Jesus Martin Villegas Rojas
Expediente 3561/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 4 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3561/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/07/2022
Partes del expediente
- Jesus Martin Villegas Rojas
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cuatro de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja Q.A. 123/2022, de su índice; en consecuencia, estese a lo resuelto por el tribunal colegiado que en el citado medio de impugnación determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese el recibo de estilo correspondiente y háganse las anotaciones respectivas. En ese orden de ideas; siendo que del análisis del último considerando de la sentencia dictada en el presente juicio, se desprende que la concesión del amparo fue para los siguientes efectos: "Sexto. Efectos del amparo. En atención a lo razonado en el considerando que antecede, con fundamento en el artículo 74, fracción IV y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo a Adrián Blake Rebollar, para el efecto de que el Director General de Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (autoridad vinculada al cumplimiento) y el Consejo de Honor y Justicia de la Policía de Investigación de la Ciudad de México (autoridad demandada): 1.- Den cumplimiento a la sentencia de veintinueve de abril de dos mil dieciséis, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en el expediente IV-16411/2016 de su índice, la cual fue modificada y confirmada por la Sala Superior de ese Tribunal en la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el recurso de apelación 7164/2016 y su acumulado 7165/2016, esto es: Que han realizado los trámites necesarios para la anotación en el expediente personal del actor, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue destituido de manera injustificada. Que acrediten que han realizado el pago al actor de la indemnización correspondiente al monto de tres meses de la remuneración que venía percibiendo, así como las demás prestaciones a las que tenga derecho, entendiéndose como las remuneraciones diarias ordinarias, beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, o cualquier otro concepto que el servidor público dejó de percibir por la prestación de sus servicios, desde el momento en que se concretó su destitución del cargo hasta que se realice el pago correspondiente." Por su parte, la resolución interlocutoria dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente innominado en etapa de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Es procedente y fundado el incidente innominado dentro del procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo, relativo al juicio 243/2019. SEGUNDO. Se requiere al Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para que en el término de CINCO DÍAS, remitan las constancias con pleno valor probatorio con las que acredite haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es haber pagado a la parte quejosa la cantidad de $1,296,083.85 (un millón doscientos noventa y seis mil ochenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos, así como las diferencias por estímulos por profesionalización, disponibilidad y perseverancia." En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo vigente, se requiere al DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, como autoridad responsable obligada a dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificada, informe el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo, precisándose que la cantidad que deberá pagar a la parte quejosa, en términos de la resolución interlocutoria dictada el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, en el incidente innominado en etapa de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, quedó determinada en $1,296,083.85 (un millón doscientos noventa y seis mil ochenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), por concepto de salarios caídos, así como las diferencias por estímulos por profesionalización, disponibilidad y perseverancia. Debiendo acreditar el cumplimiento ante este órgano jurisdiccional, remitiendo copia certificada de las constancias que acrediten el pago de la cantidad antes citada. Apercibida que de no cumplir con la ejecutoria de amparo, se hará efectivo el apercibimiento establecido en autos, consistente en una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización; asimismo, se le apercibe que en caso de no cumplir con lo ordenado, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, se procederá en términos del párrafo primero del numeral 193 de la mencionada ley, por lo que se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y así el Máximo Tribunal determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, como lo establece el numeral 198 de la ley de la materia. Lo expresado encuentra apoyo, en la siguiente tesis, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO. Del análisis relacionado de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución, así como de los artículos 104 a 113 de la Ley de Amparo, que integran el capítulo XII "De la ejecución de sentencias", del título primero del libro primero, se desprende que tanto el Poder Constituyente como el Poder Reformador y el legislador ordinario han considerado que las sentencias de amparo deben cumplirse con exactitud y rapidez. Las distintas tesis de jurisprudencia y aisladas que al respecto ha sustentado la Suprema Corte de Justicia corroboran plenamente esta apreciación. Ello explica que cuando una autoridad, cualquiera que sea, no cumple con una sentencia de amparo proceda separarla de su cargo y consignarla ante el Juez de Distrito que corresponda, a fin de que, en su caso, sea procesada y sentenciada. Todo ello significa que incurre en la conducta que motiva esas medidas y que puede ser constitutiva de delito, la persona que teniendo calidad de autoridad responsable en un juicio de amparo, o estando obligada a cumplir con una sentencia que concede la protección constitucional no lo hace dentro de las veinticuatro horas que previene el artículo 105 de la Ley de Amparo, como regla general o dentro del tiempo prudente que la naturaleza especial del acto amerite. Por tanto si quien se encuentra en ese supuesto deja de desempeñar el cargo, no desaparece la responsabilidad en que incurrió durante el desempeño del mismo. Es obvio que de admitir lo contrario sería fácilmente burlado el riguroso sistema que la Constitución y la Ley de Amparo establecen para salvaguardar la eficacia de las sentencias de amparo, pues bastaría que se cambiara de puesto al funcionario que incurrió en desacato para que su conducta cayera en la impunidad; y lo más grave sería que, de admitir ese sistema como lícito, se podría prorrogar indefinidamente el incumplimiento de las sentencias de amparo. Además, como las responsabilidades que se siguen del desacato son de carácter personal e incluso pueden dar lugar a una consignación penal, es imprescindible que la nueva autoridad comparezca al juicio de amparo que se encuentre en etapa de ejecución de sentencia y que ello esté probado fehacientemente, lo que exigirá, por regla general, que se le deba requerir el referido cumplimiento, con lo que el principio establecido en el artículo 105 citado, se rebasaría en exceso, o, lo que es más grave, daría lugar a que nunca se cumpliera la sentencia y nunca se pudiera proceder contra alguna autoridad responsable. Por las consideraciones anteriores debe establecerse categóricamente que si un funcionario público incurrió en desacato, debe consignársele ante el Juez de Distrito que corresponda, aunque ya no ocupe el cargo que desempeñó." (Época: Novena Época, Registro: 190903, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Noviembre de 2000, Materia(s): Común, Tesis: P. CLXXIV/2000, Página: 6) Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. SE ORDENA FORMAR SEGUNDO TOMO Finalmente, debido a la voluminosidad de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se ordena formar el tomo II para su mejor manejo. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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