Jesús Martínez Garnelo
Expediente 487/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Jesús Martínez Garnelo
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de dos de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Jesús Martínez Garnelo, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos de las que se aprecia que el juicio de amparo en que se actúa carece de relevancia documental, pues se trata de un expediente sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En consecuencia, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir del dictado del presente acuerdo, en términos de lo que prevé el artículo 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 34 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por lista el siguiente acuerdo Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dos de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por el quejoso Jesús Martínez Garnelo; atento a su contenido, se le tiene desahogada la prevención formulada en proveído de veintiocho de abril del año en curso. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, promovida por Jesús Martínez Garnelo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, de la literalidad que sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: "a).- La Sentencia Interlocutoria de fecha 23 de Marzo del año 2023, dictada en relación al Recurso de Queja presentado por el Lic. Francisco Díaz García, abogado patrono de los Terceros Interesados José Belén Gómez Santana y Ma. del Rosario Lara Villa, dentro del expediente 217/2021-II, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido en contra del suscrito Quejoso Jesús Martínez Garnelo." De igual forma, es importante precisar que la parte quejosa señala en los antecedentes del acto reclamado que expuso en el escrito de aclaración de demanda, en lo que interesa, lo siguiente: ". por cuanto hace al primero de los puntos de prevención otorgados por Su Señoría, me permito manifestar que la determinación tomada en el Acto Reclamado, consistente en la Sentencia Interlocutoria de 23 de Marzo deño año 2023, dictada dentro del expediente 217-2/2021, del índice de la Responsable, que causa violenta los Derechos Fundamentales del suscrito de Legalidad, Seguridad Jurídica, Audiencia y Debido Proceso Legal, consiste en la orden de dejar sin efectos el Auto de fecha 03 de Marzo del año 2023, mismo que fuera publicado con fecha 06 del mimos mes y año, mediante el cual, previamente la Responsable, tuvo a la parte Demandada, por objetando los documentos que se mencionan en el escrito presentado previamente y por hechas las manifestaciones, mediante un Recurso de Queja que no es el idóneo para tales efectos, pues en primer término la Responsable lo hace sin haber otorgado al suscrito la Garantía de Audiencia, ya que Resuelve como si se tratar de un Recurso de Reconsideración, dejando sin efectos un Auto, violando mis Derechos Fundamentales pues se me privó del Derecho a ser oído y vencido en Juicio, pues de forma arbitraria, fui molestado en mis derechos, sin que existiera un legal procedimiento al respecto, por tanto es evidente que la orden de la Autoridad Responsable de dejar sin efectos el Acuerdo referido en líneas que antecede y en su lugar dictar uno nuevo donde establece que se tiene por no objetando los documentos referidos,.." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, la resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictada por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, en el expediente número 217-2/2021, relativo al recurso de queja, en la que se dejó sin efectos el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que le había tenido por objetando diversas documentales al demandado aquí quejoso Jesús Martínez Garnelo. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fueron dictados dentro de un juicio, éstos no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito necesario que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable; circunstancia que se debe entender de la lectura del artículo 172, fracción XII en relación con la III, de la Ley de Amparo, pues en dicho dispositivo legal, se reconoce que todo lo relativo a la forma de recepción o desahogo las pruebas dentro de las cuales, cabe la objeción o no objeción de aquellas, su perfeccionamiento o pretensión de hacer notar al juzgador la validez o invalidez de los mismas, se trata de una cuestión de carácter procesal; numeral que en lo que interesa establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; ." Lo anterior es así, toda vez, que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, dejó sin efectos el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que le había tenido por objetando diversas documentales al demandado Jesús Martínez Garnelo, circunstancia que se traduce en una violación a las leyes del procedimiento acaecida dentro del juicio; por lo que, dicho acto no puede considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo del impetrante de amparo, y en caso de que dicha violación procesal trascienda al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la sentencia que llegara a dictarse. