni el articulo 80 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas (para el caso de la presidenta municipal), así como tampoco el precepto 13 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas (en lo que concierne al titular de Catastro y Predial Municipal), contemplan como funciones u obligaciones específicas de las aludidas autoridades responsables el cobro del impuesto predial en favor del ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas. Así las cosas, toda vez que en el caso la presidenta municipal, ni la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas tienen la responsabilidad de cobrar el impuesto predial a favor del ayuntamiento del municipio en comento, pues esta función le corresponde a la Tesorería Municipal del municipio en cuestión; de ahí que no exista la omisión de actuar que la parte quejosa le atribuye. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. XXIV/9810, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y tres, registro: 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo en relación con la omisión referida a la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa le atribuye al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; pues así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. Apoya esa conclusión la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Amén a lo anterior, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que fueron aportadas como anexos a su informe justificado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, consistente en el original del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S. Documentales a los que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de copias certificadas de documentos públicos; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. Del mismo modo es cierto el acto reclamado al oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas, consistente en la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Lo anterior, pues del contenido del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, se advierte, entre otras constancias, la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dos, y el auto de veintiuno de febrero de dos mil tres, que declaró ejecutoriado el fallo (fojas 109 a 114 y 127 del tomo de pruebas); de ahí que de conformidad con el precepto 33 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, la autoridad catastral, como lo es el oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas se encuentra en aptitud de solicitar a las autoridades judiciales información de las sentencias ejecutoriadas que dicten e impliquen la traslación de dominio. Por ende, se colige que el registrador señalado como responsable tiene intervención en el acto reclamado, y de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. Esta autoridad advierte de manera oficiosa que en relación al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, ahora del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, que la parte quejosa le atribuye a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que el acto que se reclama fue consentido tácitamente. Robustece lo anterior, la tesis III.2o.P.255 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, con número de registro 163630, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3028, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Ahora bien, para sustentar la causal de improcedencia antes invocada, es preciso señalar que la fracción XIV del artículo 61, así como los preceptos 16 y 17, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente a la fecha en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente a la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente a la fecha en que la parte disidente se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución (que es la hipótesis que se estima actualizada en razón de lo que se expondrá). Así pues, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentido conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso, se reclama el emplazamiento del demandado Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Ahora, de las constancias que aportó el juez responsable al rendir su informe justificado, consistentes en el original del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S (un tomo de pruebas), se advierte que el veintiuno de enero de dos mil cuatro, el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama, pues en esa fecha tuvo intervención en la diligencia de ejecución forzosa, del inmueble que defiende en esta instancia constitucional (fojas 160 a 162 del tomo de pruebas). Siendo patente que desde esa fecha Jesús Mejía Mauricio se ostentó sabedor del acto reclamado, pues del contenido del acta que contiene la diligencia de ejecución forzosa, se advierte que en dicha actuación se asentó el número de expediente y el juzgado en el que se encontraba radicado el juicio, así como el nombre de la parte actora y el del demandado. Además, como se dijo, dicha diligencia se entendió directamente con el propio quejoso, siendo que en la misma se puso en posesión material y jurídica el bien inmueble objeto de la litis a la parte actora, y los bienes que estaban en el interior del inmueble le fueron entregados al ahora inconforme, firmando este último de conformidad, al margen de las hojas que integran el acta, así como en la parte final de la misma. Todo lo cual no deja lugar a dudas de su conocimiento del acto reclamado en esta instancia constitucional, por lo menos desde el veintiuno de enero de dos mil cuatro, pues de lo relatado se puede colegir que en esta fecha adquirió plena certeza de que existía un juicio instaurado en su contra, a saber, el juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S. Al respecto, por analogía es menester citar la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 4/2013, en la que, entre otros aspectos, se precisó que se perderá la calidad de tercero extraño por equiparación, si durante el juicio, es decir, después del emplazamiento, se ordena una notificación personal al quejoso en su carácter de demandado, y ésta se realiza personalmente con él, pues en ese momento, el quejoso adquiere plena certeza de que existe un juicio instaurado en su contra, y a través de esa notificación adquiere conocimiento sobre el número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado, pues es evidente que ese conocimiento, le permite acudir al juzgado de referencia, imponerse de autos e integrarse a la relación procesal para defender sus derechos o hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), con registro 2004274, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 729, que se reproduce a continuación. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De todo lo cual se advierte que de la data en la que tuvo conocimiento del acto reclamado (veintiuno de enero de dos mil cuatro), a la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo (siete de agosto de do mil diecinueve), transcurrieron más de quince años; lo que denota que al momento de la interposición del ocurso de ampliación de la demanda de amparo, ya había fenecido en exceso el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de derechos. Motivo por el cual, se reitera, al resulta improcedente el juicio de amparo en relación al acto reclamado consistente en la falta de legal emplazamiento demandado Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, atribuido al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo resulta procedente sobreseer con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de dicha ley. Se cita en apoyo la tesis con registro 213738, consultable en la página 202, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, incluyendo la anulación de la escritura de la parte quejosa, la baja del catastro de Villa González Ortega, Zacatecas, y la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, atribuidos de manera respectiva al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, así como al oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas, en virtud de que dichos actos se reclamaron como consecuencia de la falta de legal emplazamiento de la que aduce fue objeto la parte peticionaria del amparo y no por vicios propios. Cabe señalar que atento al resultado arribado, resulta innecesario realizar el análisis de diversa causal de improcedencia que se actualizara al caso concreto, en virtud de que no cambiaría el sentido de lo resuelto previamente. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de derechos humanos aducida. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, que estipula: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Mejía Mauricio, por propio derecho, contra los actos y las autoridades, que fueron precisados en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos precisados en las consideraciones tercera y última del presente fallo. Notifíquese; personalmente. Así lo resolvió y firma José Luis Cuevas Nolasco, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, según oficio CCJ/ST/1630/2021, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza, hasta hoy veintiséis de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este juzgado. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas).
- Principal
EN ESTA PROPIA FECHA, SE PROCEDE A NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE ASÍ SE ENCUENTRA ORDENADO EN AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 441/2019; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido el cuatro de junio de dos mil diecinueve, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Jesús Mejía Mauricio, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa estima violados los derechos fundamentales señalados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. La demanda de que se trata, fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en esa guisa mediante proveído de cinco de junio de dos mil diecinueve, se radicó y admitió a trámite; al respecto, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A su vez, por auto de ocho de agosto de dos mil diecinueve, se tuvo por admitida la ampliación de demanda, por cuanto hace a los acto y autoridades que ahí fueron precisados; por ende, se les solicitó su informe de derecho a las autoridades responsables, y se dio intervención a las partes. Una vez seguido el juicio por sus demás etapas procesales, se dio inicio a la audiencia constitucional en términos de lo asentado en el acta respectiva, por lo tanto, se procede a dictar el fallo. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107 de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de los actos reclamados se les atribuyen a autoridades cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa que se desprenden de la demanda y de su escrito de ampliación de demanda, mismos que consisten en: De la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas. La omisión de cobrar a Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, el impuesto predial correspondiente al predio ubicado en calle Guerrero s/n en Villa González Ortega, Zacatecas. En tanto que al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, así como a la oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas, lo siguiente: La falta de emplazamiento del demandado Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S; y a consecuencia de ello todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la anulación de la escritura de la parte quejosa, la baja del catastro de Villa González Ortega, Zacatecas, y la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Fijación de la litis constitucional que atiende a una recta administración de justicia al considerar los datos que emanan del escrito inicial de demanda, en correlación con la totalidad de la información del expediente de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la tesis: P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro electrónico 181810 que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No es cierto el acto reclamado a la presidenta municipal, así como a la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, consistente en la omisión de cobrar a Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, el impuesto predial correspondiente al predio ubicado en calle Guerrero s/n en Villa González Ortega, Zacatecas. En efecto, uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia de los actos reclamados, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existen las conductas que se atribuyen a las responsables. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido desde un punto de vista conceptual, que la simple inactividad no equivale a una omisión; y, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Así, cuando en sede constitucional se reclamen actos omisivos y las autoridades nieguen su existencia, es imperativo para el juzgador constitucional analizar si la responsable se encontraba en aptitud legal de atender lo solicitado. Es sustento a lo anterior, por las razones que las informan, la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.) con registro 2018110, libro 59, octubre de 2018, tomo I, materia común, página 926; así como la tesis 1a. XVII/2018 (10a.), con registro 2016418, libro 52, marzo de 2018, tomo I, materia común, página: 1092, de rubro y texto siguientes: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos." "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD. Desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión. En el ámbito jurídico, para que se configure una omisión es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. En este sentido, las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones." En el caso en estudio, la parte solicitante del amparo reclamó de la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, la omisión de cobrar a Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, el impuesto predial correspondiente al predio ubicado en calle Guerrero s/n en Villa González Ortega, Zacatecas. Ahora bien, para estar en condiciones de determinar la existencia de la omisión reclamada a dicha autoridad, es imprescindible que exista el deber legal de determinación y cobrar el impuesto aludido, y que las autoridades hayan incumplido con esa obligación. Bajo esa premisa, el artículo 103, fracción IV de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, que dispone: "Artículo 103. Son facultades y obligaciones del titular de la Tesorería Municipal las siguientes: (.) IV. Recaudar los ingresos que corresponden al Municipio conforme a lo que establecen las leyes fiscales;" Como se aprecia, del numeral y fracción invocados se obtiene que a quien corresponde la recaudación de ingresos del municipio, entre los que se encuentran precisamente el pago del impuesto predial, es a la Tesorería Municipal, sin que la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, tengan injerencia directa en dicha recaudación. Lo anterior, se robustece en virtud de que ni el articulo 80 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas (para el caso de la presidenta municipal), así como tampoco el precepto 13 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas (en lo que concierne al titular de Catastro y Predial Municipal), contemplan como funciones u obligaciones específicas de las aludidas autoridades responsables el cobro del impuesto predial en favor del ayuntamiento de Villa González Ortega, Zacatecas. Así las cosas, toda vez que en el caso la presidenta municipal, ni la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas tienen la responsabilidad de cobrar el impuesto predial a favor del ayuntamiento del municipio en comento, pues esta función le corresponde a la Tesorería Municipal del municipio en cuestión; de ahí que no exista la omisión de actuar que la parte quejosa le atribuye. Lo anterior tiene sustento en la tesis 1a. XXIV/9810, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y tres, registro: 196080, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". En esas condiciones, se sobresee en el juicio de amparo en relación con la omisión referida a la presidenta municipal, así como de la encargada del catastro municipal, ambos del ayuntamiento del Municipio de Villa González Ortega, Zacatecas, en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que la parte quejosa le atribuye al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; pues así lo aceptaron al rendir sus informes justificados. Apoya esa conclusión la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 206, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Amén a lo anterior, la existencia de los actos reclamados se corrobora con las constancias que fueron aportadas como anexos a su informe justificado por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, consistente en el original del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S. Documentales a los que se les otorga valor probatorio pleno por tratarse de copias certificadas de documentos públicos; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo. Del mismo modo es cierto el acto reclamado al oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas, consistente en la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Lo anterior, pues del contenido del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, se advierte, entre otras constancias, la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil dos, y el auto de veintiuno de febrero de dos mil tres, que declaró ejecutoriado el fallo (fojas 109 a 114 y 127 del tomo de pruebas); de ahí que de conformidad con el precepto 33 de la Ley de Catastro del Estado de Zacatecas, la autoridad catastral, como lo es el oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas se encuentra en aptitud de solicitar a las autoridades judiciales información de las sentencias ejecutoriadas que dicten e impliquen la traslación de dominio. Por ende, se colige que el registrador señalado como responsable tiene intervención en el acto reclamado, y de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. Causal de improcedencia actualizada. Esta autoridad advierte de manera oficiosa que en relación al acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, ahora del índice de Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, que la parte quejosa le atribuye a las autoridades responsables, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a que el acto que se reclama fue consentido tácitamente. Robustece lo anterior, la tesis III.2o.P.255 P, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, perteneciente a la Novena Época, con número de registro 163630, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXXII, octubre de 2010, página 3028, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Ahora bien, para sustentar la causal de improcedencia antes invocada, es preciso señalar que la fracción XIV del artículo 61, así como los preceptos 16 y 17, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad(.)". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [...] "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La interpretación de los últimos dos artículos transcritos, pone de relieve que el término para promover la demanda de amparo es de quince días a partir: 1. Del día siguiente a la fecha en que surta efectos, conforme a la ley que rige la materia, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Del día siguiente a la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto o resolución reclamada. 