Jesús Martínez Rodríguez y Otros.

Expediente 470/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
470/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2019

Partes del expediente

  • Jesús Martínez Rodríguez y Otros.
  • Manuel Ezequiel Uribe Nava

Actuaciones

  1. Principal

    "...Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diez de mayo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero, diez de mayo de dos mil diecinueve. Vista; la demanda de amparo promovida por Mario Eduardo García Hernández, Manuel Ezequiel Uribe Nava, Jesús Martínez Rodríguez, Israel Bibiano Agatón, Silvestre Villanueva Hernández, Martha Patricia Sarmiento de la Cruz y Normand Yair Osorio Carrera, contra actos del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en San Marcos, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 470/2019, que le corresponde. Luego, del contenido literal del líbelo actio, se desprende que la parte quejosa señaló como motivo central de su reclamo, el siguiente acto: "...la Ilegal investigación y/o carpeta de investigación iniciada ante la autoridad responsable." Asimismo, en los antecedentes de su demanda, narrados bajo protesta de conducirse con veracidad, se indicó expresamente que el cinco de marzo del año en curso, recibieron la invitación de manera urgente por conducto del Agente del Ministerio Público del Fuero Común del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en San Marcos, Guerrero, para comparecer ante dicha agencia a su cargo para mantener un dialogo, sin que se haya desahogado dicha audiencia; por lo que de manera sorpresiva acudieron a su domicilio un Policía Ministerial adscrito a esa agencia, tomando fotografías del exterior del inmueble, y al cuestionarlo, indicó que se encontraban haciendo actos de investigación e individualización de cada uno por instrucciones de la responsable, por lo que acudieron a dicha representación social para saber sobre su situación legal, sin que se les informara nada. En ese sentido, debe decirse que, respecto al acto transcrito con antelación, se actualiza una causa notoria, manifiesta e indudable que hace improcedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. El precepto legal antes mencionado, es del texto literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, lo anterior atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para prevenir crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente en un sobreseimiento. Sobre este aspecto, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo sesenta y ocho, agosto de mil novecientos noventa y tres, página setenta y siete, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS"; explica que el desechamiento de plano de una demanda de amparo debe satisfacer los siguientes requisitos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, a criterio de este juzgador Federal, se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [. ]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]" El numeral citado en primer orden, establece, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5º de la citada ley. Por su parte, en el último numeral y fracción destacados de la citada ley, aluden a que el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos fundamentales afectados con el acto reclamado y se identifica con el derecho subjetivo que supone una facultad de exigir y un deber jurídico correlativo de cumplir dicha exigencia, sólo el sujeto titular de esos derechos puede ocurrir al juicio de amparo y no otra persona. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la tesis 1a./J. 38/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia: Común, página seiscientos noventa, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE."; señaló que el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sobre esa base, para que el juicio de amparo sea procedente se requiere, indispensablemente, que quien lo promueve demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad genere una afectación a tal derecho. Ahora, si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una carpeta de investigación actúa como autoridad, en atención a que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, así como la emisión de la resolución que de lugar a la judicialización de dicha carpeta, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado, a menos que se emitiera una determinación por la autoridad ministerial que ordenara se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Apoya lo anterior la tesis aislada II.2o.P.51 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en el libro 47, octubre de 2017, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Lo anterior patentiza que el acto destacado como reclamado no afecta los derechos humanos de los promoventes, ya que el inicio de una carpeta de investigación, así como los actos de investigación, en sí mismos, no constituyen acciones que invadan o vulneren su esfera jurídica, ya que encuentran su justificación, en el artículo 21 constitucional, además de que sus consecuencias quedarán supeditadas a la decisión del juzgador que llegue a conocer de la carpeta de investigación; de manera que, como se ha establecido, tales actos no les causan un daño o perjuicio, al ser el inicio de una carpeta de investigación, así como propiamente los actos tendentes a la averiguación de los delitos, entre otras, cuestiones de orden público, que en su caso, quedan sometidas a la calificación de procedencia del juez de control. En ese orden, es indudable que los actos relativos al trámite de la investigación inicial, y aun a la resolución sobre judicialización o ejercicio de la acción penal a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse ante el juez de control. Al respecto, en lo conducente y por las razones que la conforman, resulta aplicable la tesis CXXXV/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 351, del Tomo XX, Diciembre de 2004, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.- El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Igualmente, resulta aplicable la tesis XXVII.3o.48 P (10a), sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." Finalmente, resulta aplicable a lo antes precisado, la diversa tesis XXVII.3o.47 P (10a), sustentada por la Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." Por lo expuesto, se concluye, que respecto del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción I, de la ley en cita y con el artículo 21 de la Constitución Federal; y lo que se impone es desechar la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que indica, y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Elda Citlali Blanco Lorenzo. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 21 de la ley de la materia, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009 signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1°.A.23.K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada el veinticuatro de abril de dos mil quince, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran." Igualmente, por lo que respecta a la parte quejosa, dígase que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta mediante la Firma Electrónica de Seguimientos de Expedientes y/o Firma Electrónica (FESE - FIREL); en ese sentido y para otorgar esa autorización y acceso, la parte quejosa deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. Asimismo, dígase a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autoriza la expedición de copias, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, haciéndoles saber que pueden acudir para el fotocopiado y recepción de ellas en cualquier día hábil y hora hábil, previa firma de recibido que se deje en autos para constancia, en el entendido que cuando las requieran, deberán acudir con el servidor público encargado del expediente a fin de solicitarlas. Se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis, el presente juicio de amparo se incorporará con el expediente electrónico, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Notifíquese personalmente.

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