Jesús Medina Aguilar

Expediente 997/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
997/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Jesús Medina Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Consideraciones previas y reanudación. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en la Circular SECNO/10/2021 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el presente juicio de amparo en términos del Acuerdo General 21/2020. Entre las consecuencias de la reanudación, se destacan las siguientes: Toda vez que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica la reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. En caso de que sólo se encuentre pendiente la celebración de la audiencia constitucional, la reanudación del plazo a que se refiere el apartado anterior operará hasta que se notifique la nueva fecha para que tenga lugar. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, y en específico el contenido de la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido en exceso el plazo establecido por el artículo98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen a esta instancia constitucional. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento que se le formuló mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por Jesús Medina Aguilar, por su propio derecho. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del conocimiento de las responsables que quedan sin efectos las providencias dictadas en el acuerdo de mérito. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento que se le formuló mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mil veinte En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por Jesús Medina Aguilar, por su propio derecho. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así´ como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del conocimiento de las responsables que quedan sin efectos las providencias dictadas en el acuerdo de mérito. Notifíquese

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo presentada por Jesús Medina Aguilar, por propio derecho; contra actos de la Presidenta de la Cámara de Diputados y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 997/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Sentido de la determinación inicial. Precisión de actos. El artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo señala que uno de los motivos de prevención de la demanda de amparo radica en que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. En el caso particular, el quejoso señala como acto reclamado, el siguiente: La omisión legislativa de la Cámara de Diputados con motivo de la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley General de Víctimas, de emitir alguna disposición expresa o artículo transitorio que prevea los procedimientos a realizar para garantizar su vida e integridad, como beneficiario de los mismos. En ese sentido, el quejoso deberá señalar cuál constituye el mandato legal o el parámetro de regularidad que establezca de manera precisa el deber de legislar en determinado sentido y si tal obligación fue incumplida total o parcialmente. Lo anterior, pues el quejoso reclama la omisión precisada, sin señalar en específico cuál es el mandato constitucional que contiene la obligación de legislar y actuar en el sentido que se pretende, en relación con las autoridades que señala como responsables. Dicho requisito, según la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es insoslayable para que en el juicio de amparo sea factible señalar como acto reclamado una omisión legislativa, tal como se corrobora en el contenido de la tesis aislada 1a. XX/2018 (10a.), de rubro y texto siguientes. "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca con toda claridad el deber de legislar, la conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." El quejoso señala como autoridades responsables a personas que ocupan diversos cargos en la Cámara de Diputados; sin embargo, para que este órgano jurisdiccional se encuentre en aptitud de contar con los elementos suficientes para dirimir el acto que se reclama, el quejoso deberá aclarar si es su deseo tener como autoridad responsable a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, como un todo, o solo a las que refiere en su escrito de demanda de amparo. Precisión de hechos. Con fundamento en los artículos 108, fracción V y 114, fracción I de la Ley de Amparo, esto es, que exista alguna irregularidad en el escrito de demanda. De la lectura del capítulo de hechos del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa manifiesta ser del Estado de Morelos, incluso agrega copia de su identificación expedida por el Instituto Nacional Electoral; sin embargo, de la lectura de los conceptos de violación que formula, en particular el marcado como segundo, se advierte en la parte final, se transcribe "(.) ya que al no tener garantías, podría ser retornado al Estado de Quintana Roo, sin un plan de retorno solido (.)". En tales condiciones, el quejoso deberá precisar, tal circunstancia y/o aclarar tal descripción respecto el territorio. Del capítulo de suspensión, la parte quejosa solicita la misma, para el efecto que la Cámara de Senadores detenga las votaciones para la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Ley General de Víctimas, ante la falta de disposición expresa o artículo transitorio que determine el proceso a seguir con los asuntos en trámite que previenen de esos dos fondos. Sin embargo, del capítulo de autoridades responsables solo se advierten las pertenecientes a la Cámara de Diputados; en tal circunstancia, el quejoso deberá precisar si es su deseo tener como autoridad responsable a la Cámara de Senadores. Se considera que estas aclaraciones se justifican porque de ese modo existirá claridad sobre la materia del presente juicio, y las autoridades estarán en aptitud de pronunciarse expresamente sobre lo que se les reclama, lo que contribuirá a que en caso de que se les admita a trámite la demanda, se resuelva el problema jurídico planteado. Sirve de apoyo al punto anterior, en lo conducente, la tesis XX.57 K de rubro: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS." Para efectos de la presente prevención, se hace del conocimiento del quejoso el contenido del artículo 261 de la ley de la materia: "261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:--- I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y--- II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." 2. Deberá exhibir copias del escrito aclaratorio, para cada una de las autoridades que señala como responsables (tres) y una para el Ministerio Público. Deberá exhibir dos copias más para que, de ser el caso, se integren los autos incidentales de la medida cautelar que solicita. Apercibimientos De no desahogar los puntos anteriores (1 y 2), en el plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Y de desahogarlos, pero no el 3, se postergará la apertura del incidente de suspensión. Lo anterior de conformidad con el artículo 114, penúltimo y último párrafos, de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. Ténganse por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse en autos, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo a Balam Quitzé Salas Monroy, ya que de la certificación de cuenta, se advierte que no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que hace al número celular y correos electrónicos que proporciona, se toma conocimiento de los mismos, para los efectos legales a que haya lugar. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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