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de las garantías individuales consagradas para su protección y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través de la vía correspondiente, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, se advierte que la intención primordial que el impetrante de amparo, es que se deje sin efectos resolución interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en la que, la señalada autoridad responsable determinó dejar sin efectos el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el que le tuvo por objetando diversas documentales al demandado Jesús Martínez Garnelo, de ahí que, esa determinación que se refiere en el juicio de origen no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Luego si la resolución impugnada llegara a trascender en el resultado del juicio, podrá alegarse como concepto de violación en caso de que promoviera amparo indirecto en su contra, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Núm. 76, Abril de 1994, Materia Común, Tesis P./J. 6/94, Página 13, de rubro y texto siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto. Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido, de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Jesús Martínez Garnelo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", como juicio de amparo indirecto 487/2023-V, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora, respecto a las formalidades de la demanda de amparo, éste órgano jurisdiccional realizará el análisis que corresponde, ello, en uso de la facultad que le confiere el artículo 114 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." El dispositivo transcrito otorga a esta potestad la facultad de prevenir al impetrante del amparo a efecto de que aclare su demanda, cuando se incurra en las deficiencias, irregularidades u omisiones que se detallan, para lo cual deberá hacer las aclaraciones que correspondan o presentar las copias faltantes dentro del término de cinco días, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada su demanda. En ese orden, el numeral 108, fracción V, de la misma ley, señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.]" Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que el promovente destaca como actos reclamados los siguientes. "a).- La Sentencia Interlocutoria de fecha 23 de Marzo del año 2023, dictada en relación al Recurso de Queja presentado por el Lic. Francisco Díaz García, abogado patrono de los Terceros Interesados José Belén Gómez Santana y Ma. del Rosario Lara Villa, dentro del expediente 217/2021-II, relativo al Juicio Ordinario Civil promovido en contra del suscrito Quejoso Jesús Martínez Garnelo." De la transcripción realizada en el párrafo precedente, se advierte que destaca como acto reclamado, la sentencia interlocutoria de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, emitida en el expediente 217/2021-II, relativo al juicio ordinario civil, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de los Bravo. Ahora, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa en los párrafos segundo y tercero de manera literal señaló: ".Mediante auto de fecha 23 de Febrero del año 2023, mismo que fuera publicado con fecha 24 del mismo mes y año, fue emitido el correspondiente Auto Admisorio de Pruebas. Mediante escrito de fecha 02 de Marzo del año 2023, la parte Demandada en el Juicio primigenio, presentó escrito de Objeción de Documentos, respecto del cual le recayera el Auto de fecha 02 de Marzo del año 2023, mismo que fue publicado con fecha 06 del mismo mes y año, en el cual, la Autoridad Responsable, tuvo por objetando los documentos y por hechas las manifestaciones, Acuerdo que fuera firmado por el C. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil y de Oralidad en Materia Mercantil del Distrito Judicial de los Bravo, ante el Secretario de Acuerdos quien autoriza y da fe." Además, se observa que en el antecedente del acto reclamado que esgrimió en el párrafo quinto, mencionó: "Así las cosas, mediante escrito de fecha 09 de Marzo del año 2023, el Abogado Patrono de la parte Actora del Juicio primigenio, Lic. Francisco Díaz García, promovió en términos de los Artículos 400, 403 y demás relativos y aplicables del Código Procesal Civil, Recurso de Queja, en contra de la Certificación de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, realizada por el Licenciado Cesar Serrano Mojica, Segundo Secretario de Acuerdos de la Autoridad Responsable, la cual en su literalidad establece "CERTIFICACIÓN.- Chilpancingo, Guerrero, a tres de marzo de dos mil veintitrés. El suscrito Licenciado CÉSAR SERRANO MOJICA, Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo.- CERTIFICA: Que el término de tres días, previstos por el artículo 303, del Código Procesal Civil vigente, concedidos a las partes del presente juicio, para objetar las documentales que obran en autos, les transcurrió del veintiocho de febrero al dos de marzo de dos mil veintitrés. Lo que certifico para todos los efectos legales a que haya lugar. DOYFE.". Y en el último párrafo del capítulo de antecedentes del acto reclamado señaló: "Lo que se desprende de la proyección anterior, es que el secretario de Acuerdos apela a haber tenido un error involuntario, en la certificación motivo de la Queja de marras, por lo que la Responsable, al no considerar cuestión alguna que resolver, ordenó dictar la Resolución Correspondiente, misma que fue dictada con fecha 23 de Marzo del año 2023, y publicado en los Estrados de dicha Responsable, con fecha 28 del mismo mes y año, la cual, es precisamente el Acto Reclamado del presente Juicio de Amparo, pues fue dictada con evidente violaciones a mis Derechos Humanos de Legalidad, Seguridad Jurídica, Debido Proceso Legal e Igualdad Procesal, consagradas en Nuestra Carta Magna." De los antecedentes antes señalados no se advierte que la parte quejosa haya referido en forma categórica cuáles fueron las pruebas (documentales) que fueron objetadas. Tampoco señaló cuál fue