Jesús Martínez Ruiz
Expediente 966/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 966/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 24/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Martínez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-966/2018, promovido por Jesús Martínez Ruiz, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgador, este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, para lo cual se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otro lado, de conformidad con el párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JESÚS MARTÍNEZ RUÍZ. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se obtiene que feneció el plazo de quince días, previsto en los ordinales 201, fracción I y 202 de la ley en la materia, para que las partes se inconformaran con el proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual se declaró cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo II-966/2018, promovido por Jesús Martínez Ruiz, sin que lo hicieran; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada determinación, para los efectos legales procedentes. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto concluido. Conforme al prudente arbitrio de este juzgador, este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de DEPURACIÓN, para lo cual se conservará la demanda y la sentencia respectiva. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Por otro lado, de conformidad con el párrafo tercero del artículo décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, prevéngase a las partes para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir del en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezcan a recoger los documentos que en su caso hubiesen exhibido, apercibidas que de no hacerlo serán destruidos junto con el expediente. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se exhibió. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 39 a 53), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Jesús Martínez Ruíz. Por auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 49 y 50), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado remitió copia certificada del auto de treinta de abril de dos mil diecinueve y resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 77 y 83 a 95). Bajo ese contexto, por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 96), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejara insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto por Jesús Martínez Ruiz, dentro del juicio especial oral familiar 555/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, por medio del cual se condenó al deudor alimentario a pagar gastos académicos; y ahora, con base en las consideraciones expuestas, en acatamiento a los principios de proporcionalidad, congruencia y exhaustividad, se pronunciara respecto de la inconformidad del peticionario de derechos, relativa a analizar su solvencia económica, así como las obligaciones que tiene contraídas con diversos acreedores alimentarios, asimismo el porqué no aplicaba el principio de proporcionalidad, al igual que la objeción de prueba que formuló respecto de la ofrecida para su acreedor alimentario, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pudiendo ser el mismo sentido que la anterior, pero debidamente fundado y motivado (fojas 52 vuelta y 53). Al respecto, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado realizó lo siguiente: El treinta de abril de dos mil diecinueve, declaró insubsistente la resolución impugnada de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 77). El ocho de mayo siguiente dictó una nueva resolución en la que en atención a los motivos de inconformidad hechos valer por el aquí quejoso determinó lo siguiente: Que el origen de la obligación alimentaria cuyo cumplimiento demandó el incidentista Daniel Alberto Martínez Aceves al aquí quejoso, es el convenio suscrito por sus padres dentro del juicio ordinario familiar 555/2017 y del cual se acreditada la fuente de donde dimana la obligación de pago contraída por el incidentado y que en caso de incumplimiento las circunstancias que imperen en la necesidad y condiciones del que ha de recibirlos, así como la capacidad y circunstancias de quien deba proporcionarlos, tales como su solvencia económica, la satisfacción de sus propias necesidades alimentarias y de si hay o no otros acreedores alimentarios al momento de su reclamo, en atención al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos. Que lo anterior no acreditaba mayor pronunciamiento, ya que, si bien, el incidentista reclamaba el cumplimiento de la cláusula octava del convenio en comento, aduciendo la falta de pago de $82,764.05 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y cuatros pesos 05/100 m.n.) a cargo de su progenitor, por concepto de gastos de su educación en la universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) y para acreditar su dicho exhibió la documental privada expedida por el Coordinador del Módulo de Atención de Finanzas de dicha universidad, tal prueba no demuestra el incumplimiento de la obligación de pago atribuible al demandado -contrario a lo que estimó el juez de origen-, toda vez que dicho documento únicamente se trata de una cotización del costo de créditos que estarían vigentes para el período escolar de enero a mayo de dos mil dieciocho (sic), en la carrera de ingeniería financiera a solicitud de Daniel Alberto Martínez Aceves, a quien se le abrió el expediente 721100 y un código de plan y que en suma dan un total de $82,764.05 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 05/100 m.n.) que es la cantidad que reclama el incidentista. Empero el magistrado determinó que dicho documento no tenía los alcances probatorios conferidos por el juez de origen, máxime que el incidente fue planteado el quince de junio de dos mil dieciocho, sin que el incidentista estuviera inscrito y ni cursando el primer año de la universidad, por lo que tampoco demostraba que el incidentista haya erogado o adeudara la cantidad que reclama a la institución de mérito, ya no es un estudiante activo de la misma. Asimismo, precisó que el deudor no se encontraba obligado de cumplir con una deuda que no tenía la característica de ser exigible. Por lo anterior, determinó revocar la sentencia combatida y estimó que el incidente promovido por Daniel Alberto Martínez Aceves era improcedente (fojas 83 a 95) Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictó una nueva, en la cual al analizar la objeción de prueba que formuló el quejoso respecto de la prueba ofrecida por el acreedor alimentario - documental privada expedida por el Coordinador del Módulo de Atención de Finanzas de dicha universidad- determinó que la misma no era suficiente para acreditar que el tercero interesado estaba inscrito en la Universidad Jesuita de Guadalajara, tampoco que haya erogado o adeudara la cantidad que reclamaba, por lo que, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución combatida y declarar improcedente el incidente de cumplimiento de convenio. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictó una nueva, en la cual al analizar la objeción de prueba que formuló el quejoso respecto de la prueba ofrecida por el acreedor alimentario - documental privada expedida por el Coordinador del Módulo de Atención de Finanzas de dicha universidad- determinó que la misma no era suficiente para acreditar que el tercero interesado estaba inscrito en la Universidad Jesuita de Guadalajara, tampoco que haya erogado o adeudara la cantidad que reclamaba, por lo que, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución combatida y declarar improcedente el incidente de cumplimiento de convenio; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: JESÚS MARTÍNEZ RUÍZ. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha trascurrido el término de tres días que se concedió a las partes mediante proveído de nueve de mayo de dos mil diecinueve, para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto al cumplimiento que dio a la sentencia de amparo el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo que se procede a determinar de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes del cumplimiento de la sentencia de amparo. A fin de determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria de amparo resulta necesario hacer la relación de antecedentes siguientes: El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (fojas 39 a 53), se dictó la sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Jesús Martínez Ruíz. Por auto de veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 49 y 50), se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. En mérito de lo anterior, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado remitió copia certificada del auto de treinta de abril de dos mil diecinueve y resolución de ocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 77 y 83 a 95). Bajo ese contexto, por auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve (foja 96), se dio vista a las partes para que manifestaran, dentro del plazo de tres días, lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que daba la autoridad responsable, sin que hubieran hecho pronunciamiento alguno. Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. Con los antecedentes detallados se procede a la valoración de si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida bajo los términos siguientes: La sentencia emitida en el presente asunto otorgó el amparo al quejoso, para el efecto de que el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado dejara insubsistente el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictada con motivo del recurso de apelación interpuesto por Jesús Martínez Ruiz, dentro del juicio especial oral familiar 555/2017, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, por medio del cual se condenó al deudor alimentario a pagar gastos académicos; y ahora, con base en las consideraciones expuestas, en acatamiento a los principios de proporcionalidad, congruencia y exhaustividad, se pronunciara respecto de la inconformidad del peticionario de derechos, relativa a analizar su solvencia económica, así como las obligaciones que tiene contraídas con diversos acreedores alimentarios, asimismo el porqué no aplicaba el principio de proporcionalidad, al igual que la objeción de prueba que formuló respecto de la ofrecida para su acreedor alimentario, hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera, pudiendo ser el mismo sentido que la anterior, pero debidamente fundado y motivado (fojas 52 vuelta y 53). Al respecto, el Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado realizó lo siguiente: El treinta de abril de dos mil