3. Del día siguiente a la fecha en que la parte disidente se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución (que es la hipótesis que se estima actualizada en razón de lo que se expondrá). Así pues, si la demanda de amparo no se presenta dentro del término de los quince días indicado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, entonces, el acto o resolución reclamada, debe considerarse consentido conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV del ordenamiento indicado. En el caso, se reclama el emplazamiento del demandado Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas. Ahora, de las constancias que aportó el juez responsable al rendir su informe justificado, consistentes en el original del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S (un tomo de pruebas), se advierte que el veintiuno de enero de dos mil cuatro, el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama, pues en esa fecha tuvo intervención en la diligencia de ejecución forzosa, del inmueble que defiende en esta instancia constitucional (fojas 160 a 162 del tomo de pruebas). Siendo patente que desde esa fecha Jesús Mejía Mauricio se ostentó sabedor del acto reclamado, pues del contenido del acta que contiene la diligencia de ejecución forzosa, se advierte que en dicha actuación se asentó el número de expediente y el juzgado en el que se encontraba radicado el juicio, así como el nombre de la parte actora y el del demandado. Además, como se dijo, dicha diligencia se entendió directamente con el propio quejoso, siendo que en la misma se puso en posesión material y jurídica el bien inmueble objeto de la litis a la parte actora, y los bienes que estaban en el interior del inmueble le fueron entregados al ahora inconforme, firmando este último de conformidad, al margen de las hojas que integran el acta, así como en la parte final de la misma. Todo lo cual no deja lugar a dudas de su conocimiento del acto reclamado en esta instancia constitucional, por lo menos desde el veintiuno de enero de dos mil cuatro, pues de lo relatado se puede colegir que en esta fecha adquirió plena certeza de que existía un juicio instaurado en su contra, a saber, el juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S. Al respecto, por analogía es menester citar la ejecutoria dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de sustitución de jurisprudencia 4/2013, en la que, entre otros aspectos, se precisó que se perderá la calidad de tercero extraño por equiparación, si durante el juicio, es decir, después del emplazamiento, se ordena una notificación personal al quejoso en su carácter de demandado, y ésta se realiza personalmente con él, pues en ese momento, el quejoso adquiere plena certeza de que existe un juicio instaurado en su contra, y a través de esa notificación adquiere conocimiento sobre el número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado, pues es evidente que ese conocimiento, le permite acudir al juzgado de referencia, imponerse de autos e integrarse a la relación procesal para defender sus derechos o hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), con registro 2004274, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página 729, que se reproduce a continuación. "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." De todo lo cual se advierte que de la data en la que tuvo conocimiento del acto reclamado (veintiuno de enero de dos mil cuatro), a la fecha de la presentación de la ampliación de la demanda de amparo (siete de agosto de do mil diecinueve), transcurrieron más de quince años; lo que denota que al momento de la interposición del ocurso de ampliación de la demanda de amparo, ya había fenecido en exceso el término de quince días que fija el citado artículo 17 de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de derechos. Motivo por el cual, se reitera, al resulta improcedente el juicio de amparo en relación al acto reclamado consistente en la falta de legal emplazamiento demandado Jesús Mejía Mauricio, aquí quejoso, al juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, atribuido al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo resulta procedente sobreseer con fundamento en lo dispuesto por el precepto 63, fracción V, de dicha ley. Se cita en apoyo la tesis con registro 213738, consultable en la página 202, del Tomo XIII, enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados consistentes en todo lo actuado con posterioridad dentro del juicio civil ordinario reivindicatorio 414/1998-S, incluyendo la anulación de la escritura de la parte quejosa, la baja del catastro de Villa González Ortega, Zacatecas, y la cancelación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, atribuidos de manera respectiva al Juez y al oficial notificador, ambos del Juzgado Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, así como al oficial del Registro Público de Pinos, Zacatecas, en virtud de que dichos actos se reclamaron como consecuencia de la falta de legal emplazamiento de la que aduce fue objeto la parte peticionaria del amparo y no por vicios propios. Cabe señalar que atento al resultado arribado, resulta innecesario realizar el análisis de diversa causal de improcedencia que se actualizara al caso concreto, en virtud de que no cambiaría el sentido de lo resuelto previamente. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas, tendentes a demostrar la violación de derechos humanos aducida. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 239006, que estipula: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo anteriormente expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jesús Mejía Mauricio, por propio derecho, contra los actos y las autoridades, que fueron precisados en el considerando segundo, acorde a los motivos y fundamentos precisados en las consideraciones tercera y última del presente fallo.
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... Zacatecas, Zacatecas, a siete de julio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; por el cual, da cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de seis de junio de la presente anualidad e informa que el once de junio se recibió en este juzgado el oficio 836/1/2021, por el cual remitió diligenciado el despacho 240/2021 (origen 154/2021) del índice de este juzgado, el que efectivamente se tuvo por recibido según auto de quince de junio de la presente anualidad. Notifíquese. ...
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