la determinación tomada en la sentencia interlocutoria de veintitrés de marzo del año en curso que figura como acto reclamado. Lo anterior es necesario, en virtud de que, de los hechos narrados por la parte quejosa se puede advertir que se inconforma respecto a cuestiones inherentes al desahogo o recepción de pruebas, de lo que resalta la objeción que dice haber realizado de diversos documentos. Por ello, es pertinente que bajo protesta de decir verdad, refiera los antecedentes señalados, a efecto de que este juzgador pueda dilucidar respecto de las violaciones que pudieran haberse cometido con la emisión del acto reclamado, esto es, si las mismas son de naturaleza procesal o adjetiva, o si son de aquellas que vulneran derechos sustantivos reclamables en forma inmediata mediante el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior por las razones que la sustentan, el criterio contenido en la jurisprudencia XXIV.2o. J/5 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias Común, Libro 75, Febrero de 2020, Tomo III, página 2067, registro digital 2021644, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO. En diversos criterios jurisprudenciales, entre los que destacan las tesis 1a./J. 32/2005, 2a./J. 54/2012 (10a.) y 2a./J. 115/2015 (10a.), la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que, por regla general, el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no es la actuación procesal idónea para efectuar un "análisis profundo", para determinar la improcedencia del juicio. No obstante, cuando la actualización de la causal de improcedencia respectiva se observa de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir de la lectura del escrito de demanda y de los documentos anexos, es decir, cuando el operador jurídico se limita a efectuar un simple ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados en forma clara por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que exprese, ello no implica que dicho estudio se encuentre vedado al ser, aparentemente, de una profundidad tal que requiera de consideraciones adicionales al contenido de la propia demanda (motivación legal de la decisión), cuando, por el contrario, la improcedencia resulta clara y manifiesta, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado y del reconocimiento de la parte quejosa sobre aspectos inherentes que le perjudican; por lo que frente a esas circunstancias, no se inobservan los criterios jurisprudenciales que censuran la posibilidad de que en el auto inicial se efectúe un "análisis profundo" para determinar la improcedencia del juicio de amparo. Es así, máxime que aquéllos se refieren a supuestos en los que el juicio constitucional es legal y racionalmente procedente, es decir, se justifica que la demanda de amparo se admita, porque potencialmente cabe la posibilidad (real, no ilusoria), de que una vez recibidos los informes de las autoridades y allegadas las pruebas de las partes, quede plenamente dilucidada la naturaleza jurídica del acto reclamado y, por ende, la procedencia del juicio constitucional en el que, además, podría dictarse una sentencia de fondo y/o amparadora, lo que no ocurre cuando por disposición legal y/o jurisprudencial se genera una causal expresa e insuperable de improcedencia, pues en estos casos, lo que potencialmente está de por medio, aun de admitirse la demanda, es el sobreseimiento en el juicio. Por tanto, con fundamento en citado numeral 108, fracción V, en relación con el 114, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que dentro del plazo de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación del presente acuerdo: Señale cual fue la determinación tomada en el acto reclamado consistente en la sentencia interlocutoria de veintitrés de marzo del año dos mil veintitrés, dictada en el expediente 217/2021-II. Precise en forma categórica cuáles fueron las pruebas (documentales) que dice haber objetado en el expediente antes referido. Ello, a efecto de que este juzgador esté en condiciones de realizar el pronunciamiento correspondiente a la procedencia o no del juicio constitucional. En la inteligencia, que al desahogar la presente prevención, deberá exhibir copias suficientes de su escrito de desahogo y de los anexos que acompañe al mismo, para emplazar a todas las partes procesales. Apercibido que de no cumplir con todo lo anterior, dentro del término concedido (cinco días), se tendrá no presentada su demanda de amparo, ello, en términos del artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Así también, hágase del conocimiento que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo vigente que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Augusto Fijigaki, esquina con la lateral del boulevard Vicente Guerrero, número seis, planta baja, colonia Salubridad, en esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Espinoza Grado y Luis Manuel Armenta Espinoza, por estar acreditados para ejercer la profesión de licenciados en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Jesús Yahir Martínez López; por no contar con el anterior requisito
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Jesus Manuel Barrientos Radilla574/2023
- Jesús Manuel Barrientos Radilla1387/2022
- Jesus Manuel Barrientos Radilla1904/2013
- Jesús Manuel Galicia Romero1560/2019
- Jesus Martin Castañon Ramirez30/2015
- Jesús Martínez Gálvez1079/2014
- Jesús Martínez Martínez592/2019
- Jesús Méndez Vargas662/2020
- Jesús Mendoza Adame1369/2015
- Jesús Mondragón Hernández980/2015
- Jesús Montalván Ramírez1229/2015
- Jesús Montalván Ramírez770/2019