diecinueve, declaró insubsistente la resolución impugnada de cinco de octubre de dos mil dieciocho (foja 77). El ocho de mayo siguiente dictó una nueva resolución en la que en atención a los motivos de inconformidad hechos valer por el aquí quejoso determinó lo siguiente: Que el origen de la obligación alimentaria cuyo cumplimiento demandó el incidentista Daniel Alberto Martínez Aceves al aquí quejoso, es el convenio suscrito por sus padres dentro del juicio ordinario familiar 555/2017 y del cual se acreditada la fuente de donde dimana la obligación de pago contraída por el incidentado y que en caso de incumplimiento las circunstancias que imperen en la necesidad y condiciones del que ha de recibirlos, así como la capacidad y circunstancias de quien deba proporcionarlos, tales como su solvencia económica, la satisfacción de sus propias necesidades alimentarias y de si hay o no otros acreedores alimentarios al momento de su reclamo, en atención al principio de proporcionalidad que rige en materia de alimentos. Que lo anterior no acreditaba mayor pronunciamiento, ya que, si bien, el incidentista reclamaba el cumplimiento de la cláusula octava del convenio en comento, aduciendo la falta de pago de $82,764.05 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y cuatros pesos 05/100 m.n.) a cargo de su progenitor, por concepto de gastos de su educación en la universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO) y para acreditar su dicho exhibió la documental privada expedida por el Coordinador del Módulo de Atención de Finanzas de dicha universidad, tal prueba no demuestra el incumplimiento de la obligación de pago atribuible al demandado -contrario a lo que estimó el juez de origen-, toda vez que dicho documento únicamente se trata de una cotización del costo de créditos que estarían vigentes para el período escolar de enero a mayo de dos mil dieciocho (sic), en la carrera de ingeniería financiera a solicitud de Daniel Alberto Martínez Aceves, a quien se le abrió el expediente 721100 y un código de plan y que en suma dan un total de $82,764.05 (ochenta y dos mil setecientos sesenta y cuatro pesos 05/100 m.n.) que es la cantidad que reclama el incidentista. Empero el magistrado determinó que dicho documento no tenía los alcances probatorios conferidos por el juez de origen, máxime que el incidente fue planteado el quince de junio de dos mil dieciocho, sin que el incidentista estuviera inscrito y ni cursando el primer año de la universidad, por lo que tampoco demostraba que el incidentista haya erogado o adeudara la cantidad que reclama a la institución de mérito, ya no es un estudiante activo de la misma. Asimismo, precisó que el deudor no se encontraba obligado de cumplir con una deuda que no tenía la característica de ser exigible. Por lo anterior, determinó revocar la sentencia combatida y estimó que el incidente promovido por Daniel Alberto Martínez Aceves era improcedente (fojas 83 a 95) Bajo ese contexto, se advierte que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa el derecho fundamental violado, en razón de que dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictó una nueva, en la cual al analizar la objeción de prueba que formuló el quejoso respecto de la prueba ofrecida por el acreedor alimentario - documental privada expedida por el Coordinador del Módulo de Atención de Finanzas de dicha universidad- determinó que la misma no era suficiente para acreditar que el tercero interesado estaba inscrito en la Universidad Jesuita de Guadalajara, tampoco que haya erogado o adeudara la cantidad que reclamaba, por lo que, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución combatida y declarar improcedente el incidente de cumplimiento de convenio. Del examen de las documentales indicadas, mismas que gozan de plena eficacia demostrativa en términos de los numerales 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se hace patente que la responsable Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cumplió con el fallo protector, pues acató los efectos precisados en la ejecutoria de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Esto es así, porque la responsable acató lo establecido en la sentencia constitucional, pues dejó insubsistente la resolución de cinco de octubre de dos mil dieciocho, dictó una nueva, en la cual al analizar la objeción de prueba que formuló el quejoso respecto de la prueba ofrecida por el acreedor alimentario - documental privada expedida por el Coordinador del Módulo de Atención de Finanzas de dicha universidad- determinó que la misma no era suficiente para acreditar que el tercero interesado estaba inscrito en la Universidad Jesuita de Guadalajara, tampoco que haya erogado o adeudara la cantidad que reclamaba, por lo que, con libertad de jurisdicción, determinó revocar la resolución combatida y declarar improcedente el incidente de cumplimiento de convenio; en otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo, por lo cual, se reitera, no existe un cumplimiento defectuoso; tampoco existe exceso en las obligaciones impuestas a la responsable, ya que ésta se constriñó a realizar lo ordenado en el fallo protector. Por consiguiente, esta potestad federal considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia de amparo. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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