Jesús Martín Yescas Zazueta
Expediente 964/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 964/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 07/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jesús Martín Yescas Zazueta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia que se terminó de engrosar el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental, no tiene valor jurídico, ni valor histórico y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 964/2022-V, promovido por **********, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante oficio 930/2022, de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Sonora, residente en Nogales, remitió el juicio de amparo 353/2022 de su estadística, en virtud de que se declaró legalmente competente para conocer de la demanda de amparo presentada por **********; así, el veinte del citado mes y año, la Oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, por cuestión de turno, remitió a este órgano jurisdiccional el expediente en comento, se aceptó la competencia planteada, para conocer de la demanda de amparo contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Judicial Hermosillo, Sonora, a quien le reclamó: (.) LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL, dentro del expediente número 82/2019 C. relativo al INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE ACLARACIÓN DE CÓMPUTO resuelto el 23 de febrero del 2021. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, primero y segundo párrafo, 14, párrafos segundo y tercero, 17, párrafo segundo, 21, párrafo tercero y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 964/2022-V, se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó a la licenciada **********, en su carácter de defensora pública adscrita a la Coordinación Regional Zona Norte del Instituto de Defensoría Pública Distrito Judicial Bravos, Zona Norte. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el justiciable guarda reclusión en un centro carcelario dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: La resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 82/2019, en la que los Jueces del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Hermosillo, Sonora, resolvieron el incidente no especificado de aclaración de cómputo, respecto de las penas de prisión impuestas a **********, en la causa penal 139/2002, instruida ante el entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora; y el diverso proceso penal 185/2002, que se siguió ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente del que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, en razón de que, al rendir su informe justificado, aceptó categóricamente los actos que reclama la parte quejosa. Lo que, además, se corrobora con las constancias que remitió el Juez Presidente del órgano de origen, relativas al expediente 82/2019, que se inició con motivo de la incidencia planteada por el quejoso a fin de realizar el quantum de las penas de prisión impuestas al justiciable en los procesos penales ya referidos; constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 268439, Sexta Época, Materia Común, Fuente Semanario Judicial de la Federación. Volumen XVIII, Tercera Parte, página 34, del rubro y texto: DOCUMENTOS PÚBLICOS, PRUEBA DE. Si bien es cierto que los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquellos proceden, también lo es que, en caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal, de tal manera que lo hecho constar en un documento público puede ser desvirtuado por otras pruebas que, en concepto, del juzgador, sean plenas para contradecir lo asentado en aquel documento. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, cuyo tenor literal es el siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). De la porción normativa, se desprende que juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra las que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. El numeral 17 prevé que, por regla general, el plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo que se actualice alguna hipótesis establecida en las fracciones I, II, III y IV; por su parte, el artículo 18 indica que los plazos para la promoción de la demanda se computarán a partir del día siguiente a aquel en que: a) La notificación surta efectos conforme a la ley del acto, b) El promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o c) El accionante se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Estas hipótesis son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación, de ahí que se puede actualizar cualquiera de ellas en un caso en concreto, la primera necesita la existencia de una notificación y las restantes de una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo, que evidencien que el particular tuvo conocimiento del acto o que expresamente se ostentó sabedor de él. Tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 172550, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, de mayo de 2007, página 286, que a la letra dice: DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto. Así, del estudio integral del escrito de demanda, escrito de aclaración y las constancias que integran el expediente, se tiene que el justiciable **********, se duele de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 82/2019, en la que los Jueces del Juzgado Primero de Primera Instancia de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial Hermosillo, Sonora, resolvieron el incidente no especificado de aclaración de cómputo, respecto de las penas de prisión que se le impusieron en la causa penal 139/2002, instruida ante el entonces Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de Nogales, Sonora; y el diverso proceso penal 185/2002, que se siguió ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sonora. Así, se tiene que, a efecto de notificar al justiciable de dicha resolución, se libró exhorto al Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, quien lo radicó bajo el número 55/2021, y el cinco de abril de dos mil veintiuno, la Oficial Notificadora de la adscripción, le notificó el contenido de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, firmando de enterado e interponiendo recurso de apelación en contra de dicha determinación (fojas 358 a 366). En ese sentido, se observa que la parte quejosa se ostentó sabedora del acto reclamado desde el cinco de abril de dos mil veintiuno, tal y como se demostró anteriormente, de ahí que el plazo para presentar su demanda transcurrió del siete al veintisiete del citado mes y año, sin contabilizar el diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de los mismos por ser inhábiles; por lo que es inconcuso que la demanda presentada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en Nogales, es extemporánea, de ahí que sean actos consentidos. Al margen de lo anterior, cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo, ya que no se reclama una norma general autoaplicativa, un procedimiento de extradición, una sentencia definitiva condenatoria (prisión), ni tiene como efecto privar total o parcialmente de la propiedad o posesión de derechos agrarios; así como tampoco, implica peligro de privación de la vida o de la libertad fuera del procedimiento. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, fracción I, 61 a 63, 73 a 79 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, respecto del acto reclamado y autoridad precisada en los considerando tercero y cuarto. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes y por oficio a la autoridad. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Glósese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio signado por el Coordinador Regional Zona Norte del Instituto de Defensoría Pública Distrito Judicial Bravos y Galeana, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de dieciséis de los corrientes, señala a la licenciada **********, como asesora del quejoso, **********. Atento a lo anterior, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita notifíquese a la citada defensora, que en este Juzgado Federal, el quejoso, ********** presentó demanda de amparo; por lo que, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, se le designa como asesora jurídica del justiciable en el presente asunto. Del mismo modo, se ordena hacerle entrega de copia de la demanda y proveído de admisión, dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que tenga conocimiento del asunto que nos ocupa y preste la asistencia legal que requiere el quejoso. En sustento a lo anterior, se cita la jurisprudencia 43/2019 (10a.), del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada de veintidós de mayo de dos mil diecinueve, pendiente de publicación, del rubro y texto: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la licenciada Elena Yaneth Romo Pérez, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo y proveído dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio signado por la Subdirectora del Área Penal de la Defensoría Pública del Estado de Sonora, mediante el cual informa que no le es posible designar asesor, a fin de prestar asistencia legal al aquí quejoso, en virtud de que éste se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con asiento en esta ciudad. En el entendido de que el valor probatorio del oficio recibido en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, toda vez que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), estableció que con la finalidad de que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, cuando una persona privada de la libertad en virtud de un proceso penal promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional debe prevenirla para que nombre a un abogado que la represente y, en caso de que no quiera o no pueda hacerlo, deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etcétera-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución General. Así, se ordena girar oficio al Titular del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Chihuahua, a fin de que, dentro del plazo de tres días legalmente computado, designe asesor jurídico que preste asistencia legal al quejoso en este juicio de amparo y lo haga saber a esta juzgadora. Bajo el apercibimiento que en caso de incumplir con lo que aquí se ordena, o bien, no acreditar su cumplimiento dentro del plazo que para ello se otorga, se le impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional); conforme lo establecen los ordinales 237, fracción I, en relación con el 259 de la ley de la materia, previstas en el diverso 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Es aplicable la tesis I.9o.P.62 P (11a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Undécima Época, Materia Constitucional, Común, Semanario Judicial de la Federación, Registro digital 2025833, que a la letra dice: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR ESE DERECHO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD FUERA DE LA JURISDICCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO, DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA MATERIAL DE UN DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL QUE EJERZA FUNCIONES EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN, PARA QUE TENGAN LA COMUNICACIÓN PERSONAL Y DIRECTA NECESARIA Y SIN LIMITACIONES TEMPORALES. Hechos: En un juicio de amparo indirecto en materia penal, la Jueza de Distrito requirió un asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública para que asistiera técnicamente al quejoso y desahogaran la prevención formulada por omisiones e imprecisiones advertidas en la demanda, atento a lo cual, se tuvo por designado a uno que desempeña su cargo en el lugar del juicio (Ciudad de México); sin embargo, ello resultó insuficiente para propiciar las condiciones tendientes al correcto desahogo del escrito aclaratorio, porque la a quo inadvirtió que, en el caso, el quejoso se encuentra interno en un centro federal de readaptación social ubicado fuera de la demarcación geográfica donde ese juzgado tiene competencia; por ende, igualmente distante del lugar donde el defensor designado ejerce sus funciones, circunstancia que obstaculizó la comunicación entre ambos, pues entablaron dos llamadas telefónicas por escasos minutos, lo que fue insuficiente para proporcionar asesoría al quejoso y recabar la información necesaria para cumplir la prevención; en consecuencia, se hizo efectivo el apercibimiento y se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para garantizar el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del quejoso privado de la libertad fuera de la jurisdicción territorial del Juzgado de Distrito que tramita el juicio de amparo, atento a su especial situación de vulnerabilidad y a la luz de la doctrina constitucional del derecho a una defensa adecuada en su vertiente material, resulta insuficiente que el defensor designado entable comunicación con el quejoso mediante medios electrónicos o digitales, pues para asegurar que éste cuente con la debida asistencia material de un abogado, se debe designar un defensor público que desempeñe sus funciones en la circunscripción territorial donde aquél se encuentre interno, a fin de que tengan la comunicación personal y directa que sea necesaria para desahogar los requerimientos que se realicen al quejoso, una vez que su defensor se imponga de las constancias del juicio. Justificación: De conformidad con los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Ley Federal de Defensoría Pública, en concomitancia con el diverso 5, fracción XIV, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de Defensoría Pública, éste cuenta con capacidad material y estructura jurídica organizacional debidamente regulada, para brindar servicio en el interior de la República Mexicana, en aras de lograr un desempeño de calidad, eficiente y completo, para garantizar el derecho de defensa adecuada de las personas. Por tanto, a fin de velar por la efectividad de ese derecho fundamental, se estima prudente que los Jueces de Distrito requieran al Instituto Federal de Defensoría Pública para que, en casos como el analizado, designe a un defensor público de la delegación estatal que corresponda, cuyas funciones ejerza en el lugar de reclusión del quejoso, con independencia de que el centro penitenciario respectivo se ubique dentro o fuera de la jurisdicción del juzgado de amparo, para que de manera personal, directa y sin limitaciones temporales, establezca comunicación presencial con el peticionario, pues de esta manera se garantiza ampliamente su derecho de defensa en sus vertientes tanto formal como material, así como su derecho de acceso a la justicia, porque contribuye a que las prevenciones realizadas en el juicio de amparo a la parte quejosa sean desahogadas satisfactoriamente. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ****, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****. Doy fe.
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