Jesús Martínez Méndez
Expediente 463/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 463/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jesús Martínez Méndez
- Juez de Control, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó en el juicio de amparo, se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se negó y se concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, se determina que los autos originales del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de DVD. En atención a que resulta innecesario conservar el disco compacto DVD que remitió el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, con sede en esta ciudad, se ordena su devolución; sin que sea necesario acusar de recibo puesto que los sellos de recepción produce los mismos efectos. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Maira Flor López Valencia, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por vacaciones de su Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2971/2022, de veintisiete de junio de dos mil veintidós, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 463/2022; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El veintiocho de abril de dos mil veintidós, Jesús Martínez Méndez presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral Región Morelia, Michoacán y otras autoridades. En la misma, narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violados en su perjuicio los artículos 1, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito, al que por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, la admitió a trámite y registró con el número de juicio de amparo 463/2022. Previos los trámites de ley, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y quedó el juicio en estado de resolución; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior, ya que se reclaman actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la cual ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados. Así, reclama de las autoridades responsables lo siguiente: La orden de aprehensión, comparecencia, arresto, presentación, localización, citación o entrevista girada en contra del quejoso. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos al Director de la Policía del Estado de la Fiscalía Especializada en atención a Delitos de Alto Impacto, Fiscal de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso y Feminicidio; Encargado de la Unidad de Aprehensiones de la Dirección de Mandamientos Judiciales; Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia; y Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Alto Impacto, todos con residencia en esta ciudad; además, el quejoso no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa, siendo que a él corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera, por lo que no queda sino acoger esta última. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto atribuido a dicha autoridad. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto atribuido al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral Región Morelia, Michoacán, ya que al rendir informe justificado refirió la existencia del citatorio girado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, dentro del cuaderno de antecedentes 124/2022, a fin de citar al quejoso para que compareciera a la audiencia inicial. Además, la certeza del acto se corrobora con la audiencia relativa al cuaderno de antecedentes 124/2022, que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe con justificación. Documentales a la que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. Ahora, la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, al formular alegatos, manifestó que este juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- las autoridades responsables negaron la existencia del acto reclamado. Empero, tal pedimento se desestima parcialmente, en virtud de que, por el contrario, como se relató en párrafos que anteceden, el Juez responsable aceptó la existencia del citatorio reclamado; máxime que, por lo que hace a los diversos actos, su inexistencia quedó demostrada en el considerando precedente. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador incluso de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido; además, la procedencia del mismo contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que se reitera en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el precepto legal citado reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que, cuando se trata de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación; los cuales son los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal, reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues, de lo contrario, no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. En el caso, dentro del cuaderno de antecedentes 124/2022, a través del proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en términos del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral Región Morelia, Michoacán, giró un citatorio al quejoso Jesús Martínez Méndez, con la finalidad de que compareciera ante dicho órgano jurisdiccional para la audiencia de formulación de imputación por parte del Ministerio Público; haciéndole de su conocimiento que debía asistir acompañado de abogado defensor particular, pues en caso contrario se les designaría Defensor Público; también le comunicó el derecho que le asiste para consultar los registros de la investigación y, en caso de no asistir sin causa justificada, se podría utilizar un medio de conducción diverso para lograr su comparecencia. Bajo este panorama, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, pues la citación reclamada no es un acto de imposible reparación que afecte derechos sustantivos. Para sustentar lo anterior, conviene recordar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 141/2018, sostuvo que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, toda vez que el mismo no afecta la libertad personal del citado. En efecto, en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento. Así, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal. De ahí que la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. Sin que sea obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 del código procesal, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por lo tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. De ahí que, en el caso concreto, si el Juez responsable citó al quejoso en términos de la porción normativa antes citada, a fin de que el Ministerio Público pudiera comunicarle la investigación que se sigue en su contra, dentro del cuaderno de antecedentes 124/2022, resulta evidente la actualización de la causa de improcedencia en estudio, ya que el acto combatido no afecta derechos sustantivos, como lo es la libertad personal del citado. Sin que sea inadvertido el hecho de que en la citación se haya realizado un apercibimiento, pues este último, por sí mismo, tampoco vulnera derechos sustantivos del solicitante del amparo, toda vez que el apercibimiento decretado sólo produce la probabilidad de la consecuencia señalada por el órgano jurisdiccional; en el entendido de que tal resultado necesariamente se actualiza hasta la resolución que lo hace efectivo, bien por la conducta contumaz de la parte a la que se ha prevenido, o bien, por la deficiencia en el desahogo del requerimiento. En efecto, en cuanto a la aplicación de la sanción procesal, el juez que ha prevenido a alguna de las partes no queda constreñido a aplicar indefectiblemente la consecuencia de su advertencia, pues ello depende de los términos en que se cumpla la prevención o de que tal cumplimiento no se verifique. En ese sentido, las manifestaciones que llegue a expresar el interesado pueden llevar al juzgador a emitir una resolución en la que considere emprender un nuevo análisis de las cuestiones que generaron la prevención y determinar que el requerimiento no resulta indispensable para los fines que les asigna la ley o la naturaleza del proceso de que se trate, o que, en realidad, la cuestión que se consideraba irregular, no era tal. En tal virtud, ante la serie de posibilidades que se pueden presentar con motivo del cumplimiento que se llegue a verificar a cargo de la parte requerida, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la regla general es que la resolución que hace efectivo el apercibimiento es la que causa el perjuicio al promovente. Por ello, se insiste, la citación reclamada no afecta derechos sustantivos del promovente; lo que torna improcedente el presente juicio de amparo. Orienta lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Decisión Por lo que, al no actualizarse el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, entonces se actualiza la causa genérica establecida en la fracción XXIII del ordinal 61; entonces, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento, se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo. SEXTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jesús Martínez Méndez, por los actos atribuidos a las autoridades responsables, por los argumentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando sexto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Internet de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, con quien actúa y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Alegato Ministerio Público. Téngase por recibido el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al Juzgado Primero de Distrito en esta ciudad, por medio del cual se le tiene formulando alegatos, los que se ordenan tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Copias simples. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que se dicte la resolución correspondiente, expídasele a su costa copias simples de las constancias que solicita; previo recibo que se deje en autos. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de junio de dos mil veintidós. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Diferimiento audiencia constitucional. Toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercera interesada L.M.G., (víctima), se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; toda vez que, como se advierte de autos, fue emplazada a través de su asesor victimal Ismael López Hernández, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; por tanto, dicho término le transcurre del dos al trece de junio del presente año. En tales condiciones, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
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